Diana Elizabeth Sixto Paz
Expediente 1011/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1011/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 09/08/2024
Partes del expediente
- Diana Elizabeth Sixto Paz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO: DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE Y EMPLAZARSE LA PARTE TERCERA INTERESADA, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS. SE PROCEDE A NOTIFICAR Y EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA INTERESADA CON LA DETERMINACIÓN DE FECHA NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, nueve de agosto de dos mil veintitrés. I. Apertura incidente. Como está ordenado en el cuaderno principal y con la copia simple de la demanda, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1011/2023, promovido por ********************, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su menor hijo de iniciales ********************, contra del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. II. Forma de integración de expediente. Se hace del conocimiento que, de conformidad con los artículos 253, 263 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, el expediente físico debe contener únicamente los documentos recibidos en esa vía, mismos que deberán coincidir con su respectiva digitalización en el expediente electrónico. En el entendido de que si tales documentos, por su voluminosidad, protección a su integridad o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De igual modo, se hace del conocimiento que se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, pues será el expediente electrónico el que tenga validez para la consulta de las partes. III. Audiencia incidental. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. IV. Informes previos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente acuerdo, al que deberá agregarse copia de la demanda de amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que surta sus efectos la notificación respectiva, en el que exprese si es o no cierto el acto que se le reclama. Se les hace saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. V. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe previo, se impondrá una multa una equivalente a cien días de salario mínimo vigente, con fundamento en el artículo 260, fracción I, y 238 de la actual Ley de Amparo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil veintitrés. VI. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. Asimismo, requiérase al juez responsable, que al momento de rendir su informe previo, proporcione el dato de quiénes son las partes en el juicio de origen, las prestaciones reclamadas y de ser cuantificables, a cuánto ascienden, demás del estado procesal del mismo. VIII. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, de la interpretación armónica de la fracción I del artículo 128, en relación con el numeral 138, 140 y 141, ambos de la ley reglamentaria, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente y, cuando la parte quejosa únicamente solicita la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de las actos reclamadas, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la media cautelar única y exclusivamente respecto de dichos efectos. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la Jurisprudencia en materia común, número 2a./J. 111/2003, visible en la página 98, del tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a letra dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: - Del JUEZ PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO. La emisión y orden de ejecución del auto de fecha 13 de julio de 2013, dictado en autos del expediente ******************** publicado en listas el 14 de julio de 2023, surtiendo sus efectos al día siguiente hábil que fue el 31 del mismo año. Del COLEGIO GENIUS ACADEMY, la ejecución del auto de fecha 13 de julio de 2023, que consiste en la inscripción al grado PRE FIRST, de la menor ********************, en cumplimiento a la autorización de la determinación de la autoridad ordenadora que ahora se combate." Y al efecto, solicita la suspensión para el efecto siguiente: "Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que la autoridad responsable tomando todas las medidas que sean pertinentes, incluso, a través de una medida cautelar, restituya de manera provisional el derecho que tiene la menor ********************, a cursar el primer año de la educación primaria, lo cual no le causaría ningún perjuicio, al no estar demostrado dentro del juicio de origen, alguna situación que altere su desarrollo." (Énfasis añadido) IX. Negativa de la suspensión provisional. Conforme al desarrollo de la institución suspensiva, se puede establecer que actualmente coexisten requisitos legales y jurisprudenciales que el juez debe constatar para otorgar la suspensión, cuando ésta se pida a solicitud de parte, con apoyo en el numeral 128 de la Ley de Amparo, siendo tales por su prelación lógica de estudio: Que la solicite la parte interesada. Haya certidumbre de la existencia del acto respecto del que se pide la suspensión Quien solicita la medida cuente con interés para obtenerla. La naturaleza del acto reclamado permita suspenderlo. Con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Adicionalmente, según sea el caso, debe analizarse, la apariencia del buen derecho. A la luz de tales requisitos, se procede a verificar la actualización de los mismos en el caso concreto, a fin de comprobar la procedencia de la suspensión solicitada por la parte quejosa. La primera exigencia, se encuentra satisfecha, toda vez que la persona quien insta la suspensión del acto reclamado es precisamente la parte quejosa. En relación al segundo requisito, también se colma, por los motivos expuestos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, los cuales refiere bajo protesta de decir verdad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 5/93, con número de registro 206395, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, número 68, agosto de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." En cuanto al tercer requisito, se encuentra satisfecho pues la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que es parte en el asunto de donde deriva el acto combatido, esto es, inscribir a la menor de iniciales ********************, al grado PRE FIRST, del Colegio Genius Academy. Por lo que hace al cuarto requisito, se encuentra satisfecho, ya que éste se traduce en una conducta de hacer por parte de la autoridad señalada como responsable, esto es, la orden y materialización de la inscripción de la menor quejosa de iniciales ********************, al grado PRE FIRST, del Colegio Genius Academy. Sin embargo, por cuanto ve al quinto requisito no se encuentra cumplido, tal como se explica a continuación. El artículo 128, en lo que interesa, señala: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. (.)" De lo anterior, se advierte que la suspensión se decretará, siempre que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, como se vio, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se cancele la orden inscripción de la menor quejosa de iniciales ********************, al grado PRE FIRST, del Colegio Genius Academy, y en su lugar se ordene que sea inscrita en la institución educativa que propone su progenitora. En efecto, no procede conceder la suspensión que solicita la parte quejosa, respecto lo solicitado por la parte quejosa, pues se contravendrían disposiciones de orden público y de interés social, contempladas en los artículos 128 y 129, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la Jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En ese contexto, si la fracción VIII, del artículo 129, de la Ley de Amparo, es clara en prever que se considera que sí se sigue perjuicio al interés social o se contraviene el orden público cuando con motivo del otorgamiento de la suspensión, se afecten intereses de infantes; de ahí que, concederse la medida suspensional, se traduciría en una contravención al orden público y al interés social; pues la sociedad está interesada en que se ejecuten los actos tendentes a que los infantes, se desarrollen en un entono optimo y bajo condiciones de substancia. Lo anterior es así, pues con independencia de las inconformidades de fondo vertidas en la demanda de amparo y que en su momento serán analizadas en el juicio de donde deriva el presente incidente de suspensión, para determinar lo relativo a la medida suspensiva, debe atenderse no solo al estado de la menor, sino al riesgo al que se le pone al conceder la presente suspensión. Consecuentemente, al estar la sociedad interesada en que los infantes sea custodiados por su progenitores, resulta inconcuso que de concederse la suspensión, se causaría perjuicio irreparable a la menor quejosa, pues en el caso no se tienen mayores constancias que las allegadas por la promovente de amparo, de las que, destaca el acto reclamado y se desprende que la autoridad del orden común decidió sobre la problemática familiar y en primera instancia, sobre la protección de los derechos de la menor, pues en su momento contaba con mayor amplitud de los datos de las partes para poder determinar lo más benéfico para la menor relacionada. Ello, bajo la óptica de salvaguardar el interés superior de la menor involucrada, atendiendo a las particularidades de cada una de las partes, siempre ponderando la preservación de su integridad, salud física, y emocional. Considerar lo contrario, esto es, conceder la medida cautelar solicitada para que no se inscriba a la menor en la institución educativa ya ordenada se inobservarían disposiciones de orden público que establecen que se debe proteger los intereses de éstos lo que constituye un derecho establecido por la ley, por tanto, de concederse la suspensión se atacaría ese orden público y el interés social, todo lo cual conduce a concluir que para no ocasionar daños de esa naturaleza lo procedente es negar a la parte quejosa, la suspensión definitiva que solicita. No resultan obstáculo las manifestaciones referidas por la quejosa en el sentido de que no se causaría ningún perjuicio al no estar demostrado en autos del juicio de origen alguna situación que altere su desarrollo y por el contrario, se debe garantizar inmediatamente el goce de su derecho fundamental a la educación; sin embargo, se insiste que de las constancias que allega la quejosa únicamente se desprende que la orden decretada por la autoridad responsable se hizo en atención a los elementos allegados por ambas partes, por lo que a su parecer consideró lo más benéfico para la menor, y por ende contaba con mayores constancias que las allegadas por la promovente de amparo Cabe destacar que es al solicitante de amparo a quien le corresponde aportar las pruebas idóneas para demostrar los hechos que precisa en su demanda para la procedencia de la medida cautelar solicitada, siendo que, en el caso no existen elementos de prueba suficientes que pudieran relacionarse y así generar convicción de que el acto que se reclama afecta real y directamente los derechos que aduce tener la parte quejosa. Aun y cuando la quejosa refiere allegar constancias de las que se advierte que, a su parecer es pertinente autorizar la inscripción de la menor a una institución educativa diversa a la ordenada en el juicio de origen, debe tomarse en consideración el objeto primordial de la medida cautelar, que es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Lo anterior, bajo el entendido de que la suspensión no podría llevar a constituir derechos que la parte quejosa no tenía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar, pues como se desprende del propio acto reclamado, la menor involucrada quedará inscrita, de momento, a una institución educativa en la que ya cursaba con anterioridad grados escolares, y su pertinencia o no, como ya se dijo, será materia de análisis de fondo del presente juicio de amparo. Esto, a reserva de que al dictarse la sentencia, se consolide tal protección por estimar que efectivamente le asiste el derecho advertido en el examen preliminar del asunto que se hizo al conceder la medida; o bien, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado en razón de haber encontrado que a la parte quejosa no le asiste el derecho alegado. Aunado a que no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1292, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, Registro: 2005719, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses." En consecuencia, con los elementos que se tiene hasta el momento, es indudable que, en términos de la fracción VIII, del artículo 129 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión que solicita, porque existe contravención al orden público y al interés social. X. Domicilio y Autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en "********************", y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho; y, como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que no acreditaron ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. XI. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XIII. Expedición de copia certificada. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de 2º numeral, se expide copia certificada únicamente de esta determinación, autorizando para recogerla a las personas que para tal efecto autoriza, previa constancia que se otorgue en autos por su entrega. Notifíquese.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. I. Declaración de días inhábiles. Según se advierte de la certificación de cuenta, de conformidad con la Circular 28/2023, emitida por la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, derivado de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, se declaró como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés; asimismo, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho del citado mes y año, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. De lo que se toma conocimiento para efectos legales a que haya lugar. II. Estado de autos. Según se advierte del estado procesal que guardan los autos, se fijaron las once horas y trienta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, existió imposibilidad jurídica y material para el verificativo de aquélla, con motivo de la suspensión de labores derivada de las manifestaciones realizadas por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos. III. Se fija fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, para estar en aptitud de proseguir con el trámite del presente juicio, se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Visto del estado de los autos se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés se recibió oficio remitido por la Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, con el que informó que en autos del juicio de origen se encuentra acreditada la manifestación de la parte actora, aquí quejosa, en relación a que la menor de iniciales **********. se encuentra inscrita en el ciclo escolar 2023-2024 del colegio "*********"; sin embargo, no adjunto documento con el cual acredite tal circunstancia. II. Requerimiento al Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro. Consecuentemente, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, para que en el término de tres días, que prevé el artículo 279, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, remita a este juzgado federal copia certificada de la constancia con la cual se encuentra acreditada la manifestación relativa a que la menor de iniciales *******. se encuentra inscrita en el ciclo escolar 2023-2024 del colegio "*******". En caso de existir impedimento legal o material para remitir la información solicitada, manifieste expresamente tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, en términos de los artículos 237 y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, ello de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo que crea la nueva Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, en relación con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. I. Se agrega oficio y anexo. Agréguese a los autos el oficio con anexo, remitidos por la Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés señala que el menor de iniciales********. fue inscrito al grado ************ del ciclo escolar ****** el diecinueve de abril de dos mil veintitrés y remite constancia de fecha catorce de septiembre del año en curso expedida por la Representante Legal ************, a fin de acreditarlo; asimismo, informa que actualmente la infante se encuentra inscrita en el "**********" en el propio ciclo escolar; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. II. Prueba. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, téngase como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa a su misiva, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente.
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