Diana Cecilia Moreno Dominguez
Expediente 982/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/08/2017
Partes del expediente
- Diana Cecilia Moreno Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa DIANA CECILIA MORENO DOMÍNGUEZ; hubiese recurrido el acuerdo dictado el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....II
- Principal
Visto; agréguese a los autos únicamente para que obre como constancias, el alegato ministerial de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, en virtud de que el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; no obstante, como lo solicita la ocursante, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia del auto referido.....II
- Incidental
Visto lo de cuenta, se tiene que el día la fecha se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en los autos del juicio de amparo del que derivan los cuadernos incidentales en que se actúan, por lo que resulta evidente que en el particular se agotó la materia de la suspensión. En consecuencia, se dejan sin efectos las medidas decretadas en autos, sin que resulte indispensable celebrar la audiencia incidental programada para las nueve horas con catorce minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Por otro lado, agréguense únicamente como constancia los informes previos rendidos por los Jueces del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Querétaro, en funciones de Jueces de Control de la Unidad I y II, del Distrito Judicial de Querétaro, en virtud de lo determinado en líneas que anteceden. En términos de lo dispuesto por el artículo vigésimo fracción lll del Acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la presente resolución. Y se establece que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración en términos del primer párrafo de la fracción lll del artículo Vigésimo Primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede.....II
- Principal
Visto; agréguense a los presentes autos, para que obren como legalmente correspondan, los informes justificados de cuenta, rendidos por las autoridades señaladas como responsables. Ahora, el Juez del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad Uno del Distrito Judicial de Querétaro, informa que en veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia inicial en la causa CI/QRO/12450/2017, en la cual se vinculó a proceso a la aquí quejosa Diana Cecilia Moreno Domínguez, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de garantías y de las constancias remitidas por el citado juzgador se desprende que el acto que por esta vía combate Diana Cecilia Moreno Domínguez, se hace consistir en la orden de aprehensión y/o detención y/o de citación, giradas en contra de la quejosa de mérito. Así las cosas, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia inicial en la causa CI/QRO/12450/2017, en la cual se vinculó a proceso la aquí quejosa Diana Cecilia Moreno Domínguez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo especifico a (comercio), previsto y sancionado por el artículo 183 Quáter en relación al 182 y 14 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio de Edith Iñiguez Barrera. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como, por su sentido y alcance, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la nueva Ley de Amparo, se analiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61, que sobrevino respecto del acto reclamado por la quejosa. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, parte VIII, del Apéndice de 1985, Quinta Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías." El artículo 61, fracción XVII, de la nueva Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deba considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." En efecto, la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora, en los procedimientos penales, una situación jurídica es el conjunto de normas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, o bien, puede ser catalogada como una etapa procesal en el juicio. Y el cambio de situación jurídica se presenta cuando se complementa una en todas sus partes, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. En la materia que ocupa la atención, una situación jurídica se crea con motivo de la emisión del alguno de los siguientes actos: a) Orden de aprehensión; b) Auto de vinculación a proceso; y, c) Sentencia definitiva. Situaciones jurídicas concretas que se encuentran dentro de los diversos procedimientos penales, ya sea porque ahí están contenidas o porque inician o terminan con ellos; por ejemplo, la investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio; sin embargo, de una u otra forma el aspecto a destacar, lo es que no pueden converger para el estudio de fondo toda vez que esas situaciones jurídicas son preclusivas, esto es, el nacimiento de la segunda deja irreparablemente consumada la primera; y el de la tercera la segunda. Expuesto lo anterior, de las constancias remitidas por el Juez del Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Querétaro, en funciones de Juez de Control de la Unidad Uno del Distrito Judicial de Querétaro, a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que efectivamente en la causa CI/QRO/12450/2017, el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se celebró la audiencia inicial, en la cual se vinculó a proceso a la aquí quejosa Diana Cecilia Moreno Domínguez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo especifico a (comercio), previsto y sancionado por el artículo 183 Quáter en relación al 182 y 14 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Querétaro, en agravio de Edith Iñiguez Barrera. Por lo que resulta evidente que cambió la situación jurídica de la demandante del amparo, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 del ordenamiento legal invocado; por tanto, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en el procedimiento aludido, sin afectar la nueva situación jurídica originada con el auto de vinculación a proceso en comento. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XVII, del diverso 61, ambos de la nueva Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo que cabe, la tesis II 2º. P 29 P, que sustentó el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, con registro 2002240, publicada en el Libro 15, Diciembre de 2012, Tomo 2, página 1287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." De igual manera, se aplica en lo conducente, la tesis número XVII.1º. P.A. 51 p, con registro 167786, que emitió el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, que puede verse a foja 2687 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, cuyo texto es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, tiene aplicación por analogía la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Determinación que se extiende al acto de ejecución atribuido a las autoridades a quienes se les otorgó ese carácter, de conformidad con la jurisprudencia visible en la página 647, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Séptima Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Por otro lado, toda vez que ya obran en el presente juicio de amparo la totalidad de los informes justificados, teniéndose como tal la copia certificada del informe previo rendido por el Fiscal de Investigación número 2 de la Fiscalía General del Estado, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, informes de los cuales se deprende que el Director de Policía de Investigación del Delito del Estado, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, el Jefe de Grupo de la Comandancia de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales y Ministeriales de Policía de Investigación del Delito, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye, como a continuación se expone: AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del informe Folio 1 JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DE LA UNIDAD I DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acepta 24 a 25 2 JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DE LA UNIDAD II DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Niega 49 3 FISCAL DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD 2 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Acepta 50 a 51 4 DIRECTOR DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO DEL ESTADO DE QUERÉTARO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Niega 15 5 JEFE DE GRUPO DE LA COMANDANCIA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y EJECUCIÓN DE MANDATOS JUDICIALES Y MINISTERIALES DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO (AUTORIDAD RESPONSABLE) Niega 16 En ese contexto, y toda vez que el quejoso en el presente sumario de garantías reclama: ACTOS RECLAMADOS "orden de aprehensión y/o detención y/o de citación, giradas en contra de la quejosa de mérito" y su ejecución. Al no existir los actos que impugna, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que hace al Director de Policía de Investigación del Delito del Estado, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Querétaro en funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, el Jefe de Grupo de la Comandancia de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales y Ministeriales de Policía de Investigación del Delito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Esto es así, tomando en consideración que la promoción del presente juicio de amparo por la quejosa, fue por existir simple sospecha de la existencia de los actos reclamados, lo cual, como se ve, No es cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo del 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previa posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia prevista por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionado estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causa de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En razón de lo anterior, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada en este juicio, para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, se ordena proveer lo que en derecho corresponda dentro de los cuadernos incidentales de los que deriva el presente juicio de amparo.....ii Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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