Diana Elizabeth Loera Peniche

Expediente 1362/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1362/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Diana Elizabeth Loera Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Mérida, el cual contiene la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente, mediante el cual informa que el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el toca 551/2023, el cual desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Diana Elizabeth Loera Peniche contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, ha causado estado. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, para los efectos legales correspondientes y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, mediante el cual informa que desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por ********************, contra el auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, asignándole el número de toca ********************, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los fines legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, por medio del cual interpone el recurso de revisión contra del proveído de seis de septiembre del año en curso, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 83, 85, 86, 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez notificado este auto, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, junto con la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación para la sustanciación del recurso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Diana Elizabeth Loera Peniche, con el que desahoga la prevención realizada el veintiocho de agosto del año en curso. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por Diana Elizabeth Loera Peniche, contra el acto que reclama de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y de otras autoridades. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora bien, se estima conveniente precisar que la parte quejosa, señala como acto reclamado, el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, la jueza responsable requirió para que dé cumplimiento a la sentencia de segunda instancia de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se ordenó darle vista con la respectiva planilla de liquidación, el cual fue dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 549/2018 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En virtud del acto que se reclama, se estima que al respecto se actualiza la causal prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no constituye la última resolución en la etapa de ejecución del laudo. En efecto, los preceptos legales citados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." Del primero de los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa relativa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo. Por su parte, la fracción IV del numeral 107 citado, establece la procedencia del amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse la acción constitucional contra la última resolución del procedimiento respectivo, entendida esta como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio constitucional se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad estaba interesada en su ejecución sin que múltiples amparos la obstaculizaran; esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad estaba interesada en ejecutarla y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En el particular, el acto reclamado consiste en el auto de seis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual, la jueza responsable requirió para que dé cumplimiento a la sentencia de segunda instancia de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se ordenó darle vista con la respectiva planilla de liquidación, el cual fue dictado en el juicio ordinario civil reivindicatorio 549/2018 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. De lo anterior, resulta evidente que, el acto reclamado se emitió en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues precisamente por una parte se indica que la sentencia causó ejecutoria, lo que evidencia que el procedimiento se encuentra en la etapa de ejecución y por otra parte, se fija un plazo a la demandada para que cumpla la sentencia y para la debida substanciación del procedimiento de ejecución, se ordenó darle vista con la planilla de liquidación. En tal virtud, es claro que el acto reclamado tiene como finalidad la ejecución de la sentencia, pues ésta emitido a fin de darle cumplimiento a la misma y no es ajeno a la cosa juzgada, pues deriva precisamente de la sentencia emitida y forma parte del procedimiento de ejecución. Sin embargo, no constituye la última resolución, pues debe tenerse en cuenta que la responsable, esencialmente fijó un plazo a la demandada para cumplir la misma, sin que haya determinado alguna forma de terminación, como sería, la prescripción de la acción para ejecutar el sentencia emitido en el juicio ordinario civil de origen o su imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución del sentencia, ni tampoco se ordenó el archivo del expediente civil como asunto concluido. De ahí que solo se trate de un acto intermedio en el referido procedimiento de ejecución. Es aplicable la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y cinco, del Tomo VI, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo". Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos), como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. Máxime que contrario a lo que señala la quejosa en su demanda en el acto reclamado no se aprecia que se le haya decretado algún apercibimiento de medida de apremio y que en su caso ése fuera ajeno a la cosa juzgada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro: 2018278, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Página: 2163, que señala: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo, pues no se trata de la prescripción de la acción para ejecutar la sentencia emitida en el juicio civil de origen, ni manifestó su imposibilidad jurídica o material para lograr el cumplimiento de la ejecución de la sentencia, tampoco se ordenó el archivo del expediente civil como asunto concluido, sino se trata de una decisión que está directamente vinculada con la ejecución de la cosa juzgada en el juicio natural. Además, cabe señalar que la quejosa no se ostenta tercera extraña al juicio de origen pues reconoce haber comparecido a juicio e incluso haber contestado la demanda entablada en su contra, por tanto, la resulta aplicable la regla que prevé el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que esencialmente indica que el amparo en ejecución de sentencia sólo procede contra la última resolución. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución dentro de la etapa de ejecución de sentencia, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada; y por ende, lo que procede es, con fundamento en el artículo 113 de la codificación en consulta, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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