Diana Elizabeth Garcia Morales

Expediente 2348/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2348/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Diana Elizabeth Garcia Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, y toda vez que hasta la presente fecha la Junta y el Actuario ambos adscritos a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles nuevamente para que en el plazo de tres días siguientes al en que quede notificado este acuerdo, comuniquen a este juzgado la forma en que dieron cumplimiento a la sentencia de amparo y manifiesten lo que a su derecho convenga, remitiendo a su vez, las constancias conducentes con las que acrediten haber acatado la ejecutoria de amparo, para restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en el entendido que las autoridades deben de actuar con la celeridad y prontitud debida, a fin de que la sentencia de amparo sea acatada. Apercibidos que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, o manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 1913/2021-llI, promovido por XXXXXXXX, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio del artículo 14 y 17 Constitucional; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el catorce de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que MARÍA PAULINA BALAM VEGA, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de quince de octubre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto una omisión atribuida a una autoridad en materia laboral, y la demanda fue presentada en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama como acto destacado: La abstención, negativa y omisión de dictar resolución sobre incidente de competencia y personalidad en el procedimiento bajo el número de expediente 149/2014, toda vez que han transcurrido los plazos legales para hacerlo. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado. Lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral de origen 149/2014, que remitió la citada Junta responsable al rendir su informe justificado. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En la especie, no existe causal de improcedencia que de oficio advierta este Juzgado Federal, atento al imperativo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE LOS PLANTEAMIENTOS DE LA PARTE QUEJOSA. Los motivos de inconformidad que la parte peticionaria del amparo hace valer, deben estimarse fundados, por las razones siguientes. En efecto, la omisión de la autoridad laboral de emitir la resolución correspondiente al incidente de competencia y personalidad en el procedimiento bajo el número de expediente 149/2014, resulta violatoria del derecho humano de acceso efectivo a la impartición de justicia y celeridad, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal. Para justificar lo considerado en el párrafo que antecede, es oportuno señalar que las referidas garantías consagradas en el aludido artículo constitucional, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del artículo constitucional transcrito, se advierte que se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permitan obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República. Este precepto constitucional garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los Tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares lo hagan por sí mismos; debiendo agregarse que la circunstancia de que el citado precepto constitucional señale que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar ese derecho de manera discrecional sino que, con esta reglamentación, debe perseguirse la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas o etapas no previstas en el texto constitucional. Así, el derecho fundamental de seguridad jurídica establecido a favor del gobernado en este caso, se traduce en la prohibición que tienen las autoridades judiciales de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, el deber de sustanciar y resolver los juicios ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas. Esta obligación es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen que actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita de conformidad con los plazos procesales establecidos. En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 761, 762, 763 y 771, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, en un procedimiento de este tipo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." Artículo 761.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas. Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes Artículo 771.- Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.". Ahora bien, en primer lugar, cabe mencionar que si bien esta Juzgadora no cuenta con las constancias relativas al juicio de donde derivan los actos reclamados, pues a pesar de que fueron solicitadas a la Junta responsable, lo cierto es que, las mismas no fueron remitidas a este Juzgado, toda vez que dicha autoridad, manifestó no contar con el expediente de mérito, ya que señaló que el expediente de origen fue extraviado, y se ordenó el incidente de reposición de autos, cuya audiencia está fijada para el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, de conformidad con el auto de veintidós de octubre del año en curso, acorde a la documental que la responsable remitió junto con su informe de ley. En tal virtud se tiene por acreditada la existencia del juicio de origen y acto reclamado, pues la falta de remisión del expediente o en su caso extravío del mismo únicamente es imputable a la autoridad de origen que conoce del procedimiento, ya que ésta es responsable de su conservación. Es aplicable al caso, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, Novena Época, Registro: 195293, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, Materia(s), Laboral Página: 1093, que señala: "ACTUACIONES PROCESALES, LA AUTORIDAD ES LA ÚNICA RESPONSABLE DE SU EXISTENCIA Y CONSERVACIÓN. Si la Junta desestima el incidente de nulidad de actuaciones, básicamente por no haber acreditado la incidentista, la fecha en que se practicó la diligencia de notificación y emplazamiento, ni con quién se entendió la misma; tal consideración es ilegal, porque si el expediente original se extravió y debido a ello la Junta ordenó la reposición de autos y dentro de las actuaciones exhibidas no obran las diligencias correspondientes, ello no puede ser imputable a la agraviada, pues tales diligencias constituyen actuaciones procesales de cuya existencia y conservación, la única responsable es la Junta." Así, tal como ya se dijo, la copia certificada del auto de veintidós de octubre del año en curso tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; por tanto, con dicha documental, es procedente resolver el presente juicio, puesto que fundamentalmente de dicho auto se advierte la existencia del citado procedimiento de origen. Precisado lo anterior, como se anticipó, le asiste la razón a la quejosa, ya que el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación, lo que se traduce en cumplimiento a la garantía de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional; por ello, si se apertura dentro del juicio el incidente de competencia y personalidad, éste se deberá resolver inmediatamente, para que una vez resuelto el Presidente de las Juntas de Conciliación y Arbitraje determine lo conducente para lograr que el juicio siga su camino y se resuelva conforme a los plazos establecidos por la ley laboral. De acuerdo a lo anterior tenemos que la autoridad laboral tiene la obligación de resolver lo conducente, en este caso, que dicte resolución en el incidente de competencia y personalidad, sea resuelta inmediatamente. Ahora bien, la parte peticionaria del amparo se duele, esencialmente, de la omisión de la Junta responsable de emitir la resolución correspondiente al incidente de competencia y personalidad en autos del juicio laboral 149/2014, lo cual se traduce en una franca violación de la garantía de acceso a la justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, en perjuicio de la aquí quejosa. Así, es necesario recalcar que el precepto constitucional en estudio decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone una prohibición: tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de esta garantía se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. Luego, si en el caso, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, manifestó no contar con el expediente laboral de origen, en virtud de haberse extraviado el mismo, sin que exista constancia alguna de la totalidad de las actuaciones realizadas por la Junta responsable en el mismo, por lo que se tiene que ha dilatado el asunto laboral de origen, pues no ha emitido la resolución correspondiente a los incidentes de competencia y personalidad, debe estimarse que dicho proceder, se traduce en un retraso para la emisión de la determinación de los aludidos incidentes; por lo que, es obvio concluir, que dicha inactividad procesal por demás prolongado irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable en contra de la parte aquí peticionaria del amparo, lo cual incide precisamente en el retardo para la resolución de los incidentes de mérito, máxime que dicho retraso no fue causado por ninguna de las partes sino es imputable a la responsable. Al respecto, resulta pertinente aclarar que la dilación en la tramitación del procedimiento o la omisión de tramitarlo, constituyen violaciones de carácter negativo o abstenciones de la autoridad, para desarrollarlo conforme a los plazos y términos legalmente establecidos. Bajo ese contexto, como se advierte que aún no ha concluido el procedimiento laboral de origen, pues en virtud de que la Junta responsable retardó la prosecución del juicio laboral por las razones antes apuntadas, ante la omisión de dictar resolución de los incidentes de competencia y personalidad, es por lo que se considera que la responsable tiene el deber de proseguir con la debida celeridad en la etapa que sigue del juicio, que en el caso, se pronuncie respecto de los incidentes de competencia y personalidad planteados, respetando los términos para emitirlo, ello en virtud de que el actuar de la responsable, incumplió con la garantía de justicia pronta que estatuye el precepto 17 de la Constitución Federal; razón por la cual procede conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El efecto de la sentencia concesoria de amparo, es para que la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, una vez que lleve a cabo el incidente de reposición de autos programado para tener verificativo el ocho de diciembre del año en curso, se pronuncie inmediatamente sobre los incidentes de competencia y personalidad respectivos. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a por XXXXXXXXXXX, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos expresados en los considerandos quinto y sexto de esta resolución. Notifíquese.

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