Diana Dolores Sosa Mejia

Expediente 8/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
8/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Diana Dolores Sosa Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    De conformidad a lo ordenado en auto de esta fecha en el juicio del que deriva el presente cuaderno original de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el citado numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede así como el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia que sobresee en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicho auto que sobreseyó el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y agréguese el cuadernillo de antecedentes respectivo. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro parte, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada incidente de suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el doce de enero de dos mil veintiuno, la promovente solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, así como la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable indicada en el capítulo respectivo de la demanda, a quien reclamó esencialmente la orden de detención y su ejecución, así como el desalojo de su propiedad. SEGUNDO. En proveído de trece de enero del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 8/2021-III-B; se pidió a las autoridades responsables, su informe justificado. Así, se continuó con el trámite y se estuvieron recibiendo algunos de los informes con justificación, hasta el día de hoy, en el que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; en virtud de que el acto que reclama a las responsables tendrá ejecución en los límites territoriales en que este juzgado ejerce jurisdicción. Y con apoyo, además, en los Acuerdos Generales 13/2020, 21/2020, 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitidos con motivo de las circunstancias de pandemia de Covid-19. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. " "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad |de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. " En el caso, se estima en la presente vía se reclama: --- La orden de detención y/o aprehensión librada en su contra y su ejecución. --- La negativa de las autoridades responsables a permitirle nombrar abogado para ser asistida durante el procedimiento penal seguido en su contra. --- La negativa a entregarle copia de los registros de la investigación. --- La conducta inadecuada de obligarla a declarar y firmar una declaración que dice fue elaborada y además con espacios en blanco y sin estar un abogado presente que hubiese nombrado previamente en su defensa. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Las autoridades, Agente del Ministerio Público Adscrito a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito en Ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y en Ausencia del Fiscal de Distrito de la Fiscalía y de la fiscalía de Distrito Zona Norte, residente en la localidad, al rendir sus informes justificados conjuntamente, manifiestan que no son ciertos los actos reclamados, por Diana Dolores Soto Mejía, consistentes en la orden de detención y/o aprehensión librada en su contra y su ejecución; así como la negativa de las autoridades responsables a permitirle nombrar abogado para ser asistida durante el procedimiento penal seguido en su contra; la negativa a entregarle copia de los registros de la investigación; la conducta inadecuada de obligarla a declarar y firmar una declaración que dice fue elaborada y además con espacios en blanco y sin estar un abogado presente que hubiese nombrado previamente en su defensa. Por lo anterior, tomando en cuenta que la quejosa no desvirtúa la negativa de los actos reclamados o haber acudido ante las autoridades responsables, a quienes les reclama los mismos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Ahora, no se soslaya por quien aquí resuelve, que las autoridades informan que con fecha veintidós de septiembre del año próximo pasado, acudió a esa Representación Social Silvia Loya Almaraz, quien acreditó ser propietaria de la casa habitación ubicada en el número 7725 de la Calle Uramex del Fraccionamiento Fidel Velázquez de esta localidad, quien interpuso querella en contra de la aquí quejosa, Diana Dolores Sosa Mejía, por el delito de despojo o lo que resulte, señalando en lo medular que, en el mes de septiembre de dos mil diecinueve, Manuela Mejía madre de la quejosa, le solicitó que le prestara a su hija Diana Dolores Sosa Mejía el inmueble ya referido, accediendo la denunciante con la condición que fuera solo por dos meses, sin embargo, transcurrido el término a quejoso se negó a devolver el inmueble que había habitado gratuitamente. Es por ello, que el agente del Ministerio Público solicitó a la agencia Estatal de Investigaciones realizara las diligencias conducentes entre las cuales obra la entrevista efectuada a la quejosa por el órgano investigador, el siete de diciembre de dos mil veinte. Que la representación social a cargo de la carpeta de investigación con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, le notificó a la quejosa que se presentara a efecto de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por tanto, se reitera, se sobresee en este juicio de amparo, también respecto de la orden de desalojo reclamada, pues al respecto la quejosa no aporta probanza alguna que defina ser titular del bien inmueble y que desvirtúe lo que asevera la autoridad respecto del préstamo gratito del mismo y además de que nada le impide a la peticionaria del amparo acudir acompañada de un defensor particular o público ante la autoridad responsable a justificar su derecho de posesión legitima del inmueble mencionado. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 63, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente Juicio de Amparo promovido por Diana Dolores Sosa Mejía, de conformidad con los considerandos "TERCERO" de esta resolución. N O T I F Í Q U E S E.

  4. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 8/2021-III-A, promovido por Diana Dolores Sosa Mejía, contra actos del Fiscal General del Estado, Zona Norte con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el doce de enero de dos mil veintiuno, la promovente solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión, así como la apertura del incidente de suspensión, contra la autoridad responsable indicada en el capítulo respectivo de la demanda, a quien reclamó esencialmente la orden de detención y su ejecución. SEGUNDO. En proveído de trece de enero del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitando a la autoridad señalada como responsable su informe previo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La autoridad, Agente del Ministerio Público Adscrito a Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito en Ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales y en Ausencia del Fiscal de Distrito de la Fiscalía y de la fiscalía de Distrito Zona Norte, residente en la localidad, al rendir su informe previo conjuntamente, manifiesta que nos son ciertos los actos reclamados, por Diana Dolores Soto Mejía, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución; así como la negativa de las autoridades responsables a permitirle nombrar abogado para ser asistida durante el procedimiento penal seguido en su contra; la negativa a entregarle copia de los registros de la investigación; la conducta inadecuada de obligarla a declarar y firmar una declaración que dice fue elaborada y además con espacios en blanco y sin estar un abogado presente que hubiese nombrado previamente en mi defensa la suscrita. Por lo anterior, tomando en cuenta que la quejosa no desvirtúa la negativa de los actos reclamados o haber acudido ante las autoridades responsables, a quienes les reclama los mismos, con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitada. Lo anterior, tiene apoyo con la tesis con número de registro 326347 visible en la página 5683 del Tomo LXXIII, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que reza: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de la suspensión, contra actos de esa naturaleza". Ahora, no se soslaya por quien aquí resuelve, que las autoridades informan que con fecha veintidós de septiembre del año próximo pasado, acudió a esa Representación Social Silvia Loya Almaraz, quien acreditó ser propietaria de la casa habitación ubicada en el número 7725 de la Calle Uramex del Fraccionamiento Fidel Velázquez de esta localidad, quien interpuso querella en contra de la aquí quejosa, Diana Dolores Sosa Mejía por el delito de despojo o lo que resulte, señalando en lo medular que, en el mes de septiembre de dos mil diecinueve Manuela Mejía madre de la quejosa, le solicitó que le prestara a su hija Diana Dolores Sosa Mejía el inmueble ya referido, accediendo la denunciante con la condición que fuera solo por dos meses, sin embargo, transcurrido el término a quejoso se negó a devolver el inmueble que había habitado gratuitamente. Es por ello, que el agente del Ministerio Público solicitó a la agencia Estatal de Investigaciones realizar las diligencias conducentes entre las cuales obra la entrevista efectuada a la quejosa por el órgano investigador, el siete de diciembre de dos mil veinte. Que la representación social a cargo de la carpeta de investigación con fecha tres de noviembre de dos mil veinte, le notificó a la quejosa que se presentara a efecto de hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por tanto, se reitera, se niega la suspensión definitiva solicitada también respecto de la orden de desalojo reclamada, además, nada le impide acudir a justificar su derecho de posesión legitima del inmueble mencionado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 138, 139, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva que solicita Diana Dolores Sosa Mejía, contra actos del Fiscal De Distrito Zona Norte y Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, residentes en la localidad. N O T I F Í Q U E S E.

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