Diana del Consuelo Téllez Arévalo

Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
141/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
07/04/2022

Partes del expediente

  • Diana del Consuelo Téllez Arévalo
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión contra el fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O, para resolver el juicio de amparo 141/2021-VI, promovido por Diana del Consuelo Téllez Arévalo, por su propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, capital y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en la oficialía común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo presentada por Diana del Consuelo Téllez Arévalo, por su propio derecho, contra actos que reclama al Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades, demanda que por razón de turno fue recibida por este Juzgado ese mismo día, en la que reclamó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las siguientes autoridades: "Del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Chihuahua, en su carácter de autoridad ordenadora, se le reclaman los siguientes cuerpos de leyes los cuales constituyen los elementos para la determinación y pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, que se aplican por primera vez a la hoy quejosa. 1. Con referencia a los decretos relacionados con la Ley de Ingresos y las Tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua aplicable en el ejercicio fiscal anual de 2021. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2021: 1.1.1. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXV/APLIM/0906/2020 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre del año 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, que en lo que nos ocupa establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.1.2. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXVI/APTVV/0838/2020 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado el 16 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá como base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Así mismo se reclama la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal de 2021. 2. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, expedida mediante el Decreto número 818/95 XVIII I.P.O. y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 92 de fecha 18 de noviembre de 1995 y reformado por los Decretos 255-02 1 1 P.O. publicados en el periódico oficial No. 64 del 10 de agosto de 2021, No. 112-04 1 1 P.O. publicado en el periódico oficial número 103 de fecha 27 de diciembre de 2006, y última reforma en Decreto No. 107 I.P.O. publicada en el periódico oficial del Estado No. 103 del 26 de diciembre de 2007, y por actualizarse a partir de la expedición de dicha ley y sus reformas la determinación de la base gravable del impuesto predial en el municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021. 3. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 112/04 I.P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua No. 104 del veintinueve de diciembre de 2004, donde se reforma el artículo 148, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para el ejercicio fiscal 2021. 4. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 107/07 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, No. 103 del 26 de diciembre de 2007, donde se reforma el artículo 149, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo la abstención de vetar, la aprobación, refrendo, promulgación y publicación, de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior, aplicables al ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo el refrendo y publicación de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior aplicables para el ejercicio fiscal 2021. - De todas las autoridades del Municipio de Juárez, Chihuahua, señaladas como responsables se les reclama la aplicación en mi perjuicio de la normatividad legal, censurada de inconstitucional y a la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores relativo al ejercicio fiscal 2021.". SEGUNDO. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo bajo el juicio 141/2021-VI; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede, sin la asistencia de las partes; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º segundo párrafo, 37 tercer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud que el acto reclamado, se atribuye a autoridad residente en ésta ciudad y con ejecución en la misma, donde este órgano jurisdiccional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que el quejoso reclama: 1. Con referencia a los decretos relacionados con la Ley de Ingresos y las Tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua aplicable en el ejercicio fiscal anual de 2021. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2021: 1.1.1. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXV/APLIM/0906/2020 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre del año 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, que en lo que nos ocupa establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.1.2. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXVI/APTVV/0838/2020 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado el 16 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá como base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Así mismo se reclama la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal de 2021. 2. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, expedida mediante el Decreto número 818/95 XVIII I.P.O. y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 92 de fecha 18 de noviembre de 1995 y reformado por los Decretos 255-02 1 1 P.O. publicados en el periódico oficial No. 64 del 10 de agosto de 2021, No. 112-04 1 1 P.O. publicado en el periódico oficial número 103 de fecha 27 de diciembre de 2006, y última reforma en Decreto No. 107 I.P.O. publicada en el periódico oficial del Estado No. 103 del 26 de diciembre de 2007, y por actualizarse a partir de la expedición de dicha ley y sus reformas la determinación de la base gravable del impuesto predial en el municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021. 3. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 112/04 I.P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua No. 104 del veintinueve de diciembre de 2004, donde se reforma el artículo 148, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para el ejercicio fiscal 2021. 4. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 107/07 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, No. 103 del 26 de diciembre de 2007, donde se reforma el artículo 149, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo al abstención de vetar, la aprobación, refrendo, promulgación y publicación, de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior, aplicables al ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo el refrendo y publicación de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior aplicables para el ejercicio fiscal 2021. - De todas las autoridades del Municipio de Juárez, Chihuahua, señaladas como responsables se les reclama la aplicación en mi perjuicio de la normatividad legal, censurada de inconstitucional y a la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores relativo al ejercicio fiscal 2021.". Al caso concreto, es aplicable el criterio P. VI/2004, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, este órgano jurisdiccional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. TERCERO. Las autoridades responsables, Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Tesorero y Directos de Catastro de Juárez, Chihuahua, negaron la existencia del acto reclamado. En efecto, no son ciertos los actos relativos a la aplicación, ejecución, y efectos de las disposiciones reclamadas en esta vía a las responsables mencionadas, así como cualquier acto vinculado sobre el particular, básicamente porque no se advierte alguno concreto en este juicio. Por tanto, para el suscrito las constancias de este juicio son claramente reveladoras de la inexistencia de los actos de que se trata, a final de cuentas por no advertirse algún dato del cual se desprenda, ni siquiera indiciariamente, la participación de las autoridades en ellos, de ahí la ineficacia de las probanzas de la parte impetrante en esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo: VI, Parte SCJN. Tesis: 226. Página: 153.) "DOCUMENTOS PRIVADOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados no reconocidos, pero tampoco objetados por la parte a quien perjudican, determinan que sí pueda otorgárseles valor probatorio, el que, según las circunstancias, puede ser pleno." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: XX, Cuarta Parte. Página: 122.) "DOCUMENTOS PRIVADOS, VALOR PROBATORIO DE LOS. Los documentos privados provenientes de terceros, rendidos como prueba en el juicio y relacionados con el asunto que se ventila, cuando no son objetados por las partes contrarias, deben tenerse por admitidos y surtir sus efectos como si hubieren sido reconocidos." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLVIII. Página: 2171.) Inclusive, esa inexistencia se refuerza con la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, realizó el pago del impuesto predial del bien inmueble de su propiedad, es decir, ella de motu proprio cubrió el pago del tributo indicado, lo que se demuestra con el certificado de ingresos expedido a la parte inconforme con motivo del pago del impuesto predial que efectúo del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en el cual, ciertamente, se destaca que fue la parte quejosa quien, motu proprio, cubrió el tributo de que se habla. Bajo la consideración de este juzgador, tal probanza resulta bastante para demostrar la inexistencia de los actos que nos ocupan y que se atribuyen a las responsables municipales indicadas, porque lo cierto es que no hay dato o elemento alguno del cual se advierta que las citadas autoridades constriñeron a la parte quejosa a enterar esos tributos, así como que se le cobraron coactivamente. Por el contrario, en el mejor de los casos dicha probanza lo único que revelan es el pago efectuado por la parte impetrante, así como su recepción, pero no demuestra que, en efecto, fue alguna autoridad quien la constriñó al entero, así como que se lo cobró coactivamente, a final de cuentas por no colegirse algún elemento a ese respecto. Desde luego, la recepción del pago del impuesto de que se habla, no constituye un acto de autoridad para efecto del juicio de amparo, porque sólo demuestra la voluntad de la parte quejosa exteriorizada al enterar tal tributo, así como el cumplimiento de la obligación tributaria, pero no implica que el cumplimiento debe atribuirse a la autoridad respectiva, por lo cual las circunstancias especiales que rodean el pago y su recepción no desnaturalizan el carácter del acto en sí. Efectivamente, derivado de las negativas precisas externadas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tales actos, a la parte impetrante incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones las autoridades están en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos de que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Por consiguiente, a juicio de este juzgador, las pruebas existentes resultan insuficientes para desvirtuar las negativas de los actos de que se trata, aunque adquieren valor probatorio pleno en los términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ya que, en ellas, no hay dato o elemento del cual se advierta, siquiera indiciariamente, la intervención o participación de las autoridades responsables en los actos que nos ocupa. Luego, si, aparte de que las propias autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, lo conducente es tenerlos por inexistentes en la presente vía. Al efecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 196. Página: 3808.) "RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY. El hecho de que en el juicio de amparo contra leyes el quejoso pruebe a través del recibo de pago de salarios o de la constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución atribuidos a las autoridades hacendarias, ya que para ello no sólo debe advertirse la intervención que éstas hubieren tenido en la recaudación del impuesto respectivo, sino que deben actuar en cumplimiento a las normas reclamadas, es decir deben hacer cumplir las obligaciones que dimanen de ellas, aun en forma coactiva, sin que dicha retención tributaria conlleve la aplicación o ejecución de la ley por parte de las autoridades, en tanto que el patrón aplica la norma sin intervención de la autoridad fiscal y, por otra parte, si bien esta última tiene facultades para recaudar la contribución, no significa que haya ejecutado la ley tributaria. De ahí que la demostración de la retención en el juicio de amparo no desvirtúa la negativa de los actos de aplicación y ejecución que manifestó la autoridad hacendaria responsable al rendir su informe justificado, por lo que procede sobreseer en el juicio de garantías únicamente respecto a tales actos, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, mas no respecto de la ley reclamada, porque la retención es un acto de aplicación que permite impugnarla." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 180. Página: 3788.) "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 35. Página: 3609.) Con lo anterior no queda duda que las constancias de este juicio, en sí, resultan suficientes para probar la inexistencia de los actos que nos ocupan, porque se itera, no se advierte dato o elemento que demuestre, realmente, la intervención de las autoridades en cita en ellos, ni siquiera indiciaria y mucho menos veladamente. Por tanto, ante la inexistencia de todos los actos reclamados que nos ocupan en el presente considerando, propiamente, no hay materia en el juicio, motivo por el cual lo conducente es sobreseer en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, son de citarse las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto dicen así: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional, 1. Común 1a. Parte-SCJN, Segunda Sección. Tesis: 284. Página: 305.) "SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO SEGUN LOS INFORMES RENDIDOS U OMITIDOS. Si de autos se establece, en vista de los informes rendidos, de modo especial el de la autoridad ordenadora, la inexistencia de los actos que provocaron la interposición del amparo, en primer lugar la omisión de informe, por parte de una autoridad ejecutora, que en otras circunstancias daría lugar a tener por ciertos, presuntivamente los actos que le fueron atribuidos, de conformidad con el artículo 149 de la Ley de Amparo, cede ante la negativa de la autoridad principal, ordenadora; asimismo, en atención a la situación creada por la negativa de la repetida ordenador, es inconcuso, que la ejecutora no podría realizar órdenes inexistentes. En las condiciones anteriores deben sobreseerse, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la ley de la materia, o en otros términos, confirmar el fallo a revisión que con tal motivo acordó tal medida." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: Informes. Página: 124.) CUARTO. La existencia de los actos quedó demostrada en el juicio que nos ocupa respecto de las responsables Congreso del Estado, Gobernador, y Secretario General de Gobierno. En efecto, resultan ciertos los demás actos reclamados a las autoridades responsables en este juicio, pues al rendir su informe justificado reconocieron su participación en los actos de su competencia, lo cual desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que es del tenor que sigue: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como las reclamadas en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, por virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la propia Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° por lo cual este juzgador no está en condiciones de desconocerlas. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia trescientos setenta, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, visible en la página cuatro mil sesenta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 2. Primera Parte - SCJN Sexta Sección, que dicen así: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por lo anterior, no queda duda que en este amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la Improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la persona moral quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, en la especie, el suscrito juez considera de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en la especie. En tal sentido, debe decirse que es un hecho notorio para este juzgado federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2º de la Ley de Amparo, que por sentencia ejecutoria, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 102/2021, derivado del juicio de amparo 349/2020, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, en esta ciudad, promovido por la misma quejosa, Diana del Consuelo Téllez Arévalo, en contra del impuesto predial, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho a dos mil veinte, se resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se declaran firmes los sobreseimientos decretados en la sentencia recurrida, en términos del considerando tercero de la presente ejecutoria. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida en su parte impugnada. TERCERO. Para los efectos precisados por el a quo, se concede al amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Diana del Consuelo Téllez Arévalo, por los actos reclamados y los efectos precisados por la Juez de Distrito, en el considerando octavo de la resolución reclamada, esto es, en relación con el cobro del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Diana del Consuelo Téllez Arévalo, por los actos precisados en el considerando noveno de la resolución reclamada, esto es, en relación con el cobro del impuesto predial por los ejercicios fiscales dos mil diecinueve y dos mil veinte. [.]" El amparo en revisión descrito, como se dijo con antelación, derivó del juicio de amparo 102/2021, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, promovido por la quejosa Diana del Consuelo Téllez Arévalo; quien reclamó en esencia, de las autoridades responsables, lo siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) El H. Congreso del Estado de Chihuahua, con domicilio en el edificio legislativo ubicado en la calle Libertad, número 9, colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. B) El C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, con domicilio en la calle Aldama, No. 901 esquina con avenida Venustiano Carranza, colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. C) El C. Secretario de Gobierno de Chihuahua, con domicilio en la calle Aldama, No. 901 esquina con avenida Venustiano Carranza, colonia Centro de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. D) H. Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Juárez, con domicilio en la unidad administrativa Benito Juárez ubicado en la avenida Francisco Villa 950 norte, esquina con avenida Malecón. E) C. Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, con domicilio en la unidad administrativa Benito Juárez ubicado en la avenida Francisco Villa 950 norte, esquina con avenida Malecón. F) C. Tesorero del Municipio de Juárez, Chihuahua, con domicilio en la avenida Francisco Villa norte esquina con avenida Malecón, enfrente de la unidad administrativa Benito Juárez. G) C. Director de Catastro del Municipio de Ciudad Juárez, con domicilio en la avenida Francisco Villa norte esquina con avenida Malecón, enfrente de la unidad administrativa Benito Juárez. IV. ACTOS RECLAMADOS: Del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Chihuahua, en su carácter de autoridad ordenadora, se le reclaman los siguientes cuerpos de leyes los cuales constituyen los elementos para la determinación y pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2014 (dos mil catorce) al 2020 (dos mil veinte), que se aplican por primera vez a la hoy quejosa: 1. Con referencia a los decretos relacionados con la Ley de Ingresos y las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, aplicable, en los ejercicios fiscales anuales de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 1.1 Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2020. 1.1.1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXVI/APLIM/0549/2019, publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 28 de diciembre de dos mil diecinueve, vigente a partir del primero de enero de dos mil veinte, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2020, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto, y el impuesto universitario del 4% 1.1.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXVAPTVV/0478/2019 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 18 de diciembre de dos mil diecinueve, vigente a partir del primero de enero de dos mil veinte, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá como base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2020. 1.2. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2019: 1.2.1 La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXVI/APLIM/0175/2018 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 26 de diciembre de dos mil dieciocho, vigente a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2019, que en lo que nos ocupa, establece como ingreso de dicho municipio el impuesto predial, a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.2.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXVI/APTVV/0108/2018 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 19 de diciembre de 2018, vigente a partir del primero de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2019. 1.3 Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2018: 1.3.1 La discusión, aprobación y expedición del Decreto número El Decreto LXV/APTVV/0600/2017 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 23 de diciembre de dos mil diecisiete, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2018, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.3.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXV/APTVV/0515/2017 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 20 de diciembre de dos mil diecisiete, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018. 1.4 Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2017: 1.4.1 La discusión, aprobación y expedición del Decreto número El Decreto LXV/APLIM/0171/2016 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 28 de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2018, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.4.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número LXV/APTVV/0079/2016 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 27 de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del primero de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2017. 1.5. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2016. 1.5.1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 1191/2015 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 26 de diciembre de dos mil dieciséis, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciséis, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2016, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.5.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 1091/2015 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 16 de diciembre de 2016, vigente a partir del primero de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2016. 1.6. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2015: 1.6.1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 761/2014 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 27 de diciembre del año 2014, vigente a partir del primero de enero de dos mil quince, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2015, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.6.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 621/2014 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 20 de diciembre del año 2014, vigente a partir del primero de enero de dos mil quince, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2015. 1.7. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2014: 1.7.1. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 246/2013 I P.O., publicado en el Diario Oficial del Estado de Chihuahua, el 27 de diciembre del año 2013, vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año 2015, que en lo que nos ocupa, establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.7.2. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 107/2013 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de diciembre del año 2013, vigente a partir del primero de enero de dos mil catorce, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá de base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2014. Asimismo se reclama la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para los ejercicios fiscales de 2014 a 2020. 2. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, expedida mediante el Decreto No. 818/95 XVIII I P.O. y publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 92 de fecha 18 de noviembre de 1995 y reformado por los Decretos No. 255-02 II P.O. publicados en el Periódico Oficial No. 64 del 10 de agosto de 2002, No. 112- 04 II P.O. publicado en el Periódico Oficial No. 103 de fecha 27 de diciembre de 2006, y última reforma en Decreto No. 107 I P.O. publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 103 del 26 de diciembre de 2007, y por actualizarse a partir de la expedición de dicha ley y sus reformas, la determinación de la base gravable del impuesto predial en el Municipio de Juárez, Chihuahua, para los ejercicios fiscales anuales siguientes, todos comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce al dos mil veinte. 3. La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 112/04 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 104 del 29 de diciembre de 2004, donde se reforma el artículo 148 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para los ejercicios anuales siguientes, todos comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce al dos mil veinte. 4. La discusión, aprobación y expedición del Decreto No. 107/07 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua No. 103 del 26 de diciembre de 2007, donde se reforma el artículo 149 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para los ejercicios anuales siguientes, todos comprendidos del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce al dos mil veinte. Del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo la abstención de vetar, la aprobación, refrendo, promulgación y publicación de los Decretos emitidos por el H. Congreso del Estado, precisados en el apartado anterior, aplicables a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Del ciudadano Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo el refrendo y publicación de los Decretos emitidos por el H. Congreso del Estado precisados en el apartado anterior, aplicables a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. De todas las autoridades del Municipio de Juárez, Chihuahua, señaladas como responsables, se reclama: la aplicación en mi perjuicio de la normatividad legal censurada de inconstitucional y a la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores de este libelo, relativo a los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020". Al respecto, tienen aplicación las tesis con los siguientes rubros, "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA.", "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." y "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO." , De lo expuesto, se destaca que en la demanda de amparo descrita, se señaló como acto reclamado y autoridades responsables, a los mismos que precisa la quejosa Diana del Consuelo Tellez Arévalo, en la demanda de amparo que se analiza y que fuera registrada con el expediente 141/2021, del registro de este Juzgado, en el que se reclama, a las autoridades responsables, según el ámbito de su competencia, los siguientes actos: "Del Honorable Congreso Constitucional del Estado de Chihuahua, en su carácter de autoridad ordenadora, se le reclaman los siguientes cuerpos de leyes los cuales constituyen los elementos para la determinación y pago del impuesto predial para el ejercicio fiscal 2021, que se aplican por primera vez a la hoy quejosa. 1. Con referencia a los decretos relacionados con la Ley de Ingresos y las Tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua aplicable en el ejercicio fiscal anual de 2021. Con respecto a los decretos aplicables con referencia al ejercicio anual de 2021: 1.1.1. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXV/APLIM/0906/2020 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 30 de diciembre del año 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, por el cual se aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, que en lo que nos ocupa establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto y el impuesto universitario del 4%. 1.1.2. La discusión, aprobación y expedición del decreto número LXVI/APTVV/0838/2020 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado el 16 de diciembre de 2020, vigente a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se aprueba la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, misma que servirá como base para la determinación del valor catastral y cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Así mismo se reclama la totalidad del régimen fiscal relativo al impuesto predial previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez, para el ejercicio fiscal de 2021. 2. La discusión, aprobación y expedición de la Ley de Catastro del Estado de Chihuahua, expedida mediante el Decreto número 818/95 XVIII I.P.O. y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 92 de fecha 18 de noviembre de 1995 y reformado por los Decretos 255-02 1 1 P.O. publicados en el periódico oficial No. 64 del 10 de agosto de 2021, No. 112-04 1 1 P.O. publicado en el periódico oficial número 103 de fecha 27 de diciembre de 2006, y última reforma en Decreto No. 107 I.P.O. publicada en el periódico oficial del Estado No. 103 del 26 de diciembre de 2007, y por actualizarse a partir de la expedición de dicha ley y sus reformas la determinación de la base gravable del impuesto predial en el municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021. 3. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 112/04 I.P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua No. 104 del veintinueve de diciembre de 2004, donde se reforma el artículo 148, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para el ejercicio fiscal 2021. 4. La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 107/07 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, No. 103 del 26 de diciembre de 2007, donde se reforma el artículo 149, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo al abstención de vetar, la aprobación, refrendo, promulgación y publicación, de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior, aplicables al ejercicio fiscal 2021. - Del Ciudadano Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, reclamo el refrendo y publicación de los Decretos emitidos por el Congreso del Estado precisados en el apartado anterior aplicables para el ejercicio fiscal 2021. - De todas las autoridades del Municipio de Juárez, Chihuahua, señaladas como responsables se les reclama la aplicación en mi perjuicio de la normatividad legal, censurada de inconstitucional y a la que se ha hecho referencia en los puntos anteriores relativo al ejercicio fiscal 2021.". Esto es, la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo, los decretos legislativos 818/95 XVIII I.P.O. y publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 92 de fecha 18 de noviembre de 1995 y reformado por los Decretos 255-02 1 1 P.O. publicados en el periódico oficial No. 64 del 10 de agosto de 2021, No. 112-04 1 1 P.O. publicado en el periódico oficial número 103 de fecha 27 de diciembre de 2006, y última reforma en Decreto No. 107 I.P.O. publicada en el periódico oficial del Estado No. 103 del 26 de diciembre de 2007, y por actualizarse a partir de la expedición de dicha ley y sus reformas la determinación de la base gravable del impuesto predial en el municipio de Juárez, Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021. Decreto número 112/04 I.P.O. publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua No. 104 del veintinueve de diciembre de 2004, donde se reforma el artículo 148, del Código Municipal del Estado de Chihuahua, aplicable para el ejercicio fiscal 2021. Decreto número 107/07 I.P.O. publicado en el periódico oficial del Estado de Chihuahua, No. 103 del 26 de diciembre de 2007, donde se reforma el artículo 149, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2021. Así como el Decreto LXVI/APLIM/0906/2020 I.P.O publicado en el Periódico Oficial del Estado, el treinta de diciembre del dos mil veinte (2020), por el que se aprobó la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, mediante el cual se establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y el diverso Decreto LXVI/APTVV/0838/2020 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte (2020), por el que se aprobó la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y Construcciones propuestas por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en vigor a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, que sirve como base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. En tal sentido, resulta pertinente establecer que los artículos 145, 146, 148 y 149 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, establecen los elementos esenciales del Impuesto Predial, que pueden concretarse de la manera siguiente: Sujeto: I.- Con responsabilidad directa: a). Los propietarios y poseedores de predios urbanos y rústicos. b). Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y los titulares de certificados de participación inmobiliaria. Objeto: La propiedad o posesión de predios urbanos y rústicos. Base: Es el valor catastral del inmueble, determinado por lo dispuesto en la Ley de Catastro del Estado, debiendo reflejar el valor de mercado de las propiedades. Época de pago: el impuesto se determinará anualmente, conforme a las siguientes tarifas: "I.- Predios urbanos LÍMITES DE ""RANGO DE LA ""BASE DEL ""IMPUESTO ""(Valor Catastral ""en moneda ""nacional) TASA DE RANGO (Aplicable sobre la porción del valor de la base de exceda del límite inferior del rango de que se trate) CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL (Suma fija a pagar) ""0 2 al millar 0 ""183,240 3 al millar 366,48 ""366,480 4 al millar 916.2 ""641,340 5 al millar 2,015.64 ""1,282,680 6 al millar 5,222.34" (VALOR CATASTRAL - LÍMITE MENOR MÁS PRÓXIMO EN MONEDA NACIONAL) *TASA DE RANGO + CUOTA FIJA EN MONEDA NACIONAL = IMPUESTO PREDIAL DIRECTO ANUAL. El Impuesto Predial se calculará con el siguiente procedimiento aritmético: Al resultado de la diferencia del valor catastral del predio y el límite de rango menor más próximo en moneda nacional, se le aplicará la tasa correspondiente al excedente de ese límite inferior y se le adicionará la cuota fija del mismo rango, en moneda nacional. II. Para los predios rústicos la tasa de 2 al millar. III. Para los fondos mineros la tasa de 5 al millar. El impuesto neto a pagar nunca será inferior al equivalente a dos días de salario mínimo general vigente en el Municipio donde se ubique el predio objeto del impuesto, al día treinta de noviembre del año anterior al ejercicio de que se trate." Así, el impuesto predial, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo definen tanto material como especialmente. En ese tenor, para estimar la base del impuesto predial, la Ley de Catastro, particularmente, los artículos 21, 23, 24, 25, fracción IV, 27 y 28, en relación con las tablas de valores unitarios para determinar el valor catastral de los predios, correspondiente al año fiscal en análisis, disponen lo siguiente: "Artículo 21. Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán reflejar el valor de mercado. Para la determinación de las zonas homogéneas de valor y de los valores unitarios de terreno por zona y por vialidad, el territorio de los municipios se dividirá en áreas con características homogéneas. Para la definición de las áreas homogéneas se tomará en consideración lo dispuesto por los planes y programas de desarrollo urbano y rural que tengan efectos sobre el territorio; la existencia, disponibilidad y características del equipamiento y servicios públicos, así como el tipo de construcción y demás factores que incrementen o demeriten el valor de las zonas y predios. Cuando la disponibilidad y calidad de los servicios públicos, el uso de suelo, infraestructura urbana y equipamiento, nivel socioeconómico de la población, tipo y calidad de las construcciones; sean similares dentro de una circunscripción territorial, se constituye en un zona homogénea de valor y se le asignará un valor unitario de suelo. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán delimitar con precisión el área que comprenda cada zona homogénea de valor. Dentro de la zona homogénea de valor pueden existir franjas, denominadas corredores de valor que por sus características dan lugar a que los inmuebles colindantes, puedan tener un valor unitario de suelo diferente a la propia zona homogénea. Para determinar un corredor de valor se considerarán: las condiciones y factores que puedan modificar el valor de la franja, respecto del que corresponda a la zona homogénea. Para la determinación de los valores unitarios de suelo y construcción, los predios se clasificarán en urbanos, suburbanos y rústicos. Las construcciones se clasificarán de acuerdo a su vocación o uso predominante en: Habitacionales, comerciales o de servicios, industriales, especiales y mixtos; éstas a su vez se clasificarán de acuerdo a su tipología de construcción y al estado de conservación de la misma, las cuales se establecerán en la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción deberán contener los factores de incremento y demérito que serán aplicables en el procedimiento valuatorio. Los valores unitarios de suelo en la zona urbana y suburbana se fijarán por metro cuadrado y en zona rústica por hectárea. Las bases generales y sistemas para la clasificación y valuación de las zonas, predios, construcciones, así como la aplicación de factores de incremento y demérito para la determinación de valores unitarios, se establecerán de conformidad con lo dispuesto por esta Ley." "Artículo 23.- Para determinar el valor catastral de los predios, se aplicarán los valores unitarios aprobados, de acuerdo con la siguiente formula: VCAT=VT+VC. Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VCAT=Valor Catastral. VT=Valor del Terreno. VC=Valor de la Construcción. El valor del terreno se obtiene de multiplicar su superficie por el valor unitario de suelo, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, de acuerdo con la formula siguiente: VT=STxVUS. Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VT=Valor de Terreno. ST=Superficie del Terreno. VUS=Valor Unitario del Suelo correspondiente a la zona homogénea, sector o corredor de valor donde se ubica el inmueble. En su caso, deberá considerarse los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, según las características del suelo, una vez determinando el valor unitario de referencia que le corresponda. El valor de construcción de un inmueble, se obtiene de multiplicar la superficie construida, por el valor unitario de construcción para cada tipo de edificación, contenido en las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción aprobadas para el Municipio en el cual se encuentra ubicado el predio, más el valor de las instalaciones especiales permanentes, de acuerdo con la fórmula siguiente: VC=SCxVUC+VIE. Para efectos de la fórmula anterior, se entenderá: VC=Valor de la Construcción. SC=Superficie de la Construcción. VUC=Valor Unitario de la Construcción. VIE=Valor de las Instalaciones Especiales. Según las características del predio deberán aplicarse, en su caso, los factores de incremento y demérito, previstos en las tablas, una vez determinado el valor unitario de referencia que le corresponda. Para los inmuebles que estén sujetos al régimen de propiedad en condominio, la valuación deberá hacerse respecto a cada unidad privativa, incluyendo la parte proporcional indivisa de los bienes comunes." "Artículo 24. El valor catastral será el que resulte de sumar el valor del terreno y el de la construcción, obtenidos conforme lo señala el artículo anterior." "Artículo 25. La asignación y actualización del valor catastral de inmuebles se efectuará por los Municipios, conforme a las tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción y con apoyo en la Información resultante de los siguientes procedimientos: I. Por declaración del contribuyente, sujeta a la aprobación de la autoridad municipal; II. Por avalúo directo realizado por un perito valuador debidamente registrado o autorizado ante el Departamento Estatal de Profesiones. III. Valuación directa en base a la información recabada por la Autoridad Catastral Municipal, mediante inspección física, estudios técnicos directos o por medios indirectos como la fotogrametría, aerofotogrametría e imagen satelital. IV. Con base en la documentación oficial que emitan las Autoridades Catastrales, tomando en consideración la información proporcionada al catastro por los propietarios o poseedores de predios, o con base en los registros de información con que cuenten las mismas Autoridades." "Artículo 27. La asignación, modificación y actualización de los valores catastrales por parte de la autoridad municipal, deberá notificarse a los propietarios o poseedores de los predios, en el domicilio señalado por estos para oír y recibir notificaciones o en su defecto mediante publicación de edictos en los estrados de la oficina de catastro municipal. No será necesario hacer la notificación anterior en los casos en que dichos valores sean el resultado de las manifestaciones presentadas por los propietarios o poseedores de los predios, ni con respecto a las revaluaciones que con el carácter de general se hagan a todos los predios en aplicación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que anualmente apruebe el H. Congreso del Estado. En todo caso, el propietario o poseedor inconforme con la modificación, actualización o asignación de valores realizada por la autoridad catastral, podrá ejercitar el medio de defensa previsto por el artículo 32 de esta Ley." "Artículo 28. Los predios a los cuales ya se hubiese fijado un valor catastral, serán revaluados en los siguientes casos: I. De manera general y anualmente al inicio del ejercicio, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que apruebe el Congreso del Estado, para el ejercicio de que se trate." Por otro lado, es de destacarse que mediante decreto LXV/APLIM/0549/2019 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado, se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en la que se contiene el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil veinte (2020). De igual forme, por decreto LXV/APTVV/0478/2019 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado, se aprobó la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y Construcciones propuestas por el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, por medio de la cual, se determinó el valor catastral de los predios, correspondiente al año fiscal dos mil veinte. Ahora bien, debe decirse que en la especie, la parte quejosa reclama en la demanda de amparo en estudio, el Decreto Legislativo LXVI/APLIM/0906/2020 I.P.O publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil veinte, por el que se aprobó la LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTIUNO, mediante el cual se establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial, a cargo de las personas físicas y morales sujetas a dicho impuesto, entre los que se encuentran los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos, así como construcciones permanentes adheridas a los mismos, considerados en sus artículos Onceavo, inciso b), diecisiete, dieciocho, conjuntamente con los artículos Primero y Cuarto Transitorios de ese decreto. Por su parte, el decreto LXVI/APTVV/0838/2020 I.P.O., Publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se aprobó la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y Construcciones propuestas por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en vigor a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, que servirá como base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Decretos legislativos los anteriores, que no modificaron los elementos esenciales del tributo, pues no dieron lugar a un cambio en el llamado núcleo normativo, por lo que, NO es factible que la norma reclamada sea combatida en un nuevo juicio de amparo, se insiste, en el caso, no se modificó el núcleo esencial de la norma jurídica controvertida. Decretos legislativos los anteriores, que no modificaron los elementos esenciales del tributo, pues no dieron lugar a un cambio en el llamado núcleo normativo, por lo que, no es factible que la norma reclamada sea combatida en un nuevo juicio de amparo, se insiste, en el caso, no se modificó el núcleo esencial de la norma jurídica controvertida. Se afirma lo anterior, en razón de que en este caso, la parte quejosa impugnó las normas jurídicas contenidas en el Decreto Legislativo LXVI/APLIM/0906/2020 I.P.O publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre del dos mil veinte, por el que se aprobó la Ley de Ingresos para el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, mediante el cual se establece como ingresos de dicho municipio el impuesto predial. Así como el diverso decreto XVI/APTVV/0838/2020 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se aprobó la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y Construcciones propuestas por el Municipio de Juárez, Chihuahua, en vigor a partir del primero de enero de dos mil veintiuno, que servirá como base para la determinación del valor catastral y el cálculo de las contribuciones en materia de propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. Con motivo de que la parte quejosa los consideró como el primer acto de aplicación en su perjuicio respecto del impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, en concreto, reflejado en la declaración relativa a su entero, para lo cual, exhibió el original del certificado de pago realizado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la oficina de la Tesorería Municipal, en esta ciudad, con el certificado de ingresos IP-69550-2021, por la cantidad de $5,679.00 (cinco mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional). Sin embargo, dicho acto resulta insuficiente para demostrar el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, de las normas jurídicas atacadas en la vía constitucional, al menos, las que nos ocupan. De la lectura de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa es contribuyente del impuesto predial, por lo menos, a partir del ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, como tal, desde ese entonces, ha enterado dicho tributo -impuesto predial-, tal como se aprecia del juicio de amparo 349/2020, promovido ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por expresa disposición del numeral 2º de la ley de la materia. Desde luego, este hecho es apto y suficiente para acreditar que el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, de las normas de la contribución de que se trata -impuesto predial-, tuvo lugar desde el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que fue cuando la parte impetrante enteró tal contribución, pues, aparte de que ahí le fueron aplicadas las disposiciones legales, éstas irrumpieron en su individualidad al grado de afectar su esfera de derechos, justamente, al efectuarse el pago relativo a dicho concepto fiscal, esto es, al impuesto predial calculado respecto del inmueble identificado con clave catastral 01-139-243-003-0000, propiedad de la parte quejosa. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo: I, Constitucional, P.R. SCJN. Tesis: 1794. Página: 1238.) "INTERÉS LEGÍTIMO. CUANDO EN AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES SE ALEGUE SU AFECTACIÓN, ES NECESARIO EXAMINAR LA NATURALEZA DE AQUÉLLAS PARA IDENTIFICAR SI EXISTE AGRAVIO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO. Acorde con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interés legítimo individual o colectivo está condicionado a la afectación de la esfera jurídica del promovente, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De ahí que, aun cuando en un juicio de amparo contra normas generales se alegue que se afecta el interés legítimo y que se violan derechos reconocidos en la Constitución Federal, debe examinarse si se trata de normas heteroaplicativas o autoaplicativas, para identificar si se genera o no una afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que la vigencia de las normas, por sí sola, incida en su naturaleza, pues ésta depende del contenido particular de cada una, en el sentido de si las obligaciones de hacer o no hacer que establezcan requieren o no de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, o bien surgen con la entrada en vigor de la norma, caso en el cual lo que debe quedar de manifiesto es que quien acude al juicio de amparo se encuentre en el supuesto normativo correspondiente." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 8, Julio de 2014, Tomo I. Tesis: 2a. LXVII/2014 (10a.). Página: 403.) "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro: XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2. Tesis: 2a./J. 141/2012 (10a.). Página: 1305.) Con esto no cabe duda que el acto que la parte quejosa designó como primer acto de aplicación de las normas que nos ocupan, realmente no es tal, por lo cual esta vía de amparo es improcedente, justamente, porque no procede por virtud de todo acto de aplicación de alguna norma jurídica, sino únicamente con motivo del primero en perjuicio de la parte inconforme de amparo, lo cual no ocurrió en el caso en estudio. Lo anterior es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que para efectos de la procedencia del amparo contra leyes, cuando se impugna una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se demuestre fehacientemente que, en realidad, ese es el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte inconforme y no el segundo o alguno ulterior, lo cual, sin duda, no puede derivar de las afirmaciones contenidas en la demanda, ni de los diversos escritos presentados en el juicio, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste emane de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio promovente del juicio. A ese respecto, cabe citarse las tesis de jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son los siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 124. Página: 3724.) "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE POR ACTOS PROVENIENTES DE UN PARTICULAR QUE ACTÚA POR MANDATO EXPRESO DE LA LEY. Tratándose de juicios de amparo contra leyes, se dan dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a las leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas, considerando que respeto a las segundas, la demanda debe presentarse dentro de los quince días siguientes al en que se dé el acto de aplicación o al en que se resuelva el recurso interpuesto en dicho acto, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sin embargo, la referencia que el artículo 73, fracción VI, de la ley invocada hace en cuanto a que se requiere que el acto de aplicación de leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, provenga de una autoridad, no debe tomarse en sentido literal; es decir, el acto de aplicación de la ley no debe necesaria y forzosamente efectuarse en forma directa por una autoridad en sentido estricto, sino que su realización puede provenir de un particular que actúe por mandato expreso de la ley. En estos casos, el particular se reputa como auxiliar de la administración pública, sin que sea necesario llamar como responsable al particular que ejecuta el acto de aplicación en su calidad de auxiliar de la administración pública, pues el juicio de amparo no procede en contra de actos de particulares." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Procedencia del amparo indirecto contra leyes. Tesis: 143. Página: 3743.) Así, las razones anteriores conducen a considerar que, en el caso, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en la especie. Sobre ese particular, por las razones que la informan, cabe invocar las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos, rubro y texto son los que siguen: "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial No. 273 de la Octava parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 123. Página: 3722.) "LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACION. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: III, Primera Parte, Enero- Junio de 1989. Tesis: VI/89. Página: 162.) "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Julio de 2002. Tesis: 2a. LXX/2002. Página: 445.) En tal sentido, si la parte quejosa con anterioridad había obtenido la protección constitucional respecto del decreto LXV/APTVV/0600/2017 I.P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado, por el que se aprobó la Ley de Ingresos para el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, que contiene el impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como respecto del diverso decreto LXV/APTVV/0515/2017 I.P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado, mediante el que se aprobó la Tabla de Valores Unitarios del Suelo y Construcciones propuestas por el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, por medio de la cual, se determinó el valor catastral de los predios, correspondiente al año fiscal dos mil dieciocho, en tal virtud, no se encontraba obligada a impugnar el pago realizado por la contribución reclamada -impuesto predial-, en atención a que, se reitera, el juicio de amparo procede contra el primer acto de aplicación de la norma jurídica, por lo que tiene su derecho expedito para exigir la devolución de las cantidades que enteró por concepto del tributo que reclama en esta vía constitucional. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2009, estableció que la solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado. También se resolvió en cuanto al sistema tributario de autoliquidación, que si el quejoso las realizó con posterioridad a la fecha en la que se le otorgó el amparo en sentencia firme, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas en esas condiciones, será la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa de la autoridad exactora, tal proceder, es equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria que podrá ser denunciado como repetición del acto reclamado, ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a la autoridad renuente a respetar la sentencia estimatoria. La tesis P./J. 74/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, identificada con el registro digital: 166816, Tomo XXX, correspondiente al mes de julio de 2009, visible en la página 63, con el título, subtítulo (sic) y texto siguientes: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO.-La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado." De igual forma, orienta a lo dicho, por similitud de razón, la tesis de jurisprudencia PC.XVII. J/18 A (10a.)6, publicada el viernes quince de febrero de dos mil diecisiete, a las diez horas con diecisiete minutos en el Semanario Judicial de la Federación y por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. EL DECRETO 916/2015 II P.O., QUE EXTENDIÓ LA VIGENCIA DEL DIVERSO 842/2012 VI P.E., QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA DEL 5% A CARGO DE LOS SUJETOS DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS PREVISTO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, NO MODIFICA LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL TRIBUTO Y, POR ENDE, NO PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto contra normas generales puede promoverse cuando se reclamen como autoaplicativas o heteroaplicativas; no obstante, el Decreto 916/2015 II P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 18 de julio de 2015, que extiende la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, de la contribución extraordinaria del 5% relativa al impuesto sobre nóminas, contenida en el Decreto 842/2012 VI P.E., publicado en dicho medio de difusión oficial el 22 de septiembre de 2012, si bien deriva de un procedimiento legislativo nuevo, no permite al gobernado impugnar la contribución citada a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la reforma se constriñó a un enunciado normativo, relativo a la ocasión temporal en que debe cumplirse la norma, sin variar alguno de los elementos esenciales; lo que sólo podría dar lugar a impugnar las razones por las que se prolongó su vigencia. Luego, en caso de que el contribuyente sea sujeto de la contribución extraordinaria desde la vigencia del Decreto 842/2012 VI P.E. y no obstante no la combatió, ni aun después de haber realizado su entero con motivo del primer acto concreto de aplicación, pero la impugnó hasta el 2016, con motivo del Decreto 916/2015 II P.O., entonces consintió la ley al controvertir un segundo o ulterior acto de aplicación y, por ende, el juicio de amparo es improcedente, de acuerdo a la regla prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; asimismo, si con anterioridad había obtenido la protección constitucional respecto del Decreto 842/2012 VI P.E., no está obligado a impugnar cada uno de los pagos subsecuentes a la sentencia de amparo, al quedar expedito su derecho para exigir la devolución de las cantidades que enteró, incluso a través del incidente de repetición del acto reclamado." Por lo que hace evidente la actualización de la causa de improcedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, del propio ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en la especie; lo que conduce a sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Sin que la anterior determinación se considere negación de justicia. Ello es así porque aun cuando en nuestro orden jurídico se reconoce el derecho de tutela judicial efectiva a favor de las personas, no implica que los órganos jurisdiccionales deban estimar que en todos los casos se acredita el interés jurídico de quienes acuden a instar la protección de la Justicia de la Unión, pues ello sería tanto como dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso. Aunado a que las causas de improcedencia y sobreseimiento, son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." Merced a lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, no se analizarán las cuestiones de fondo tendientes a demostrar la violación de garantías con motivo de los actos reclamados a las autoridades responsables, dado que las mismas constituyen un problema de fondo y las cuestiones de improcedencia son de estudio preferente. Es aplicable al respecto la Jurisprudencia número II.3o. J/58, con registro 214593, referente a la Octava Época, sostenida por Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 57, número 70, octubre de 1993, materia común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." De igual forma, orienta el criterio del Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Volumen 86, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, registro 254008, página 93, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION. Es de explorado derecho que las causas de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del negocio, por no reunirse los requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional por lo tanto, el hecho de no haberse analizado los conceptos de violación, no causa agravio al recurrente, pues tales conceptos tienen por objeto demostrar las razones por las cuales el supuesto agraviado considera violadas en su perjuicio las garantías contenidas en los preceptos de la Carta Magna mencionados en la demanda de amparo, sin que esa falta de estudio implique conculcamiento al derecho de pedir amparo, pues éste ya se ejercitó al formularse la demanda, la que no prospera si se declara improcedente el ejercicio de la acción Constitucional.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 79, 115, 117 y 124 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Diana del Consuelo Téllez Arévalo, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas, conforme los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANEUL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hoy, diez de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria que autentifica y da fe de sus actos. Doy fe.

  3. Principal

    quejoso: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio, promovido por Diana del Consuelo Téllez Arévalo, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas, conforme los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el Licenciado HÉCTOR MANEUL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hoy, diez de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la Licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria que autentifica y da fe de sus actos. Doy fe.

  4. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, de donde se desprende que no obran los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, Tesorero del Municipio de Juárez y Director de Catastro de Juárez con sede en esta ciudad, tampoco obran los acuses de recibo de los oficios petitorios. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de Ley señalada para esta fecha y, en su lugar se fijan las TRECE HORAS CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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