Diana Dávila Varguez

Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Dávila Varguez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de once de abril de la presente anualidad, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal..."

  2. Principal

    En Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por ***********, contra actos del Ayuntamiento Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrarlo en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 193/2022-III-A. DESECHAMIENTO Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En principio debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113 de la ley de la materia, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formase una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Además, dicha hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, pues no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En el caso, se advierte que en relación al acto que se reclama se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1, primer párrafo, y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Los preceptos legales en comento, son del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De las transcritas normas se colige que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar dicho acto. Además, ha sido criterio del Máximo Tribunal del País, que es autoridad para efectos del juicio amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para esos efectos de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las anteriores reflexiones están sustentadas en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado con el número 2a. CCIV/2001, en la página treinta y nueve, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Por tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y de trabajo. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De las anteriores consideraciones deriva, que el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales; esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se imponga de manera unilateral, imperativa y coercitiva a través de un acto que cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, atentando contra sus derechos fundamentales. Luego, si en el caso concreto la parte promovente, reclama de las autoridades responsables: "(.) A).- De las autoridades señaladas con número 1, y 2 Se reclama la orden y ejecución de todas los actos reclamados descritos en la presente demanda de garantías indirecta. B) De las autoridades señaladas con el número y 6 Se reclama la ejecución de todos los actos reclamados descritos en la presente demanda de garantías indirecta. C) Los actos reclamados que a continuación me permito narrar, carecen de fundamentación y motivación, de' mismo modo sostienen una fundamentación y motivación deficiente, de igual manera soportan una fundamentación y motivación indebida, por Io cual al ser anticonstitucional, irrogan agravio en contra de la suscrita por violación a los derechos humanos fundamentales y protegidos por nuestra carta magna: Se reclama el oficio RG120 /TVyD/0060/2022, emitido por el ciudadano Celso Rogelio Quiroz Pulido. en su carácter de Regidor XII, de fecha 14 de Febrero de 2022, rubricado por los conciudadanos regidores: Damiana Leticia Dimede Almora, Lesli Vanneza Ortiz Huerta, Victor Manuel Benavides Cobos, Martha Irene Vargas Alvarez, Javier Romero Pérez y Ricardo Hernández Martínez, en el cual en esencia. el regidor XII, Celso Rogelio Quiroz Pulido propone al presidente municipal de Poza Rica Veracruz,: puntos de acuerdo. mismos que de manera ilustrativa refieren a que la suscrita sea removida de mi cargo como tesorera municipal, así también me sea iniciado el procedimiento administrativo sancionador por parte de la Contraloría municipal Documento el cual carece de valor y sustento legal, toda vez que se encuentra fuera de toda la aplicación a derecho. ya que para que sea removido un empleado municipal con el cargo y puesto de tesorero, éste deberá de ser primeramente iniciado el procedimiento sancionador, por medio del cual se resuelva que los actos u omisiones sean lo suficientemente graves para que sea removido de su cargo, pero en especie, la suscrita no he sido ni oído ni vencida en procedimiento administrativo sancionador alguno, no he sido oída ni vencida en juicio, no he cometido delito alguno, por lo que carece de fundamentación y motivación el oficio descrito líneas arriba, lo que se traduce en la violación de los derechos fundamentales, como son las garantías individuales, del mismo modo la suscrita al ser mujer, se me violentan derechos sustantivos de mi-género. Tal oficio violenta los artículos 35 fracción XII, 151. 153. 154, 155 fracción II. 158 y 161 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los cuales refieren Io que es e' procedimiento administrativo sancionador, así como el artículo 160 el cual refiere los medios ordinarios de defensa contra las resoluciones emitidas por el Ayuntamiento, todos los numerales anteriores se pueden observar en la ley orgánica de' municipio libre del Estado de Veracruz vigente. 2.- Se reclama que Derivado del oficio descrito en el punto inmediato anterior, se llevó acabo en fecha 22 de Febrero de 2022 una sesión de cabildo, la cual fue denominada como secreta, en donde de forma ilustrativa se llegó a la conclusión de que la suscrita fuese removida de mi cargo como tesorera municipal de Poza Rica de Hidalgo Veracruz, Io anterior fuera de todo contexto legal, Lo anterior es así toda vez que todos los personajes que estuvieron reunidos en 'a' sesión de cabildo marcada con el número decima sexta, extraordinaria, de fecha 22 de febrero de 2022, no tienen la facultad para removerme de mi cargo por la simple decisión de una votación colegiada en el cabildo toda vez que el numeral 156 fracción II, establece el procedimiento normativo por medio del cual podrá ser separado de su cargo un funcionario público municipal, y a la letra dice: . 3.- Se reclama que en la sesión de cabildo de fecha 22 de febrero del presente de la cual deriva et acta de la décima sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo en su modalidad Secreta del H ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de fecha 22 de febrero del presente supuestamente se haya nombrado y tomado protesta a una nueva tesorera municipal, toda vez que el numeral 36 de la ley orgánica del municipio libre de Veracruz fracción XVIII, establece la normatividad para tomar protesta a un funcionario público municipal: de lo anterior se demuestra que las autoridades señaladas como responsables han violentado los derechos fundamentales de la suscrita, consagrados en nuestra carta magna dentro de los numerales lo, 14 y 16 Constitucional, toda vez que todo el personal que participa en fa sesión antes aludida, no respeta los plazos y términos contemplados por los numerales 36 de la ley orgánica del municipio libre de Veracruz fracción XVIII, 27 Fracción I y 72 de la Ley orgánica del municipio libre del Estado de Veracruz, los cuates establecen la normatividad para la designación de un nuevo funcionario público de la envergadura referente a la tesorería municipal. 4.- Bajo esta misma óptica se reclama oficio número SEA-402-2022 de fecha IO de Marzo, signado por el Secretario del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que de forma ilustrativa pretende limitar a la suscrita de la información concerniente a la sesión decima sexta de cabildo de fecha 22 de febrero de 2022, de la cual se derivó el acta de la décima sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo en su modalidad Secreta del H. ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de fecha de febrero del presente, en donde el secretario del ayuntamiento por medio del oficio SEA-304-2022 de fecha 08 de Marzo del presente, dicho sea de paso, también se reclama la inconstitucionalidad del mismo, somete a la unidad de Transparencia, a que se oculte la información real y o total del acta antes mencionada, siendo que la normatividad solo ordena testar nombres propios o datos que pongan en riesgo a la población tal y como se dijo en los párrafos anteriores, y por ende todo el personal del servicio público que participó en la sesión de cabildo de fecha 22 de febrero de 2022 de la cual derivó el acta de la décima sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo en su modalidad Secreta del H. ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz de fecha 22 de febrero del presente, violentaron la ley orgánica del municipio libre de Veracruz. toda vez que no respetaron los plazos y términos que establece en los numerales 36 de la Ley orgánica del municipio libre de Veracruz fracción XVIII. 27 Fracción I, 72, 151 153.154.155. 156, 158. 160, 161 163 y 164 de Ia ley orgánica del municipio libre de; Estado de Veracruz. mismos que refieren a la designación de un servidor público municipal, la remoción de un servidor público municipal, El inicio de un procedimiento administrativo sancionador, así como los recursos Ordinarios de defensa en contra de las resoluciones emitidas por un municipio. de lo anterior acarrea una violación flagrante en contra de la suscrita de mis garantías constitucionales, en especial las consagradas por tos artículos lo, 14 y 16 de nuestra carta magna. 5.- Se reclama la inconstitucionalidad de la suspensión del pago de mi salario íntegro y en las mismas condiciones que Io vengo recibiendo, toda vez que el último pago parcial que me cubrió la autoridad señalada corno responsable marcada como 1 y 2, fue hasta el día 28 de febrero del año en curso. (.)" Es inconcuso que, los citados actos reclamados, se traducen en una controversia de carácter laboral, pues se trata de actuaciones atribuibles a la autoridades responsables, únicamente en su calidad de patrón; es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de las mismas, por lo que es claro que se trata de un problema entre la quejosa y su patrón, el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante las autoridades de esa misma naturaleza; por lo que, de acuerdo con lo expuesto, no es autoridad para efectos del juicio de amparo, entonces este resulta improcedente. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2011343, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Se debe acotar, que la naturaleza jurídica e integración de un órgano del estado no es la que determina que todos los actos que despliegue sean autoritarios, pues como persona de derecho público además de asumir atribuciones que en ciertos casos le dotan de autoridad, también es una persona moral de derecho privado que puede entablar relaciones de coordinación entre particulares; de ahí que no es su composición formal la que conlleva a considerarla autoridad responsable sino la naturaleza del acto que se le reclama. Por ende, con independencia de que en ciertos actos el Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica, por sí y por conducto del Presidente Municipal, Regidores, Ediles, Secretario, Contralor y Oficial Mayor que lo integran, puedan desplegar funciones de administración y representación en las que están dotados de imperio y unilateralidad, en la especie los actos consistentes en la determinación de remover a la quejosa (trabajador) temporalmente de sus labores, y como consecuencia de ello la retención de su salario, no revisten las cualidades de actos autoritarios, ya que se generó en un plano de coordinación con la impetrante, esto es, en una relación trabajador patrón. Por las razones que informa, es aplicable la jurisprudencia sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que en rubro y texto dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de suprasubordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obreropatronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Asimismo, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que reza lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia .6o.T. J/28 (10a.) registro 2011343, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 29, de Abril de 2016, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de suprasubordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Por tanto, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del presente controvertido, lo cual resulta indudable. En las relatadas consideraciones, es evidente que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la legislación en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en casa número ****************** en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a San Francisco Cardona Garcés, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Sin que haya lugar a tenerle señalando como medios de notificación el correo electrónico y número telefónico que precisa, toda vez que de esa manera, únicamente se encuentra autorizado a las autoridades responsables conforme a lo establecido en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido el ocho de junio de dos mil veinte, y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, con base en lo dispuesto en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, las partes pueden realizar la tramitación de las controversias mediante el esquema de "juicio en línea", para lo cual, deberán señalar su usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea o el de quien los represente, para practicarles las notificaciones electrónicas. Asimismo, podrán promover mediante el uso de la firma electrónica certificada vigente del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de la e.firma (antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, con el objeto de limitar la propagación de la epidemia generada por el Coronavirus (COVID-19), y evitar el eventual contagio de los servidores públicos que laboran en esta institución, así como de los justiciables y ciudadanos en general, a más de proteger el derecho humano a la salud y toda vez que, conforme a los citados Acuerdos Generales, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el diverso 21/2020, emitido también por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen la necesidad de privilegiar el trabajo a distancia, haciendo uso de las herramientas electrónicas que resulten necesarias. Para la actuación desde el Portal referido, las partes o sus representantes deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de las notificaciones electrónicas de las resoluciones que se dicten, así como proporcionar su nombre de usuario, acorde a lo señalado en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y, en su caso, si desean participar en la celebración de videoconferencias, lo que deberán manifestar expresamente en el término de tres días, para estar en condiciones de generar el id correspondiente, ello, sin perjuicio de formular alegatos por escrito o de manera digital. REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES Con base en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se permite el acceso al presente expediente a fin de que con cualquier medio tecnológico que porte o innovación tecnológica, que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17, Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 2847 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, marzo de 2009. Materia(s): Civil. Novena Época, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa razón de recibo para constancia que se deje en autos; haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios.

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