Diana Dávila Varguez

Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
147/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Diana Dávila Varguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, toda vez que existen agregados documentos, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos junto con su escrito inicial de demanda, previa cita que genere en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la misma suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que el promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento. Como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden, toda vez que existen agregados documentos, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 21 del citado Acuerdo, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos junto con su escrito inicial de demanda, previa cita que genere en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos seguirán la misma suerte del expediente cuando se efectúe la destrucción de éste..."

  3. Principal

    "... Agréguese a los autos el escrito de ********************, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado por este juzgado en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós; atento a ello, se provee: El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que la persona a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, de manera directa o por conducto de su apoderado o representante legal. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: Mediante escrito recibido vía electrónica el veinticuatro de marzo del año en curso, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ********************, instó el presente juicio de amparo, y señaló como autorizado al ocursante. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado, quien en auto de veinticinco de marzo del año que transcurre, la registró bajo el número 147/2022, y en el mismo proveído se requirió a la parte promovente para que acreditara la personalidad de representante legal para promover en la presente instancia constitucional, esto, debido a que dicha demanda de amparo, solo contaba con la firma electrónica del autorizado, no así de la citada quejosa. Mediante escrito que se provee, el ocursante intenta desahogar dicha prevención y, al efecto, exhibe poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado por la quejosa ******************** el cual fue expedido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, certificado ante notario el uno de abril de la presente anualidad. Sin embargo, con dicho documento no se le tiene al promovente por acreditada la personalidad de representante legal, para instar el juicio de amparo, toda vez que dicho poder que exhibe para tal efecto, fue otorgado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, la demanda se presentó el veinticuatro de marzo del año en curso, vía electrónica, y registrada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y la carta poder que ahora exhibe fue otorgada el treinta y uno del mismo mes y año, certificada ante notario público el uno de abril de la presente anualidad. De lo anterior se advierte que ********************, no contaba con poder para pleitos y cobranzas al momento de la presentación de la demanda, es decir, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Por lo que cabe concluir que, por regla general, para que un acto realizado por una persona a nombre de otra, tenga eficacia legal, es requisito indispensable que esté facultada mediante un poder notarial, carta poder o en cualquier otra forma en la que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, de modo que si el acto formal es posterior a la presentación de la demanda de amparo, dicho acto carece de eficacia porque no existía la voluntad del representado al momento del ejercicio de la acción constitucional. Pues, el promovente no aportó al juicio los documentos idóneos y necesarios para que, quien actúa en representación de la parte quejosa, acredite fehacientemente esa calidad, ya que para que un acto jurídico tenga eficacia legal, se requiere que la persona que emite la declaración sea capaz, que la voluntad esté exenta de vicios, que el objeto, motivo o fin sean lícitos y que el acto revista la forma que la ley exige, dado que no se puede ir más allá de la voluntad de las partes. De lo anterior se colige que, no puede tenerse por acreditada la personalidad de quien se ostenta el representante de la parte quejosa, con un poder o carta poder que fue otorgada con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos a partir de la data en que fue otorgada, en el caso, a partir del treinta y uno de marzo del año en curso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta..."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "... Agréguese a los autos el escrito de ********************, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado por este juzgado en auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós; atento a ello, se provee: El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que la persona a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, de manera directa o por conducto de su apoderado o representante legal. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester relatar lo siguiente: Mediante escrito recibido vía electrónica el veinticuatro de marzo del año en curso, y registrado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, ********************, instó el presente juicio de amparo, y señaló como autorizado al ocursante. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda a este Juzgado, quien en auto de veinticinco de marzo del año que transcurre, la registró bajo el número 147/2022, y en el mismo proveído se requirió a la parte promovente para que acreditara la personalidad de representante legal para promover en la presente instancia constitucional, esto, debido a que dicha demanda de amparo, solo contaba con la firma electrónica del autorizado, no así de la citada quejosa. Mediante escrito que se provee, el ocursante intenta desahogar dicha prevención y, al efecto, exhibe poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración otorgado por la quejosa ******************** el cual fue expedido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, certificado ante notario el uno de abril de la presente anualidad. Sin embargo, con dicho documento no se le tiene al promovente por acreditada la personalidad de representante legal, para instar el juicio de amparo, toda vez que dicho poder que exhibe para tal efecto, fue otorgado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, la demanda se presentó el veinticuatro de marzo del año en curso, vía electrónica, y registrada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y la carta poder que ahora exhibe fue otorgada el treinta y uno del mismo mes y año, certificada ante notario público el uno de abril de la presente anualidad. De lo anterior se advierte que ********************, no contaba con poder para pleitos y cobranzas al momento de la presentación de la demanda, es decir, el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Por lo que cabe concluir que, por regla general, para que un acto realizado por una persona a nombre de otra, tenga eficacia legal, es requisito indispensable que esté facultada mediante un poder notarial, carta poder o en cualquier otra forma en la que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, de modo que si el acto formal es posterior a la presentación de la demanda de amparo, dicho acto carece de eficacia porque no existía la voluntad del representado al momento del ejercicio de la acción constitucional. Pues, el promovente no aportó al juicio los documentos idóneos y necesarios para que, quien actúa en representación de la parte quejosa, acredite fehacientemente esa calidad, ya que para que un acto jurídico tenga eficacia legal, se requiere que la persona que emite la declaración sea capaz, que la voluntad esté exenta de vicios, que el objeto, motivo o fin sean lícitos y que el acto revista la forma que la ley exige, dado que no se puede ir más allá de la voluntad de las partes. De lo anterior se colige que, no puede tenerse por acreditada la personalidad de quien se ostenta el representante de la parte quejosa, con un poder o carta poder que fue otorgada con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos a partir de la data en que fue otorgada, en el caso, a partir del treinta y uno de marzo del año en curso. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta..."

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