Diana Calderon Juárez

Expediente 1249/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1249/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Diana Calderon Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se provee: toda vez que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó la demanda de amparo que formuló, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar, que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte . Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo que promueve *****************************, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y otra autoridad, que lo hace consistir en el auto de once de octubre de dos mil veintidós, por el que se admiten las pruebas ofrecidas por la parte actora en el juicio 707/2022, así como la falta de notificación del citado proveído. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causal de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), estableció que los actos de imposible reparación son aquellos que impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, además de que el derecho que se considera afectado materialmente, debía revertir la categoría de derecho sustantivo, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. En la especie, el acto reclamado deriva en torno a pruebas, en contra del cual, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente porque se refiere a cuestiones que tienen su origen en las pruebas ofrecidas por las partes. Tal precepto contempla la procedencia del amparo en la vía indirecta en contra de actos dentro de procedimiento judicial cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo); esto es, en contra de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Como se observa, el legislador secundario proporciona seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dentro del procedimiento judicial, porque legalmente define que para que los actos sean calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Respecto a la definición legal en comento, es importante señalar que en ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil catorce que resuelve la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que la afectación material a derechos sustantivos, implica que las consecuencias de los actos deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Asimismo, el Máximo Tribunal apunta que tal interpretación de la, fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, refiere, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, expone, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De esa manera, a partir del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, cuando sean imposibles de reparar, es decir, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, protegidos por la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por ende, contrario sensu, inexiste ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación a los derechos sustantivos del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual no hay irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. En dichas circunstancias, si el acto reclamado tiene su origen en las pruebas aportadas por las partes, es evidente que se trata de cuestiones de trámite que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa. Por lo que, en su caso, la eventual violación deberá reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilaciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. En consecuencia, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio. Toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír notificaciones ubicado fuera de la residencia de este juzgado de distrito, se ordena que las notificaciones se le notifiquen por lista que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. No obstante a lo anterior, dada la trascendencia del presente acuerdo, con fundamento a lo previsto en el artículo 26, fracción I, inciso c), 27, fracción II, último párrafo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que, se constituya en el domicilio ubicado en avenida ingeniero Luis de la Peña, número sesenta y cinco "A", colonia sección Parques, municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México y notifique a la parte solicitante de amparo este proveído. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Elaboración de Versión Pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente proveído, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto. Ténganse como medios alternativos de contacto de la parte quejosa el correo electrónico y número telefónico que proporciona. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de José Roberto Rodríguez Martínez, secretario que firma y da fe. /Marisol*

  3. Principal

    Con fundamento en el Artículo 27, Fracción I, Inciso c) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en aviso de veintiuno de noviembre de dos mil veintidós y por esta vía se notifica a la quejosa Diana Calderón Juárez el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el cual, en lo que interesa señala: (.) En la especie, este juzgador estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo (.). En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente.

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