Diana Areli Estrada Sánchez

Expediente 952/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
952/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Diana Areli Estrada Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se acuerda: se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos a la quejosa ********************; por lo que en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo, se provee respecto a la demanda de amparo promovida por la quejosa en mención, en contra de la autoridad y por los actos que a continuación se precisan: Autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Actos reclamados Las notificaciones practicadas a la quejosa de los proveídos de nueve de noviembre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, respecto de los cuales interpuso Incidente de nulidad, así como la omisión de dar trámite a dicho incidente. La omisión de la junta responsable de dar trámite a la demanda promovida por la aquí quejosa dentro del juicio laboral ********************. La notificación practicada a la quejosa del auto de ocho de julio de dos mil veintidós. Desechamiento Previamente a la admisión de la demanda respecto de los actos reclamados marcados con los numerales 1 y 2 consistentes en las notificaciones practicadas a la aquí quejosa de los proveídos de nueve de noviembre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, respecto de los cuales interpuso Incidente de Nulidad, así como la omisión de dar trámite a dicho incidente y a la demanda promovida dentro del expediente laboral ********************, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". La causal de improcedencia prevista en esta fracción tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada. Tiende a evitar la promoción de nuevos juicios de amparo planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza esta causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir al igual que en la fracción X del propio artículo 61 de la ley de la materia los siguientes elementos: Identidad del quejoso. Identidad de las autoridades responsables. Identidad de los actos reclamados. Aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El principio de cosa juzgada impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que la figura jurídica de cosa juzgada tiene dos efectos: Directo Reflejo Será de efecto directo cuando en dos juicios, uno resuelto con anterioridad al otro, coincidan tres aspectos: a) la cosa u objeto de litigio, b) las causas, y c) las personas con la misma calidad con la que participaron o intervinieron. Por otra parte, será con efecto reflejo, cuando no coinciden los tres aspectos antes enunciados, empero, lo resuelto en un proceso impacta en otro posterior de tal manera que, de no tomarse en consideración la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica, aun cuando el acto reclamado no haya sido materia de resolución definitiva en el juicio precedente. Esto es, la también llamada cosa juzgada refleja, se actualiza en los supuestos en donde el acto reclamado, si bien no fue materia de resolución definitiva en un juicio de amparo anterior, sí guarda estrecha vinculación, en virtud de que se trata de actuaciones derivadas de la misma gestión jurídica y con efectos materiales iguales. Así, se tiene que ambas figuras de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, tienen por objeto evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, en tanto que privilegia la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes, de tal manera que lo decidido en una sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido. En ese contexto, este motivo de improcedencia del juicio de amparo se refiere no sólo al fondo de la controversia constitucional, ya que puede aplicarse a causas de improcedencia o sobreseimiento respecto de las cuales, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación. Ello es así, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1ª./ J. 101/2023 (11a) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: COSA JUZGADA Y SUS EFECTOS DIRECTO Y REFLEJO. DIFERENCIAS Y REQUISITOS PARA SU ACTUALIZACIÓN. Hechos: En una sentencia de primera instancia se condenó al Estado a pagar una indemnización a una persona por haber incurrido en una actividad administrativa irregular. En contra de esa determinación, la autoridad interpuso un recurso de revisión fiscal y el Tribunal Colegiado revocó la sentencia al considerar que no había elementos para acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. La persona consideró que los Magistrados de ese Tribunal Colegiado estaban equivocados al negarle la protección constitucional, pues incurrieron en un error judicial al desconocer diversos criterios de esta Suprema Corte. Por ello, a través de distintas vías demandó el pago de una indemnización a los integrantes de ese órgano jurisdiccional. En una de las vías emprendidas reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, pero fue declarada improcedente por el Consejo de la Judicatura Federal. En contra de esa resolución, la misma persona promovió un juicio contencioso administrativo ante este Alto Tribunal, el cual fue desechado por su Presidente con el argumento de que la indemnización por responsabilidad patrimonial no procede ante ejercicios materialmente jurisdiccionales. En el recurso de reclamación interpuesto en contra de esta última determinación, la Segunda Sala de esta Suprema Corte declaró infundado el recurso porque la indemnización por error judicial sólo opera en asuntos de naturaleza penal, siendo que este asunto corresponde a la materia administrativa. En otra de las vías intentadas, la citada persona promovió un juicio ordinario civil federal en el que se absolvió a los referidos Magistrados del pago de daños y perjuicios por error judicial. Inconforme con esta última resolución, la misma persona promovió un juicio de amparo directo que fue atraído por la Primera Sala. Al resolverse el juicio se negó el amparo al actualizarse la figura de la cosa juzgada refleja por virtud de lo decidido en el citado recurso de reclamación de la Segunda Sala, en el sentido de que la indemnización por error judicial sólo procede en asuntos de naturaleza penal. Criterio jurídico: Para determinar si se actualiza la excepción de cosa juzgada en un juicio es necesario que haya existido uno anterior, ya resuelto, y que ambos casos coincidan en tres aspectos: a) en la cosa u objeto del litigio, b) en las causas, y c) en las personas, con la misma calidad con la que participaron o intervinieron en los juicios. Cuando estos tres supuestos se surten estamos frente al "efecto directo" de la cosa juzgada, que implica que la cuestión que se presenta en el nuevo juicio, en realidad ya fue juzgada. Por otra parte, existe un "efecto reflejo", y no directo, cuando no coinciden los tres aspectos, pero lo resuelto en un proceso impacta en otro posterior a tal grado que, de no tener en cuenta la decisión del primer asunto, se comprometería la seguridad jurídica. Justificación: La cosa juzgada es una institución jurídica procesal que impide a los órganos jurisdiccionales la tramitación de un nuevo juicio cuando se reclamen las mismas pretensiones ya deducidas en un proceso anterior, a fin de evitar que se condene dos veces a alguien por la misma razón, o bien, impedir que se dicten sentencias contradictorias, pues ello generaría un estado de inseguridad jurídica. El efecto directo de la cosa juzgada implica la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes en donde existe identidad de sujetos (partes), objeto del litigio (cosa) y causa de pedir (reclamo), sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ello descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica. Por su parte, la cosa juzgada refleja opera en casos en donde no se actualiza la totalidad de los elementos que la integran en su efecto directo (mismas partes, mismo objeto de litigio y misma causa de pedir). Es decir, que puede ocurrir cuando el acto reclamado en una controversia no haya sido materia de resolución definitiva en otro juicio. Sin embargo, guarda una vinculación muy estrecha con actuaciones derivadas de una misma cuestión jurídica, lo que exige que el órgano jurisdiccional que conozca del proceso posterior se atenga a lo resuelto previamente para salvaguardar la certeza jurídica. En la especie, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en atención a la certificación formulada en párrafos anteriores, constituye un hecho notorio que en el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado, la hoy quejosa promovió demanda de amparo en contra del acto atribuido a la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Valle Cuautitlán Texcoco, consistente en: "La omisión de dar trámite al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en el expediente ******************** del índice de la junta responsable, en contra de las notificaciones de los acuerdos de nueve de noviembre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno." Seguido el juicio de amparo en su trámite, el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que cesaron los efectos del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable mediante proveído de ocho de julio de dos veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, dio trámite al incidente de nulidad promovido por la aquí quejosa en contra de los diversos autos de nueve de noviembre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que determinó desechar el incidente intentado por notoriamente improcedente. Resolución que fue recurrida por la parte quejosa y que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en el que resolvió desechar el medio de impugnación al haberse promovido de forma extemporánea, en consecuencia, el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el diverso juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, causó ejecutoria el diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Con lo que resulta evidente que los actos que la quejosa reclama en el presente juicio de amparo, consistentes en las notificaciones practicadas a la quejosa de los proveídos de nueve de noviembre de dos mil veinte y veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, y la omisión de dar trámite al Incidente de Nulidad de Notificaciones interpuesto en el expediente laboral ********************, fueron materia de análisis en el diverso juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado; en consecuencia, atendiendo los elementos de la cosa juzgada con efectos directos, existe identidad de quejosa, de actos reclamados y de autoridad responsable. Ahora, por lo que hace a la omisión de dar trámite a la demanda laboral promovida por la parte quejosa en el juicio laboral de origen, es un hecho notorio que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, al rendir su informe justificado adjuntó copia certificada de todo lo actuado dentro del expediente laboral ********************, hasta el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós hasta el momento de la presentación de dicho informe, de las cuales se advierte que en proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido el escrito inicial de demanda y requirió a la ahí actora para que precisara los nombres de los demandados, o bien, manifestara si los desconoce. Atento a lo anterior, es aplicable la figura de cosa juzgada refleja, pues si bien la omisión de dar trámite a la demanda laboral promovida por la aquí quejosa en el juicio laboral ********************, no fue materia de estudio y resolución dentro del diverso juicio de amparo ********************, de la estadística de este juzgado, lo cierto es que es un hecho notorio que la Junta responsable, al rendir su informe justificado, acreditó que el nueve de septiembre de dos mil veinte, proveyó respecto al trámite del escrito inicial de demanda en comento. En ese sentido, se colige que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, esto es, cosa juzgada con efectos directos y reflejos. En otro aspecto, en relación con el acto reclamado consistente en la notificación practicada a la quejosa del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En el caso concreto la quejosa reclama la notificación practicada a la quejosa del auto de ocho de julio de dos mil veintidós; sin embargo, en contra dicho acto la solicitante del amparo está obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en el artículo 714, en relación con los diversos 762 y 763, todos de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: Artículo 714.- Las actuaciones de las Juntas deben practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta Ley no disponga otra cosa. Artículo 762.- Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; (.) Artículo 763.- Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. En ese sentido, se tiene que las actuaciones realizadas por las juntas deberán ser impugnadas por medio del incidente de nulidad, a través del cual deben impugnarse las notificaciones practicadas en el trámite del juicio laboral. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad; toda vez que, a pesar de la prevención formulada en autos, la quejosa fue omisa en precisar si existe un diverso Incidente de Nulidad pendiente de resolución dentro del juicio laboral de origen ********************, hasta el proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, En tales condiciones, se concluye que de igual manera actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX. Consecuentemente, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo; se desecha de plano en su integridad la demanda amparo promovida por la quejosa ******************** por notoriamente improcedente. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: por lista a la quejosa.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial a que alude la cuenta, se advierte la imposibilidad para notificar a la quejosa *****, el proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, por el que se le previno. Atento a lo anterior y, considerando que no se advierte diverso domicilio que haya señalado la promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele éste proveído y el de tres de agosto de dos mil veintitrés, mediante la lista que se fije en los estrados de este juzgado; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán en esos términos. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa *****, por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, en la cual se le solicitó lo siguiente: "Dado que la demanda es oscura e imprecisa, deberá ampliar los antecedentes de su demanda de amparo, narrando de manera cronológica todos y cada uno de los sucesos que acontecieron a la emisión de los actos combatidos, puntualizando las circunstancias de tiempo, modo y lugar; en específico deberá indicar la fecha en que promovió su escrito de demanda ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Asimismo, deberá indicar si en contra del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, interpuso Incidente de Nulidad de Notificaciones. Lo anterior, toda vez que de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda, se advierte que promovió Incidente de Nulidad de Notificaciones en el mes de abril de dos mil veintidós, en contra de los autos de nueve de noviembre de dos mil veinte y de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el cual fue motivo de revisión dentro del diverso juicio de amparo 795/2022 radicado ante este juzgado. Sin que se advierta si combatió el diverso auto de ocho de julio de dos mil veintidós, puesto que el Incidente de Nulidad que narra en sus antecedentes, se promovió con anterioridad a la emisión de dicho auto, esto es, abril de dos mil veintidós. Finalmente, exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo." Ahora, en el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa manifiesta esencialmente lo siguiente: En el punto primero narró que promovió el escrito inicial de demanda ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, el nueve de septiembre de dos mil veinte. En los puntos segundo y tercero expresó los antecedentes del acto reclamado, en los que señala que promovió incidente de nulidad de notificaciones en contra de los autos de nueve de noviembre de dos mil veinte y de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ambos dictados en el juicio laboral de origen. Mientras que en los puntos cuarto y quinto realiza diversas manifestaciones en torno a la procedencia de su demanda de amparo. Ahora, toda vez que la quejosa fue omisa en indicar si en contra del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, interpuso Incidente de Nulidad de Notificaciones; en consecuencia, no se tiene por desahogada la prevención formulada en proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés. Cabe precisar que subsiste el apercibimiento decretado en dicho auto, así como la vigencia del plazo concedido para desahogarlo, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese: por lista a la quejosa, el auto de tres de agosto, éste y, en su caso los subsecuentes. Por lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista a la parte quejosa el auto de tres de agosto del año en curso, el cual en su parte conducente dice: "Naucalpan de Juárez, México, tres de agosto de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo que promueve *****, por propio derecho; en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: Autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Acto reclamado La omisión de la junta responsable de dar trámite a la demanda promovida por la aquí quejosa dentro del juicio laboral J.4 BIS/623/2020. Las notificaciones practicadas a la quejosa de los proveídos de nueve de noviembre de dos mil veinte, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno y ocho de julo de dos mil veintidós. La omisión de dar trámite al Incidente de Nulidad de Notificaciones interpuesto en el expediente laboral de origen. Fórmese expediente físico y electrónico. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 952/2023-VIII. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Prevención Ahora bien, de la revisión integral del escrito inicial de demanda, se advierte que no cumple con la totalidad de los elementos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el diverso artículo 114 de la normatividad en cita, se previene a la quejosa para que, dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, desahogue lo siguiente: Dado que la demanda es oscura e imprecisa, deberá ampliar los antecedentes de su demanda de amparo, narrando de manera cronológica todos y cada uno de los sucesos que acontecieron a la emisión de los actos combatidos, puntualizando las circunstancias de tiempo, modo y lugar; en específico deberá indicar la fecha en que promovió su escrito de demanda ante la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. Asimismo, deberá indicar si en contra del proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, interpuso Incidente de Nulidad de Notificaciones. Lo anterior, toda vez que de las manifestaciones vertidas en su escrito inicial de demanda, se advierte que promovió Incidente de Nulidad de Notificaciones en el mes de abril de dos mil veintidós, en contra de los autos de nueve de noviembre de dos mil veinte y de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, el cual fue motivo de revisión dentro del diverso juicio de amparo 795/2022 radicado ante este juzgado. Sin que se advierta si combatió el diverso auto de ocho de julio de dos mil veintidós, puesto que el Incidente de Nulidad que narra en sus antecedentes, se promovió con anterioridad a la emisión de dicho auto, esto es, abril de dos mil veintidós. Finalmente, exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Apercibimiento Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con la prevención en los términos requeridos, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá lo conducente con los elementos con los que cuenta actualmente su escrito inicial de demanda. Notificación personal y requerimiento de domicilio Dada la trascendencia del presente proveído, no obstante que la parte quejosa tiene su domicilio ubicado fuera de la residencia de este juzgado de distrito, por única ocasión se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Belén, manzana cuarenta y dos, lote seis, colonia Santa Rosa de Lima, Cuautitlán Izcalli, Estado de México y le haga del conocimiento el presente auto. Asimismo, deberá requerirle para que, en el momento de la diligencia respectiva o dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale un domicilio para oír y recibir notificaciones personales dentro del municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por lo que hace al correo electrónico que proporciona para tal efecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia como medio para llevar a cabo notificaciones Autorizados para oír y recibir notificaciones En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la que en la fecha del dictado del presente acuerdo tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el título décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Medios de contacto Por otra parte, se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona la quejosa. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Oposición a la publicación de datos personales Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa".

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