Diana Angélica Puga Orozco
Expediente 143/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 143/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Diana Angélica Puga Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En diez de marzo de dos mil diecisiete, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, transcurrió del dos al ocho de marzo del presente año, sin contar los días cuatro y cinco del presente mes y año, (por corresponder a sábado y domingo); sin que se haya interpuesto dicho recurso contra el auto dictado por este Juzgado el veintiuno de febrero del presente año, dentro del juicio de amparo 143/2017-3. Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. CONSTE. En la misma fecha el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de cinco días señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Diana Angélica Puga Orozco; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En atención a lo anterior, en razón de que el auto de que se trata no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se desechó la demanda de amparo con que se formó el mismo; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico ó histórico, ni es de relevancia documental que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el Primer Párrafo del Punto Décimo Primero del Acuerdo en cita, remítase el presente expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
- Principal
En veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que al tener a la vista una diversa boleta de turno de demanda de amparo se realizó una búsqueda minuciosa en el libro de registros de juicios de amparo de este Juzgado y se encontró que Diana Angélica Puga Orozco promovió diverso juicio contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otra autoridad; de igual forma, se hace constar que dicho juicio se radicó bajo el número 1054/2016-6, el cual se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la propia quejosa contra la resolución de diez de enero del año en curso, que resolvió dicho sumario. CONSTE. En veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y con un escrito con registro 2415 y cinco copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el escrito signado por la promovente del amparo Diana Angélica Puga Orozco, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de trece de febrero del año en curso; en atención a lo anterior, se provee: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Penal en el Estado de Zacatecas con residencia en Cieneguillas, Zacatecas Acto reclamado: El auto de formal prisión de fecha siete de diciembre de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 80/2015. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. De la lectura integral del escrito de demanda se desprende que procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley Reglamentaria en consulta, que establecen: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La norma invocada dispone que resulta improcedente el juicio amparo en el que el acto reclamado sea materia de otro juicio pendiente de resolución promovido por el propio quejoso y contra las mismas autoridades responsables, es decir, en el que no exista sentencia firme. Tiene puntual aplicación por identidad de razón a este proceder la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". En efecto, de la demanda de amparo que se plantea, se advierte que la promovente señala como autoridad responsable al Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; asimismo, los actos reclamados se hacen consistir en: "IV. EL ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Del C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS, ZACATECAS. Reclamo precisamente el auto de Formal Prisión dictado en mi contra de fecha 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, EN LA CUSA PENAL NÚMERO 80/2015 misma en la cual se decretó auto de formal prisión en contra de la suscrita quejosa por la probable participación en el delito de Robo Calificado (Robo de Vehículo) en agravio de la C.C. MARICELA URQUIZO GURROLA". Ahora bien, de las constancias que integran el cuaderno de antecedentes relativo al diverso juicio de amparo 1054/2016-6, del índice de este propio órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para esta resolutora, dado que se tramitó ante este propio Juzgado, y que en estos momentos se tiene a la vista, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, la quejosa DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, que hizo consistir en: "III.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable en su carácter de ordenadora, le reclamo la Nulidad de todo lo actuado en el procedimiento seguido en el JUICIO PENAL con número 80/2015, promovido ante el C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Se presume tiene un proceso en mi contra, el cual desconozco completamente ya que nunca fui notificada por escrito del supuesto proceso. Al igual nunca se me notifico de audiencia para inicio de proceso Desconociendo también de que se me acusa y el porqué el JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL gira una orden de auto de formal prisión en mi contra ya que nunca me dieron notificación alguna de la existencia del proceso alguno en mi contra.". 2. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el mencionado juicio de amparo. 3. Seguido el juicio por sus etapas correspondientes, el diez de enero del presente año se dictó la sentencia correspondiente, de la que se advierte que en el considerando segundo al precisar los actos reclamados se señaló como tal el auto de formal prisión emitido en contra de Diana Angélica Puga Orozco en el proceso penal 80/2015, entre otros; y se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y, por otra parte, sobreseer el citado juicio de amparo. 4. Inconforme con la anterior determinación la quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que el juicio de mérito se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de impugnación. 5. Mediante oficio 2041 de ocho de febrero del año en curso, la superioridad informó que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa y que dicho medio de impugnación se registró con el número 65/2017-5. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que el acto reclamado en la demanda de amparo que ahora se plantea, fue materia de otro juicio de amparo, a saber el registrado con el número 1054/2016-6, que se tramitó ante este propio Juzgado de Distrito, el cual se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y en el cual se señaló como acto reclamado entre otros el auto de formal prisión dictado en contra de la ahora quejosa en la causa penal 80/2015, por considerarla probable responsable en la comisión del delito de robo calificado en perjuicio de Maricela Urquizo Gurrola. Ahora, si bien es cierto en sendos juicios la quejosa señaló a diversas autoridades responsables, pues en el 1054/2016-6 señala como tal al Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y en el que ahora se actúa manifestó que tiene dicho carácter el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para emitir la presente determinación en razón de que de los antecedentes narrados en la sentencia dictada en el primero de los aludidos sumarios se advierte que el uno de diciembre de dos mil quince, se cumplimentó la orden de aprehensión librada en contra de la hoy quejosa por el entonces Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (órgano jurisdiccional suprimido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que asumió el conocimiento el Juez Segundo de esa localidad), en la causa penal 80/2015, por lo que el Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, dejo a disposición del juzgado del conocimiento a la inculpada Diana Angélica Puga Orozco, interna en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. En atención a lo anterior, el juez de la causa ordenó girar exhorto al Juez Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a fin de que se recabara la declaración preparatoria de la referida procesada, recibiera las pruebas que ofreciera dentro del término constitucional y resolviera su situación jurídica. El dos de diciembre de dos mil quince, por razón de turno el Juez Primero del Ramo Penal de la ciudad de Zacatecas recabó la declaración preparatoria de Diana Angélica Puga Orozco y mediante resolución de siete de ese mismo mes y año, emitió el auto de término constitucional en el que decretó la formal prisión en su contra al considerar acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado, en el presente juicio de garantías número 143/2017-3 y en el diverso juicio de amparo número 1054/2016-6, ambos del índice de este Órgano Jurisdiccional, por lo que tal acto no puede ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de garantías, en tanto que el juicio de amparo número 1054/2016-6, como ya se dijo se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto por la propia quejosa, por lo que se encuentra en trámite. DESECHAMIENTO. En conclusión, se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: " Visto el escrito signado por la promovente del amparo Diana Angélica Puga Orozco, mediante el cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveído de trece de febrero del año en curso; en atención a lo anterior, se provee: PRECISIÓN DEL PROBLEMA. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente del amparo señala como acto reclamado y autoridad responsable las siguientes: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Penal en el Estado de Zacatecas con residencia en Cieneguillas, Zacatecas Acto reclamado: El auto de formal prisión de fecha siete de diciembre de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 80/2015. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano.". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". DESECHAMIENTO. De la lectura integral del escrito de demanda se desprende que procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO, dado que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, toda vez que esta resolutora considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley Reglamentaria en consulta, que establecen: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; La norma invocada dispone que resulta improcedente el juicio amparo en el que el acto reclamado sea materia de otro juicio pendiente de resolución promovido por el propio quejoso y contra las mismas autoridades responsables, es decir, en el que no exista sentencia firme. Tiene puntual aplicación por identidad de razón a este proceder la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". En efecto, de la demanda de amparo que se plantea, se advierte que la promovente señala como autoridad responsable al Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; asimismo, los actos reclamados se hacen consistir en: "IV. EL ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Del C. JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS, ZACATECAS. Reclamo precisamente el auto de Formal Prisión dictado en mi contra de fecha 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, EN LA CUSA PENAL NÚMERO 80/2015 misma en la cual se decretó auto de formal prisión en contra de la suscrita quejosa por la probable participación en el delito de Robo Calificado (Robo de Vehículo) en agravio de la C.C. MARICELA URQUIZO GURROLA". Ahora bien, de las constancias que integran el cuaderno de antecedentes relativo al diverso juicio de amparo 1054/2016-6, del índice de este propio órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para esta resolutora, dado que se tramitó ante este propio Juzgado, y que en estos momentos se tiene a la vista, se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, del cual por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal Federal, la quejosa DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, que hizo consistir en: "III.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable en su carácter de ordenadora, le reclamo la Nulidad de todo lo actuado en el procedimiento seguido en el JUICIO PENAL con número 80/2015, promovido ante el C. JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL. Se presume tiene un proceso en mi contra, el cual desconozco completamente ya que nunca fui notificada por escrito del supuesto proceso. Al igual nunca se me notifico de audiencia para inicio de proceso Desconociendo también de que se me acusa y el porqué el JUEZ SEGUNDO DEL RAMO PENAL gira una orden de auto de formal prisión en mi contra ya que nunca me dieron notificación alguna de la existencia del proceso alguno en mi contra.". 2. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el mencionado juicio de amparo. 3. Seguido el juicio por sus etapas correspondientes, el diez de enero del presente año se dictó la sentencia correspondiente, de la que se advierte que en el considerando segundo al precisar los actos reclamados se señaló como tal el auto de formal prisión emitido en contra de Diana Angélica Puga Orozco en el proceso penal 80/2015, entre otros; y se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados y, por otra parte, sobreseer el citado juicio de amparo. 4. Inconforme con la anterior determinación la quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que el juicio de mérito se remitió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de impugnación. 5. Mediante oficio 2041 de ocho de febrero del año en curso, la superioridad informó que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa y que dicho medio de impugnación se registró con el número 65/2017-5. Como se ve, los antecedentes narrados ponen de manifiesto que el acto reclamado en la demanda de amparo que ahora se plantea, fue materia de otro juicio de amparo, a saber el registrado con el número 1054/2016-6, que se tramitó ante este propio Juzgado de Distrito, el cual se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y en el cual se señaló como acto reclamado entre otros el auto de formal prisión dictado en contra de la ahora quejosa en la causa penal 80/2015, por considerarla probable responsable en la comisión del delito de robo calificado en perjuicio de Maricela Urquizo Gurrola. Ahora, si bien es cierto en sendos juicios la quejosa señaló a diversas autoridades responsables, pues en el 1054/2016-6 señala como tal al Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y en el que ahora se actúa manifestó que tiene dicho carácter el Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; sin embargo, dicha circunstancia no es obstáculo para emitir la presente determinación en razón de que de los antecedentes narrados en la sentencia dictada en el primero de los aludidos sumarios se advierte que el uno de diciembre de dos mil quince, se cumplimentó la orden de aprehensión librada en contra de la hoy quejosa por el entonces Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (órgano jurisdiccional suprimido por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que asumió el conocimiento el Juez Segundo de esa localidad), en la causa penal 80/2015, por lo que el Comandante del Grupo de Aprehensiones de la Policía Ministerial del Estado, dejo a disposición del juzgado del conocimiento a la inculpada Diana Angélica Puga Orozco, interna en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil en el Estado, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. En atención a lo anterior, el juez de la causa ordenó girar exhorto al Juez Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, a fin de que se recabara la declaración preparatoria de la referida procesada, recibiera las pruebas que ofreciera dentro del término constitucional y resolviera su situación jurídica. El dos de diciembre de dos mil quince, por razón de turno el Juez Primero del Ramo Penal de la ciudad de Zacatecas recabó la declaración preparatoria de Diana Angélica Puga Orozco y mediante resolución de siete de ese mismo mes y año, emitió el auto de término constitucional en el que decretó la formal prisión en su contra al considerar acreditado el cuerpo del delito y su probable responsabilidad. Así las cosas, y tomando en consideración lo antes expuesto, se llega a la conclusión de que la parte quejosa señala el mismo acto reclamado, en el presente juicio de garantías número 143/2017-3 y en el diverso juicio de amparo número 1054/2016-6, ambos del índice de este Órgano Jurisdiccional, por lo que tal acto no puede ser objeto de análisis dentro de un nuevo juicio de garantías, en tanto que el juicio de amparo número 1054/2016-6, como ya se dijo se encuentra en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, pendiente de resolverse el recurso de revisión interpuesto por la propia quejosa, por lo que se encuentra en trámite. DESECHAMIENTO. En conclusión, se considera que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por DIANA ANGÉLICA PUGA OROZCO. "
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CUENTA. El trece de febrero de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González doy cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Diana Angélica Puga Orozco, registrada con el número de folio 1958 y siete copias de ésta que se adjuntan. La circunstancia de que el licenciado Raúl Gurrola López (1788264), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así las diversas profesionistas Gabriela Herrera Delgado y Santa Teresa Orozco Aguilar. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de febrero de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Diana Angélica Puga Orozco, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 143/2017-3, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 114, fracción II de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley;". Por su parte, el numeral 108, fracciones II y V, de la ley de la materia dispone, es del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [ . ] II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;". [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;". Del precepto anterior se deduce como requisito de la demanda de amparo la narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual se deberá realizar bajo protesta de decir verdad. En esa línea, la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. En consecuencia, tratándose de determinaciones judiciales, es necesario que como antecedente del acto reclamado se narre la fecha de conocimiento o notificación de éste, bajo protesta de decir verdad. Es aplicable la Jurisprudencia: 2a./J. 161/2013 (10a.), con registro 2005636, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1079 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Décima Época, materia común, que establece "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." REQUERIMIENTO. Con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, cumpla con lo siguiente: Tomando en consideración que en el capítulo V del apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado la quejosa manifiesta que se encuentra a disposición del Juzgado Primero de Ramo Penal de la Capital, respecto de la causa penal número 80/2015, la cual se le sigue como probable responsable del delito de robo calificado cometido en agravio Maricela Urquizo Gurrola; por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c, de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesada a la citada ofendida en dicha causa, luego, requiérase a la promovente para que proporcione el domicilio actual y correcto de la antes nombrada. Asimismo, manifieste "bajo protesta de decir verdad" la fecha exacta en que fue notificada o tuvo conocimiento del auto de formal prisión dictado en su contra el siete de diciembre de dos mil quince, en el proceso penal 80/2015, lo anterior, en razón de que la fecha de conocimiento o notificación del acto reclamado integra un antecedente necesario para la tramitación de la demanda de derechos, pues constituye el hecho que genera la promoción del juicio, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 110 de la ley de la materia en consulta, se requiere a la promovente para que exhiba cinco copias de su ocurso aclaratorio, para cada una de las partes, a saber, una para la autoridad señalada como responsable, una más para la tercero interesada, otra para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y las últimas dos para el incidente de suspensión respectivo; toda vez que dicho ocurso forma parte integral del escrito inicial de demanda. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención decretada sólo podrá cumplirla la propia quejosa y no los autorizados ni siquiera en términos amplios de éste, debido a que aquélla involucra la expresión de decir verdad inherente al accionante, pues de lo contrario la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a la ahora denominada Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. LUGAR Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado Raúl Gurrola López (1788264), quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ello, en atención a la reforma de dicho dispositivo en decreto publicado el diecisiete de junio del año en curso, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; y por no acreditar ese requisito, se tienen como autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Gabriela Herrera Delgado y Santa Teresa Orozco Aguilar y como domicilio para tal fin el ubicado en calle José Diefel número 138 colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
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