Diana Angélica Puga Orozco
Expediente 767/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Diana Angélica Puga Orozco
Actuaciones
- Principal
El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con un oficio registrado con el número 5719. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que informa se desechó el recurso de revisión interpuesto por la quejosa contra el auto por el que se desechó su demanda de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Karla.
- Principal
El nueve de marzo de dos mil dieciocho se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito registrado con el número 4956, con sus copias que se acompañan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Diana Angélica Puga Orozco, por el que interpone recurso de revisión contra el auto de veintitrés de febrero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de agravios; sin que haya lugar a correr traslado con copia de los agravios a las demás partes atendiendo a la determinación que se impugna. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PÁRTE QUEJOSA EL AUTO DE 123 DE FEBRERO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCI+ÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "CERTIFICACIÓN. El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifica: que derivado de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1054/2017, del índice de este juzgado promovido por Diana Angélica Puga Orozco, en el que reclamó del Juzgado Segundo del Ramo Penal del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal 80/2015. Conste. CUENTA. En la misma fecha se da cuenta, con la certificación que antecede, y con la demanda de amparo promovida por Diana Angélica Puga Orozco, registrada con el folio 3779 y nueve copias de ésta que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Diana Angélica Puga Orozco, contra actos de la Juez Tercera de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y otras autoridades; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 767/2018, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo en comento, establece que el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, visible en la página 890, Materia Común, Novena Época, que al tenor establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.'. En la especie, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable. (.)." En ese tenor, se entiende por actos consumados, aquéllos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, para determinar la naturaleza del acto, respecto a si es reparable o no, debe atenderse a su naturaleza, así como a la reparabilidad física y material del mismo; es decir, el hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución, porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Ahora bien, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se pueden clasificar en reparables e irreparables. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable. En ese sentido, es menester añadir que los actos no pueden estimarse consumados y por ende sí pueden concretizarse los efectos, si se toma en consideración el contenido de los artículos 77 y 204 de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (.)" Luego, la interpretación lógica y sistemática de los preceptos transcritos, permite advertir que las sentencias que otorguen el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos reclamados de las autoridades responsables, tienen efectos restitutorios y para el caso de imposibilidad jurídica o material de su cumplimiento, se procederá a su substitución en la forma y términos que dichas disposiciones precisan. De esto se sigue que los actos consumados de forma irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, tanto física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; asimismo, es pertinente precisar que para que opere la mencionada causal de improcedencia es necesario que la irreparabilidad del acto sea absoluta. Sirve de sustento la tesis I.3ºA.150 K, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencia, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, pueden obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." [énfasis añadido] Expuesto lo anterior, el acto que reclamó la parte quejosa, se hace consistir en la orden de aprehensión emitida en su contra el veintinueve de octubre de dos mil quince, en la causa penal 80/2015, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que derivado de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 1054/2017, del índice de este juzgado promovido por Diana Angélica Puga Orozco, en el que reclamó lo siguiente: [.] Del Juez Segundo del Ramo Penal del Distrito judicial de Fresnillo a) El auto de formal prisión dictado contra la quejosa dentro del proceso penal 080/2015. Del actuario adscrito al juzgado citado: b) La notificación de la resolución anterior. Lo anterior, pues la inconformidad toral base de la demanda de amparo descansa en la prisión derivada de la causa penal referida, la que, a juicio de la amparista, fue decretada sin que se le hubiera notificado. De la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en Cieneguillas, Zacatecas, de la encargada del área jurídica y de la encargada de seguridad de dicho centro penitenciario: c) El acta de no externamiento de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. [.] Juicio de amparo en el cual el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por un lado, se sobreseyó respecto al acto reclamado de la Juez Segundo del Ramo Penal del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en el auto de formal prisión dictado contra la quejosa dentro del proceso penal 80/2015, y por el otro, se negó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos que reclamó de la actuaria adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y de la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil en Cieneguillas, Zacatecas, de la encargada del área jurídica y de la encargada de seguridad de dicho centro penitenciario, consistentes en la notificación del auto de formal prisión dictado contra la quejosa dentro del proceso penal 80/2015 y en el acta de no externamiento de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, respectivamente. Ahora bien, de la lectura de la sentencia en comento se desprenden los siguientes antecedentes: [.] 1. Mediante pliego de consignación de nueve de septiembre de dos mil quince (fojas 57 a 61 del cuaderno de pruebas), la agente del Ministerio Público Especializada en la Investigación contra el Robo de Vehículos, en Fresnillo, Zacatecas, ejerció acción penal sin detenido contra Diana Angélica Puga Orozco, por el delito de robo calificado cometido en agravio de Maricela Urquizo Gurrola y otro, por lo que solicitó se girara orden de aprehensión contra los inculpados. 2. En auto de veintidós de septiembre de dos mil quince (foja 62 del cuaderno referido), la entonces Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, radicó la causa penal con el expediente 80/2015 y reservó resolver sobre la orden de aprehensión solicitada. 3. En resolución de veintinueve de octubre del año en cita (fojas 65 a 77 del tomo de pruebas en comento), se ordenó girar orden de aprehensión contra los inculpados por el delito imputado. 4. Mediante oficio presentado el uno de diciembre de dos mil quince (foja 82 del cuaderno de pruebas), el Comandante del Grupo de Aprehensiones I de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la ciudad de Zacatecas, dejó a disposición del juzgado del conocimiento a la inculpada Diana Angélica Puga Orozco en el Centro de Reinserción Social Femenil de Cieniguillas, Zacatecas, al ya encontrarse interna en dicho reclusorio. 5. En acuerdo de la misma fecha, la juez de la causa ordenó girar exhorto al Juez Penal del Distrito Judicial de la ciudad de Zacatecas, a fin de que recabara las declaración preparatoria de la procesada en referencia, recibiera las pruebas que se ofrecieran dentro del término constitucional y resolviera su situación jurídica (fojas 83 y 84 del tomo de pruebas). 6. El dos de diciembre de dos mil quince, Diana Angélica Puga Orozco rindió su declaración preparatoria ante el Juez Primero del Ramo Penal de la ciudad de Zacatecas (fojas 106 y 107 del tomo de pruebas). 7. Mediante resolución de siete de diciembre de dos mil quince, el juez exhortado determinó la formal prisión de la procesada en mención, al considerar que se encontraba acreditado el cuerpo del delito imputado y su probable responsabilidad (fojas 118 a 137 del cuaderno de pruebas). 8. En auto de tres de junio de dos mil dieciséis, la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, asumió el conocimiento del proceso, en virtud de la supresión del juzgado tercero en esa materia del distrito judicial referido (foja 435 del tomo de pruebas). 9. El seis de octubre de dos mil dieciséis, la juez de la causa declaró agotada la instrucción en la causa penal natural (foja 490 del tomo en comento). 10. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, las autoridades del centro penitenciario responsable determinaron no excarcelar a la quejosa, pese al beneficio concedido en la causa penal 3/2014, ya que existía una diversa causa penal en su contra -80/2015- (foja 285 del cuaderno de amparo). [.] De lo que se pone en evidencia que el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa (767/2018), tiene el mismo origen que los actos reclamados en el diverso juicio de amparo 1054/2017, dado que los precitados juicios de amparo, derivan de la causa penal 80/2015. Por ende, al realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); de la que se obtuvo que existe el diverso juicio de amparo, que se radicó en este órgano de control constitucional con el número 1054/2017; dicha circunstancia puede ser invocada de oficio, como hecho notorio, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.10º.C.2K (10ª), instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, Materia Común, Décima Época, que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 74/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 963, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", sostuvo que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, un hecho notorio en su aspecto jurídico, se conceptúa como cualquier acontecimiento de dominio público que es conocido por todos o por casi todos las miembros de un círculo social en el momento en que se pronuncie la decisión judicial, el cual no genera duda ni discusión y, por tanto, la ley exime de su prueba. Por otra parte, con la finalidad de estar a la vanguardia en el crecimiento tecnológico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de Judicatura Federal, emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la firel, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de generar una infraestructura suficiente para salvaguardar el derecho fundamental de una administración de justicia pronta, expedita, completa e imparcial, por lo que se implementaron las bases para el uso eficiente de las tecnologías de la información disponibles, con miras a generar en los juicios de amparo certeza a las partes de los mecanismos, mediante los cuales se integra y accede a un expediente electrónico; lo anterior, en congruencia con el contenido de los diversos Acuerdos Generales 29/2007 y 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXVI, septiembre de 2007, página 2831 y XIII, mayo de 2001, página 1303, respectivamente, que determinan el uso obligatorio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese sentido, se concluye que las resoluciones de los órganos del Consejo de la Judicatura Federal que se registran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del precepto legal en cita, constituyen un hecho notorio para resolver los juicios de amparo, en tanto genera un conocimiento completo y veraz de la emisión y sentido en que se dictó un auto o una sentencia que, además, son susceptibles de invocarse para decidir en otro asunto lo que en derecho corresponda." De dichas constancias se advierte que la entonces Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, en la causa penal 80/2015, el veintinueve de octubre de dos mil quince, libró orden de aprehensión que la quejosa ahora reclama en este juicio de amparo, la cual se cumplimentó en el centro de reinserción social en el que ya se encontraba interna; también se advierte que rindió su declaración preparatoria el dos de diciembre de dos mil quince ante el juez primero en materia penal del lugar de su reclusión (Cieneguillas, Zacatecas), siendo que el siete de diciembre de dos mil quince se le dictó auto de formal prisión, al encontrarse acreditada la probable responsabilidad de la quejosa, por el delito imputado y respecto del cual se decretó el sobreseimiento de dicho acto. Por tanto, debe considerarse que la orden reclamada, se ha consumado de un modo irreparable, pues ya fue ejecutada y por tanto, ya se le dictó formal prisión. Luego, si la quejosa controvirtió la orden de aprehensión, al argüir que le irrogaba perjuicios de imposible reparación, es evidente que, al haberse cumplimentado la misma, las violaciones que pudiera contener ese acto, ya no pueden ser reparables, pues surge la imposibilidad de analizar actos que ya no están surtiendo sus efectos, por haberse consumado de forma irreparable, porque aunque se otorgara el amparo solicitado, sería imposible restituir a la quejosa en el goce de las garantías constitucionales que estima violadas, por el obstáculo de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, porque el propósito de la orden de aprehensión era que la amparista se sujetara al procedimiento criminal seguido en su contra, lo que aconteció antes de la presentación de la demanda que se resuelve, de ahí que los efectos que pudiera tener una posible protección constitucional, aun utilizando el mecanismo de sustitución, no podrían ser restituidos ni física, ni jurídica, ni materialmente, ante la imposibilidad de retrotraer el tiempo. Lo que crea convicción en el ánimo de quien resuelve, en el sentido de que la irreparabilidad del acto por esta vía constitucional impugnado es absoluta, lo es que en el sumario no obra elemento de prueba alguno que acredite o haga siquiera presumir que, aún consumado, el acto produzca efectos que continúen manifestándose, que sean consecuencia necesaria de aquél, y que pudieran desaparecer por la concesión del amparo, pues quedó demostrado que a la fecha, la orden de aprehensión ya fue ejecutada y, por tanto, sus efectos se consumaron, al lograrse el objetivo que la misma perseguía, lo que materialmente resulta irreparable, es decir, es imposible volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización de dicho acto. En virtud de lo anterior, se desprende que a la fecha de presentación de la demanda, el acto reclamado ya había sido consumado, por tal motivo, es material y físicamente es imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; por ello, se concluye que se actualiza en la especie la causa de improcedencia invocada. Al respecto se invoca como criterio de orientación, la tesis del entonces Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del tenor literal siguiente: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación.". Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. No pueden ser objeto de la protección constitucional, y debe sobreseerse respecto de ellos." Además, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. La disposición de la Ley de Amparo que se refiere a actos consumados de un modo irreparable, alude a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación." Consecuentemente, al acreditarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 del invocado ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en cuestión. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE TIENE INTERVENCIÓN EN EL PROCESO DE ORIGEN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, en caso de que la sala penal responsable acepte la existencia del acto reclamado, se le requiere para que emplace como tercero interesado al agente del Ministerio Público que tenga intervención en el proceso penal de origen, con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, debiendo enviar por separado la constancia respectiva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tiene como autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la ley de la materia a los licenciados Raúl Gurrola López y José Manuel Saucedo Trinidad toda vez que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Ricardo Arturo Molina Díaz, José Alfredo Estrada González, Santa Teresa Orozco y Francisco Javier Alvarado Reyes, por no contar con este requisito; y como domicilio para tal fin el ubicado en calle José Byesel, número ciento treinta y ocho (138), colonia Lázaro Cárdenas, en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
El veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: ********************- El término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora, transcurrió del veintiséis al treinta de enero del año en curso sin contar veintisiete y veintiocho por ser inhábiles. Doy fe************************************************************En la misma fecha, la secretaria da cuenta al juez con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.************************************************************Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.********************Vista la certificación de cuenta y los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de veintitrés de enero pasado (foja 386), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas con residencia en esta ciudad, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida.********************El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 70 a 84), en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; esto último para los efectos que enseguida se precisan:********************"a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro.********************b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en los tickets folios ******************** (13), ******************** (13), ******************** (13), ******************** (13) y ******************** de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente".********************Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil diecisiete (foja 133), se tuvo por recibido el oficio del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, autoridad responsable en el presente asunto, por el que interpuso recurso de revisión contra la sentencia antes mencionada, mismo que se tuvo por interpuesto y se ordenó la remisión de los autos para la respectiva substanciación, lo que se llevó a cabo el veintitrés de mayo siguiente (184); en veintiséis de mayo citado, se agregó oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que informó que la Superioridad admitió el recurso en mención, el cual quedó registrado bajo amparo en revisión administrativo 200/2017-5 (foja 187).********************En auto de trece de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 209 a 210), se tuvo por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del referido cuerpo colegiado, al que acompañó copia certificada de la ejecutoria respectiva, por la que se confirmó la sentencia dictada por este juzgado (fojas 188 a 208).********************En consecuencia, atendiendo al contenido de dicha ejecutoria, en el mencionado acuerdo, se requirió a las autoridades responsables secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y jefe de la oficina recaudadora de rentas de dicha secretaría, ambos del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que en un término de tres días hábiles a partir de su legal notificación dieran cumplimiento de manera total al fallo protector.********************El doce de enero pasado (foja 248 a 249), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario responsable, en el que informó que habían sido entregados cinco títulos de crédito (cheques) a Juan José Castruita Flores por la suma de $9,641.70 (nueve mil seiscientos cuarenta y un pesos 70/100 moneda nacional), relativo a la devolución de lo cobrado por los conceptos de impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y Derecho de Control Vehicular; además, remitió las constancias respectivas; así como hoja de cálculo con las que acreditó los índices de precios al consumidor que fueron tomados en cuenta al momento de hacer las operaciones aritméticas para obtener la cantidad a devolver al quejoso por los referidos conceptos; asimismo, realizó la declaratoria expresa de que esa autoridad y cualquier otra que dependa de ella en la gestión de cobro y administración de contribuciones, se abstendría de aplicar al quejoso los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, respecto al ejercicio fiscal dos mil diecisiete y hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo.********************Sin embargo, del análisis de dichas documentales realizado en el acuerdo emitido el mencionado doce de enero, se obtuvo que la citada autoridad, al realizar los respectivos cálculos, tomó en cuenta como índice nacional de precios al consumidor para el mes anterior al más reciente del periodo, el de noviembre, cuando lo correcto era el mes de diciembre, dado que la cantidad se devolvió en el mes de enero de la presente anualidad; por tanto resultó que la cantidad a devolver fue de $9,685.11 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 11/100 moneda nacional), resultando como consecuencia $43.41 (cuarenta y tres pesos 41/100 moneda nacional), de diferencia entre la cantidad correcta a devolver y la que había devuelto la autoridad responsable al quejoso, por lo que se ordenó requerir al secretario de Finanzas por el cumplimiento cabal. ********************En cumplimiento al anterior, la mencionada autoridad responsable acreditó haber devuelto al quejoso la aludida cantidad, en oficio y anexos recibidos en proveído de veintitrés de enero de la anualidad que transcurre (foja 386) ********************Ahora bien, a efecto de determinar si la sentencia protectora de que se trata se encuentra cabalmente cumplida, es pertinente destacar lo siguiente: ********************Los efectos de la ejecutoria de amparo se concretan en la desincorporación de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho por el servicio de control vehicular, hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo, lo que, en particular, conllevaba la devolución de lo erogado en los recibos fiscales con folios ********************, ********************, ********************,******************** y ******************** lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. ********************El quejoso erogó, en cuanto a los conceptos que aquí interesa, las cantidades siguientes:********************FOLIO********************IMPUESTO ADICIONAL PARA INFRAESTRUC-TURA********************UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ********************DE ZACATECAS********************(U:A:Z)********************DERECHO POR EL SERVICIO DE CONTROL VEHICULAR********************ESTÍMULO ADICIONAL********************(20%)****************************************DESCUENTO CONTROL VEHICULAR SERVICIO PARTICULAR********************************************************************************$525.00********************$348.00********************$1,750.00********************-$350.00****************************************************************************************************$405.00********************$149.00********************$1,350.00********************-$270.00****************************************************************************************************$405.00********************$149.00********************$1,350.00********************-$270.00****************************************************************************************************$405.00********************$122.00********************$1,350.00********************-$270.00********************-$270.00********************************************************************************$585.00********************$215.00********************$1,950.00********************-$390.00****************************************************************************************************$2,325.00********************$983.00********************$7,750.00********************$1,550.00********************-$270.00********************************************************************************$9,238.00 (nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional). ****************************************En el entendido de que, en la tabla anterior se visualizan los descuentos que se le hicieron al quejoso por concepto de estímulo adicional del veinte por ciento en cuanto al pago de control vehicular.********************Por lo tanto, habría de devolverse al quejoso la cantidad que se visualiza como resultado final en la anterior tabla es decir, $9,238.00 (nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).********************Cantidad, que tendría que ser debidamente actualizada, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. ********************Así, en términos de la disposición fiscal citada, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior del más antiguo.********************FACTOR DE ACTUALIZACIÓN********************INPC del mes anterior al más reciente del periodo diciembre 2017 130.633********************INPC del mes anterior al más antiguo del periodo enero 2017 124.598******************** = 1.0484************************************************************Así pues, como se indicó en párrafos precedentes la primera devolución se realizó el doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 238 a 242), por la cantidad actualizada de $9,641.70 (nueve mil seiscientos cuarenta y un pesos 70/100 moneda nacional), y la segunda, el diecinueve siguiente, por $43.41 (cuarenta y tres pesos 41/100 moneda nacional), haciendo un total de $9,685.11 (nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 11/100 moneda nacional), ello, de acuerdo al siguiente cuadro.****************************************RECIBO********************FISCAL********************CONTRIBUCIÓN COBRADA********************CANTIDAD QUE DEVOLVIÓ LA AUTORIDAD********************FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CORRECTO********************CANTIDAD CORRECTA A DEVOLVER ******************************************************************************** ********************$2,273.00********************$2,372.33********************1.0484********************$2,383.01********************************************************************************$1,634.00********************$1,705.41********************1.0484********************$1,713.08********************************************************************************$1,634.00********************$1,705.41********************1.0484********************$1,713.08********************************************************************************$1,337.00********************$1,395.43********************1.0484********************$1,401.71********************************************************************************$2,360.00********************$2,463.13********************1.0484********************$2,474.22********************************************************************************$9,238.00********************$9,641.70****************************************$9,685.11************************************************************Conforme a lo expuesto, toda vez que en la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal, se otorgó la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente, el impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y derecho de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, hasta en tanto no sea reformado dicho marco normativo.********************Asimismo, para que el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por la quejosa con fundamento en las disposiciones anteriores en los recibos fiscales ********************, ********************, ********************,******************** y ******************** de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, lo que debería incluir la actualización fiscal correspondiente.********************Y atendiendo a que dichos hechos ya acontecieron, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.********************En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración, por haberse concedido el amparo, con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, por lo cual, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase, previa digitalización del escrito de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes.********************Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese; y personalmente al quejoso. ********************Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado quien autoriza y da fe.********************gfp********************
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