Diana Alicia Luque Luna
Expediente 392/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 392/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Diana Alicia Luque Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los sobres devueltos que contienen los oficios 252/2021-II y 253/2021-II, los cuales fueron enviados a las autoridades 1. Juez y 2. Secretario Actuario, adscritos al Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar, con residencia en la Ciudad de México. El encargado de mensajería asentó como causa de devolución "persona de vacaciones" y en observaciones "miércoles y viernes reciben". Por su parte, de la certificación secretarial que antecede se aprecia que debido a los lineamientos establecidos en el Acuerdo 03-11/2021 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se determinó que a partir del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, la atención al público en las Salas y Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial de aquella ciudad, se llevaría a cabo en forma alternada y sucesiva -un día a puerta abierta y el siguiente a puerta cerrada-, con las salvedades ahí señaladas. Por tanto, tomando en consideración que se cuenta con el correo electrónico **********@tsjcdmx.gob.mx por el cual se puede entablar comunicación con el juzgado responsable. En consecuencia, remítanse por esa vía los oficios 252/2021-II y 253/2021-II -que contienen el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno-. Solicítese el acuse correspondiente. Levantándose constancia de ello para su vinculación al expediente electrónico y ser agregados al expediente físico para debida integración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubieren recurrido la sentencia de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. (...) Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). (...) DOCUMENTOS. Dígase a la parte quejosa que conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo, se dejan a su disposición los documentos originales exhibidos con la demanda, por el término de noventa días contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Apercibida que de no reclamarlos en ese plazo, seguirán agregados y tendrán igual suerte que este expediente. En el entendido que para acudir a recogerlos deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte -aún vigente según el diverso 37/2020 que lo prorrogó-. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa..."
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de enero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos que integran eljuicio de amparo 392/2020-II promovido por **********, contra actos del 1. Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar; 2. Encargado de Notificar los Expedientes del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar; 3. Director del Registro Civil, todas con sede en la Ciudad de México y 4. Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de Alvarado, Veracruz; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad; recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********** promovió juicio de amparo en contra de los actos que se precisarán en el considerando segundo y por las autoridades que a continuación se señalan: AUTORIDADES 1. Juez Vigésimo Quinto de lo Familiar. 2. Encargado de Notificar los Expedientes del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Familiar. 3. Director del Registro Civil. Ciudad de México. 4. Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal Alvarado, Veracruz. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de agosto de dos mil veinte este órgano de control constitucional registró la demanda de amparo con el número 392/2020-II y previno a la parte quejosa para que subsanara las irregularidades ahí indicadas (fojas 24-28). Mediante escrito aclaratorio recibido en este órgano jurisdiccional el siete de septiembre posterior, la parte impetrante refirió desahogar la prevención de mérito (foja 31). Sin embargo, mediante proveído de esa misma fecha se le explicó a la quejosa las razones por las cuales no desahogó de manera cabal el requerimiento de veinte de agosto pasado (fojas 32 y 33). Por diverso ocurso aclaratorio presentado ante este Juzgado de Distrito el pasado dieciocho de septiembre (foja 39), la quejosa nuevamente pretendió desahogar la prevención de mérito. Empero, por acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente se determinó que no se encontraba cumplida la prevención en comento (fojas 60 y 61). Mediante escrito aclaratorio recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de septiembre posterior, la parte impetrante desahogó la prevención de mérito (foja 64). Así, por proveído de veinticinco de septiembre pasado, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 66-68), la cual se difirió en dos ocasiones por autos de cuatro de noviembre y ocho de diciembre de dos mil veinte (fojas 106, 107, 222 y 223), y se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es la falta de emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional en el cual el quejoso refiere ser tercero extraño por equiparación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el análisis integral de la demanda de amparo permite advertir que la parte quejosa reclama: -- El ilegal emplazamiento practicado en el juicio de solicitud de divorcio incausado ********** del índice del Juzgado responsable y, como consecuencia, todas las actuaciones subsecuentes, como son la sentencia que puso fin a ese sumario; y, su ejecución consistente en el levantamiento del acta de divorcio. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice 1917 - Septiembre 2011, materia común, Novena Época, Registro 1003226, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Autoridades Fojas 1. Juez Vigésimo Quinto Familiar. 111 y 116 2. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Quinto Familiar. 176 y 195 Ciudad de México. 4. Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal. 196 Alvarado, Veracruz. ?????????? Así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 749 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, con número de registro 1002815, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que remitieron el 1. Juez y 2. Secretario Actuario del Juzgado Vigésimo Quinto Familiar, ambas residentes en la Ciudad de México (fojas 111 y 116); así como el 4. Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de Alvarado, Veracruz (foja 196), como justificación de la constitucionalidad de sus actos. Consisten en copias certificadas del juicio solicitud de divorcio ********** de su índice. Respalda lo anterior la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Respecto a la autoridad: Autoridad Foja 3. Apoderado Legal del Registro Civil 184 Ciudad de México. Al rendir su informe justificado, negó exista registro relativo a la sentencia de divorcio emitida en el juicio ********** del índice del Juzgado responsable. Empero, debe tenerse por cierto, ya que como aprecia del informe justificado y constancias que adjuntó el Juez de origen, existe el procedimiento de referencia en el cual se advierte el diez de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la hoy quejosa y el tercero interesado. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, se deben analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, relacionada con el precepto 63, fracción V, ambos de la de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley..." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En relación con la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe decirse que en ella se encuentra el principio fundamental del amparo consistente en la existencia de un agravio personal y directo. Implica, grosso modo , que la acción de amparo sólo pueda ser promovida por aquella persona, física o moral, que se vea afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad, que haya inmediatez entre la emisión y/o ejecución del acto y el sufrimiento de sus consecuencias en la esfera jurídica del gobernado. De lo contrario el juicio de amparo propuesto será sobreseído. Esto es, para la comprensión de este principio fundamental del amparo, debe entenderse por "agravio" el perjuicio sufrido en la persona del quejoso, o bien, como la afectación que se desprende del acto de la autoridad y que recae en la esfera de derechos del gobernado promovente del juicio constitucional. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la Ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se trasgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley reglamentaria toma en cuenta, para la procedencia del juicio de constitucional de amparo. Es aplicable al caso, por su contenido sustancial, la tesis de jurisprudencia 293 de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 313, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice 1917- Septiembre 2011, Materia Común, Novena Época, Registro 1002359, rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conviene establecer que de las constancias remitidas por el 1. Juez Vigésimo Quinto Familiar, con sede en la Ciudad de México, se advierte la existencia del expediente ********** de su índice, donde en lo que aquí interesa, se ha tramitado lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el seis de marzo de dos mil diecinueve, **********, demandó el divorció incausado (fojas 119-123). 2. Por proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve el Juez responsable previno al aquí tercero interesado para que aclara las irregularidades ahí descritas (fojas 130 y 131). 3. A través del escrito de veintidós de marzo siguiente el aquí peticionario de amparo, aclaró su demanda (fojas 132 y 133). Mediante proveído de veintisiete de marzo posterior el Juez responsable tuvo por desahogada la prevención de mérito y admitió a trámite la referida demanda y ordenó emplazar a la parte demandada ********** (quejosa), a través de exhorto librado al Juez competente de Alvarado, Veracruz (fojas 138-140). 4. El diez de junio siguiente, se practicó el emplazamiento de la hoy recurrente Diana Alicia Luna Luque -acto reclamado destacado- (foja 153 vuelta). 5. Seguida la secuela procesal el diez de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre la hoy quejosa y el tercero interesado (fojas 171-173). En el ocurso constitucional se alega que los actos reclamados son violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales, así como de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, pues la quejosa no fue oída ni vencida en juicio. Dice el emplazamiento no se llevó conforme a derecho, al adolecer de diversos vicios formales, destacando que se practicó en un lugar que no era el domicilio de la impetrante. Ahora bien, independientemente de lo aducido por la disidente, la sentencia dictada en el juicio natural, únicamente declaró disuelto el vínculo matrimonial que la unía con el tercero interesado. Sin hacer condena alguna de pago de pensión alimenticia entre cónyuges (dejando expeditos los derechos de las partes para hacerlos valer en la vía y forma que estimen pertinente). Declaró disuelta la sociedad conyugal que rigió el matrimonio, la cual se liquidará en ejecución de sentencia en caso de existir bienes que la integren. Tomando en consideración lo anterior, es de concluirse que la diligencia de emplazamiento no causa un agravio personal y directo contra la hoy quejosa. Ningún derecho legítimamente tutelado le fue retirado con el dictado de la sentencia en cuestión. Conforme al libre desarrollo de la personalidad, entendido como un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. Por ello aún y cuando el emplazamiento adoleciera de algún vicio, no causa agravio personal y directo a la solicitante de derechos humanos, quien no cuenta con el derecho a oponerse a que el tercero interesado se divorcie de ella en ejercicio al libre desarrollo de su personalidad. El cual constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En apoyo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obra en la página 570, del Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2009591, Materias Constitucional y Civil, siguiente: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). El libre desarrollo de la personalidad constituye la expresión jurídica del principio liberal de "autonomía de la persona", de acuerdo con el cual al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de éstos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, así como a impedir la interferencia de otras personas en su persecución. En el ordenamiento mexicano, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes, cuyos límites externos son exclusivamente el orden público y los derechos de terceros. De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante." Respecto a que en la sentencia emitida en el juicio de origen se estableció que en caso de existir bienes su liquidación se hará en la sección de ejecución. No implica pronunciamiento sobre el régimen patrimonial, por el contrario, tal cuestión se dejó para la sección de ejecución. Por tanto, la impetrante se encuentra en aptitud de apersonarse y alegar lo que estime conveniente sobre dicho tópico en esa fase del litigio. En su defecto, hacer valer sus derechos en la vía que considere conducente. Sin que desde luego se esté en el caso de indicar la autoridad jurisdiccional ordinaria competente o el medio de defensa que pudiera hacer valer en ese juicio. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 125/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja 1583, del Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital 2002215, Materias Constitucional y Común, Décima Época, siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." En consecuencia, al no encontrase acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, así como sus consecuentes daños y perjuicios que afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61, en relación con la diversa V del precepto 63, ambos de la Ley de Amparo. Por el resultado obtenido, resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice. Su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. No cambiaría el sentido de la resolución. Es aplicable, por las consideraciones en que se sustenta, la jurisprudencia 822 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 911, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Novena Época, materia Común, registro 1002888, que lleva por rubro y texto los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Así también, conviene mencionar que al actualizarse la causa de improcedencia antes mencionada, no permite analizar el fondo del asunto, lo que se apoya en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, materia Común, registro 394465, con el título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. " Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, contra el emplazamiento al juicio de divorcio incausado ********** del índice del Juzgado responsable y, como consecuencia, todas las actuaciones subsecuentes, como son la sentencia que puso fin a ese sumario; y, su ejecución consistente en el levantamiento del acta de divorcio. Atribuidos al 1. Juez Vigésimo Quinto Familiar, 2. Secretario Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Quinto Familiar, 3. Apoderado Legal del Registro Civil, todas con sede en la Ciudad de México y 4. Secretario de Acuerdos del Juzgado Municipal de Alvarado, Veracruz. Por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma Mario De la Medina Soto, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad de Boca del Río, ante Juan Manuel Cárcamo Sánchez, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de enero de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 15245 signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 209/2020-II-TR del índice de este órgano jurisdiccional. De las constancias que integran el exhorto aludido, se aprecia el nueve de diciembre pasado **********-tercero interesado- fue emplazado al presente sumario constitucional. Dese de baja dicha comunicación como DILIGENCIADA. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, teniendo en cuenta que de la diligencia de emplazamiento se aprecia que el aludido tercero interesado ********** no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o en la conurbada de Veracruz, Veracruz, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de radicación y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, háganse las subsecuentes notificaciones aún de carácter personal, por lista de acuerdos. Sin perjuicio que con posterioridad decida hacer el señalamiento respectivo, para lo cual conserva expedito su derecho. Notifíquese una vez que se reanuden plazos en términos de la circular CAP/3/2020.
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