Deyvi Rene Vázquez Olivares
Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Deyvi Rene Vázquez Olivares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de abril de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención que se le realizó en proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dentro del plazo que le fue concedido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento indicado en dicho auto y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte el directo quejoso **********, ratificó en todas y cada una de sus partes la demanda de amparo con la cual se formó el expediente en que se actúa. No obstante lo anterior, está pendiente transcurra el plazo de cinco días concedido al citado impetrante para que cumpla la prevención efectuada en el auto de veintidós de marzo del año en curso. En este orden, no es factible emitir pronunciamiento respecto de la admisión o no de la demanda, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado o presente su desahogo. Notifíquese...".
- Principal
"...Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa de Enríquez, por medio del cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 155/2020 de ese índice. Se advierte la Superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el solicitante de derechos humanos contra el auto de desechamiento de veintiuno de octubre de dos mil veinte... En atención a lo ordenado por la Superioridad, se provee respecto de la tramitación del presente asunto. En el particular debe destacarse la demanda de amparo fue promovida (en línea) por **********, por propio derecho (firmada electrónicamente por su autorizado). Atento al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte (prorrogado en el diverso 1/2021), se provee: SUSPENSIÓN DE PLANO: De la lectura íntegra de la demanda, se advierte el acto reclamado consiste medularmente en la negativa de otorgarle licencia por el padecimiento de virus SARS COVID-19 y, en consecuencia, obligarlo a regresar a sus tareas laborales con lo que violan su derecho a la salud y a la vida, por pertenecer a un grupo vulnerable, ya que padece enfermedades pulmonares, y secuelas en su salud, pues no se había recuperado de la enfermedad Virus SARS COVID-19. En el capítulo de hechos la solicitante de amparo manifestó, bajo protesta de decir verdad, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Es médico no familiar **********, trabajador de base del Instituto Mexicano del Seguro Social, número de seguridad social **********. Adscrito a la Coordinación Clínica de Turno de José Cardel, Veracruz. - Se contagió de SARS COVID-19, por lo que le fue otorgada incapacidad, pero al día de la presentación de la demanda debía regresar a laborar. Realizó diversas gestiones desde que se enteró debía reintegrarse a sus labores, al ser COVID positivo en recuperación a fin que el Instituto responsable le aprobara la suspensión de labores. Lo que le fue negado. Ahora, previo a que el suscrito emita el pronunciamiento respectivo, es dable precisar lo siguiente: En el presente asunto originalmente el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, concedió la suspensión de plano al impetrante, para luego declinar a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en turno. Mediante auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte este juzgado al que correspondió el turno de la referida incompetencia radicó el presente juicio 567/2020- VII y procedió a desechar la demanda. En ese auto además, con motivo del referido desechamiento, dejó sin efecto la medida cautelar otorgada por la homóloga federal en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo. Bajo ese tenor, no obstante este órgano en otros juicios ha determinado que al estar vigente el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció regulación especial, entre otros aspectos, con reglas específicas a partir del mes de agosto del dos mil veinte en cuanto a plazos para acordar y reactivar los asuntos ya radicados y presentados en dicho periodo. Así como a las cuestiones particulares que para cada autoridad, en el ámbito de sus actividades se han establecido en la jurisdicción de este órgano. Destacando los lineamientos de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, quienes al día de hoy han reaperturado sus labores en su momento suspendidas. Aunado a que el semáforo epidemiológico en esta entidad federativa, en la fecha de emisión del acuerdo, se ha catalogado a nivel federal en color amarillo, no resulta procedente acordar respecto de la suspensión de plano. En el caso particular se estima dadas las circunstancias ya anunciadas, tanto por el hecho de que inicialmente el juez de origen proveyó sobre la suspensión de plano, como por el hecho de que al revocar el desechamiento toca ocuparse del análisis de los demás requisitos de forma de la demanda, entre los que destaca el presupuesto de la personalidad, hacen nota distintiva para acordar sobre la suspensión en este momento. En esos términos se provee lo siguiente: Como ya se dijo, el impetrante basa su pretensión en que es médico no familiar **********, trabajador de base en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de seguridad social **********, adscrito a la Coordinación Clínica de Turno de José Cardel, Veracruz y, en la fecha que presentó la demanda, era positivo COVID, además de padecer diversas afecciones (sin especificar cuáles). Por lo que se encuentra dentro de la población en situación de vulnerabilidad. Ahora, para que proceda la suspensión del acto reclamado es indispensable que, entre otros requisitos, se satisfaga el presupuesto básico relativo a que con esa medida cautelar no se contravengan disposiciones de orden público o se perjudique el interés social. Tal y como se desprende del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. Es un hecho notorio que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. El Consejo de Salubridad General -quien tiene el carácter de autoridad sanitaria y cuyas disposiciones generales son obligatorias para el país- en sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó reconocer la epidemia en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. En tal sesión, también se mencionó que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia. Por lo anterior, la Secretaría de Salud, en términos del artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, expidió el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. A pesar de las acciones implementadas por el Gobierno Federal, la Secretaría de Salud reportó el aumento del número de casos, por lo que el Consejo de Salubridad General, determinó la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARSCoV2 (COVID-19), con el propósito de proteger la salud de los mexicanos, mediante acuerdo publicado el treinta de marzo de dos mil veinte, donde se señaló que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones necesarias para atender dicha emergencia. En ese contexto, el titular de la Secretaría de Salud, a través de acuerdo publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el multicitado medio de difusión oficial, dictó el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2". El acuerdo antes aludido, fue modificado mediante el diverso "Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020", en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de abril de dos mil veinte. Asimismo, se debe tener en consideración lo dispuesto en el "Acuerdo por el que se establecen los criterios en materia de administración de recursos humanos para contener la propagación del coronavirus COVID-19, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", publicado en el aludido medio de difusión federal el veintitrés de marzo de dos mil veinte, el cual fue emitido para organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos sean gestionados con los criterios de eficacia, legalidad y eficiencia, por lo que se consideró necesario tomar medidas que permitieran coadyuvar a la prevención del contagio del virus en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mismo que en su artículo décimo establece: "Artículo décimo. Quedan excluidas de la aplicación del presente Acuerdo las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las Instituciones y autoridades que en función de sus atribuciones participen directa o indirectamente en la Seguridad Nacional, la Guardia Nacional y la de Seguridad Ciudadana, así como las Instituciones o unidades administrativas que presten servicios públicos de salud, protección civil y demás bienes y servicios que sean esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, y todas aquellas dependencias y/o unidades que determine el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. [...]" El catorce de mayo del dos mil veinte, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación, el "Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidémico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias". Mediante el cual se determinó la estrategia para la apertura consistente en tres etapas, señalando mediante colores las medidas de seguridad sanitaria apropiadas para las actividades laborales, educativas y el uso del espacio público, entre otros aspectos. El veintinueve de mayo siguiente, la Secretaría de Salud, en coordinación con las Secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas". El veintisiete de julio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad". Por virtud del cual se indicó que las Secretarías de Salud, y de Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social lo haría por conducto del sitio web https://coronavirus.gob.mx/ En dicho portal pueden consultarse los "Criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo". Del marco normativo en comento, se deprende que se dispuso la suspensión de actividades no esenciales con miras a mitigar la dispersión y transmisión del virus y se exhortó a la población al resguardo domiciliario, pero también se señalaron las actividades esenciales que continuarían funcionando, entre ellas, las directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. Se definió que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado deben instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad. Se estableció una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidémico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa. Asimismo, se fijaron criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que tienen mayor riesgo de desarrollar una complicación o morir por COVID-19 en la reapertura de actividades económicas en los centros de trabajo. En la especie, el quejoso manifestó ser trabajador de base del Instituto Mexicano del Seguro Social, actividad que es de carácter esencial, en términos de la fracción II, inciso a), del artículo primero del diverso "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. Ahora, de la información publicada al día de hoy en el portal https://coronavirus.gob.mx/, el semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19 ubica al Estado de Veracruz en color amarillo. En el caso concreto el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados a fin de permanecer en resguardo domiciliario al referir ser portador del virus SARSCoV-2 (COVID-19), entre otras afecciones -las que no señala ni justifica padecer-. Sin embargo, de los documentos que adjuntó a la demanda de amparo se aprecia la prueba realizada para detección del mencionado virus -que resultó positiva-realizada el veintidós de abril de dos mil veinte. Asimismo, se evidencia las incapacidades que le fueron otorgadas, destacando el resultado del laboratorio del Hospital Ángeles de Xalapa en el que se advierte el seis de junio de dos mil veinte fue negativo a COV-2, así como la nota de atención médica de veintidós de junio de dos mil veinte, que refiere recuperación plena en tiempo máximo de cien días. Por lo que a la presente data dicho lapso ha transcurrido en exceso. En ese orden de ideas, a la fecha no se cuenta con constancia médica alguna expedida a favor del quejoso que acredite la revaloración correspondiente y se encuentre vigente para encajar en supuesto de concesión de la medida cautelar solicitada. Y, si bien es cierto el impetrante habría interpuesto su demanda de amparo el diecinueve de octubre de dos mil veinte, el pronunciamiento de la presente medida suspensiva debe constreñirse a la situación actual de las condiciones epidemiológicas imperantes y los lineamientos referidos en líneas precedentes. De ahí que resulte improcedente conceder la suspensión de plano para el efecto de que el quejoso se ausente de sus labores como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de estimarlo así, se vulnera lo previsto en el artículo 129, fracción V, de la Ley de Amparo, al contrariarse el interés social. Asimismo, de concederse la medida cautelar se afectaría a la colectividad en un grado superior, ya que de acuerdo con la situación de emergencia que atraviesa el país, resulta indispensable la continuidad en la actividad del sector salud por lo que su pretensión de dejar de asistir a trabajar es contraria a la intención plasmada en los acuerdos administrativos invocados, en los que se definió que son actividades esenciales las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención. Por lo anterior, se niega la suspensión de plano solicitada. PREVENCIÓN: Ahora, antes de proveer lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, este Órgano Federal la analizó atendiendo a las disposiciones de la Ley de Amparo. Específicamente el artículo 114. El dispositivo mencionado otorga la facultad de prevenir al promovente del amparo a efecto de que aclare su demanda cuando incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan. Para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada. Así, se previene a la parte quejosa para que cumpla con lo que más adelante se precisará. Tendrá para hacerlo el término de cinco días contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído. Sus manifestaciones deberán ser bajo protesta de decir verdad. Deberá acompañar las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114 de la Ley de Amparo. .. 1. En primer lugar se advierte ********** promueve la demanda de amparo por conducto de su autorizado **********, quien firmó electrónicamente la demanda. Sin que obre la signatura autógrafa del propio impetrante del amparo. No obstante, en el presente asunto la litis es sobre la afectación al derecho humano a la salud del impetrante de derechos humanos. Lo que en este caso se encuadra por equiparación en la hipótesis de los numerales 3, último párrafo y 15 de la Ley de Amparo, dentro del contexto del fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Por lo que dado lo resuelto por el tribunal colegiado en la queja se atiende aun sin contar con todos los requisitos para el juicio en línea. De conformidad en lo dispuesto por el artículo 17 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, donde se establece la excepción al requisito de firma electrónica cuando se esté dentro los asuntos de urgencia. Por tanto, en aras de garantizar el derecho fundamental de la salud, con fundamento en el artículo 17 constitucional, se ordena al actuario de guardia adscrito a este órgano de control constitucional a fin de que se comunique al número telefónico y/o correo electrónico que el promovente refirió como del directo quejoso, y coordine la diligencia de ratificación de firma se lleva a cabo a través del medio alternativo de videoconferencia, tomando en consideración que el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establece la utilización de videoconferencias por regla general conforme a los protocolos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, siempre y cuando esté debidamente justificado conforme a los supuestos ahí previstos y se cumplan, a criterio del suscrito, las condiciones para la utilización del citado medio de comunicación. Ante ello y como justificación de dicha determinación, es aplicable el artículo 27, fracciones III y IV del acuerdo general citado en último término. Lo anterior es así, en razón de que es un hecho que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. La reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad". Lo que implica continuar con las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesaria para enfrentar la contingencia. De ahí que se insista en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. A fin de evitar que las partes se concentren físicamente en las áreas de los juzgados y con ello evitar la propagación del virus Covid-19. En ese sentido, es dable precisar que conforme al Anexo Técnico adjunto al Acuerdo General 12, establece que los beneficios tecnológicos del uso de las herramientas tecnologías y actualmente existen diversas opciones desde donde realizar la interconexión de dispositivos, así como diferentes tipos de enlaces de telecomunicaciones, a través de los cuales se puede llevar a cabo una videoconferencia. Asimismo, requiera al directo quejoso para que al momento de la notificación del presente acuerdo, ratifique la demanda en comento, o bien, lo haga dentro de los tres días siguientes. A fin de lograr lo anterior, atendiendo a las medidas preventivas de contagio por COVID-19 a efecto de evitar traslados innecesarios del personal judicial, y tomando en consideración que el autorizado del quejoso **********, proporcionó números telefónicos y correos para realizar diligencia a través del método alternativo de videoconferencia. Con el apercibimiento que de no cumplir con tal requerimiento se tendrá por no presentada la demanda, con las consecuencias legales inherentes. 2. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, en sus fracciones IV y V, establece los requisitos que debe cumplir el gobernado al formular la demanda de amparo, que a continuación se indica: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] IV. La norma general acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [...]" Como se advierte del artículo mencionado, es obligación del gobernado señalar la norma general acto u omisión que de cada autoridad reclame, así como los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Esto bajo protesta de decir verdad. La finalidad es reunir los requisitos que establece el numeral citado. Ahora, lo aquí reclamado quedó precisado en el apartado de suspensión de plano. Específicamente es la negativa de otorgarle licencia por el padecimiento de virus SARS COVID-19 y, en consecuencia, obligarlo a regresar a sus tareas laborales como médico no familiar **********, trabajador de base del Instituto Mexicano del Seguro Social, número de seguridad social **********. Adscrito a la Coordinación Clínica de Turno de José Cardel, Veracruz. Refiere que a pesar de tener conocimiento de su situación nunca se atendió el hecho de otorgarle suspensión de labores, lo que constituye una negativa por omisión, vulnerando su derecho a la salud. Sin embargo, el solicitante de amparo hizo el señalamiento del acto en forma genérica. No precisa concretamente lo que impugna a las autoridades con residencia en la Xalapa, Veracruz. Aunado a lo anterior, de los anexos que acompaña a su demanda tampoco se evidencia participación o intervención alguna de las autoridades responsables con sede en Xalapa, Veracruz, a saber: 1. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona Norte del Estado de Veracruz y 2. Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Xalapa, ambas con sede en Xalapa, Veracruz. Incluso la primera en asuntos similares tramitados en este juzgado (invocados como hecho notorio) ha sostenido al rendir sus informes que ninguna injerencia tiene en actos que consideran atribuibles, en específico, a las autoridades de hospital o centro de salud donde quienes piden el amparo prestan sus servicios. Y las autoridades que han tenido injerencia en la situación laboral de los solicitantes de amparo han sido específicamente las correspondientes al nosocomio de adscripción de las o los peticionarios de amparo. Por lo anterior, el impetrante del amparo -bajo protesta de decir verdad- deberá: Primero. Aclarar si insiste en llamar como autoridades responsables al 1. Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Zona Norte del Estado de Veracruz y 2. Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Xalapa, ambas con sede en Xalapa, Veracruz. Conforme lo dispone la fracción IV del ordinal 108 de la ley de la materia. O bien, si desiste de su intención de señalarlas como responsables en el presente juicio. Segundo. De insistir en tenerlos como responsables, precisar los actos u omisiones que concretamente reclama a cada una, además deberá manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos u omisiones que impute a dichas autoridades. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir en sus términos con lo indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo y quedará sin efecto la suspensión concedida en párrafos precedentes. Hágase saber al promovente que el desahogo a la prevención efectuada, únicamente podrá realizarlo quien promueve la demanda, por constituir un acto de carácter personalísimo, lo que implícitamente conlleva que sólo el directo quejoso puede formular esa protesta... Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa...".
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