Diana Alcantar Contreras

Expediente 767/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
767/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Diana Alcantar Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha el promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de junio del año en curso, dictado dentro del presente juicio, en el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto. Por lo señalado, archívense las actuaciones como asunto concluido. Ahora, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, uno de junio de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Diana Alcantar Contreras, contra actos del Juez de Control, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 767/2022-6. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese orden, de la lectura íntegra a la demanda de amparo permite advertir que el acto reclamado se hace consistir: "IV.- ACTO RECLAMADO. Desechamiento. Acotado lo anterior, se estima que por lo que hace al acto señalado, este órgano de control constitucional advierte que, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto transcrito, prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, que a su vez consagra el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el peticionario de amparo tiene la obligación de agotar los recursos ordinarios que la ley señala y a través de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar la resolución que se reclame, siempre que no se trate de alguno de los casos de excepción previstos en la propia norma. A mayor abundamiento, es prudente señalar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, por lo cual, su estructura está fundamentada en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional, en tanto que obliga a los quejosos a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que significa que la vía indirecta sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Para que se actualice la causal de improcedencia aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen, o se ubique en algún otro caso de excepción. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supra, para que se actualice la causa de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos -que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se surte en la especie, toda vez que la determinación reclamada fue emitida por el Juez de Control Especializado en Ejecución, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal 551/2011. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que la resolución de once de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control Especializado en Ejecución en esta ciudad, en la causa penal 551/2011, por la que se dejó sin efecto la medida cautelar que garantizaba la reparación del daño, que constituye el acto reclamado, es una determinación contra la que procede el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto por los numerales 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen lo siguiente: "Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley." De los dispositivos transcritos, se aprecia que las resoluciones que se pronuncien en relación con la reparación del daño, deben ser combatidas mediante el recurso de apelación. En ese sentido, si el acto reclamado constituye una determinación derivada de una causa penal que es susceptible de ser impugnada a través del recurso de apelación previsto en los arábigos 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual tiene por efecto confirmar, revocar o modificar el acto; por lo que la parte quejosa tenía a su alcance un medio de defensa que debía agotar. Finalmente, el tercer requisito de la causa de improcedencia en estudio ?que el peticionario de amparo no tenga el carácter de tercero extraño?, se actualiza porque la parte quejosa no tiene tal carácter, toda vez que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad se obtiene que a la quejosa le reviste el carácter de víctima en la causa penal de origen, por tanto, su acción de amparo se condiciona al previo agotamiento del recurso ordinario procedente. En esa intelección, si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla -recurso de apelación-, por virtud del cual se puede confirmar, modificar o revocar el acto que se reclama previo a acudir a la presente vía constitucional, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad, por lo que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De igual forma, no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, con motivo de que el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Por tanto, se reitera que toda vez que la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla expresamente contra el referido acto reclamado el recurso de apelación, como ya se dijo, debe agotarse dicho medio de impugnación, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, al haber operado la causal de improcedencia abordada lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia Domicilio procesal y autorizados Téngase a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, así como proporcionando número móvil y correo electrónico, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a .... Acceso al expediente y notificación electrónica De igual forma, se tiene al ocursante solicitando se le realicen las notificaciones de forma electrónica, así como la autorización para el acceso al expediente electrónico del presente asunto, para tal fin proporciona el usuario "faustlic02". Por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que el promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante el usuario que proporciona; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en cuanto a las notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte promovente que se trata, dado que así lo solicita expresamente. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito de demanda que se atiende, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Por tanto, se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que habilite a los usuarios indicados en el referido Sistema para la consulta de este asunto en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx del aludido Portal de Servicios en Línea de la institución. Habilitación de días y horas inhábiles Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el arábigo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, con base en los numerales 282, 311 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.

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