Deyanira Hernández Flores
Expediente 1900/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1900/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Deyanira Hernández Flores
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito firmado por Mariano Roche Ortega, autorizado de la parte quejosa y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución del documento que solicita, previa copia que del mismo se deje en autos, así como toma de razón de su recibo.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97 fracción I inciso a), del mismo ordenamiento legal. Bajo la supervisión del Secretario encargado del trámite, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese como asunto concluido, lo anterior con apoyo en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Por último, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21 fracción b) del referido acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por Deyanira Hernández Flores contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número de juicio de amparo 1900/2022-2, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano la demanda Sin proveer sobre su admisión, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En la especie, la parte quejosa hace consistir como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo en el expediente laboral 2183/2018-3C, al haber excedido los plazos y términos establecidos en el numeral 885 de Ley Federal del Trabajo, aduciendo que el catorce de septiembre de dos mil veintidós, se cerró la instrucción en dicho procedimiento. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, éste aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos en cita, se obtiene que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 37/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006589, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el seis de junio de dos mil catorce, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, la omisión que se combate en esta vía, no es de aquellos actos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se trata de una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. Ello, tomando en cuenta lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y, del anexo que adjunta a su demanda, que por auto de catorce de septiembre del presente año, en los autos del juicio laboral 2183/2018-3C, del índice de la responsable, se decretó el cierre de la instrucción y, a pesar de ello, a la fecha no se ha emitido el laudo correspondiente, tal y como lo prevén los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, si el cierre de instrucción se decretó el catorce de septiembre del año en curso, los plazos que contemplan los numerales 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, para pronunciar el laudo relativo, corresponden a un total de veinticinco días hábiles, esto es, diez días para la formulación por escrito del proyecto de laudo, cinco días para que los integrantes de la Junta se impongan del mismo y en su caso soliciten la práctica de diligencias y diez días más para la votación y discusión del mismo. Luego, dicho plazo transcurrió del quince de septiembre al veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, sin contar los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco septiembre, uno, dos, ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre del año que transcurre, por haber sido inhábiles, así como el veintitrés de septiembre y catorce de octubre del año curso, al haber sido declarados días de descanso para la junta responsable de acuerdo a las Circulares DRH-017 y DRH-018, emitidas por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, respectivamente. Luego, si la demanda de amparo de que se trata, se recibió el veintitrés de noviembre del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, se pone de manifiesto que no se está en presencia de una dilación excesiva, lo cual únicamente ocurre en materia laboral, cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, a partir de que concluyó el plazo establecido legalmente para el dictado del laudo correspondiente - veinticuatro de octubre de este año-. En ese tenor, se considera razonable estimar que no existe una abierta dilación en el procedimiento de origen, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia 33/2019 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 294/2018, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el uno de marzo de dos mil diecinueve, con el registro 2019400, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, éste último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se trata, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Domicilio y autorizados Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salvador Escobar Gudina, Carlos Alberto Barragán Rodríguez, ******************** y Mariano Roche Ortega. Asimismo, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico y el número de teléfono que indica, los que deberán ser tomados en consideración para, en su caso, facilitar el proceso de notificación. Acceso y notificaciones electrónicas En virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada en el módulo de "autorizados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del nombre de usuario "********************", correspondiente a ********************, como se solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las gestiones necesarias para generar los permisos correspondientes. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Exhortación para uso de medios electrónicos. Se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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