Deyvy Santiago Burgos Fernandez

Expediente 1869/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1869/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Deyvy Santiago Burgos Fernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 950/2022-IV promovido por ********************, en contra de los actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 5, 14, 16, 25, 28, 133 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, Resultando: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en línea el seis de abril de dos mil veintidós, recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de este juzgado, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, los cuales rindieron en su oportunidad, asimismo, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de conformidad con el acta que antecede, y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de un juicio de amparo promovido contra una norma general con motivo del acto de aplicación que tuvo lugar dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Segundo. Precisión de actos. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: Del H. Congreso y C. Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Yucatán, en sus respectivos ámbitos de competencia, se reclama: La discusión, aprobación, sanción y promulgación de los artículos 5, 18, 19, 20 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, que contiene violaciones de los derechos fundamentales expuestos en esta demanda de amparo a raíz de su primer acto de aplicación mediante la publicación de la convocatoria y proceso de licitación No. ********************. De la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, reclama lo siguiente: La emisión, firma y ejecución de los artículos 29 y 31 del Acuerdo SAF 37/2021 por el que se emiten los Lineamientos para establecer los términos, etapas y pautas de los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios publicado el jueves 12 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de Yucatán, que contiene violaciones de los derechos fundamentales expuestos en esta demanda de amparo a raíz de su primer acto de aplicación mediante la publicación de la convocatoria y proceso de licitación No. ********************. Del Director General del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, reclama lo siguiente: La emisión, firma, ejecución y publicación en Diario Oficial de la convocatoria de licitación No. ********************que contiene violaciones de los derechos fundamentales expuestos en esta demanda de amparo. La totalidad del proceso de licitación No. IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022, desde su emisión, publicación de convocatoria y hasta la conclusión del procedimiento, incluyendo el fallo, adjudicación y contratación, su ejecución y consecuencias mediatas e inmediatas; por la violación de derechos fundamentales incluyendo pero sin limitarse a la violación de los principios de a) concurrencia, b) igualdad, c) publicidad y oposición que deben regir en toda licitación. Del Director del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, reclama: La solicitud de contratación de un servicio para la implementación y operación de un sistema de recarga y recaudo cerrado para el sistema integrado de transporte público de la zona metropolitana de Mérida - Yucatán y equipos de carga, recarga y venta de tarjetas de prepago, relacionado con la licitación No. ********************con violaciones de los derechos fundamentales expuestos en esta demanda de amparo. La omisión de proyector y ejecutar, en términos de la legislación aplicable, todas las obras necesarias para la implementación, conservación y vigilancia de la infraestructura, de la tecnología y de los servicios relacionados con el Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible, toda vez que la licitación impugnada viola los términos de la legislación aplicable según se narra en la demanda, conforme lo establece su estatuto orgánico. La omisión de cumplir con la obligación de transparencia y publicidad en el diseño e implementación del sistema de pago electrónico para simplificar el acceso al servicio y que propicie la integración multimodal del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible. Del Director Administrativo del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, reclama lo siguiente: La suscripción de convenios y contratos en materia de adquisiciones y servicios, entre otros actos de administración requeridos por el Instituto al que se encuentra adscrito, en relación con la licitación No. ******************** que se impugna, conforme lo dispuesto en el estatuto orgánico. Ello por violar derechos fundamentales como se expone en esta demanda de amparo. El arbitrario e inconstitucional uso de su facultad para gestionar ante autoridades la adquisición de recursos financieros, materiales y tecnológicos para el Instituto al que se haya adscrito, así como la reorientación de los recursos presupuestarios no erogados por el ejercicio fiscal correspondiente, en relación con la licitación No. ********************. Ello por violar derechos fundamentales como se expone en esta demanda de amparo. La omisión de cumplir con su obligación legal para dirigir y verificar el adecuado desarrollo de los procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleva a cabo el Instituto donde se haya adscrito, en relación con la licitación No. IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022, vigilando que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución y los Tratados Internacionales que protegen derechos fundamentales así como la legislación aplicable. Ello por violar derechos fundamentales como se expone en esta demanda de amparo. La omisión de cumplir con su obligación legal de supervisar que los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de los diversos servicios se ajusten estrictamente a la normatividad legal vigente, contemplada en la fracción XXIV, artículo 27 del Estatuto Orgánico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial modificado mediante acuerdo IMDUT 06/2021, en tratándose de la licitación No. ********************según se narra en la presente demanda. Del Director General, Director Administrativo, Director del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible, y Comité de Adquisiciones todos del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, así como del Secretario de Administración y Finanzas y Subsecretario de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas todos del Estado de Yucatán, reclama lo siguiente: La totalidad del proceso de licitación No. IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022, desde su emisión, publicación de convocatoria y hasta la conclusión del procedimiento, incluyendo el fallo, adjudicación y contratación, su ejecución y consecuencias mediatas e inmediatas. La convocatoria y en consecuencia todo el proceso de licitación No. ******************** se impugna por vicios propios así como por ser una consecuencia de las normas generales tildadas de inconstitucionales, tal y como se narra a lo largo de la demanda, y Las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas que se pudiesen derivar con motivo de los actos reclamados. Tercero. Inexistencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Subsecretario de Adquisiciones, refirió que no es cierto el acto que se le reclama a esta última autoridad responsable (foja 213), por lo que al no haber sido desvirtuada dicha negativa por parte de la quejosa, se tiene por inexistente dicho acto. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y el quejoso no desvirtúa esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de actos reclamados. Al rendir su informe justificado el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, en representación del Secretario de Administración y Finanzas; el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán; Director Jurídico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, en representación del Director General del citado Instituto; Director Administrativo del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, por sí y como Servidor Público que preside las reuniones colectivas (esta última que se había señalada como Comité de Adquisiciones del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán); Directora del Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible; y Directora Jurídica del Poder Legislativo en representación del Congreso del Estado de Yucatán, todos con residencia en esta ciudad, refirieron que son ciertos los actos que se les reclaman dentro de sus competencias, por lo que deben tenerse por existentes. Máxime que respecto de la norma reclamada, no es necesario acreditar su existencia, ya que esa certeza está implícita en los actos que se le reclaman, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba por encontrarse publicados en un medio de difusión oficial, como lo es, el Diario Oficial del Estado, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, y además con apoyo en la jurisprudencia, número 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, del Tomo XII, de Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, con número de registro 233090, primera parte. De ahí que se considere infundado lo alegado por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, en relación a que los actos reclamados son inexistentes. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Directora Jurídica del Poder Legislativo en representación del Congreso del Estado de Yucatán, así como todas las autoridades dependientes del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifiestan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa no acredita el interés jurídico o legítimo que le está afectando, aduciendo que no le causa ningún agravio personal y directo en su esfera jurídica la publicación de la licitación que se reclama. Es infundada la citada causal de improcedencia, para verificar lo anterior se considera necesario transcribir el citado precepto legal: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Del anterior precepto legal se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Ahora bien, se dice que es infundada la causal de improcedencia en razón de lo siguiente: La licitación pública ********************se realizó para la contratación de un servicio para la implementación y operación de un sistema de recarga y recaudo cerrado para el sistema integrado de transporte público de la zona metropolitana de Mérida-Yucatán y equipos de carga, recarga y venta de tarjetas de prepago. Ahora bien, la parte quejosa exhibió como documento para acreditar su interés jurídico, copia certificada de la escritura pública seiscientos treinta y tres, expedida por el Titular de la Notaria Pública Número Ochenta y Ocho, con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la cual consta el acta constitutiva de la persona moral aquí quejosa Enlaces Inteligentes, Sociedad Anónima de Capital Variable, misma que en los estatutos del Capítulo I, artículo segundo, se estableció el objeto de la sociedad, y dentro de los cuales en su punto 3. se dijo: De lo anterior, se puede apreciar que la parte quejosa sí acredita su interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo, toda vez que uno de los objetos de la persona moral quejosa es prestar los servicios para los cuales fue creada la licitación ********************de ahí que se pueda afirmar lo infundado de la causal de improcedencia que señalaron las citadas autoridades responsables. Por otra parte, todas las autoridades dependientes del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifiestan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa promovió su demanda de amparo de manera extemporánea, dando lugar a que los actos reclamados se encuentran consentidos tácitamente. Se considera infundada la citada causal de improcedencia, debido a que la parte quejosa al momento de subsanar la prevención que se le efectuó por parte de este Juzgado, en su escrito de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día quince de marzo de dos mil veintidós (un día después de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de la licitación que se combate), por lo que al haberse reclamado de manera heteroaplicativa tenía el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, por lo que al haberla presentado el día seis de abril de dos mil veintidós se considera de manera oportuna, ya que el plazo transcurrió del dieciséis de marzo, al seis de abril de dos mil veintidós, descontando los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo, así como dos y tres de abril de dos mil veintidós, de ahí que se pueda afirmar que la demanda de amparo se presentó dentro del plazo de los quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, y lo infundado de la citada causal de improcedencia. Por otro lado, todas las autoridades dependientes del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifiestan que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVI de la Ley de Amparo, debido a que los actos reclamados ya se encuentran consumados de forma irreparable, debido que a la fecha ya se ha efectuado el fallo, adjudicación y contratación correspondiente a la licitación pública que se combate. Se considera infundada la citada causal de improcedencia debido a lo siguiente: La fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo aplicable, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .XVI.- Contra actos consumados de modo irreparable;." Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable, y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias jurídicas de su ejecución. Así tenemos que cuando se reclame un acto que dada la imposibilidad no sólo física, sino también jurídica no podría restituirse al peticionario en el goce del derecho violado, por virtud de que haya sido superada por alguna cuestión que fue debatida y que dada su naturaleza no podría dejarse sin efectos lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo la tesis aislada: I. 3o. A. 150 K, visible a foja 325, Tomo XIV, Materia Común, Diciembre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama entre otras cosas la totalidad del proceso de licitación No. IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022, desde su emisión, publicación de convocatoria y hasta la conclusión del procedimiento, incluyendo el fallo, adjudicación y contratación, su ejecución y consecuencias mediatas e inmediatas, así como diversas normas generales. Por tanto, si en el presente caso la peticionaria de amparo reclamó la referida licitación, es inobjetable que no se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, pues existe la posibilidad jurídica de restituirla en el goce del derecho violado en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, pues el efecto sería que se deje sin efectos la licitación reclamada, y en su lugar, se emita una nueva en base a los lineamientos que se establezcan en la sentencia, de ahí que sí se pueda reparar a la parte quejosa el derecho transgredido, y lo infundado de la citada causal de improcedencia. El Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, al rendir su informe justificado invoca como causal de improcedencia la prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, manifestando que la parte quejosa antes de venir al juicio de amparo tuvo que haber agotado la definitividad. Así, a fin de verificar la eficacia de la causa de improcedencia aludida, conviene precisar el contenido del precepto invocado: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo;" De la anterior transcripción se advierte que, por regla general, se surte la causal de improcedencia del juicio de amparo cuando tratándose de actos de autoridad administrativa, proceda contra ellos algún juicio, recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes que los contemplen, se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. Sin embargo, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tiene sus excepciones, siendo una de ellas precisamente, cuando se reclaman entre otros actos, normas generales o disposiciones de observancia general con motivo del primer acto de aplicación, siendo además optativo para el impetrante de amparo presentar el juicio, recurso o medio de defensa legal, o intentar desde luego el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por la sustancia jurídica en ella contenida, la tesis 251 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, Novena Época, Tomo I, Const., P.R. SCJN, página 184, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SI EL QUEJOSO OPTA POR IMPUGNAR EN LA VÍA ORDINARIA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SIENDO IMPROCEDENTE EL JUICIO A PESAR DE QUE PARA EL MOMENTO EN QUE LO PROMUEVA TODAVÍA NO SE HAYA ADMITIDO O DESECHADO EL RECURSO INTERPUESTO. El artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, establece que en el amparo contra leyes, el quejoso tiene la opción de elegir la vía de impugnación con motivo del primer acto de aplicación; en tal virtud, puede ejercitar de inmediato la acción de garantías, sin que tenga la carga de agotar el recurso o medio de defensa ordinario establecido en la ley del acto, o bien, agotar los recursos ordinarios, pero en este caso quedará supeditado al resultado de éstos, así como al de todas las demás instancias procedentes, en acatamiento al principio de definitividad previsto en la fracción XIV del citado artículo 73, que no admite la posibilidad de que coexistan el juicio constitucional y los medios de defensa ordinarios, teniendo el afectado que esperar a que el recurso se resuelva en definitiva, para después combatir en la vía constitucional la resolución correspondiente; pero si en vez de esperar promueve el amparo en contra de la ley y del acto de aplicación, aquél será improcedente en términos de las disposiciones legales invocadas, no obstante que para la fecha de presentación de la demanda de garantías, todavía no se haya admitido el medio de defensa ordinario, en virtud de que la procedencia del juicio de amparo debe encontrarse actualizada en el momento en que se presenta la demanda." Ahora bien, si en el presente juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de la impetrante de amparo, efectuado en la licitación ********************es claro que la peticionaria de amparo no estaba obligada a agotar los recursos ordinarios, al operar una excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. De ahí que se estime infundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable señalada. Finalmente, la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, refiere que la parte quejosa no formuló conceptos de violación, pues lo expresado en la demanda sólo constituyen manifestaciones dogmáticas que no configuran un problema de constitucionalidad que amerite su análisis; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia que nace de la interpretación del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Es infundada la causa de improcedencia. En primer término, porque la autoridad responsable parte de una premisa falsa, ya que la demanda de amparo sí contiene planteamientos dirigidos a cuestionar la constitucionalidad de los actos reclamados, y en segundo lugar, la calificación de los conceptos de violación es un aspecto que debe realizarse al analizarse el fondo del asunto, consecuentemente, es jurídicamente desacertado plantear como causa de improcedencia la posible ineficacia de los conceptos de violación. Expuesto lo anterior, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida analizar el fondo del asunto, sin que sea necesario realizar un estudio de cada una las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca. Ahora bien, la impetrante de amparo, en su escrito de demanda aduce en su sexto concepto de violación, básicamente, lo siguiente: Que la convocatoria de la licitación pública número IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022 transgrede los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, debida fundamentación y motivación, no garantiza las mejores condiciones de adquisición para el Estado, así como indebidamente restringe la libertad de su mandante a participar en la licitación, lo que implica una violación a los artículos 5, 14, 16 y 134, de la Constitución Federal, al encontrarse emitido sin sujeción a las normas que rigen el procedimiento. Afirma lo anterior, debido a que la hora fijada (15:00-quince horas) para concluir y negar de plano la posibilidad la adquisición y entrega de bases de licitación, y en consecuencia la participación de su mandante en la licitación pública, no tiene sustento normativo, al contrario resulta arbitraria. Alega lo anterior, diciendo que la convocatoria de la licitación pública número IMDUT-SERVICIO DE RECAUDO2022 debió sujetar el horario de adquisición y entrega de bases de licitación a las disposiciones anteriormente citadas, sea dentro de un horario de 08:00 a 18:00 horas como lo establece la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán; o en virtud del día de término, posibilitar su entrega dentro de las veinticuatro horas naturales. Además de que el horario establecido ni siquiera se respetó el minúsculo plazo de 2 -dos- días, pues a partir de que se publicó en el Diario Oficial el día 14 -catorce de marzo de 2022 a que se cerró la oportunidad de adquirir (y conocer) las bases e inscribirse a las 15:00 horas del día siguiente, 15 de marzo de 2022, no transcurrieron 48 horas, ni dos días completos. Son esencialmente fundados los argumentos de la quejosa. En efecto, se tiene que la licitación reclamada adolece de un vicio de carácter formal, que infringe en perjuicio de éste, siendo el derecho de fundamentación y motivación que tutela el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El citado artículo, en su parte conducente establece lo siguiente: "ARTÍCULO 16. (.) "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)". Tal derecho se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario. Por motivación, se ha comprendido la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera que el hecho se encuentra probado y es precisamente el previsto en la disposición legal que invoca como fundamento de su acto. Desde otro punto de vista, la fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendiente a tratar de establecer sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos que lo rigen. Tiene aplicación al presente asunto, por similitud de razón, la jurisprudencia 260, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, visible en la página 175, cuyo rubro y texto es el siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Así como la diversa jurisprudencia 264 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, visible en la página 178, cuyo rubro y texto es el siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca. Como puede observarse, los requisitos en comento se suponen íntimamente vinculados, en tanto que no es posible desde un punto de vista lógico, citar disposiciones legales sin relacionarlas con determinados hechos, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para determinadas disposiciones legales. Precisado lo anterior, cabe señalar que la convocatoria de la licitación reclamada se realizó en los siguientes términos y se fundamentó de la manera siguiente: Ahora bien, en la citada convocatoria se citaron diversos preceptos legales como fundamento de ésta, siendo los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, del Estado de Yucatán, así como lo señalado en el Título III del Acuerdo SAF 37/2021 por el que se emiten los Lineamientos para establecer los términos, etapas y pautas de los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; artículo 16 fracción I del Decreto 17/2018 por el que se regula el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial; el artículo 27 fracción XXV del Acuerdo IMDUT 06/2021 por el que se modifica el estatuto orgánico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial; así como el artículo 76 fracciones I y lI del Código de la Administración Pública de Yucatán. Los citados preceptos legales disponen lo siguiente: El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) Art. 134.- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. (REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. (REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. (REFORMADO, D.O.F. 28 DE DICIEMBRE DE 1982) Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. (REFORMADO, D.O.F. 29 DE ENERO DE 2016) Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. (ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. (ADICIONADO, D.O.F. 13 DE NOVIEMBRE DE 2007) Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. El anterior precepto constitucional establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, asimismo, dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Por otra parte, los artículos 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, del Estado de Yucatán, establecen lo siguiente: "ARTICULO 18º.- Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece la presente Ley. ARTICULO 20º.- Las bases de cada licitación deberán contener la descripción completa de los bienes y servicios y sus especificaciones, indicando, en su caso, de manera particular los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que habrá de considerar la Dirección o Entidad convocante para la adjudicación del pedido o contrato correspondiente. ARTICULO 21º.- En el acto de apertura de ofertas se procederá a dar lectura en voz alta de las propuestas presentadas por cada uno de los interesados informándose de aquellas que, en su caso, se desechen o hubieran sido desechadas, y las causas que motiven tal determinación. ARTICULO 22º.- Las personas físicas o morales que provean o arrienden bienes, o presten servicios de los regulados por esta Ley, deberán garantizar: I.- La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de adjudicación. II.- La correcta aplicación de los anticipos que reciban, cuando éstos procedan, y III.- El cumplimiento de los pedidos o contratos. ARTICULO 23º.- Las garantías a que se refiere el artículo anterior se constituirán por el proveedor en favor de: I.- La Secretaría de Finanzas, por actos o contratos que celebren con la Dirección. II.- Las Entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas directamente. ARTICULO 24º.- La Dirección o la Entidad convocante de común acuerdo con la Secretaría, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto, emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, mediante el cual se adjudicará el pedido o contrato a la persona que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la convocante, el pedido o contrato se adjudicará a quien presente la postura más baja. El fallo de la licitación se hará saber a cada uno de los participantes en el acto de apertura de ofertas y, salvo que esto no fuese factible, dentro de un término que podrá exceder de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas. La Dirección o la Entidad convocante levantará acta circunstanciada del acto de apertura de ofertas, que firmarán las personas que en él hayan intervenido, y en la que se hará constar el fallo de la licitación, cuando éste se produzca en el acto de apertura de ofertas. Se asentarán asimismo, las observaciones que, en su caso, hubiesen manifestado los participantes. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. De los citados artículos se puede ver el procedimiento que se debe llevar a cabo respecto a los pedidos y contratos relativos a las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública. El Título III del Acuerdo SAF 37/2021 por el que se emiten los Lineamientos para establecer los términos, etapas y pautas de los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dice lo siguiente: "Título III Licitaciones públicas Capítulo I Convocatoria y bases Artículo 28. Proceso de licitación La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo o, en su caso, con la declaración de licitación desierta o con la cancelación del procedimiento de licitación. La licitación pública consta de las siguientes etapas o actos: I. Convocatoria. II. Visita a las instalaciones, en caso de ser necesario. III. Junta de aclaraciones. IV. Presentación de propuestas y apertura de ofertas, que se dividirá en: a) Apertura de ofertas técnicas. b) Apertura de ofertas económicas. V. Fallo. El fallo de la licitación se hará saber a cada uno de los participantes en el acto de apertura de ofertas y, salvo que esto no fuese factible, dentro de un término que podrá exceder de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas. Artículo 29. Convocatorias En términos del artículo 19 de la ley, la convocante será responsable emitir y difundir las convocatorias, las cuales podrán referirse a uno o más bienes, servicios o arrendamientos, incluyendo su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, en la plataforma y en uno de los diarios de mayor circulación en el estado, ya sea impreso o digital. Artículo 30. Contenido de las convocatorias Además del contenido previsto en el artículo 19 de la ley, las convocatorias deberán incluir: I. El número de identificación del procedimiento de adjudicación, que será asignado por la convocante con las iniciales de la dependencia, el tipo de bien, arrendamiento o servicio que adjudica y el año en que se emite la convocatoria. II. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad a donde pertenece la convocante, así como el nombre del área solicitante. III. La indicación del lugar, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases e inscribirse a la licitación pública y, en su caso, el costo, lugar y forma de pago de las bases. IV. La fecha, hora y lugar de celebración de la visita a las instalaciones, en caso de aplicar, los actos de junta de aclaraciones, apertura de ofertas y fallo. Se deberá de indicar si se aceptan propuestas por servicio postal, mensajería, por la plataforma u otro medio dispuesto para ello. V. La descripción general de los bienes, arrendamientos o servicios, su cantidad y unidad de medida, así como la mención específica de hasta cinco de las partidas, ya sea las de mayor monto o las que representen la diversidad de bienes o servicios que sean objeto de la licitación. VI. La indicación de entregar o no anticipos. VII. Lugar, plazo de entrega de bienes, fecha en que se realizará la prestación del servicio o arrendamiento y condiciones de pago. VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, es negociable. IX. Los criterios de adjudicación. X. La indicación de qué personas se encuentran impedidas para participar. Artículo 31. Publicación de las bases Las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en el plataforma de adquisiciones, por un plazo mínimo de dos días hábiles, contado desde el día de la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo al acto de la junta de aclaraciones; siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período. Será requisito para participar en la licitación y adquirir la personalidad de postor para la licitación en particular, el cubrir el costo de las bases y cumplir los demás requisitos de inscripción establecidos en la convocatoria. El costo de las bases será fijado para recuperar las erogaciones proyectadas para la publicación de la convocatoria y bases. La convocante no podrá inscribir a ninguna persona física o moral fuera de los plazos y horarios establecidos. Artículo 32. Contenido de las bases Además de lo previsto en el artículo 20 de la ley, las bases contendrán en lo aplicable como mínimo lo siguiente: I. Datos generales e identificación de la licitación pública, especificando, al menos, los siguientes: a) El número de identificación del procedimiento de adjudicación. b) El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad a donde pertenece la convocante, así como el nombre del área solicitante. c) La fundamentación para convocar la licitación. II. Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: a) La descripción completa de los bienes, servicios o arrendamientos y, cuando sean aplicables, la información técnica, la información específica que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; relación de refacciones que deberán cotizarse; especificaciones y normas; dibujos, cantidades, muestras y pruebas que se realizarán, así como el método para ejecutarlas. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetarán la devolución y reposición de bienes, servicios o arrendamientos, en su caso. b) La cantidad de bienes o servicios por adquirir o arrendar. Para el caso de contrato abierto, será el mínimo y el máximo. c) El agrupamiento de varios bienes de la misma naturaleza, servicios o arrendamientos en una sola partida, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado, cuando sea requerido. d) El plazo y condiciones de entrega o realización de la prestación del servicio o arrendamiento, así como la indicación del lugar donde deberán efectuarse. e) La vigencia del o los contratos que se deriven de la licitación. III. Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes: a) La fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la visita a las instalaciones, en su caso, la junta de aclaraciones, el acto de presentación de propuestas y de apertura de ofertas, el fallo y la firma del contrato resultante. b) En su caso, los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los postores cuando las propuestas sean enviadas a través del servicio postal, mensajería o medio electrónico o a través de la plataforma, precisándose en las bases de la licitación los aspectos a los que se sujetará la recepción de estas. El que la convocante o los postores opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus propuestas no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación. c) La forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica del postor y sus representantes o apoderados. d) En caso de ser un procedimiento de licitación en el que se permitan las ofertas subsecuentes de descuento se deberá de indicar este supuesto, así como incluir el formato por medio del cual los participantes podrán presentar precios más bajos para los bienes o servicios objeto del proceso de adjudicación. e) Las causales para declarar desierta una o más partidas o del procedimiento en su totalidad. f) El procedimiento para presentar inconformidades y resolver controversias sobre el procedimiento de adjudicación. IV. Los requisitos y consideraciones que los postores deben tomar en cuenta para la elaboración de su propuesta, precisando que se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su descalificación, que incluirán, como mínimo: a) La indicación de los motivos de descalificación. b) La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las propuestas presentadas por los postores podrán ser negociadas, a menos que se permitan las ofertas subsecuentes de descuento. c) Las condiciones de precio y pago, en las que se precisará si se trata de precios fijos o variables, para este último caso, se deberá indicar la fórmula o mecanismo de ajuste de precios. d) La indicación de si se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse el porcentaje respectivo y el momento en que se entregará, así como los requisitos para el otorgamiento de este, de entre los que se debe considerar la garantía correspondiente por el 100% del monto del anticipo. e) Las penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega de los bienes, en la prestación de los servicios o arrendamientos. f) Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones de los postores, el postor adjudicado o el proveedor y los requisitos que deberán observarse. g) La indicación de que el postor que no firme el contrato por causas imputables a él perderá la garantía de seriedad. h) Las causales para la rescisión de los contratos. i) Las causales de suspensión o terminación anticipada del o los contratos que se deriven de la licitación. Así como las causales de sanción e inhabilitación al o los proveedores. j) La relación de trabajo con el proveedor y su personal. k) La precisión de que será requisito el que los postores entreguen una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que marcan los artículos 16, 17 o 27 de la ley. l) La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública, por la contraloría o bien las que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, así como en el artículo 87, fracción I, inciso b) o fracción II, inciso b) de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán. m) La indicación de que las propuestas deberán presentarse en idioma español y especificar la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago respectivo. n) La indicación de la obligación de presentar la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, u opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, a que se refiere el artículo 48 del Código Fiscal del Estado de Yucatán, emitida por la agencia y la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales, u opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, emitida por el Servicio de Administración Tributaria en términos de la Resolución Miscelánea Fiscal que sea vigente, mediante el ingreso de la e-firma en la funcionalidad "Autoriza 32-D Público". Ambas constancias con una vigencia máxima de treinta días naturales anteriores a la fecha del acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas. o) La precisión de que será requisito para los postores el presentar la constancia de situación fiscal y del acuse de movimientos de actualización de situación fiscal, emitidos por el Servicio de Administración Tributaria, este último, en caso de haber tenido cambios o movimientos, ambos documentos deberán contar con una fecha de emisión no mayor a treinta días naturales previos a la fecha del acto presentación de propuestas y apertura de ofertas. Este documento deberá indicar las actividades a las que está inscrito el postor y estar directamente relacionado con el objeto de la licitación. V. Señalar cómo se evaluarán las propuestas y se llevará a cabo la adjudicación respectiva, de acuerdo con el criterio de evaluación que se establezca en las bases. VI. La indicación respecto a si la adjudicación se realizará por partida, y si se adjudicará a un proveedor por partida, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará, que no podrá ser superior al cinco por ciento respecto de la propuesta solvente más baja. VII. La relación de los documentos y datos que deben presentar los postores, entre los que se encuentran los siguientes: a) Las garantías, incluyendo a favor de quien se expiden, la vigencia y el importe. b) En casos justificados, conforme a la normativa aplicable, contar con las certificaciones, licencias, autorizaciones y permisos con que, conforme a otras disposiciones, sea necesario que el postor cuente para participar en la adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de los servicios correspondientes, cuando sean conocidas. VIII. Los formatos que considere incorporar la convocante para facilitar y agilizar la presentación y recepción de las propuestas. Artículo 33. Modificaciones de la convocatoria o las bases La convocante podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes y las modificaciones se hagan del conocimiento, por escrito o por medios electrónicos, de todos aquellos que se hubiesen inscrito a la licitación. Esta notificación deberá de hacerse efectiva con tres días hábiles de anticipación al siguiente acto del procedimiento de licitación, con excepción del acto de fallo, para lo cual, podrán aplazarse dichos actos. Las modificaciones a que hace referencia este artículo no podrán consistir en la sustitución de bienes, arrendamientos o servicios convocados originalmente, en la adición de otros de distintos rubros o en la variación significativa de sus características, ni en un aumento o disminución de la cantidad de los bienes, arrendamientos o servicios requeridos mayor al veinte por ciento de la considerada originalmente. Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, las bases o anexos, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, deberá ser considerada por los postores en la elaboración de su propuesta. Capítulo II Junta de aclaraciones Artículo 34. Celebración La convocante deberá celebrar la junta de aclaraciones, al menos, al tercer día hábil posterior a la fecha de la publicación de la convocatoria. La convocante, en la junta de aclaraciones, dará respuesta a las dudas y cuestionamientos que hayan presentado, dentro de los plazos previstos en la convocatoria, los participantes que hubieren adquirido las bases. Las preguntas recibidas fuera del tiempo y formas establecidos no serán contestadas, pero sí se integrarán al expediente respectivo para dejar constancia. La junta de aclaraciones será presidida por el servidor público designado por la convocante, que será asistido por un representante del área solicitante, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los postores relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria, las bases y anexos. En las aclaraciones, precisiones o respuestas que emita la convocante, deberá de especificar expresamente el punto o puntos de las bases que se modifican o adicionan, las que formarán parte integrante de las propias bases. Se podrán celebrar las juntas de aclaraciones que el convocante considere necesarias. El plazo mínimo para el acto de la siguiente junta de aclaraciones deberá de ser al menos de tres días hábiles desde la celebración de la anterior, y así en lo sucesivo. La asistencia a las juntas de aclaraciones es optativa para los postores. Capítulo III Presentación de propuesta y apertura de ofertas Artículo 35. Plazo para presentar propuestas El plazo para el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas deberá de ser, al menos, de tres días hábiles, contados a partir de la fecha de la última junta de aclaraciones. Artículo 36. Excepciones a la recepción de propuestas La convocante se abstendrá de recibir propuestas de las personas físicas o morales, que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: I. Aquellas a las que se les haya suspendido o cancelado el registro en el padrón, en términos del artículo 13, párrafo tercero, de la ley. II. Aquellas en cuya empresa participe el servidor público que deba decidir directamente, o en los que se haya delegado tal facultad, sobre la adjudicación del pedido, o su cónyuge o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civiles, sea como accionista, administrador, gerente, apoderado o comisario. III. Los demás que por cualquier causa se encuentren impedidos para ello por disposición de ley. Los interesados en participar en los procedimientos de contratación deberán anexar carta bajo protesta de decir verdad en la que manifiesten que no se encuentran en cualquiera de los supuestos anteriores. Si al momento de efectuar la evaluación de las proposiciones, el servidor público encuentra que se cumple alguna de las causales previstas en este artículo, deberá desechar la proposición y señalar la o las causas en el respectivo dictamen. Asimismo, deberá remitir en forma oportuna a la contraloría, la documentación soporte para que inicie el procedimiento que corresponda en el ámbito de su competencia. Artículo 37. Inicio de la presentación de propuestas y apertura de ofertas Al inicio de la hora señalada para el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas, la convocante deberá registrar a los asistentes, posteriormente no permitirá el acceso a postor ni documentación algunos por ningún medio. Los postores solo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de adjudicación. Iniciado el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los postores. Las propuestas de los postores deberán de presentarse en sobre cerrado, de manera personal, por medio de la plataforma, por mensajería, o cualquier otro medio, según se establezca en la convocatoria y las bases de la licitación y conforme a las disposiciones que contienen estos lineamientos. En caso de ser de forma diferente a la personal, el postor deberá de asegurarse de contar con el acuse de recibo como constancia de haber sido recibidas antes de la hora señalada para el inicio del acto presentación de propuestas y apertura de ofertas. Las propuestas presentadas deberán encontrarse firmadas autógrafamente o mediante firma digital por persona facultada para ello, en las páginas que las integran y en los anexos que contengan, salvo en aquellas que determine la convocante. La persona servidora pública designada para presidir el acto recibirá las propuestas de los postores bajo los términos señalados en las bases de la licitación y tendrá facultad para aceptar o desechar las propuestas y, en general, para tomar las decisiones relativas a las formalidades para la realización del evento en proceso; posteriormente, se registrarán las propuestas que, en su caso, se hayan recibido por cualquiera de las otras vías determinadas en la convocatoria o las bases de la licitación. Artículo 38. Revisión de la documentación de la oferta técnica La persona servidora pública, designada por la convocante para llevar a cabo el proceso de licitación, revisará la documentación la propuesta técnica en forma cuantitativa, sin entrar al análisis detallado de su contenido, siguiendo el procedimiento que a continuación se menciona: I. Una vez recibidas las propuestas en sobre cerrado, la convocante procederá, a la apertura de las propuestas, iniciando por la apertura de la propuesta técnica, sin que ello implique la evaluación de su contenido. En caso de que se detecte la omisión de alguno de los requisitos se desechará la propuesta. II. Por lo menos un postor, si asistiere alguno, y un servidor público presente, rubricarán los documentos que previamente haya determinado la convocante en las bases de la licitación. III. Se levantará un acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas, especificando que únicamente se ha llevado a cabo la apertura de propuestas técnicas, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación, así como las que hubieren sido desechadas o descalificadas, y las causas que lo motivaron. Artículo 39. Dictamen de propuestas El área solicitante y, en su caso, un área técnica designada, será la responsable de la evaluación, y procederá a realizar la evaluación documental y cualitativa de la o las propuestas aceptadas. Una vez evaluadas las propuestas, los resultados de las evaluaciones se harán constar en el dictamen correspondiente, que incluirá las propuestas que hayan cumplido con los requisitos. El área solicitante deberá presentar el resultado de las evaluaciones a la convocante, a más tardar un día hábil previo a la fecha de la celebración de la apertura de ofertas económicas, y con base en este elaborarán, de manera conjunta, el dictamen, exceptuando el cumplimiento de este plazo en los procedimientos en que el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas, tanto técnica como económica, se lleven a cabo el mismo día, en cuyo caso deberá presentarlo cuando menos un día hábil previo a la celebración del acto del fallo. Dicho dictamen deberá contar con autorización mediante firma autógrafa o electrónica de la persona titular del área solicitante y de la persona titular del área convocante y se llevará por medio escrito o mediante el sistema informático que para tal fin determine secretaría. En caso de que los bienes que integran una partida sean solicitados por diversas dependencias o entidades, bastará contar con al menos un dictamen técnico para dicha partida. En caso de que la presentación de propuestas y apertura de ofertas técnica y económica se lleven en dos actos, deberá de darse lectura al dictamen en el acto de apertura económica, e incluirse en el acta correspondiente. En caso de que la presentación de propuestas y apertura de ofertas técnica y económica se lleven en un solo acto, deberá de darse lectura al dictamen en el acto de fallo, e incluirse en el acta correspondiente. Capítulo IV Apertura de la oferta económica Artículo 40. Inicio de la apertura económica El servidor público designado por la convocante dará lectura al dictamen de evaluación técnica, que formará parte del expediente del procedimiento de adjudicación. Conocidos los resultados de las propuestas técnicas admitidas continuará el acto y la convocante procederá a la apertura económica, abriendo los sobres con las propuestas económicas que correspondan a las propuestas técnicas admitidas, verificando que los importes de las garantías ofrecidas cumplan con lo solicitado en las bases; en caso de ser así, dará lectura en voz alta al importe de la propuesta de cada postor, en el orden de inscripción a la licitación pública. Se procurará que la apertura de oferta económica se realice en el acto de presentación y apertura de ofertas al mismo tiempo que la apertura de las ofertas técnicas, no obstante, en caso de que esto no sea viable, de manera extraordinaria, a juicio de la convocante, la apertura económica se realizará en un término no mayor a tres días hábiles posteriores a la presentación de propuestas y apertura de oferta técnica. Artículo 41. Devolución de los sobres Para el caso de que las propuestas económicas se presenten de manera impresa, la convocante devolverá los sobres conteniendo la propuesta económica, a los postores que lo soliciten, únicamente en los siguientes supuestos: I. Aquellos cuyas propuestas técnicas fueron desechadas antes de la apertura económica. II. Aquellos que hayan sido entregados por los postores en el acto de presentación de propuestas y apertura de ofertas y cuyo proceso haya sido declarado desierto en dicha etapa o en la apertura económica, siempre que no se haya procedido a la apertura del sobre que contiene la propuesta económica. Estos sobres serán devueltos debidamente cerrados, una vez transcurridos quince días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que haya concluido el procedimiento de licitación pública, salvo que exista algún recurso en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total resolución del recurso o instancia subsecuentes. Artículo 42. Corrección de errores aritméticos Cuando durante el análisis detallado de las propuestas económicas existieran errores aritméticos, estos serán corregidos, tomando en consideración el precio unitario presentado, sin el impuesto al valor agregado ni cualquier otro impuesto. El postor podrá rechazar este cálculo, dando origen a la descalificación de la propuesta según la partida correspondiente. Artículo 43. Adjudicación Para efectos del análisis comparativo a que se refiere el artículo 24 de la ley, la contratación se adjudicará al postor que presente las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficacia y solvencia económica, buscando el máximo beneficio colectivo, así como el cumplimiento de las condiciones legales y técnicas requeridas por la convocante, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resulta que dos o más propuestas satisfacen los requerimientos de la convocante, se adjudicará al postor que presente las mejores condiciones económicas. Si como resultado de la evaluación a las propuestas existieran dos o más propuestas en igualdad de precio, la convocante aplicará, en este orden, los siguientes criterios para el desempate: I. Se adjudicará al postor que hubiere ofrecido mejores condiciones en su propuesta, adicionales a las establecidas en las bases, en relación con los bienes, arrendamientos o servicios a adjudicar. II. En caso dado que solo uno de los postores sea del estado o esté constituido en este, se le adjudicará a este. III. La adjudicación se efectuará en favor del postor que resulte ganador del sorteo manual que celebre la convocante en el propio acto de fallo, en el que participarán únicamente los postores cuyas propuestas estén empatadas y que consistirá en que el servidor público que preside el acto depositará en una urna un boleto por cada partida empatada y en presencia de los postores que ofertaron dichas partidas o, en su defecto, de los representantes de la contraloría, se extraerá el boleto ganador. Artículo 44. Ofertas subsecuentes de descuento A efecto de obtener las mejores condiciones para la Administración Pública estatal, la convocante puede señalar en la convocatoria y en las bases de licitación la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento, en la cual el postor tiene la posibilidad de que, con posterioridad a la presentación de propuestas y apertura de ofertas técnica y económica, realice, dentro del mismo acto de apertura económica, una o más propuestas económicas subsecuentes con descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica. Los participantes con propuestas técnicas y económicas admitidas podrán proponer precios más bajos en diversas ocasiones, mediante el formato que para tal efecto establezca la convocante en las bases, hasta que no sea presentada una mejor propuesta económica por algún otro participante, según se determine en las bases de la licitación. Las ofertas subsecuentes de descuento podrá proponerlas el postor o su representante con poderes suficientes para ello, lo que deberá ser acreditado en el mismo acto. Capítulo V Fallo Artículo 45. Plazo para dictar el fallo En términos del artículo 24 de la ley, el fallo de la licitación se hará saber a cada uno de los participantes en el acto de apertura de ofertas y, salvo que esto no fuese factible, dentro de un término que podrá exceder de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas. A este podrán asistir los postores que se hubieren inscrito para participar en la licitación pública. Artículo 46. Contenido del fallo. El fallo que emita la persona servidora pública designada por la convocante deberá contemplar como mínimo lo siguiente: I. Nombre del o los postores a quien se adjudique el o los contratos, indicando las partidas adjudicadas y montos asignados a cada postor. II. Si fuera el caso, la declaración de desierto del procedimiento o de alguna o varias partidas. III. El plazo del contrato que se deriva del procedimiento de adjudicación. IV. Información para la firma del o los contratos. V. Forma, medios y plazos en que deberá constituir las garantías y, en su caso, entrega de anticipos, conforme a las bases de la licitación. VI. Firma de los servidores públicos y de los postores que estuvieron presentes en el acto. El acta de fallo deberá contener adjunto los dictámenes que se realizaron en las etapas previas del proceso de adjudicación. Artículo 47. Inconformidades Los proveedores que hubieren participado en las licitaciones públicas podrán inconformarse en términos de lo previsto en el artículo 28 de la ley. En el caso de las licitaciones públicas en las que una o varias partidas se declaren desiertas, el área solicitante podrá solicitar otro procedimiento de licitación o, en caso de aplicar, podrá llevar a cabo un procedimiento de adjudicación al amparo del artículo 25 o al amparo del artículo 26 de la ley, siempre que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en estos. De la anterior transcripción podemos observar todo el procedimiento que se debe llevar a cabo en las convocatorias de las licitaciones hasta la adjudicación del contrato al mejor postor. Por otro lado, el artículo 16 fracción I del Decreto 17/2018 por el que se regula el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, dice lo siguiente: "Artículo 16. Facultades y obligaciones del director general El director general tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Elaborar, y presentar a la junta de gobierno para su aprobación, el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y otros instrumentos de planeación de su competencia, en términos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y demás legislación aplicable. (.) Por otra parte, el artículo 27 fracción XXV del Acuerdo IMDUT 06/2021 por el que se modifica el estatuto orgánico del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, dice lo siguiente: "Artículo 27. Facultades y obligaciones del director administrativo (.) XXV. Suscribir convenios y contratos en materia de obra pública y adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, así como los demás actos de administración que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables y que requiera el instituto. (.) De los preceptos legales anteriores se puede ver cuáles son las facultades y obligaciones del Director General del regula el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Finalmente, el artículo 76 fracciones I y lI del Código de la Administración Pública de Yucatán, establece literalmente lo siguiente: "Artículo 76. Los Directores Generales de los organismos descentralizados o sus equivalentes, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades que se le otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados para: I.- Celebrar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; II.- Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellos que requieran autorización especia (sic); (.) El citado precepto legal establece cuales son las facultades de los Directores Generales de los organismos descentralizados o sus equivalentes, siendo entre ellas, celebrar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; así como ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellos que requieran autorización especial. Una vez que se ha transcrito la fundamentación completa de la convocatoria ********************se puede afirmar que le asiste la razón a la parte quejosa cuando señala que transgrede los derechos fundamentales de seguridad jurídica, legalidad, y debida fundamentación y motivación, así como indebidamente restringe la libertad a participar en la licitación, lo que implica una violación a los artículos 5, 14, 16 y 134, de la Constitución Federal, en cuanto a la hora fijada (15:00-quince horas) para concluir y negar de plano la posibilidad la adquisición y entrega de bases de licitación, y en consecuencia la participación en la licitación pública, pues efectivamente no tiene sustento normativo. Así es, en la citada licitación que fue publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el día catorce de marzo de dos mil veintidós, puso a disposición las bases los días catorce y quince de marzo de dos mil veintidós, en un horario únicamente de nueve a quince horas, lo cual no tiene fundamento legal alguno en la convocatoria. En efecto, de todos los artículos que sirvieron de fundamento para la convocatoria de la licitación pública ******************** y que fueron transcritos con anterioridad, podemos constatar que en ninguno de ellos se establece el horario que deberá tener en cuanto a la disponibilidad de las bases, ya que en ninguno de ellos se estipula que las bases únicamente estarán disponibles en un horario de nueve a quince horas, de ahí que se pueda afirmar que existe una indebida falta de fundamentación en la convocatoria que en esta vía se combate, por lo que al tener un vicio de carácter formal la convocatoria es que se considera contraria al artículo 16 Constitucional y que transgrede el derecho se legalidad y seguridad jurídica, debido a que existe la incertidumbre del fundamento legal que establezca que las bases únicamente deberán ser en el horario indicado. Aunado a lo anterior, el artículo 31 del Acuerdo SAF 37/2021 por el que se emiten los lineamientos para establecer los términos, etapas y pautas de los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios publicado el jueves 12 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de Yucatán, se estableció que la publicación de las bases que se emitan para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado en la convocatoria como en el plataforma de adquisiciones, por un plazo mínimo de dos días hábiles, contado desde el día de la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo al acto de la junta de aclaraciones; siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este período, por lo que no se estaría cumpliendo con el requisito establecido en el referido artículo si partimos de la base que un día cuenta con veinticuatro horas, y al hablar de dos días estaríamos en presencia de cuarenta y ocho horas, lo cual no se cumple con los horarios establecidos en la citada convocatoria. Por tanto, al existir un vicio de carácter formal en la convocatoria relativa a la licitación pública ********************se considera necesario en primer lugar se subsane el citado requisito para que una vez acontecido lo anterior, se pudiera analizar la constitucionalidad de los preceptos legales que tilda de inconstitucionales la parte quejosa. En mérito de lo anterior, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto a la convocatoria ********************. Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. El efecto de la concesión de amparo será para que, una vez que esta sentencia cause el grado de ejecutoria, y a fin de restituir a la solicitante de amparo en el goce del derecho humano violado, se deje sin efectos la convocatoria publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el catorce de marzo de dos mil veintidós, relativa a la licitación ********************y en su lugar deberá emitir una nueva convocatoria dentro del plazo de tres días contados a partir de que cause ejecutoria la presente sentencia, en la que fundamente y motive la disponibilidad de las bases, en cuanto a los días que estaría vigente para su obtención, así como en su caso el horario de disponibilidad siempre y cuando existe disposición legal aplicable al caso en concreto. En el entendido de que el efecto de la presente sentencia no tiene por efecto afectar el funcionamiento del transporte público, esto es, no se podrá interrumpir el servicio de transporte público con la revocación de la convocatoria correspondiente. Octavo. Protección de datos personales. Con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 73, 74, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio, en contra del acto reclamado al Subsecretario de Adquisiciones de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente sentencia. Segundo. Para los efectos precisados en el considerando séptimo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por las razones apuntadas en el considerando sexto. Tercero. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa con el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy (veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés) en que lo permitieron las labores del juzgado.

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