Deysi María Genoveva Bah Aguilar
Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 137/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Deysi María Genoveva Bah Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA V. Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vistos la razón de cuenta que antecede, en cumplimiento al acuerdo de diecinueve de mayo del presente año, por el que se declaró prescrito a favor del erario federal el billete de depósito que obra en los presentes autos incidentales, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el billete de depósito *********** por la cantidad de ********************, al Tesorero de la Federación debidamente endosado para su debida aplicación a favor del Fisco Federal, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintiuno Agréguese a estos autos el oficio suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación, Yucatán, con sede en Mérida, con el que cumple con el requerimiento que le fue formulado en autos y remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62, de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto se actualiza la mencionada causal de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de contestar la petición formulada mediante escrito presentado ante su potestad el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, al que le recayó la solicitud de SIMCR 31190005526. Sin embargo, de la lectura de las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe, a las que este Órgano de Control Constitucional le confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo aplicable, se advierte que el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, dicha responsable procedió a realizar la notificación y entrega a la parte quejosa, de los certificados parcelarios número 1013867 que ampara la parcela 1010 Z1 P4/23 y 1013868 que ampara la parcela 937 Z1 P4/23, ambos del ejido de Tizimin, Municipio de Tizimin, Yucatán, con el que se concluye la solicitud de SIMCR 31190005526. Lo anterior, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Finalmente, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de hoy a las catorce horas con veinte minutos. Notifíquese y personalmente.
- Principal
MESA IV. Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se agregó el informe justificado rendido por la Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, en la que informó que fijó las trece horas con treinta minutos del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, para la notificación y entrega a la parte quejosa de los certificados parcelarios 1013867 que ampara la parcela 1010 Z1 P4/23, y 1013868 que ampara la parcela 937 Z1 P4/23, ambos del ejido de Tizimin, Yucatán. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días debidamente computados, remita copia certificada de la diligencia de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; a fin de que este Juzgado se encuentre en aptitud de resolver lo que legalmente proceda en este asunto; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda los presentes autos en el que se advierte que aún está transcurriendo el término de la vista que se le dio a las partes en proveído de veintiséis de marzo del año en curso, del informe justificado rendido por la Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija como nueva fecha y hora para su celebración las catorce horas con veinte minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a la autoridad responsable dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para ésta. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe.
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