Deyanira Serrato Ochoa
Expediente 1150/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1150/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Deyanira Serrato Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del acuerdo de quince de noviembre de este año, dictado en el juicio laboral número ********************, donde realizó lo siguiente: - Dejó insubsistentes las fechas fijadas en auto de ocho de agosto de este año; y, - Señaló nuevos días y horas para el desahogo de las pruebas relativas a los cotejos y/o compulsas ofrecidas en autos del juicio laboral de origen. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad responsable informa cumplimiento Visto el oficio de cuenta que suscribe la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia autorizada del acuerdo de quince de noviembre de este año, dictado en el juicio laboral número ********************, donde realizó lo siguiente: - Dejó insubsistentes las fechas fijadas en auto de ocho de agosto de este año; y, - Señaló nuevos días y horas para el desahogo de las pruebas relativas a los cotejos y/o compulsas ofrecidas en autos del juicio laboral de origen. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. REQUERIMIENTO. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que en términos del ordinal 192 párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, conforme al artículo 258 de la Ley de Amparo; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. EFECTOS PARA LOS QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es para los efectos siguientes: ".1.- Dentro del expediente laboral 5B-1247/2019, la junta responsable deje insubsistentes las fecha y horas señaladas para el desahogo de las pruebas relativas a la de cotejos y/o compulsas señaladas a las diez horas de los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, fijadas mediante proveído emitido el ocho de agosto de dos mil veintitrés; y, 2. Señale de nueva cuenta fechas y horas para sus desahogos, las cuales deberán fijarse tomando en cuenta lo previsto en los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo." NO TIENE SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la nueva Ley de Amparo, puesto que el Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.
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OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo VII-1150/2023, promovido por Deyanira Serrato Ochoa, por conducto de sus apoderados Gonzalo Moreno Solís y María del Consuelo Martínez Hincapié, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte se da cuenta con la promoción registrada con el número 15356, para su acuerdo. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta firmado electrónicamente por María del Consuelo Martínez Hincapié, en cuanto apoderada de la quejosa, por medio del cual ofrece las documentales adjuntas al libelo constitucional; instrumental pública de actuaciones concernientes a todas y cada una de las constancias que integran y forman el presente cuaderno; presuncional legal y humana; atento a ello, dígase que dichos medios de convicción se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional; por otra parte, la autoridad señalada como responsable adjuntó un legajo de copias certificadas relativas al juicio ordinario laboral 5B-1247/2019 de su índice; medios de convicción que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional formuló manifestaciones mediante escrito de alegato 787/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VII-1150/2023, promovido por Deyanira Serrato Ochoa, por conducto de sus apoderados Gonzalo Moreno Solís y María del Consuelo Martínez Hincapié, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de septiembre del año en curso, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y turnado el cinco de ese mes y año por razón de turno a este Juzgado Federal, Deyanira Serrato Ochoa, por conducto de sus apoderados Gonzalo Moreno Solís y María del Consuelo Martínez Hincapié, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actor que señaló en su escrito de demanda. Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1°, 15 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de seis de septiembre de dos mil veintitrés, se registró la demanda como el expediente VII-1150/2023, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: Reprogramación tardía para el desahogo de pruebas pendientes dentro del juicio laboral 5B-1247/2019. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 5B-1247/2019, entre las que destaca el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el que se señaló fechas lejanas para el desahogo de cotejos y/o compulsas. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales". Sin embargo, de autos no se obtiene que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; por lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente del amparo expresó como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, mismos que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos pues no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 50/2010, la cual es del siguiente rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. El único concepto de violación aducido es esencialmente fundado aunque para tales efectos deba suplirse la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, así como atendiendo a la causa de pedir expresada en él. Lo antes dicho con sustento en lo señalado en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 171257 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Página 209 Jurisprudencia (Constitucional) "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". Ahora, previo al pronunciamiento que este órgano de control realice, es preciso señalar que el estudio del acto reclamado en la demanda de amparo debe realizarse de manera exhaustiva en todos los apartados que contenga la demanda de amparo, esto a fin de que el órgano de control constitucional esté en aptitud de impartir una justicia completa e integral atendiendo a las solicitudes del gobernado, debiendo analizar el que la actuación de la autoridad responsable siempre sea en apego al respeto de los derechos humanos de la persona, y en caso de que se advierta alguna inconformidad que pueda vulnerarlos realizar el pronunciamiento respectivo. Lo antes dicho atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por reiteración, cuyo texto es el siguiente: Tesis: 2a./J. 55/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 195745 Segunda Sala Tomo VIII, Agosto de 1998 Página 227 Jurisprudencia (Común) "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Precisado lo anterior, se tiene que la parte quejosa sustancialmente arguye que la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido del artículo 17 constitucional, así como los dispositivos 685, 686 y 883 de la Ley Federal del Trabajo por su falta de aplicación, que disponen que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de forma pronta y expedita, así como el numeral 685 que establece que las Juntas tendrán la obligación de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. De igual forma expone que la junta responsable no acata el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo puesto que señaló fecha para el desahogo de las pruebas fuera del plazo de diez días a que se refiere dicho numeral, por lo que no imparte justicia dentro de los plazos y términos en forma pronta contraria a lo estatuido en el referido numeral 17 Constitucional, ya que mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, señaló el desahogo de las pruebas concernientes a los cotejos y/o compulsas en datas veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro. Los motivos de discrepancia son fundados. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora, del contenido de los artículos 880, 882 y 883de la Ley Federal del Trabajo, aplicable en el momento en que se inició el juicio de origen se obtiene que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se recibirán en primer orden las ofrecidas por el actor y enseguida las del demandado. De igual forma, que la Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley. Lo anterior en el entendido de que en dicho acuerdo la Junta deberá dictar las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. En esas condiciones, cabe señalar que en el caso, de las constancias que acompañó la autoridad responsable con su informe justificado, se advierte que mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, emitidos dentro del expediente 5B-1247/2019 se señalaron fechas para el desahogo de diversos cotejos y/o compulsas, siendo las siguientes: Pruebas Fecha de desahogo Cotejo y/o compulsa, que se llevará a cabo en la Secretaría Académica y Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con domicilio en Avenida Francisco J. Mújica S/N Torre de Rectoría "TR", Segundo piso, Ciudad Universitaria, de esta ciudad. Diez horas del veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro. Cotejo y/o compulsa, que se llevará a cabo en la Tesorería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con domicilio en Santiago Tapia, número 403, zona Centro de esta ciudad. Diez horas del veinticinco de enero de dos mil veinticuatro. Cotejo y/o compulsa que se llevará a cabo en el Archivo General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ubicada en el Edificio nuevo a un costado del Auditorio de Usos Múltiples en el interior de Ciudad Universitaria. Diez horas del treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro. De ahí que, como lo refiere la parte quejosa en sus conceptos de violación, la responsable señaló fecha para el desahogo de las pruebas de cotejos y/o compulsas, con una dilación de aproximadamente cinco meses, lo que desde luego, viola en su perjuicio el contenido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Esto es así, ya que tomando en consideración el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés y las fechas que se señaló para el desahogo de las citadas pruebas, transcurrirá un plazo excesivo para que tenga verificativo el desahogo de dichas probanzas, inobservando el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, siempre que ese periodo no exceda de treinta días. En ese contexto, es evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo por analogía, se aplica la Jurisprudencia: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, lo procedente es otorgar al quejoso Deyanira Serrato Ochoa, la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: 1. Dentro del expediente laboral 5B-1247/2019, la junta responsable deje insubsistentes las fechas y horas señaladas para el desahogo de las pruebas relativas a la de cotejos y/o compulsas señaladas a las diez horas de los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, fijadas mediante proveído emitido el ocho de agosto de dos mil veintitrés; y, 2. Señale de nueva cuenta fechas y horas para sus desahogos, las cuales deberán fijarse tomando en cuenta lo previsto en los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro y texto siguientes: Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2005150 Segunda Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Página 732 Tesis Aislada (Común) "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Finalmente, con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." Por lo expuesto y fundado, se R ES U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Deyanira Serrato Ochoa, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
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