Deyanira Alfaro Mercado
Expediente 270/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Deyanira Alfaro Mercado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-270/2022, promovido por Deyanira Alfaro Mercado, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Deyanira Alfaro Mercado, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS.- Lo son: 1.- Lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con domicilio oficial en calle Agustín Melgar, número 34, colonia Chapultepec Norte, de Morelia, Michoacán. IV.- ACTO RECLAMADO.- OMITIR DAR CELERIDAD AL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS, EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJA LA LEY Y VIOLENTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL QUE TENG A UN PROCESO SIN DILACIONES Y A OBTENER ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA; habiendo omitido y hasta esta fecha de febrero de 2022 pronunciarse sobre el desahogo de pruebas, desacatando lo establecido en el artículo 883 de la Supletoria Ley Federal del Trabajo que establece: ., lo que ocasiona que de manera inminente, la dilación del procedimiento y más aún que señale fechas remotas para el desahogo de las pruebas ofertadas, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio hasta le emisión del laudo, violentando con esos actos y omisiones mi derecho fundamental de justicia pronta." SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diez de marzo de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente IV-270/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las omisiones reclamadas consisten en: La omisión de la responsable de pronunciarse sobre el desahogo de pruebas confesional e inspección ocular, dentro del juicio laboral 252/2019, del índice de la responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama. Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, la autoridad responsable remitió copia certificada de las actuaciones realizadas dentro del juicio laboral 252/2019, consistentes en el desahogo de la prueba confesional de fecha veinticinco de abril del presente año, y acta de inspección ocular realizada el diecinueve de abril del año que transcurre. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados descritos en el considerando segundo de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, los actos reclamados se hacen consistir, en la omisión de desahogó la prueba confesional e inspección ocular dentro del juicio 252/2019, del índice de la responsable. Ahora, de las constancias que la responsable remitió, se advierte el desahogo de la prueba confesional e inspección ocular, mediante diligencias de veinticinco y diecinueve, ambas de abril del presente año. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que la responsable llevó a cabo el desahogo de las pruebas testimonial e inspección ocular, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó al quejoso en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En tal virtud, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. En las relatadas circunstancias, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Deyanira Alfaro Mercado, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. REMITE ACUSE Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia del acuse donde dio cumplimiento a lo solicitado, por este juzgado; atento a lo anterior, sin que haya lugar a proveer al respecto, en virtud de que con fecha veintinueve de abril del presente año, se acordaron las constancias que remitió la autoridad responsable. SE ACLARA FECHA DE AUDIENCIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante auto de siete de abril se asentó que la nueva fecha para la celebración de la audiencia serían las trece horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós; sin embargo, en lo oficios que se giraron se anotó como fecha de audiencia las doce horas con diez minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós Atento a lo anterior, con fundamento, en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, y para el sólo efecto de regularizar el procedimiento, se aclara que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional es a las doce horas con diez minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós; por lo que no es necesario notificar a la autoridad responsable, en virtud de que en el oficio que se le remitió se asentó la fecha correcta. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, siete de abril de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las TRECE HORAS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. SE REQUIEREN CONSTANCIAS Finalmente, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que remita la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 252/2019, incluyendo el escrito de ofrecimientos de pruebas a que hace mención en audiencia de dos de marzo de dos mil veinte, toda vez que al rendir su informe justificado, no remite la totalidad de las mismas; en consecuencia, requiérase a la autoridad señalada anteriormente, por el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído a fin de que remitan las constancias antes descritas, mismas que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy FeEnseguida se pasan los autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARÍA ARACELI LILIA GONZÁLEZ, POR SÍ O A TRAVÉS DE SUS AUTORIZADOS, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: V I S T O S para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo número 207/2020-V, promovido por Ofelia y Octavio, ambos de apellidos Martínez Alvarado, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado y remitido en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, Ofelia y Octavio, ambos de apellidos Martínez Alvarado, comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, y otras autoridades, en los términos siguientes: "De la ordenadora, todo lo actuado en el expediente 830/2016, ordinario civil que tramita el licenciado Víctor Manuel Hernández Jiménez, como apoderado jurídico de la parte actora (NOTA. Ignoramos Quién sea la parte actora y qué clase de acción ejerció). De la ejecutora, la omisión de llamarnos a juicio del que emanan los actos reclamados.". En ese ocurso, los promoventes narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnerados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones emanadas de tratados internacionales. SEGUNDO. Radicación y prevención. Por auto de veintisiete siguiente, se ordenó registrar el asunto bajo el expediente número 207/2020-V, y se determinó prevenir a los peticionarios de amparo para que aclararan algunas inconsistencias en su libelo, a lo cual, en lo conducente, informaron que reclamaban el indebido emplazamiento al juicio natural; y, como consecuencia, los efectos que resultaran de aquél. Ello como terceros extraños equiparados. TERCERO. Admisión y trámite. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se requirió el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, se reconoció como tercero interesada en este juicio a María Araceli Lilia González, en términos del artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales conducentes. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia constitucional correspondiente, quedando los autos en estado de resolución. CUARTO. Sentencia primigenia. Se dictó el treinta de septiembre de dos mil veinte, con los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ofelia y Octavio, ambos de apellidos Martínez Alvarado, por propio derecho, contra loas (sic) actos atribuidos al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán y al actuario adscrito a ese mismo órgano jurisdiccional, por los motivos expuestos en el último considerando.". QUINTO. Recurso de revisión. Lo interpuso la parte quejosa en los términos de su escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, medio de impugnación cuyo conocimiento correspondió, por razón de turno, al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, bajo el expediente 8/2021, de su índice, el que fue resuelto en sesión de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar la sentencia recurrida, tal como se plasmó en los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena regularizar el procedimiento de amparo, en términos de lo previsto en el considerando quinto de la presente ejecutoria. Notifíquese.". SEXTO. Reposición del procedimiento. Toda vez que la superioridad ordenó la regularización del procedimiento, a partir del auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, en que se tuvo al Juez y al Actuario adscritos al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Puruándiro, Michoacán, rindiendo sus informes justificados y remitiendo las constancias del juicio ordinario civil número 830/2016, sobre reivindicación del inmueble; mediante auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional otorgó vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por lo que ve a las autoridades que practicaron los emplazamientos. SÉPTIMO. Ampliación de demanda y continuación del juicio. Los amparistas la formularon oportunamente en contra de las autoridades siguientes: a) Licenciada Maricela Contreras Tapia, en funciones de Secretaria, Notificadora y/o Ejecutora del municipio de Morelos, Michoacán, adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito de Puruándiro, Michoacán, en cumplimiento a la requisitoria que envió el juez ordenador (por lo que hace a Ofelia Martínez Alvarado). b) Actuaria del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en cumplimiento al exhorto que el propio Juez del conocimiento remitió para ese efecto (respecto de Octavio Martínez Alvarado). Por ello, en proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación y se requirió a las autoridades mencionadas su informe con justificación. En auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, se comunicó a la parte quejosa que, a partir del uno del mes y año anotados, el que ahora resuelve, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021, y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, signados por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en la fecha y hora señalada para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional celebrada por la secretaria Encargada del Despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al suscrito titular, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, al tenor del acta que antecede. Lo que no supone un impedimento legal para que el titular de este juzgado federal emita el fallo relativo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclaman actos emitidos autoridades jurisdiccionales que residen dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del contenido y datos que enseguida se anotan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios y de ampliación, así como demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: El emplazamiento que se practicó a los aquí quejosos el once de junio de dos mil diecisiete y el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, respectivamente, dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación número 830/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, así como todas las actuaciones verificadas con posterioridad, incluida la sentencia dictada en autos y su ejecución.TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, dado que las autoridades responsables así lo manifestaron en sus informes justificados que oportunamente rindieron en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos que integran el juicio ordinario civil 830/2016, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, en el que obran los emplazamientos que se controvierten en este juicio constitucional. Documentales publicas que se valoran en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, virtud de tratarse de actuaciones emitidas por un autoridades jurisdiccionales en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Antecedentes. A fin de contextualizar el presente asunto, se realiza la siguiente relatoría: 1. Víctor Manuel Hernández Jiménez y/o Víctor Manuel Hernández García promovió demanda en la vía ordinaria civil contra Ofelia Alvarado Molina, Fernando, Ernesto, Héctor, Martha, Ofelia y Octavio, todos de apellidos Martínez Alvarado, así como Pedro Lara Anguiano, de quienes medularmente reclamó la reivindicación del inmueble ubicado en la calle Matamoros, número veinticinco, centro de la población de Villa Morelos, municipio de Morelos, Michoacán. 2. De ese ocurso correspondió conocer al Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el que en auto de trece de octubre de dos mil dieciséis, lo admitió a trámite en el expediente 830/2016, de su índice, y ordenó correr traslado a la parte reo en los domicilios señalados para tal efecto por la actora: ".e) Ofelia Martínez Alvarado, con domicilio en la calle Manuel Ruíz número 2-A dos letra A, de la población de Villa Morelos, Michoacán. . g) Octavio Martínez Alvarado, con domicilio en la calle Acacia y/o Acacias número 83 ochenta y tres, de la colonia Los Ángeles, municipio de Tarímbaro, Michoacán." Asimismo, toda vez que el domicilio del demandado Octavio Martínez Alvarado, se encuentra fuera de la jurisdicción del juzgado, se giró exhorto al Juez de Primera Instancia en materia Civil de Morelia, Michoacán, para que en auxilio y con delegación de facultades, realizara el emplazamiento a través del ministro notificador adscrito. 3. El dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, el Actuario adscrito al juzgado del conocimiento, se constituyó en el domicilio señalado en autos como el de Ofelia Martínez Alvarado; sin embargo, razonó que no observó en la fachada del inmueble correspondiente el número buscado, aun recorriendo las calles de principio a fin, por lo que se encontró imposibilitado para dar cumplimiento a la encomienda. 4. La parte actora aportó mayores datos para efectuar el emplazamiento a cada uno de los demandados, entre ellos la aquí quejosa: "OFELIA MARTINEZ ALVARADO, quien tiene su domicilio en el portal Hidalgo número 20, esquina con Manuel Ruiz, domicilio en el que se encuentra ubicada una bien conocida tienda de abarrotes sin nombre y a un lado de la misma se ubica la funeraria y peluquería "Díaz" y/o en la calle Manuel Ruiz número 2-A y/o 2, domicilio cuya fachada es de color blanco y guardapolvos color ocre, anexando fotografías meramente ilustrativas de la fachada de este último domicilio como anexo 1 uno y 2 dos, ambos domicilios de la población de Villa Morelos, Michoacán, de este Distrito Judicial.". 5. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó librar atenta requisitoria al Juez Menor Mixto de Puruándiro, Michoacán, para que en auxilio y delegación de labores del juzgado, encomendara al notificador de su adscripción con residencia en el municipio de Villa Morelos, Michoacán, realizar los emplazamientos ordenados (requisitoria 57/2017). 6. El veintiséis de abril siguiente el Juez Menor Mixto tuvo por recibida la comunicación de que se trata y ordenó a la notificadora adscrita del municipio de Morelos, Michoacán, la realización de la encomienda. 7. En cumplimiento a lo anterior, la Licenciada Maricela Contreras Tapia, en funciones de secretario, notificador y/o ejecutor del municipio de Morelos, Michoacán, adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, razonó que la imposibilidad que tuvo para emplazar a Ofelia Martínez Alvarado en el domicilio señalado, toda vez que fue informada ".que ella no vive ahí, que ella vive y trabaja en la Ciudad de Morelia y que desconoce cuál es su dirección que siempre que ella va a su casa la lleven y que la investiguen si quieren, que solo viene el sábado o el domingo, pero que aquí no vive." y ".que Ofelia o la gorda como la conocen no vive ahí porque hasta donde ella siempre ha sabido ella vive y trabaja en Morelia, y solamente la ve los fines de semana y muy rara vez porque no siempre viene.". 8. La parte actora insistió en que la demandada Ofelia Martínez Alvarado fuera emplazada en el domicilio señalado, por lo que solicitó se girara nueva requisitoria con la autorización de días y horas inhábiles para cumplimentar lo ordenado en autos. 9. El ocho de junio de dos mil diecisiete, el Juez Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, tuvo por recibida la requisitoria 86/2017, de veintiséis de abril de ese año, por lo que ordenó de nueva cuenta a la notificadora adscrita del municipio de Morelos, Michoacán, la cumplimentación de la encomienda. 10. El diez de junio de dos mil diecisiete, la Licenciada Maricela Contreras Tapia, en funciones de secretario, notificador y/o ejecutor del municipio de Morelos, Michoacán, adscrita al Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, se constituyó en el domicilio ubicado en Portal Hidalgo, número veinte, esquina Manuel Ruiz, de la población de Villa Morelos, Michoacán, en búsqueda de la demandada Ofelia Martínez Alvarado, por lo que al no encontrarla presente en ese momento, dejó citatorio en poder de Martha Martínez Alvarado. 11. Así, el once siguiente tuvo lugar la correspondiente diligencia de emplazamiento, la que fue entendida con Martha Martínez Alvarado, quedando formalmente emplazada la demandada Ofelia Martínez Alvarado al juicio ordinario civil promovido en su contra. 12. El veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el juez Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, tuvo por recibido el exhorto remitido por el Juez de Primera Instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, por lo que, al encontrarlo ajustado a derecho, ordenó diligenciarlo en sus términos, por conducto de la Actuaria de su adscripción. 13. Así, previo citatorio que se dejó en poder de Jorge Alberto Labra Boyzo, se practicó la diligencia de emplazamiento al demandado Octavio Martínez Alvarado, a través de la persona mencionada, para todos los efectos legales conducentes. 14. Seguido que fue el juicio por todas sus etapas, el uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia que ordenó la reposición del procedimiento, virtud de existir irregularidad en el emplazamiento del codemandado Pedro Lara Anguiano. Asimismo, mediante aclaración de doce siguiente, se especificó que "respecto a los emplazamientos de los demás coaccionados se dejan incólumes". 15. Inconformes con la sentencia, los codemandados Ofelia Alvarado Molina, Martha, Ernesto, Fernando y Héctor Manuel, todos de apellidos Martínez Alvarado, por conducto de su apoderado, interpusieron recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en el toca I-365/2018, mismo que fue resuelto el ocho de enero de dos mil diecinueve, en el sentido de ser infundado. Por otra parte, inconforme con la aclaración de sentencia, el apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto el dieciséis de enero del año mencionado, en el toca de apelación y por la Sala del conocimiento, en el sentido ser procedente para quedar como sigue: ".se determina, que el efecto de que se declare la nulidad del emplazamiento realizado al codemandado Pedro Lara Anguiano, no puede tener como consecuencia, que se declare nulo todo lo actuado en el juicio, incluyendo el emplazamiento realizado a los codemandados Ofelia Alvarado Molina, Fernando, Ernesto, Héctor Manuel, Ofelia, Martha y Octavio de apellidos Martínez Alvarado y se dejen a salvo los derechos de las partes para que de estimarlo procedente los hagan valer en la vía y términos que corresponda, ya que dicha determinación resulta inconvencional, lo que procede es ordenar la reposición del procedimiento a fin de que sea emplazado legalmente a juicio Pedro Lara Anguiano, como acertadamente se determinó en la sentencia recurrida, una vez hecho lo anterior, se continúe el juicio, hasta la emisión de la sentencia, dejando subsistente el escrito de demanda, y el emplazamiento realizado a los referidos codemandados y así como los escritos de contestación de demanda realizada por éstos, como los autos que los admiten.". 16. Subsanado el vicio que motivó la reposición del procedimiento, el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia que declaró procedente la acción reivindicatoria ejercida por la parte actora y, en consecuencia, condenó a los accionados a la entrega real y material del bien inmueble materia de la litis. 17. Inconformes, los codemandados Ofelia Alvarado Molina, Martha, Ernesto, Fernando y Héctor Manuel, todos de apellidos Martínez Alvarado, por conducto de su apoderado, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, en el toca I-411/2019, el que fue resuelto el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada. 18. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil veinte se ordenó requerir a la parte demandada el cumplimiento voluntario de lo sentenciado, bajo el apercibimiento de proceder a la ejecución forzosa. 19. Ante acatar lo anterior, en proveído de dieciocho siguiente, se ordenó poner en posesión coactiva del inmueble materia del juicio, a favor de la parte actora, con la autorización de rompimiento de cerraduras y uso de la fuerza pública. Hasta aquí los antecedentes. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, ni que se advierta de oficio, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías y su escrito ampliatorio, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que enseguida se transcribe: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." Además, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Estudio de fondo. Procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer. Con fundamento en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, este juzgador estudiará el caso bajo el principio de suplencia de la queja deficiente, que consiste en el examen de las cuestiones no propuestas por la parte quejosa en sus conceptos de violación, o bien, propuestas de manera defectuosa, independientemente de que le resulten favorables o no. Ello pues en el caso se plantea una violación al debido proceso en cuanto a las formalidades del emplazamiento, acto procesal que al ser el primer llamamiento a juicio es indispensable que se haya llevado a cabo con las formalidades que la ley establece para garantizar el derecho de audiencia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." En el libelo constitucional los quejosos esencialmente argumentan que se violentaron sus garantías de audiencia previa y legalidad porque se les obliga a cumplir con la sentencia, sin que en el juicio se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, para tener la posibilidad de oponer excepciones, ofrecer pruebas e interponer recursos, pues consideran que no fueron llamados a juicio. Lo anterior, suplido en deficiencia de la queja, es esencialmente fundado. Para demostrar tal aserto se estima necesario señalar que el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "ARTÍCULO 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.". Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho de audiencia consiste en que nadie podrá ser privado de sus bienes, derechos, posesiones, entre otros, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, que se satisfagan los requisitos siguientes: a) Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias. b) Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa. c) Dar ocasión, igualmente, al interesado de formular alegatos. d) Emisión de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. e) Oportunidad de impugnar tal determinación. Apoya lo anterior la jurisprudencia y la tesis aislada, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se trascriben: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." "AUDIENCIA, GARANTIA DE. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES PARA RESPETARLA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener "etapas procesales", las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia ha determinado que la persona extraña típica o en estricto sentido a juicio es aquélla que no figuró como parte en sentido material dentro del juicio, pero que sufre un perjuicio dentro de éste o dentro del procedimiento de ejecución correspondiente, sin haber sido oída ni vencida, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente (equiparada). Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Los quejosos se encuentran en el supuesto de los terceros extraños equiparados. En este sentido, cabe concluir que una de las formalidades esenciales del procedimiento consiste precisamente en emplazar a juicio al demandado, puesto que dicha diligencia tiene como finalidad garantizar que éste tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de las consecuencias de ello, pues sólo así tendrá oportunidad real de defenderse. Asimismo, cabe acotar que el emplazamiento a juicio es la formalidad esencial más importante del procedimiento judicial, que en esencia establece la condición para otorgar al posible afectado por el acto privativo, una razonable oportunidad de defensa. Es decir, la finalidad de la actuación del emplazamiento se centra en que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora; así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. Así, en relación con el emplazamiento, el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, vigente en la fecha de sustanciación del procedimiento, dispone lo siguiente: "Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. Del precepto legal trascrito citado se advierte, que tratándose del emplazamiento o de la primera notificación se hará en la casa designada al efecto y en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio. Destaca que a efecto de realizar el llamamiento a juicio, el actuario previamente debe cerciorarse de que se trata del domicilio al que se le encomendó acudir, y además de que es el domicilio del demandado. De ahí que, en términos de tal precepto, como garantía mínima, resulta necesario que el notificador asiente de manera pormenorizada cómo se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó correspondía al señalado por el actor para realizar la diligencia, y que en este, efectivamente, puede encontrarse a quien se señaló como demandado, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión, y cumplir así válidamente con el objetivo esencial del emplazamiento, que es comunicar a la parte demandada la existencia de la pretensión deducida en su contra. Por tanto, la omisión del actuario notificador de cerciorarse del elemento mencionado, es suficiente para estimar ilegal el emplazamiento. Finalmente, del último párrafo del precepto transcrito se advierte que en el emplazamiento se entregarán al reo la demanda y las copias de traslado. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XI.2º. J/8, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO, REQUISITOS DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). El artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán exige, como requisitos para un legal emplazamiento a juicio, que el actuario al verificarlo se cerciore, no sólo de que el domicilio en el que se constituye sea el del demandado, sino, además, que corrobore que la persona que deba ser llamada a juicio, efectivamente viva en él y se encuentre dentro de la población, de donde resulta que la omisión del ministro notificador, de cerciorarse de todos y cada uno de esos datos, es suficiente para estimar ilegal el emplazamiento a juicio." En el caso, a fojas 172 y 246, del expediente de origen, obran las razones de los citatorios y emplazamientos que se efectuaron a los aquí quejosos Ofelia y Octavio, ambos de apellidos Martínez Alvarado, respectivamente, que por su trascendencia para el estudio del presente asunto, se reproducen íntegramente a continuación: Ofelia Martínez Alvarado "En La Población de Villa Morelos, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 10 diez de mes de Junio del año 2017, dos mil diecisiete, la suscrita Licenciada Maricela Contreras Tapia, en funciones de Secretario, Notificador y/o ejecutor del Municipio de Morelos, Michoacán, Adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, hago constar que me constituí en legal y debida forma el domicilio DE LA DEMANDADA OFELIA MARTINEZ ALVARADO, con domicilio ubicado en Portal Hidalgo número 20 veinte, esquina Manuel Ruíz en una tienda de abarrotes y a un costado de la funeraria y peluquería "Díaz" de esta Población de Villa Morelos, Michoacán y cerciorada de ser el domicilio primero por tener a la vista las placas con el nombre de Portal Hidalgo y calle Manuel Ruiz así como el número 20 veinte y por estar la tienda al lado de la funeraria y peluquería "Díaz", así como por informármelo Martha Martínez Alvarado, quien no se (testado) se dice identifica por no tener a la mano su credencial de elector, pero teniendo como media filiación la siguiente: ser de unos 38 años de edad, estatura media, conflexión delgada, blanca ojos color miel, ceja delineada, nariz pequeña, pelo negro lacio en chongo, quien me informó que su hermana Ofelia no esta que ella vive en Morelia y no sabe si mañana venga, por lo que la suscrita procedo a dejar la CITA correspondiente para que me espere en este domicilio como se le indica, (bajo) se dice con el apercibimiento que de no hacerlo se entenderán con la persona que en este su domicilio se encuentre. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, para los efectos legales a que haya lugar.- Doy fe.- (Firma ilegible) ACTA DE EMPLAZAMIENTO.- En La Población de Villa Morelos, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 11 once del mes de Junio del año 2017, dos mil diecisiete, la suscrita Licenciada Maricela Contreras Tapia, en funciones de Secretario, Notificador y/o ejecutor del Municipio de Morelos, Michoacán, Adscrita al Juzgado Menor Mixto del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, hago constar que me constituí en legal y debida forma por segunda ocasión en el domicilio de la demandada OFELIA MARTINEZ ALVARADO, con domicilio ubicado en Portal Hidalgo número 20 veinte, esquina Manuel Ruiz (donde se ubica una conocida tienda de abarrotes sin nombre y a un lado la Funeraria y peluquería "Díaz", y/o en la calle Manuel Ruíz número 2-a dos letra A y/o 2 dos, (domicilio con fachada de color blanco y guardapolvos color ocre) ambos de esta Población y cerciorada de ser el domicilio por así informármelo la persona de nombre MARTHA MARTINEZ ALVARADO (Hermana) quien no se identifica por no tener a la mano su credencial, pero teniendo como media filiación la siguiente: ser de unos 38 años de edad, estatura media, conflexión delgada, blanca, ojos color miel, ceja poblada, nariz pequeña, pelo negro lacio en chongo, media filiación que corresponde a la persona con quien en estos momento entiendo la presente diligencia; y quien me informa que su hermana todavía no llega de Morelia y a lo mejor hoy no viene, por lo que la suscrita la emplazo a nombre de la demanda y; Acto continuo la suscrita procedo a hacerle saber a la parte demandada el motivo de mi visita, dándole lectura integra a los autos que se cumplimentan de fecha 13 trece de octubre del año próximo pasado, 31 treinta y uno de Marzo y 18 dieciocho de Mayo del año en curso, dictados por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y por la Juez Menor Mixta ambos del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, dentro de los autos que integran el JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE REINVINDICATORIO DE INMUEBLE, expediente número 830/2016, y registrada en este Juzgado Menor Mixto con Requisitoria número 253/2017, promovido por MARÍA ARACELI LILIA GONZÁLEZ, frente a OFELIA ALVARADO MOLINA Y OTROS; por lo que en este momento la suscrita procedo a emplazar y correr traslado a la parte demandada con copias simples de la demanda entablada en su contra, para que dentro del término de 9 nueve días, comparezca ante el Juzgado de los autos a contestar la demanda instaurada en su contra, bajo apercibimiento que de comparecer (sic), dicha demanda se dará por contestada, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que son ciertos los hechos en ella enumerados; asimismo señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta instancia, apercibido que en caso de no hacerlo, le correrán por lista en términos del artículo 86 del Código Instrumental en la Materia en la Entidad, por lo que una vez bien impuesto lo anterior, manifiesta que su hermana Ofelia no se encuentra todavía no llega de Morelia, por lo que a nombre de la demandada, la emplazo, notifico dejo copias de traslado, instructivo y quien me manifiesta que no me firma solo recibe, hasta que hable con su abogado; Acto Continuo la suscrita en la inteligencia de que la demandada no se encuentra y/o se encuentra accidentalmente fuera de esta Población, es por ello que hago constar que el presente emplazamiento le surte sus efectos 8 días después de la fecha en que se está entregando el presente instructivo, lo anterior con fundamento en el Artículo 81 ochenta y (últi) se dice uno, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles Vigencia del Estado.- Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, firmando lo que en la presente intervinieron y quisieron hacerlo, para su legal y debida constancia.- Doy Fe.- (Firma ilegible)". Octavio Martínez Alvarado "En el Municipio de Tarímbaro, Michoacán, siendo las 18:50 dieciocho cincuenta horas del día 23 veintitrés del mes de Enero del año 2018 dos mil dieciocho, la suscrita Actuaria del Juzgado Séptimo de lo Civil de este Distrito Judicial, en funciones de Ministro Notificador, licenciada Graciela Márquez García, me constituí en legal y debida forma en el domicilio señalado como de la parte demandada Octavio Martínez Alvarado dentro del expediente número 830/2016 Ordinario Civil (testado) del cual deriva el presente exhorto número 193/2017, sito en calle Acacia y/o Acacias número 83 colonia Los Ángeles de (testado) Tarímbaro Michoacán y cerciorada de que este es su domicilio por así habérmelo manifestado Jorge Alberto Labra Boyzo quien dijo ser su empleado y vivir también en este lugar y, por encontrarse el número oficial en la fachada de la casa y el nombre de la calle en la esquina de la misma y me informa, que la parte demandada no se encuentra presente en estos momentos pero sí dentro de la Ciudad, porque se dice dentro de la población, porque salió a realizar actividades personales por lo que procedo a dejarle citatorio con la persona precitada para que me espere en este su domicilio a las 17:40 diecisiete cuarenta horas del día 24 veinticuatro del mes y año en curso, apercibiéndole que de no hacerlo se entenderá la diligencia con quien se encuentre presente a lo que una vez enterado manifiesta recibo citatorio, pero no firmo por no creerlo conveniente Doy fe.- (Firma ilegible) En la población de Tarímbaro, Michoacán, siendo las 17:40 diecisiete cuarenta horas del día 24 veinticuatro del mes de Enero del 2018 dos mil dieciocho, la Suscrita Actuaria del Juzgado Séptimo de lo Civil de éste Distrito Judicial, me constituí en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada Octavio Martínez Alvarado dentro del expediente número 830/2016 Ordinario (testado) Civil del cual deriva el presente exhorto (93/2017, sito en calle Acacia y/o Acacias 83 en la Colonia Los Ángeles de Tarímbaro, Michoacán; y cerciorada nuevamente de ser este su domicilio, por encontrar el nombre de la calle en la placa de nomenclatura que se encuentra en la esquina de la misma y el número oficial en la fachada de la casa y no encontrándola presente pese al citatorio antes mencionado porque salió a realizar actividades personales, así como por el dicho de la persona que me atiende procedo a entender la diligencia con Jorge Alberto Labra Boyzo quien dijo ser su Empleado dándole lectura integra al auto de fecha 13 de octubre del 2016 y 29 de noviembre del 2017, así mismo, notifico a la parte demanda el auto precitado mediante instructivo que dejo en poder de la persona con quien entiendo la diligencia, le corro traslado y emplazo, para que dentro del término de 9 nueve más 1 uno días de contestación a la demanda entablada en su contra, así como hacer valer sus excepciones y defensas que haga valer en su favor, apercibiéndolo que de no hacerlo, se dará por contestada la misma, presumiéndose de ciertos todos los hechos enumerado en la misma, salvo prueba en contrario y de igual manera se le requiere para que señale domicilio para oír notificaciones personales, apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán a través de la publicación de lista, quedando tanto el instructivo así como las copias simples de la demanda y documentos anexos en poder de la persona con quien se entiende la diligencia, a lo que una vez enterada manifiesta: me identifico con mi credencial de elector a la cual tiene la siguiente clave LBB2JR86070909500, recibo copias de traslado y firmo la copia de instructivo para constancia Con lo anterior se concluye la presente actuación firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo.- Doy fe,- (Firma ilegible).". En primer término, en cuanto a la quejosa Ofelia Martínez Alvarado, se obtiene que la ministro notificadora se constituyó en su búsqueda el diez de junio de dos mil diecisiete, en la población de Villa Morelos, Michoacán, específicamente, en el domicilio ubicado en Portal Hidalgo número 20 veinte, esquina Manuel Ruíz en una tienda de abarrotes. Que se cercioró de encontrarse en el domicilio correcto por tener a la vista las placas con el nombre de Portal Hidalgo y calle Manuel Ruiz, así como el número veinte y por estar la tienda al lado de la funeraria y peluquería "Díaz"; además, por así informárselo Martha Martínez Alvarado, quien no se identificó pero cuya media filiación era: "38 años de edad, estatura media, conflexión delgada, blanca ojos color miel, ceja delineada, nariz pequeña, pelo negro lacio en chongo", persona que le informó "que su hermana Ofelia no está que ella vive en Morelia y no sabe si mañana venga". Atento a lo anterior, la notificadora procedió a dejar citatorio en poder de la persona que le atendió, a fin de que, para el día siguiente, la interesada la esperara para la práctica de una diligencia judicial. Luego, a las doce horas del once del mes y año mencionados, la funcionaria acudió de nueva cuenta al domicilio en búsqueda de Ofelia Martínez Alvarado, cerciorada de encontrarse en el lugar correcto en similares términos a la razón de citatorio, pero esta vez agregando que se trata del "número 2-a dos letra A y/o 2 dos, [domicilio con fachada de color blanco y guardapolvos color ocre] ambos de esta Población"; y de igual manera cerciorada con el dicho de Martha Martínez Alvarado, quien dijo ser hermana de la interesada pero no se identificó, asentando su media filiación. Que dicha persona le informó "que su hermana todavía no llega de Morelia y a lo mejor hoy no viene". De manera que al no encontrar presente a Ofelia Martínez Alvarado, procedió a entender la diligencia con quien le atendió, dándole lectura integra a los autos que se cumplimentan de fecha trece de octubre del año próximo pasado, treinta y uno de marzo y dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, dictados por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil y por la Juez Menor Mixta ambos del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, dentro de los autos que integran el Juicio Ordinario Civil sobre reinvindicatorio de inmueble, expediente número 830/2016, promovido por María Araceli Lilia González, frente a Ofelia Alvarado Molina y otros. Por ello, la notificadora emplazó y corrió traslado a la mencionada demandada con copias simples de la demanda e instructivo, para que compareciera al juzgado de la causa a deducir sus derechos. Al respecto, el que suscribe considera que la ministro notificadora no se cercioró plenamente de que la aquí quejosa tuviera su domicilio en el cual practicó la diligencia por medio de tercera persona. Primero, porque existe una irregularidad entre el domicilio asentado en la razón de citatorio y el acta de emplazamiento, pues en el primero menciona que se constituyó en el Portal Hidalgo número 20 veinte, esquina Manuel Ruíz en una tienda de abarrotes, mientras que en la segunda señala que se encontró en el "número 2-a dos letra A y/o 2 dos, [domicilio con fachada de color blanco y guardapolvos color ocre] ambos de esta Población", por lo que en ese aspecto existe discrepancia sobre el lugar en el cual practicó la diligencia. En segundo lugar, también se observa que la diligencia en ambas ocasiones -sin prejuzgar que en realidad se haya realizado en el mismo lugar-, se entendió con Martha Martínez Alvarado, quien dijo ser "hermana" de la aquí quejosa; sin embargo, desde el primer momento dicha persona mencionó que la aquí quejosa vivía en la ciudad de Morelia, desconociendo si acudiría ese día; mas nunca afirmó que, efectivamente, en dicho lugar tuviera su domicilio o radicara la interesada. Lo anterior cobra relevancia en la medida de que en autos obran la razón actuarial levantada con anterioridad al emplazamiento practicado, en la que la notificadora asentó que fue informada que la persona buscada ". no vive ahí, que ella vive y trabaja en la Ciudad de Morelia y que desconoce cuál es su dirección que siempre que ella va a su casa la lleven y que la investiguen si quieren, que solo viene el sábado o el domingo, pero que aquí no vive." y ".que Ofelia o la gorda como la conocen no vive ahí porque hasta donde ella siempre ha sabido ella vive y trabaja en Morelia, y solamente la ve los fines de semana y muy rara vez porque no siempre viene.". De ahí que se considere que el funcionario judicial que practicó el emplazamiento, no estaba en condiciones de dejar citatorio a la aquí quejosa ni practicar el emplazamiento ordenado en el juicio de origen, pues para ello es sumamente indispensable que se tuviera la plena certeza de que en el lugar efectivamente fuera el domicilio de la demandada. Lo anterior pues no debe soslayarse que la finalidad del emplazamiento es que, en lo posible, se realice personalmente con el interesado y, por excepción, con terceras personas, previo el cercioramiento de que se trata del domicilio correcto y, destacadamente, que la persona con quien se entiende la diligencia podrá informar con cierto grado de certeza al buscado, sobre la existencia del juicio. Lo que evidentemente no se cumple si la buscada tenía su domicilio en otro lugar y ni siquiera acudía con regularidad al lugar donde el actuario se constituyó. En segundo término, en cuanto al quejoso Octavio Martínez Alvarado, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la actuaria judicial se constituyó en su búsqueda en el domicilio ubicado en calle Acacia y/o Acacias número 83, colonia Los Ángeles, Tarímbaro, Michoacán; y, se cercioró de encontrarse en el lugar correcto con el número oficial en la fachada de la casa y el nombre de la calle en la esquina en su esquina, así como por el dicho de Jorge Alberto Labra Boyzo quien dijo ser su empleado y vivir también en este lugar, persona que le informó que la persona buscada no se encontraba presente en estos momentos, pero sí dentro de la población, porque "salió a realizar actividades personales". En consecuencia, la notificadora procedió a dejarle citatorio para la práctica de la diligencia judicial al día siguiente. Posteriormente, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la actuaria judicial se constituyó por segunda ocasión en el domicilio ubicado en calle Acacia y/o Acacias 83, en la Colonia Los Ángeles, de Tarímbaro, Michoacán, cerciorada nuevamente con el nombre de la calle en la placa de nomenclatura que se encuentra en la esquina de la misma y el número oficial en la fachada de la casa, así como por el dicho de la persona que le atendió de nombre Jorge Alberto Labra Boyzo, quien dijo ser su "empleado" y se identificó con credencial de elector con clave LBB2JR86070909500. Así, al no encontrar presente al interesado porque "salió a realizar actividades personales", procedió a practicar la diligencia con la persona antes mencionada, dándole lectura integra al auto de trece de octubre del dos mil dieciséis y veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, dictados en el juicio ordinario civil número 830/2016. Con ello emplazó al demandado Octavio Martínez Alvarado, corriéndole traslado con el instructivo, así como con las copias simples de la demanda y documentos anexos, para que diera contestación a la demanda entablada en su contra. Como se observa, la ministro notificadora no se cercioró de que efectivamente el lugar en que se encontraba, correspondiera al domicilio del aquí quejoso, pues, en similares términos a lo razonado a supralíneas, se considera que al acudir en su búsqueda, si bien observó nombre y nomenclatura oficial de la calle en la que se encontró, fue atendido por Jorge Alberto Labra Boyzo, quien dijo ser "empleado", pero nunca afirmó que en efecto ahí viviera la persona buscada. Incluso, no pasa inadvertida la manifestación de la persona mencionada que asentó la actuaria de que "dijo ser su empleado y también vivir en este lugar", pues esa manifestación la hizo respecto de su persona, no así respecto del aquí quejoso. Bajo esta tesitura, se considera que los emplazamientos reclamados en este juicio constitucional, no se llevaron a cabo conforme a las formalidades esenciales del procedimiento y, por ende, en reparación de la violación cometida a la garantía de audiencia reclamada, lo que se impone es conceder el amparo y protección constitucional solicitados. Incluso, en el acta respectiva, el actuario refirió correr traslado al demandado con copias simples de la demanda y ".documentos anexos."; sin embargo, el actuario también fue omiso en precisar cuáles documentos en particular fueron con los que se corrió traslado al enjuiciado, como refiere el último párrafo del artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ello con apoyo en lo referido en la tesis 1a./J. 39/2020 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal, que dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.". En tal virtud, al no existir un cercioramiento pleno tal como lo exige el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en términos de lo previsto en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es conceder el amparo solicitado para efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: Emita un acuerdo en el que ordene la reposición del procedimiento, dejando insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen posterior al emplazamiento de los demandados incluyendo dicho llamamiento a juicio; y, ordene que se emplace correctamente a los aquí quejosos, en el domicilio procesal señalado en este juicio de amparo para recibir notificaciones de carácter personal. En la inteligencia de que la concesión del amparo no implica dejar insubsistente lo actuado respecto del resto de los demandados, en relación con los cuales subsiste lo actuado en el juicio natural respecto a su emplazamiento, su contestación a la demanda y el auto por el que se les tuvo por hecha. Finalmente, se hace la precisión de que las tesis invocadas son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada ley. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ofelia y Octavio, ambos de apellidos Martínez Alvarado, contra los actos y autoridades que quedaron precisadas, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy quince de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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