Despacho Castro Cordero, S.C.P.
Expediente 1780/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1780/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Despacho Castro Cordero, S.C.P.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por María Teresa Castro Cordero, quien se ostenta representante legal de la moral quejosa Despacho Castro Cordero, Sociedad Civil Particular, con el que, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en acuerdo de quince de noviembre del presente año, exhibe un documento a fin de acreditar la representación legal que ostenta, aclara el nombramiento que hace de terceros interesados y de autoridades responsables, y exhibe copias suficientes de su escrito aclaratorio. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD Con apoyo en el artículo 10 de la Ley de Amparo, para los efectos del presente juicio, se reconoce la personalidad con el que comparece la ocursante, misma que acredita con la copia certificada notarialmente del instrumento público número doce, de diecisiete de abril de dos mil nueve, pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintinueve del Estado, que acompañó al escrito de cuenta. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, ténganse por desahogados dichos requerimientos y con la demanda de amparo, se tiene a Despacho Castro Cordero, Sociedad Civil Particular, por conducto de su representante legal María Teresa Castro Cordero, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: "La orden de inmovilización y/o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante abiertas en la institución financiera BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, misma que recayó sobre la cuenta 0166326056". Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México: "Los oficios, escritos y/o documentos que directamente o a través de sus subalternos hayan girado a las entidades del sistema financiero mexicano, a efecto de ordenar el bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa y, en consecuencia, la instrucción de bloquear, inmovilizar o suspender los actos operaciones o servicios relativos a la cuenta bancaria de mi representada abierta en Banco BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con número de cuenta 0166326056". BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en la Ciudad de México: "La ejecución del embargo, bloqueo y/o inmovilización, de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante abiertas en la institución financiera BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México". "La ilegal e inconstitucional retención de los recursos contenidos en la cuenta referida, así como la omisión de notificar legalmente a la quejosa, de la existencia de una orden de suspensión de los actos, operaciones y servicios de las cuentas bancarias referidas, por parte de las autoridades responsables, Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependientes de la Secretaría de Hacienda y crédito Público y la omisión de hacer del conocimiento de mi mandante, los motivos y fundamentos que sustentan dichas órdenes". Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México: "La aprobación y expedición del Código Fiscal de la Federación, concretamente, del artículo 156- Bis de dicho ordenamiento legal". Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México: "El refrendo, promulgación y publicación, respectivamente, de las disposiciones legales señaladas en el párrafo anterior.". ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE a trámite la demanda de referencia como en derecho procede. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese el incidente de suspensión que se solicita, el cual se deberá integrar sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. SUSPENSIÓN DE PLANO Sin que proceda darle un tratamiento distinto a la presente demanda de amparo, atendiendo a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa al solicitar la suspensión de plano, en virtud de que los actos que reclama no se ubican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados no constituyen una confiscación, por lo que no se encuadran dentro de tales supuestos para hacer procedente la suspensión de plano, pues dicha medida sólo procede contra actos que encuadran en el supuesto establecido en la norma. De manera que al ser la calificación de tales actos una atribución exclusiva del juzgador, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de plano, en el particular se determina que no es procedente la suspensión de plano; sin que ello constituya obstáculo alguno, para que se proceda al pronunciamiento de la suspensión por la vía ordinaria. Es aplicable al caso la jurisprudencia y la tesis siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." (Época: Octava Época, Registro: 229397, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Materia(s): Administrativa, Tesis: I. 3o. A. J/7, Página: 951). "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." (Época: Novena Época, Registro: 179731, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.A.19 K, Página: 1458). AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en que se les solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañará, en su caso, copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) De ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. En la inteligencia de que para efectos del párrafo anterior, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estará representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo tercero, fracción VI, inciso 26, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, se le deberá notificar vía interconexión, en términos de la Declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). TERCERO INTERESADO. Por otro lado, conforme al numeral 5, fracción III, de la Ley de Amparo, no ha lugar a reconocerle a la Administración Desconcentrada Jurídica de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, el carácter de tercero interesado, por cuanto de la lectura de la demanda y por la naturaleza del acto reclamado, no encuadra en los supuestos de la norma para tal efecto, aunado a que dicha entidad pertenece a la diversa autoridad señalada como responsable, esto es, al Servicio de Administración Tributaria. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, gírese oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, dándole la intervención que le compete, adjuntándole copia simple de la demanda y escrito aclaratorio; para lo cual, se ordena al actuario correspondiente adscrito a este Juzgado, que asiente en la constancia de notificación respectiva que hizo entrega del oficio y anexos citados. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que, en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa por el valor de treinta unidades de Medida y Actualización, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las documentales que acompañó a su escrito de demanda y al diverso aclaratorio, así como la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, a que se refiere en su demanda, las cuales se reservan para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. INTEGRACIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, tomando en consideración que la parte peticionaria del amparo solicitó la medida cautelar de los actos reclamados, proceda la Secretaría a realizar el cotejo correspondiente del documento con el que acreditó su personalidad, con las copias simples que adjuntaron para tal fin, para que se agreguen en copia certificada como prueba de su parte en el incidente de suspensión y sea tomado en consideración en dicho incidente. Por otro lado, tomando en cuenta que una de las documentales de referencia, la parte quejosa lo hizo consistir en un estado de cuenta bancario con cadena original del complemento de certificación digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria, que los certifica, la misma se equipara a un documento original; agréguese con tal carácter dicha documental en el incidente de suspensión, a fin de que sea tomado en consideración en el referido incidente como prueba de su parte. Al caso, se cita, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, visible a página 3319, del rubro y texto siguientes: "COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI). HACEN PRUEBA PLENA LOS EXHIBIDOS DE FORMA IMPRESA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL, SIEMPRE QUE CONTENGAN LOS DATOS NECESARIOS PARA EVIDENCIAR QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. De la interpretación conjunta y sistemática de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que regulan la expedición de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), se colige que los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT); además, el artículo 29, fracción I, dispone que los contribuyentes deben contar previamente con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y tramitar ante la autoridad mencionada el certificado para el uso de los sellos digitales (fracción II), mientras que la fracción IV señala que debe remitirse al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el CFDI respectivo mediante los mecanismos digitales que para tal efecto determine ese órgano desconcentrado por medio de reglas de carácter general, con el objeto de que proceda a: i) validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A citado; ii) asignar el folio del comprobante fiscal digital; e, iii) incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entonces, para expedir un CFDI deben llevarse a cabo los tres pasos descritos y, hecho lo anterior, entregarse o ponerse a disposición del cliente a través de los medios electrónicos que disponga la autoridad señalada mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del comprobante fiscal y, cuando sea solicitado por el cliente, su representación impresa, que hace presumir su original. Finalmente, en la fracción VI destaca que los contribuyentes pueden comprobar la autenticidad de los comprobantes que reciban consultando en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado. Por tanto, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet exhibidos de forma impresa en un juicio ordinario mercantil, hacen prueba plena, siempre que contengan los datos necesarios para evidenciar que cumplen con los requisitos previstos en los preceptos indicados, pues su impresión hace presumir la existencia del auténtico virtual, ya que su original no es un documento en papel, como lo era antes, por lo que es materialmente imposible que el creador de esos comprobantes exhiba en juicio un original en físico; sin que ello implique un estado de indefensión a la contraparte, toda vez que puede tacharlos de falsos e, incluso, está en aptitud de verificar su autenticidad consultando la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria." En consecuencia, todas las probanzas se integrarán a los cuadernos incidentales en la forma en que fueron presentadas, para ser valoradas y tomada en consideración al resolverse sobre la suspensión provisional. Por ilustrativa se cita la tesis XVI.3o.C.T.1 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que señala: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SI EL JUEZ DE DISTRITO OMITE HACER CONSTAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE EN AQUÉL SE OFRECEN SE EXHIBIERON EN EL CUADERNO PRINCIPAL EN ORIGINAL, EN COPIA CERTIFICADA, SIMPLE, O NO SE EXHIBIERON DEBE REPONER EL PROCEDIMIENTO A EFECTO DE HACER LA COMPULSA Y SE TOMEN EN CUENTA CON EL VALOR QUE LES CORRESPONDA AL DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 71/2010 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 7, de rubro: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).", sostuvo que si durante la secuela del juicio de amparo, las partes exhibieron, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión, pruebas documentales originales o en copias certificadas con las copias suficientes para su compulsa, el Juez de Distrito debe ordenar, de oficio, su cotejo para que consten en ambos cuadernos y, al resolver, puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde en el cuaderno incidental. Por tanto, en el caso de que al incidente de suspensión se glosen originales o copias de documentos aportados por las partes, el Juez de Distrito debe hacer constar, de oficio, si en el cuaderno principal se exhibieron en original, en copia certificada, simple o no se exhibieron; y esto lo puede hacer desde la formación del incidente, durante su secuela o en la audiencia incidental, según la oportunidad en que se anexe el documento al cuaderno incidental. Lo anterior, con el fin de que al momento del dictado de la resolución que decida sobre la suspensión provisional o definitiva, se tenga la seguridad de que le es otorgado el valor probatorio que le corresponda; y, en caso de no hacerlo así, el Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, ordenará la reposición del procedimiento en el incidente para el efecto de que se haga la referida compulsa." (Época: Novena Época, Registro: 161840, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Tesis: XVI.3o.C.T.1 K, Página: 1462). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; solicitando para tal efecto, el acceso al expediente electrónico y autorizando se reciban las notificaciones vía electrónica. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO. Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, haciéndolo por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la misma, promovida por María Teresa Castro Cordero, representante legal de la moral quejosa Despacho Castro Cordero, Sociedad Civil Particular contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES Y ACTOS RECLAMADOS: Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; Administración Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: "La orden de inmovilización y/o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante abiertas en la institución financiera BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, misma que recayó sobre la cuenta 0166326056". Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México: "Los oficios, escritos y/o documentos que directamente o a través de sus subalternos hayan girado a las entidades del sistema financiero mexicano, a efecto de ordenar el bloqueo o inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa y, en consecuencia, la instrucción de bloquear, inmovilizar o suspender los actos operaciones o servicios relativos a la cuenta bancaria de mi representada abierta en Banco BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con número de cuenta 0166326056". BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en la Ciudad de México: "La ejecución del embargo, bloqueo y/o inmovilización, de las cuentas bancarias a nombre de mi mandante abiertas en la institución financiera BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México". "La ilegal e inconstitucional retención de los recursos contenidos en la cuenta referida, así como la omisión de notificar legalmente a la quejosa, de la existencia de una orden de suspensión de los actos, operaciones y servicios de las cuentas bancarias referidas, por parte de las autoridades responsables, Servicio de Administración Tributaria y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dependientes de la Secretaría de Hacienda y crédito Público y la omisión de hacer del conocimiento de mi mandante, los motivos y fundamentos que sustentan dichas órdenes". Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México: "La aprobación y expedición del Código Fiscal de la Federación, concretamente, del artículo 156- Bis de dicho ordenamiento legal". Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México: "El refrendo, promulgación y publicación, respectivamente, de las disposiciones legales señaladas en el párrafo anterior". APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Fórmese por separado y en cuaderno único este incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA En el caso, respecto del acto reclamado consistente en la aprobación, expedición, refrendo, promulgación y publicación del Código Fiscal de la Federación, concretamente, del artículo 156- Bis de dicho ordenamiento legal. En principio se debe analizar la naturaleza de tales actos, los cuales se tratan de consumados con efectos positivos, por lo que con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, ya que dichos actos legislativos de la norma impugnada ya se llevaron a cabo, de manera que el análisis de la legalidad y constitucionalidad de ésta se realizará al momento de dictarse la sentencia en el juicio principal. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Sirve también de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 382, consultable en la página 412, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 911315, que indica: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia VI.2º.C.J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193722, que señala: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Por otra parte, respecto de los efectos y consecuencias de la norma impugnada, que se materializa en la orden de inmovilización y/o aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa abiertas en la institución financiera BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, misma que recayó sobre la cuenta 0166326056, y su ejecución, a fin de analizar la procedencia de la suspensión, se debe verificar si en el caso se satisfacen los requisitos que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el agraviado, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie, se encuentra colmado este requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, respecto al aludido acto reclamado en virtud de los documentos exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda y diverso aclaratorio, consistentes en: (1) la copia certificada notarialmente del instrumento público número doce, de diecisiete de abril de dos mil nueve, pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número veintinueve del Estado, mismo que se ordenó su certificación y fue agregada a los presentes autos, y (2) el estado de cuenta bancario con cadena original del complemento de certificación digital emitido por el Servicio de Administración Tributaria, emitido por BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, relativo a la cuenta número 0166326056; los cuales, resultan suficientes hasta este momento, para acreditar el interés suspensional que tiene para solicitar la providencia precautoria. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Siendo que también se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de tales efectos y consecuencias no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la Ley de la Materia. Además, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora conllevan, al dictado de medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional, máxime que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. Ante ello, toda vez que hasta el momento se desconoce la clase de procedimiento o juicio del que emana la orden de embargo, bloqueo y/o inmovilización de la cuenta bancaria número 0166326056, del Banco BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y su ejecución, se precisa: Para el caso de que el bloqueo o embargo de la cuenta bancaria se trate de un procedimiento administrativo de ejecución de carácter fiscal, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que la parte quejosa tenga libre disposición de la referida cuenta bancaria número 0166326056, del Banco BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, hasta en tanto se resuelve lo procedente en cuanto a la suspensión definitiva que también se insta. Sin embargo, con fundamento en el artículo 135 primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que la medida cautelar decretada continúe surtiendo sus efectos, se deberá constituir la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, acreditándolo haber hecho ante este órgano jurisdiccional. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis IV.2o.A.259 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Cuarto Circuito, visible en la foja 3132, del Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 166434, que establece: "EMBARGO PRECAUTORIO O ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA CUANDO EXISTE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE, PARA QUE SE PERMITA AL CONTRIBUYENTE MANEJARLAS LIBREMENTE, SIEMPRE QUE OTORGUE GARANTÍA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, con el artículo 124 de la Ley de Amparo y, entendida a contrario sensu, con la jurisprudencia 2a./J. 26/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 299, de rubro: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.", procede la suspensión cuando en el juicio de garantías se impugna el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias y existe un crédito fiscal líquido y exigible, para que se permita al contribuyente manejarlas libremente, siempre que otorgue garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, sin que con ello se estén dando efectos restitutorios a dicha medida. Lo anterior es así, porque llegado el momento de resolver el juicio de amparo en lo principal, habrá de analizarse la legalidad o ilegalidad de dicho embargo y porque el depósito del total en efectivo de la cantidad (crédito fiscal), a nombre de la Tesorería de la Federación lo sustituye, de tal suerte que en el supuesto de que se niegue el amparo al estimar legal tal embargo, el monto del crédito fiscal habrá quedado garantizado, máxime porque el mencionado depósito también debe cubrir multas, accesorios, entre otros, que se lleguen a causar, lo que evidencia que el libre manejo de las cuentas otorgado en función de la medida suspensional, no causa perjuicio alguno al fisco." En el entendido que, para el caso de no existir créditos fiscales líquidos y exigibles, de conformidad con el numeral 135 primer párrafo, interpretado a contrario sensu, no tendrá la obligación de exhibir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida. Al respecto cobra aplicación la tesis I.15o.A.88 A, con el número de registro 170,801, publicada en la página 1702, tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE. Conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable al quejoso, de estar acreditados esos presupuestos y, previamente, también los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional conceda la medida con efectos positivos, esto es, para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo, sin perjuicio que de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Sobre tales premisas, cuando en el juicio de garantías se reclama el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias, sin que esté demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible, reunidos los presupuestos mencionados resulta procedente que se otorgue la medida cautelar con efectos positivos que se traducen en el levantamiento del impedimento para manejar libremente las cuentas y, así, permitir la disposición de sus cantidades y valores, dado que en ese evento no es posible evidenciar un daño económico específico para la autoridad y, en cambio, de conservarse esa situación, se causarían al quejoso daños de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad. En este sentido, la concesión de la suspensión sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren (medida cautelar negativa), esto es, para que tampoco la autoridad pueda disponer de las cantidades y valores de las cuentas, además de que toleraría que se prolongara el daño en el derecho del quejoso, sería ociosa e inútil, ya que de cualquier manera, la facultad de la autoridad para disponer de los valores de las cuentas únicamente podría nacer de un crédito fiscal líquido y exigible cuya existencia en ese caso no está demostrada." Y la Jurisprudencia 2a./J.26/2007, con el número de registro 173,061, publicada en la página 299, tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las mismas circunstancias." Por último, en cuanto a la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto al acto reclamado a BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, consistente en la omisión de notificar legalmente de la existencia de una orden de suspensión de los actos, operaciones y servicios de la cuenta bancaria referida, previamente se debe analizar la naturaleza del acto reclamado, el cual en la especie se trata de un acto omisivo sin efectos positivos, ya que consiste en un no hacer de la autoridad responsable, que al resolver el juicio en lo principal deberá ser analizado, en su caso, de no sobrevenir alguna causa de improcedencia. Por lo que a fin de conservar la materia del juicio de amparo, con fundamento en el artículo 128 de la citada ley de la materia, interpretado en sentido contrario, no es procedente conceder la suspensión provisional solicitada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 214, Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199059, que dice: "ACTOS DE OMISION, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte e las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna, por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Así como la tesis I.14o.C.8 K (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Común) y Registro: 2016409, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado". FIJACIÓN DE GARANTÍA. La medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, de la cantidad discrecional de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos al momento. Garantía que deberá depositar en efectivo y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, de esta ciudad, o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, publicada en la página 419, localizable con número de registro 175421, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones" En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. AUDIENCIA INCIDENTAL. Por otro lado, no obstante que el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que la audiencia incidental deberá celebrarse dentro de los cinco días de promovida la suspensión, sin embargo, tomando en consideración que los domicilios de cinco de las autoridades responsables, se ubican fuera de la residencia de este Juzgado y que por la distancia no es factible que rindan sus informes previos en el término aludido, a fin de evitar posteriores diferimientos, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO. De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) De ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. En la inteligencia de que para efectos del párrafo anterior, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, estará representado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo tercero, fracción VI, inciso 26, del Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, se le deberá notificar vía interconexión, en términos de la Declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Apercibidas, con excepción de las Cámaras de Diputados y Senadores, que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Lo anterior, porque la falta del informe previo de las autoridades legislativas, no dará lugar a sanción alguna, de conformidad con el último párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa, las documentales que acompañó a su demanda y de las cuales se ordenó su compulsa, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia de ley. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio alternativo de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, ello en atención a que instó las notificaciones vía electrónica en este asunto, y en cuanto a los nombramientos que hace en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, dígasele que no resulta aplicable al presente asunto, no obstante lo anterior, téngasele como sus autorizados en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alma Azucena Pedraza Pacheco, Jean Carlo Lee Celis, Cecilia Escareño González, Verónica Álvarez Cervantes, Ernesto Arturo Huerta Gómez, Araceli López Cruz, Domingo Bautista Ruiz, José Manuel García Rojas y Jesús Zambrano Cruz. Y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Manuel Alberto Téllez Morales, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. COMUNICACIONES NO PROCESALES. De igual forma, se tienen por señalados como sus correos electrónicos, los que menciona, para establecer comunicaciones no procesales por esas vías, en caso de ser necesario. ACCESO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios "ManuelTellez" y "domingobautista", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio y además las notificaciones relativas, se les efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes a los citados usuarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Lo anterior, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 950, signado por el Magistrado Tercero y Presidente de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva 26123/2023, de seis de los corrientes, a la que se adjuntó el anexo consistente en el original del toca penal ********************, así como la copia certificada de la carpeta de investigación ********************, y dos discos compactos en formato DVD (Disco Versátil Digital). Circunstancia de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria que autoriza y da fe.
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