Denisse Margel Uh Pech

Expediente 904/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
904/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Denisse Margel Uh Pech

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1426/20221-IV-B, promovido por Yoanna Fonseca Valencia, a favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Jaime León Flores, y Alejandro Diaz Madrid; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de agosto de abril de dos mil veintiuno, ante el Secretario de Guardia adscrito a este Juzgado Federal, compareció Yoanna Fonseca Valencia, a favor de Carlos Alberto Angelino Barrón, Jaime León Flores, y Alejandro Diaz Madrid, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las autoridades: I. DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA II. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA PENITENCIARÍA III. SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA IV. SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA V. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA VI. JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA VII. SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO VIII. DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA IX. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA X. SECRETARIA DE GOBIERNO XI. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN XII. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA XIII. PRESIDENTE DE MÉXICO TODOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO XIV. GOBERNADOR DE AGUASCALIENTES XV. GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA XVI. GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR XVII. GOBERNADOR DE COLIMA XVIII. GOBERNADOR DE CHIAPAS XIX. GOBERNADOR DE CAMPECHE XX. GOBERNADOR DE CHIHUAHUA XXI. GOBERNADOR DE COAHUILA XXII. GOBERNADOR DE DURANGO XXIII. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO XXIV. GOBERNADOR DE GUANAJUATO XXV. GOBERNADOR DE GUERRERO XXVI. GOBERNADOR DE HIDALGO XXVII. GOBERNADOR DE JALISCO XXVIII. GOBERNADOR DE MORELOS XXIX. GOBERNADOR DE MICHOACÁN XXX. GOBERNADOR DE NAYARIT XXXI. GOBERNADOR DE NUEVO LEON XXXII. GOBERNADOR DE OAXACA XXXIII. GOBERNADOR DE PUEBLA XXXIV. GOBERNADOR DE QUINTANA ROO XXXV. GOBERNADOR DE QUERÉTARO XXXVI. GOBERNADOR DE SINALOA XXXVII. GOBERNADOR DE SONORA XXXVIII. GOBERNADOR DE SAN LUIS POTOSÍ XXXIX. GOBERNADOR DE TLAXCALA XL. GOBERNADOR DE TAMAULIPAS XLI. GOBERNADOR DE TABASCO XLII. GOBERNADOR DE VERACRUZ XLIII. GOBERNADOR DE YUCATÁN XLIV. GOBERNADORDE ZACATECAS. XLV. JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL DE CDMX DEL PRIMERO AL DÉCIMO SEXTO XLVI. TODOS Y CADA UNO DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AGUASCALIENTES, COLIMA, CHIAPAS, CAMPECHE, CHIHUAHUA, COAHUILA, DURANGO, ESTADO DE MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, HIDALGO, JALISCO, MORELOS, MICHOACÁN, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO (EXCEPTO CANCÚN), QUERÉTARO, SINALOA, SONORA, SAN LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS, TLAXCALA, TABASCO, VERACRUZ, YUCATÁN, ZACATECAS. SEGUNDO. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, únicamente por las siguientes autoridades responsables: I. DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA II. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA PENITENCIARÍA III. SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA IV. SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA V. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA VI. JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA VII. SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO VIII. DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA IX. SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA X. SECRETARIA DE GOBIERNO XI. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN XII. SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA XIII. PRESIDENTE DE MÉXICO TODOS CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO Lo anterior, en relación con los actos reclamados consistentes en la orden de traslado y la reubicación de los quejosos (planteados como ataques a la libertad personal) así como represalias; discriminación, intimidación, amenazas, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 126 de la Ley de Amparo, así como la inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y violación al principio pro persona; asimismo, además de proveer en relación con la medida cautelar solicitada la demanda se registró con el número 1426/2021-IV-B. Y se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara los actos reclamados por cuanto hace a las restantes autoridades responsables. TERCERO. Mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se señaló que la parte quejosa no cumplió con la prevención realizada, y en consecuencia, se desechó de plano la demanda, respecto de los actos señalados como la orden de traslado, la reubicación de los quejosos, así como represalias en su contra. Y se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente por cuanto hace a los actos reclamados discriminación, intimidación, amenazas, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previos diferimientos se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que los actos reclamados consisten en: La discriminación, intimidación, amenazas, actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución y 126 de la Ley de Amparo, así como la inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y violación al principio pro persona. TERCERO. Inexistencia de actos. Al rendir sus informes de suspensión de plano, el I. DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 22); II. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 29); III. SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 30); IV. SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 31); V. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 32); VI. JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA (número de promoción 13019, foja 33); VII. SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO (número de promoción 13015, foja 16); VIII. DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (número de promoción 13016, foja 20); IX. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (número de promoción 13111, foja 39); X. SECRETARÍA DE GOBIERNO y XI. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (número de promoción 13112, foja 41); XII. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (número de promoción 13149, foja 50) y XIII. PRESIDENTE DE MÉXICO (número de promoción 13147, foja 48), todos con sede en la Ciudad de México, señalaron que no son ciertos los actos, por tanto, así debe tenerse; sin que la parte amparista hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar lo dicho por las responsables. En ese sentido, ante la negativa de las autoridades responsables, y al no probar la existencia de los actos la parte promovente de amparo, procede SOBRESEER en el juicio constitucional. Al respecto se aplica la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627 Tipo: Jurisprudencia INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Negativa que reiteraron las autoridades responsables identificadas como VII. SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO y VIII. DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, al rendir sus informes justificados; a excepción del I. DIRECTOR DE LA PENITENCIARÍA, II. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA DE LA PENITENCIARÍA, III. SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA PENITENCIARÍA, IV. SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA, V. COMITÉ TÉCNICO DE LA PENITENCIARÍA, VI. JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO UBICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA PENITENCIARÍA; IX. SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA; X. SECRETARÍA DE GOBIERNO; XI. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; XII. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA; y XIII. PRESIDENTE DE MÉXICO; sin que tal circunstancia incida en lo anteriormente determinado, en razón de que al momento de rendir sus respectivos informes de la suspensión de plano señalaron la negativa de los actos que se les reclaman. Apoya a lo anterior, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que a continuación se transcribe: "Registro digital: 2014261 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.P.25 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, página 1933 Tipo: Aislada INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón, Jaime León Flores, y Alejandro Diaz Madrid, en contra de las autoridades señaladas en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  2. Principal

    NOT. ELECT Mérida, Yucatán, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el escrito recibido vía electrónica en este Juzgado, signado mediante el uso de la FIREL de Mirna Julia Hernández Parra, autorizada en términos amplios de la parte quejosa. En atención a su contenido, se tiene a la ocursante interponiendo recurso de queja en contra del proveído de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios, notifíquese a las demás partes la interposición del recurso de mérito, esto es, a las autoridades responsables, y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la Superioridad. Transcurrido el plazo, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios, de la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la queja, las constancias solicitadas por las partes y las demás que se estimen pertinentes, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta que antecede; se acuerda: agréguese a los presentes autos, el oficio CJ/DA/0D/2416/2022 firmado por el Director del Archivo Notarial del Estado de Yucatán, el cual, en cumplimiento al proveído de veinte de abril de la presente anualidad, informa a este juzgado que no se encontró inscrito aviso alguno de juicio testamentario a nombre del fallecido tercero interesado Álvaro Germán Rosas Arreola. En consecuencia, como una medida más tendiente al emplazamiento de la sucesión del nombrado tercero interesado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en auxilio de las labores de este juzgado, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, residente en esta capital. Lo anterior, para que dentro del término de diez días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal, según los registros que obren en los órganos jurisdiccionales del ramo familiar pertenecientes al Poder Judicial de esta entidad federativa, la información relativa a la existencia de algún juicio de sucesión intestada o testamentaria promovido a nombre del aquí tercero interesado Álvaro Germán Rosas Arreola, así como el nombre y domicilio del albacea correspondiente a dicha sucesión, o en su caso, manifieste el impedimento que tiene para ello; esto, a fin de que pueda ser llamado al presente juicio de amparo. Apercibido que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil, ochocientos once pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, primero de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio remitido por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, residente en la Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a la suspensión de plano concedida al aquí quejoso. Cabe precisar, que de la comunicación oficial que remite dicha autoridad se advierte que anexa diversos informes dirigidos a otros órganos jurisdiccionales; por tanto, se ordena el desglose de los mismos a fin de que coincida el expediente físico con el expediente electrónico; y se acordará únicamente el informe referente al presente juicio de amparo. Ahora bien, en la misiva de cuenta, la autoridad oficiante comunica las gestiones realizadas para dar cumplimiento a dicha suspensión de plano; sin embargo, de autos no se advierte que se haya otorgado este tipo de suspensión que refiere, aclarando que se concedió la suspensión provisional a fin de que se le aplique la vacuna al menor quejoso Patricio Alejandro Villagómez Rodríguez. No obstante lo anterior, este órgano jurisdiccional toma en cuenta lo informado por la autoridad en el oficio que se atiende, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

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