Denyn Arturo Huerta de la Llave
Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2020
Partes del expediente
- Denyn Arturo Huerta de la Llave
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, visto su contenido se provee: AUTORIDAD ACUSA RECIBO DE EXPEDIENTE. Se tiene a la Directora de Procedimientos Constitucionales de la Fiscalía General del Estado, acusando recibo del oficio por el cual se remitieron las copias certificadas del expediente administrativo... de su índice; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la razón de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio de garantías. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA. Ha causado ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL, DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó el presente juicio y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el artículo 21, inciso a) del citado Acuerdo General. SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE LA RESPONSABLE REMITIÓ COMO APOYO DE SU INFORME DE LEY. Devuélvanse las copias certificadas del expediente administrativo... que Titular de la Unidad General de Amparos,Control Procesal y Soluciones Anticipadas de laCoordinación General de Asuntos Jurídicos de laFiscalía General del Estado, remitió como apoyo a su informe justificado, y obran en un cuaderno auxiliar anexo. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O para resolver el juicio de amparo 636/2019, promovido por..., por propio derecho, y; PRIMERO. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla,..., por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se indican: ...III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- TITULAR DE LA UNIDAD GENERAL DE AMPAROS, CONTROL PROCESAL Y SOLUCIOES ANTICIPADAS de la Dirección General Jurídica Consultiva y se Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado. IV. ACTO RECLAMADO.- El acuerdo de seis de julio de 2020, dictado dentro del expediente..., por el cual se determina que resulta improcedente el incidente de incompetencia planteado en contra del Titular de la Unidad General de Amparos, Control Procesal y Soluciones anticipadas de la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. TERCERO. Se radicó y registró la demanda como 636/2020, se admitió a trámite; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII Constitucionales, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, pues se reclama un acto emitido por una autoridad administrativa con residencia en el territorio sobre el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden a plenitud del estudio íntegro de la demanda y sus anexos, pues constituye un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, página 255, con el rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la quejosa reclama: La resolución de seis de julio de 2020, dictada en el expediente administrativo..., por el cual declaró improcedente el incidente de incompetencia planteado por el quejoso contra el Titular de la Unidad General de Amparos, Control Procesal y Soluciones anticipadas de la Dirección General Jurídica Consultiva y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado para conocer del citado expediente. TERCERO. Es cierto el acto que se reclama al Titular de la Unidad General de Amparos, Control Procesal y Soluciones Anticipadas de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado (fojas 22 a 24). CUARTO. Debe decirse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. De lo que se obtiene que el estudio de las causas de improcedencia deben de hacer se oficio y son de estudio preferente. En el caso, respecto del acto reclamado, la suscrita estima se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el diverso 107, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;. Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... II. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: ...b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, pues el acto reclamado no puede ser considerado como un acto con efectos de imposible reparación, que tenga como consecuencia una afectación a derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República o en los tratados internacionales en que México es parte, toda vez que, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que declara infundada o improcedente una excepción de incompetencia, pues no se trata de un acto dentro del procedimiento administrativo de queja o denuncia administrativa de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la fracción VIII del 107 de la Ley de Amparo, en el que el juicio de amparo procede únicamente contra actos definitivos en que la autoridad determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Se afirma lo anterior, toda vez que, el acto que reclama no causa al solicitante de amparo un daño jurídico que no sea reparable, que produzca afectación directa e inmediata en sus derechos sustantivos, sino que atiende a aspectos adjetivos ya que tienen como objeto dilucidar cuestiones de carácter meramente procesal. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, que dio origen a la jurisprudencia P./J 37/2014, publicada el seis de junio de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo qué actos son considerados como de imposible reparación, bajo los siguientes términos: ...Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para calificar un acto de imposible reparación, éste necesitaba producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Ahora bien, las cuestiones de competencia, en inicio, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Esto es, se trata de hipótesis no sólo distintas, sino contrarias, porque, en la primera, se continúa ejerciendo jurisdicción y, en la segunda, se deja de ejercerla, para que sea otro órgano el que la activa sobre el mismo negocio. Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis, para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleje en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia y, por ello, se suspende el conocimiento del procedimiento del órgano que conoce del asunto, ello, al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por consiguiente, no debe ampliarse el ámbito de procedencia del juicio de amparo indirecto, hacia una hipótesis distinta y contraria a la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Bajo esa óptica, se pone de manifiesto que, si lo impugnado en la demanda de amparo indirecto, es la resolución que declara improcedente el incidente de incompetencia planteado por el quejoso -como en el caso-, lo objetivamente cierto es, que esto no tiene la connotación de ser de ejecución irreparable, porque no se revela una afectación actual, que impida en forma patente a la parte quejosa el ejercicio de un derecho sustantivo que le asista; por el contrario, sólo produce efectos adjetivos o procesales. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia PC.XVIII. J/9 K (10a.) de la Décima Época, emitida por el Pleno del Decimoctavo Circuito, visible en el Libro 21, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de dos ml quince, cuyo y rubro señalan: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE DESESTIMA O DECLARA INFUNDADA LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014, con rubro: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la Ley de la Materia vigente desde el tres de abril de dos mil trece, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la ley respecto del significado jurídico de imposible reparación, desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en un grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece, debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, las cuestiones de competencia, se producen de manera negativa o positiva, esto es, cuando la resolución que se pronuncia para decidirla, conduce a que el órgano jurisdiccional que conoce de un conflicto, siga conociendo del mismo, por haberse desestimado la excepción respectiva (negativa), o bien, que la resolución que dirime la cuestión competencial, declare fundada la excepción relativa, caso en el que el órgano jurisdiccional debe dejar de ejercer jurisdicción sobre el asunto (positiva). Tal diferencia fue advertida por el legislador de manera intencional en la norma, porque únicamente previó como hipótesis para que proceda el juicio de amparo indirecto, el caso en que la cuestión de competencia se refleja en su aspecto positivo, es decir, cuando se declara fundada la excepción de incompetencia, y por ello, se suspende la jurisdicción del órgano que conoce del asunto, ello al establecer el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aspecto que no debe ampliarse a una hipótesis distinta y contraria, pues ello trastocaría el sistema defensivo diseñado por el legislador, respecto del tema de las competencias. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que desecha o desestima la excepción de incompetencia, porque no se trata de un acto en juicio de imposible reparación, ya que no afecta derechos sustantivos y porque es un aspecto distinto y contrario al previsto en la citada fracción VIII del numeral 107 de la ley reglamentaria de la materia. En tales circunstancias, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, ya que se estableció al amparo de una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía considerarse como actos en el juicio de imposible reparación, lo que no acontece en la Ley de Amparo vigente. En consecuencia, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por..., contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero, en relación con el considerando segundo, en términos del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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