Denyn Arturo Huerta de la Llave
Expediente 1627/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1627/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2019
Partes del expediente
- Denyn Arturo Huerta de la Llave
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA NICÉFORO LOBATO MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE TECOLTEMI Y REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE TECOLTEMI (REPRESENTANTE COMÚN), EL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el escrito de cuenta, registrado con el número 25262, al efecto se provee: Téngase al autorizado de la persona moral tercero interesada ........, interponiendo recurso de queja contra el resolución interlocutoria de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en tales condiciones: SE PROMUEVE RECURSO DE QUEJA. Se tiene por interpuesto el medio de defensa promovido contra el auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, en términos de los artículos 97 fracción I, inciso g), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo. Notifíquese a las partes la interposición del referido recurso. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito y requiéraseles para que en el término de tres días legalmente computado señalen las constancias que deban remitirse a la superioridad. Una vez transcurrido dicho término, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en Turno, el original del escrito de agravios, así como copia de la resolución recurridos, el informe justificado correspondiente y las constancias necesarias para la substanciación del citado recurso, constancias de notificación correspondiente, así como aquellas que señalen las partes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio con registro 25286, signado por el Titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el cual solicita se le informe si en este Órgano jurisdiccional se encuentra radicado el juicio de amparo 445/2015, y si fue otorgada la suspensión definitiva, y en caso de ser así, los efectos de la misma. Dígase a la autoridad oficiante que por acuerdo de ocho de abril de dos mil quince, se registró la demanda de amparo con el número 506/2015 y se admitió, asimismo, mediante proveído de ocho de junio de dos mil quince, se reenumeró el citado juicio de amparo bajo el nuevo número 445/2015, de igual forma en el citado auto de ocho de abril de dos mil quince, se concedió la suspensión de plano para los efectos siguiente: ".Por tanto, con fundamento en el artículo 126, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano solicitada, para el efecto de que el ....... no sea privado en forma total, parcial, temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a que se refiere la resolución presidencial de dotación de tierras de veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta, con motivo de los títulos de concesión ..... y ... identificadas con nombres de lotes "...." y "...." en las cuales se autorizó la realización de obras y trabajos de exploración y explotación minera, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva que en su caso se llegue a dictar en el presente juicio..."
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo de Familiar en la Ciudad de Puebla, a través del cual informa en relación a las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada, asimismo, de la constancia que adjunta se advierte que dicha responsable remitió oficio recordatorio al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica del Sistema Estatal DIF, para que por su conducto remita el complemento del estudio socioeconómico del menor de iniciales ...... mismo que la Licenciada en trabajo social ...... deberá de remitir en su totalidad, en consecuencia: Requiérase nuevamente al Juez Segundo de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, para que en el término de tres días comunique lo informado por la trabajadora social ...... en relación a la totalidad de los puntos concretos del estudio socioeconómico del entorno en el que se desenvuelve el niño de iniciales .... para lo cual deberá remitir las constancias respectivas, lo anterior a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos y la suscrita se pronuncie del mismo. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 213 y 214 de autos).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA Denyn Arturo Huerta de la Llave, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese, bajo el número que le corresponda, en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra actos de la Directora de Visitaduría y Encargada del Despacho del Órgano Interno de Control y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad, consistente en la resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se declara prescrita la facultad para imponer sanción administrativa en contra de ...en autos del expediente administrativo 297/2018/DV; al respecto se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: El artículo 62 de la Ley de Amparo, impone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizaran de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En el caso concreto, esta Juzgadora considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Preceptos legales que establecen que el juicio constitucional es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, esto es, se reconoce el carácter de quejoso a quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la norma citada, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pero el interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Es decir, no es requisito único para promover el juicio constitucional que el solicitante de amparo cuente con interés jurídico, pues en ocasiones para la procedencia será necesario que aduzcan tener un interés legítimo individual o colectivo, con la excepción de que tratándose de actos derivados de Tribunales Judiciales, Administrativos, Agrarios o del Trabajo, el solicitante del amparo solo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo, el cual se ve afectado de manera personal y directa, por lo que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo, ni mucho menos de un interés simple. Es necesario precisar que el interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica particular de un individuo (derecho subjetivo); en cambio, el interés legítimo admite una afectación indirecta, no en sí misma, sino por encontrarse ubicada en una situación especial frente al orden jurídico, lo cual le permite accionar para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado aunque no goce de un derecho subjetivo reflejo individual, es decir, la persona se encuentre en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; además el demandante debe acreditar que se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, además la anulación del acto que se reclama producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Así lo explicó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), visible en la página 60, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En cambio el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquél que puede tener cualquier interesado por alguna acción u omisión del Estado, pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para este y, por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del gobernado. Tales consideraciones se reflejan en la tesis 1a. XLIII/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 822, Tomo I, Febrero de 2013, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Ahora bien, resulta necesario precisar que la parte promovente acude a la presente instancia constitucional a reclamar: - La resolución de dos de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se declara prescrita la facultad para imponer sanción administrativa en contra de Roberto García Velarde, en autos del expediente administrativo 297/2018/DV. De lo anterior, se advierte que la parte quejosa no tiene un derecho subjetivo reconocido por una norma, ni existe una afectación directa en su esfera jurídica individual (interés jurídico), dado que el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Lo anterior se advierte del criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 1/2006, visible en la página 1120, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Del mismo modo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 124/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes. "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. EL QUE EL ARTÍCULO 53 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA OTORGUE AL PROMOVENTE DE LA QUEJA EL DERECHO PARA APORTAR MAYORES ELEMENTOS DE PRUEBA QUE MOTIVEN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO; CUANDO SE DETERMINA QUE NO HA LUGAR A INICIARLO FORMALMENTE Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, NO LE OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO CONTRA ESA RESOLUCIÓN. Acorde con los artículos 108, primer y último párrafos, y 109, fracción III, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier interesado puede presentar queja por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. Por otra parte, en relación con el tema del interés jurídico tratándose de ese tipo de quejas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", al analizar los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sostuvo que el gobernado tiene derecho a presentarlas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, pero que dicha legislación federal no otorga al denunciante la facultad de exigir a la autoridad que realice determinada conducta o acceda a sus pretensiones, por lo que carece de interés jurídico para reclamar la resolución correspondiente. Ahora bien, el artículo 53 Bis, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla establece que si la autoridad competente, después de valorar las constancias y actuaciones, considera que no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidades contra el servidor público, archivará el expediente, lo que hará del conocimiento del promovente para que en su caso aporte mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo. Sin embargo, el derecho del promovente de la queja para aportar mayores elementos de prueba que motiven el inicio del procedimiento respectivo, no constituye razón suficiente para determinar que cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de garantías contra dicha determinación, porque la facultad de aportar mayores elementos de prueba se traduce únicamente en la posibilidad de coadyuvar en la integración del expediente, pero no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público." En ese orden de ideas, el solicitante de amparo tiene un interés simple, el cual no es protegido por la norma, pues aun cuando tiene derecho a presentar quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, ello no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público; de lo que se sigue que el que se incoe, se sobresea o deseche como acontece en el particular un procedimiento administrativo de responsabilidad a un servidor público no irroga perjuicio alguno a Denyn Arturo Huerta de la Llave, sin importar que él sea el denunciante. De lo anterior, se concluye que en el caso concreto la falta de interés jurídico y legitimo sí es un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en virtud de que éste no puede acreditarse durante el procedimiento del juicio de amparo ni en la audiencia constitucional, toda vez que la parte quejosa reclama una resolución dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor público, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el particular que formula la queja o denuncia administrativa por probables responsabilidades de funcionarios, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que la declara improcedente. En consecuencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo por su notable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. DOMICILIO DEL QUEJOSO. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tienen por autorizada en los amplios términos que marca el artículo 12 de la Ley de Amparo a ,... toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte, tiene registrada, su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el artículo 27 fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que practiquen las notificaciones que correspondan al presente juicio en la zona conurbada de la ciudad de Puebla, cuando así se requiera. DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 89, 90 y Sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguense a los autos el escrito de cuenta, visto su contenido se provee: Téngase a Alberto Tanus Taja representante legal de la parte quejosa ....... realizando las manifestaciones que de su ocurso se desprende en el sentido de que el monto devuelto por concepto del derecho por servicio de alumbrado público, respecto al periodo de enero a junio de dos mil diecinueve, ha quedado cubierto; sin embargo, respecto al pago restante realizado en el mes de julio de dos mil diecinueve, por la cantidad de $ 5,675.47 m.n. (cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 47/100 moneda nacional), fue devuelto por la institución bancaría denominada ..... título de crédito que en su reverso tiene la leyenda "DEVUELTO", con fecha seis de agosto de dos mil diecinueve, por no especificar otra causa con el número (24); es decir, dicho título fue expedido por la cantidad de 5,387.16 m.n. (cinco mil trescientos ochenta y siete pesos 16/100 moneda nacional), monto diverso al pagado. Así mismo, manifiesta el autorizado de la parte quejosa que no le ha sido cubierto el diverso monto pagado, correspondiente al mes de julio de la presente anualidad, por la cantidad de $ 5,675.47 m.n. (cinco mil seiscientos setenta y cinco pesos 47/100 moneda nacional). Tocante al título de crédito que exhibe la parte quejosa, guárdese en la caja de valores bajo el rubro de documentos importantes de este juzgado, con el número 60/2019. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Requiérase a la quejosa, para el efecto de que se presente ante este Juzgado debidamente identificado dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger el cheque, por la cantidad de $ 5,387.16 m.n. (cinco mil trescientos ochenta y siete pesos 16/100 moneda nacional), que exhibió, en su escrito de cuenta. Apercibido que de no comparecer dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual forma, téngasele manifestando que no obstante que la responsable Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, informó haber instruido a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que dejara de cobrar el impuesto sobre el derecho de alumbrado público, con fecha reciente realizó el pago correspondiente al mes de agosto del año en curso, y nuevamente le fue cobrado el porcentaje correspondiente al 2% el cual fue declarado inconstitucional, por la cantidad de $ 5,571.19 m.n. (cinco mil quinientos setenta y un pesos 19/100 moneda nacional) tal y como se advierte de la copia del depósito realizado por dicho pago; por lo que solicita se requiera a la autoridad responsable Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, proceda a realizar la devolución de los montos pagados correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de dos mil diecinueve; al respecto se provee: Requiérase a la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de San Andrés Cholula, Puebla, para que en el término de tres días, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $11,246.66 m.n. (once mil doscientos cuarenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que erogó por concepto de alumbrado público respecto al servicio 216 930 501 851, correspondiente a los meses de julio y agosto de dos mil diecinueve. Así mismo, requiérase al Presidente Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, para que a su vez conmine a la Comisión Federal de Electricidad, para que en lo subsecuente le deje de aplicar a la impetrante de garantías el impuesto sobre el derecho de alumbrado público del 2%, respecto al ejercicio fiscal 2019, el cual fue declarado inconstitucional. En el entendido de que deberá dar cumplimiento a la ejecutoria dictada y subsisten los apercibimientos decretados mediante auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve; es decir, la multa y la remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Sin que obste a lo anterior el hecho de que con fecha cinco de julio del año en curso, se aprobó el incidente de liquidación de sentencia, por el monto de $20,433.59 m.n. (veinte mil cuatrocientos treinta y tres pesos 59/100 moneda nacional), pues al haberse declarado inconstitucional la aplicación del 2% del derecho de alumbrado público, respecto del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dicho precepto debe ser sustraído de la esfera jurídica de la quejosa para que ni en el presente ni en el futuro se le aplique (fojas 135 y 136); ni que con fecha dieciséis de agosto del año en curso, se haya dado vista con el cumplimiento a la ejecutora dictada; pues es inconcuso que la Comisión Federal de Electricidad, sigue realizando dicho cobro a la parte quejosa, contraviniendo lo resuelto en la ejecutoria de amparo. Por otro lado, respecto a la manifestación del quejoso en el sentido de que a efecto de evitar mayores dilaciones proporciona los datos electrónicos a través del cual puede realizar la transferencia electrónica la autoridad responsable; dígasele que no ha lugar a proporcionárselos a la responsable dado que no los proporciona, por lo tanto, deberá de comparecer ante la misma a recoger el título de crédito que en su momento expida la responsable o en su caso le proporcione los datos necesarios para la transferencia. Finalmente, tomando en consideración lo asentado en párrafos que anteceden y visto los autos de los que se advierte que la responsable Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, ha requerido a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que esta última deje de aplicar a la aquí quejosa Confecciones y ...... el cobro del 2% del derecho del servicio de alumbrado público, solicítese, a la Comisión Federal de Electricidad, informe el cumplimiento dado a lo requerido por el Tesorero Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, respecto a dejar de aplicar a la citada quejosa la tarifa del 2%, respecto al servicio 216 930 501 851. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,777 expedientes
- Denyn Arturo Huerta de la Llave810/2021
- Denyn Arturo Huerta de la Llave1358/2019
- Denyn Arturo Huerta de la Llave510/2016
- Denyn Arturo Huerta de la Llave357/2018
- Denyn Arturo Huerta de la Llave1163/2022
- Denyn Arturo Huerta de la Llave1357/2019
- Denyn Arturo Huerta de la Llave636/2020
- Denyn Arturo Huerta de la Llave2330/2018
- Denyn Arturo Huerta de la Llave2111/2021
- Denyn Arturo Huerta de la Llave1270/2023
- Denyn Arturo Huerta de la Llave29/2020
- Denyn Arturo Huerta de la Llave646/2022