Denisse Violeta Farías Hernández

Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
676/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Denisse Violeta Farías Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, emitida por este Juzgado, en el que se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, promovido por -------------, defensor particular de ----------------- y ---------------- , HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numerales 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso b), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: . II. Expedientes judiciales: a) Duplicados, siempre que se cuente con el original; ." Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; . En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Por lo acordado en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues, se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo; y por cuanto hace al incidente de suspensión, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el duplicado es susceptible de destrucción, y el original de depuración, debiéndose dejar únicamente en el original, la demanda y resoluciones en las que se concedió la suspensión, por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material correspondiente. Asimismo, sin que se ordene glosar el duplicado del cuaderno incidental, pues en cumplimiento al punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto antes transcrito, dicho cuaderno deberá ser desincorporado de este expediente, para proceder a su posterior destrucción una vez que transcurra el término de seis meses referido en el citado Acuerdo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese; por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público dela Federación Titular de las Mesas I, II y III del Sistema Tradicional en Naucalpan de Juárez de la Fiscalía General de la República en el Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado y en apoyo al mismo, adjunta copia certificada de diversas constancias De lo anterior, sin que haya lugar a otorgar vista a las partes con el contenido del informe justificado y constancias adjuntas, pues se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente, debido a que las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y, de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto legal trascrito se advierte que es improcedente el juicio de amparo, cuando los efectos del acto reclamado quedaron insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. Para una mejor comprensión de la causal de improcedencia advertida de oficio por este Juzgador, resulta necesario tener presente lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los criterios que se citan a continuación. El publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 81, que prevé: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como el diverso criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y Apéndice 2000, Tomo VII, febrero de 1998, jurisprudencia SCJN, página 219, que prevé: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado, se traducen en que la autoridad deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o abstención, lo que debe entenderse en el sentido de que ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización o realización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte, ni surtirá sus efectos que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida, está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En el caso, en esta instancia constitucional la parte quejosa señala como acto reclamado El acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, emitido en la Averiguación Previa PGR/MEX/NAU-I/553A/2013, en el cual revocó el proveído de tres de septiembre de este año (auto en el que concedió a la defensa de las quejosas, la expedición de copias certificadas de todo lo actuado y un término de quince días hábiles para rendir declaración por escrito), para negar las copias de la averiguación citada y abstenerse de pronunciarse sobre el plazo para que las quejosas puedan rendir su declaración por escrito. Sin embargo, de las documentales adjuntas al informe justificado que se atiende, la cuales merecen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, la quejosa --------, compareció ante la autoridad responsable, asistida de su abogado defensor, y se le hizo entrega de las copias certificadas de la citada averiguación previa, firmando de conformidad, y se le otorgó el término de quince días para que presentara por escrito su declaración; y respecto a la diversa quejosa -----------, el veintisiete de octubre de este año, se le entregaron las copias de la indagatoria mencionada firmando de conformidad, asistida de su defensor particular, en donde se le concedió el plazo de quince días para presentar por escrito su declaración ministerial. En consecuencia, toda vez que en el presente juicio constitucional, el acto reclamado quedó sin efectos al haberse otorgado a las quejosas el término de quince días solicitado para rendir sus declaraciones, así como haberles entregado las constancias certificadas solicitadas, para que estén en posibilidad de presentar una defensa adecuada del injusto penal que se les imputa, se han subsanado las violaciones que se consideró realizadas, restituyendo así a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violentado, como si se les hubiera otorgado la protección constitucional. Se actúa en los términos apuntados, toda vez que el estudio del acto debe limitarse a lo que señala la parte quejosa, que en la especie fue la negativa para proporcionar las copias de la averiguación previa y el plazo para que puedan rendir su declaración ministerial, lo que en la especie satisfizo el agente responsable. Es aplicable a lo anterior por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓ DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causal de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, se configura dicha hipótesis analizada. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese a las partes que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, en razón de la determinación anterior. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, vía electrónica y, personalmente a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.

  3. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de las Investigadoras I, II y III del Sistema Tradicional en Naucalpan de Juárez, Estado de México; por medio del cual, en cumplimiento a la suspensión provisional, informa que el veintisiete de octubre del año en curso, entrego copias certificadas de todo lo actuado de la averiguación previa a la quejosa --------, y le concedió el plazo de quince días para rendir su declaración ministerial. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales. Notifíquese; por lista a las partes, en los términos que establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 676/2020-II, promovido por -------------- y ----------, por conducto de su defensor particular -----------, en contra de los actos y autoridad precisados en la copia de la demanda con que se formó este cuaderno los cuales en este acto se tienen por reproducidos como si se insertaran a la letra, en obvio de repeticiones innecesarias. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de manera electrónica y turnado a este Juzgado Federal, al día siguiente, -------------- y ----------, por conducto de su defensor particular -----------, promovió juicio de amparo contra actos del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de las Investigadoras I, II y III del Sistema Tradicional en Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. Por auto de ocho de octubre del año en curso, este Juzgado Federal ordenó formar por separado y duplicado el incidente de suspensión, solicitó a la autoridad responsable informe previo y fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver la presente resolución incidental, de conformidad con los artículos 103 y 107, Constitucionales; 140 y 144, de la Ley de Amparo; 1, 48 y 51, de la de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el apartado cuarto fracción II del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en relación al Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el quince de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que reforma el numeral segundo, fracción II número tres del citado Acuerdo General 3/2013, en virtud de que los actos reclamados por la parte quejosa, tienen repercusión en el territorio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En primer término, con fundamento en el dispositivo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es preciso establecer los actos reclamados por la parte quejosa que consisten en: El acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, emitido en la A. P. PGR/MEX/NAU-I/553A/2013, en el cual: revocó el proveído de tres de septiembre de este año (concedió a la defensa de las quejosas, la expedición de copias certificadas de todo lo actuado y un término de quince días hábiles para rendir declaración por escrito), para negar las copias de la averiguación citada y abstenerse de pronunciarse sobre el plazo para que las quejosas puedan rendir su declaración por escrito. TERCERO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de las Investigadoras I, II y III del Sistema Tradicional en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe previo, aceptó la existencia de los actos reclamados, como se advierte de autos. Procedencia de la suspensión definitiva. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138, de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. En principio, debe decirse que para otorgar la medida cautelar solicitada, debe partirse de la premisa de que el acto reclamado sea susceptible de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, no existiría materia que preservar. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de dicha medida cautelar es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. En ese sentido, para establecer si el acto reclamado es o no suspendible, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. De igual forma, en el presente apartado, resulta necesario señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 15/96, estableció que la apariencia del buen derecho (también conocida como Ver similitud del Derecho Invocado o fumus boni iuris), es el consentimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. También el pleno estimó: 1. Que para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, 2. Que tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho. b) Que exista la solicitud del quejoso; y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Fijado el acto reclamado en el considerando segundo, se procede al análisis de los requisitos precisados en líneas que anteceden, a efecto de determinar si se actualizan en el caso de que se trata, siendo por su orden: En el entendido de que las incidentistas, solicitan la medida cautelar, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y que se ordene al fiscal investigador responsable, de que se abstenga de ejercer acción penal en su contra, tener por no rendida su declaración, aplicar medidas o medios de apremio, apercibimiento o cualquier efecto que surja en contra de ellas, por no estar en posibilidad de rendir su declaración por escrito, al tratarse de actos negativos que trascienden en su defensa, respecto de la acusación que se les imputa. a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse, debiéndose realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Primeramente, es de decirse que si bien algunos de los actos reclamados antes precisados, podrían considerarse de carácter omisivos y negativos, lo cierto es que éstos tienen efectos positivos al incidir directamente en la defensa de las aquí quejosas, ya que refieren que figuran como indiciadas dentro de la averiguación previa de donde derivan los actos reclamados. Por tanto, si los actos aquí reclamados son de naturaleza negativa con efectos positivos, que implican una conducta activa por parte de la responsable; entonces, de acuerdo a sus características son actos susceptibles de suspenderse, puesto que no agotan todos sus efectos con su dictado. Bajo ese contexto, haciendo un análisis provisional de la constitucionalidad del acto reclamado, a partir de la ponderación que se hace conforme al principio de la apariencia del buen derecho a que se refiere el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal; y 138 de la Ley de Amparo; se estima que existen elementos suficientes (su protesta de decir verdad, las constancias que anexan a su demanda y el informe previo de la responsable) que evidencian con cierto grado de certeza que la parte quejosa, puede resentir una afectación en su derecho de defensa, en el procedimiento en el cual se encuentran incoadas. b) Que exista solicitud del quejoso. Cumplido el requisito natural para la procedencia de la medida cautelar, se continúa con el estudio de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Este precepto establece en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el quejoso", lo que implica que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés por el acto reclamado. En el caso, existe petición de suspensión y además la solicita quienes resultan directamente agraviadas con los actos reclamados, pues según lo expuesto en la demanda de amparo, las quejosas son imputadas en la A. P. PGR/MEX/NAU-I/553A/2013, lo que se acredita presuntivamente con las copias que adjunta a su demanda, a efecto de acreditar su interés suspensional. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, ya sea privándolo de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. En tales circunstancias, se estima que en el caso no se cumple dicho requisito de procedencia; por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para que los efectos que solicitan la medida cautelar las quejosas; es decir, para que el fiscal investigador responsable, se abstenga de ejercer acción penal en su contra. Toda vez que el orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Así, la apreciación de la existencia del orden público y del interés social dependen del caso concreto, por ende, los juzgadores al otorgar o negar la suspensión de los actos reclamados deben exponer los fundamentos, motivos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público, respetando así el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.3o.A. J/16, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199,549, de rubro: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." Así como, la jurisprudencia número 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 357, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con el número 186,415, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO." Respecto al requisito en estudio, es pertinente recordar que no basta con que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto. Así, el impedir que el fiscal responsable, no continúe con la investigación de la averiguación previa de mérito, es una cuestión de orden de público, ya que la sociedad está interesada de que los ilícitos no queden impunes, de tal manera que de conceder la suspensión iría en contra de los fines de la misma. En virtud, de que el artículo 128, de la Ley de Amparo establece que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, no procede concederla cuando el acto reclamado sea para que no se judicialice o consigne la averiguación previa, porque no se actualiza la exigencia prevista en la fracción II, de la porción normativa en comento, ya que la sociedad está interesada en la persecución de los delitos y que éstos no queden impunes, por lo que deben desplegarse todas las acciones tendentes a su investigación por parte del Ministerio Público; aunado a que de concederse, paralizaría la continuación de la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio, vulnerando disposiciones de orden público, pues es evidente que la facultad constitucional de investigar los delitos no puede paralizarse y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; sin que se actualice la salvedad prevista en el artículo 150, de la Ley de Amparo, porque la continuación del procedimiento de investigación no deja irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse a las quejosas, pues, esta puede repararse una vez que se emita la sentencia definitiva. Amén, de que se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta. Así, se concluye que resulta mayor el perjuicio que podría sufrir el interés colectivo, que el irrogado a la parte quejosa con el acto reclamado, pues de conceder la medida suspensiva significaría restringir la facultad de la responsable, ya que el objeto que se persigue, es que la representación social lleve a cabo la procesión de los delitos a efecto de que no queden impunes. Apoya lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 288, registro 2021264, que dispone: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así como, la jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 2041, registro 2019329, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria. Y, la jurisprudencia número I.4o.A. J/56, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada a fojas 986, tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 172,133, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE AFECTAN EL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, DEBE SOPESARSE EL PERJUICIO REAL Y EFECTIVO QUE PODRÍA SUFRIR LA COLECTIVIDAD, CON EL QUE PODRÍA AFECTAR A LA PARTE QUEJOSA CON LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EL MONTO DE LA AFECTACIÓN DE SUS DERECHOS EN DISPUTA." No pasa inadvertido para este Juzgado, que de conformidad con el artículo 138, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, pero también en dicho precepto se establece la obligación de la no afectación del interés social, como en la especie se actualiza. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que es procedente la suspensión provisional o definitiva, siempre y cuando se tome en cuenta la naturaleza de la violación alegada, mediante un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, que debe realizar el juzgador, pudiendo en tal caso anticipar la probable solución del fondo del juicio principal, sustentando todo ello en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Esto, de conformidad con la jurisprudencia 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 128, de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II, del referido artículo 128, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Así las cosas, aplicando el principio de apariencia del buen derecho al acto reclamado, puede devenir de ilegal, si se concede para que el fiscal responsable se abstenga de continuar la investigación de en la averiguación previa de mérito. Sin embargo, para otorgar la suspensión, también se debe establecer si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la parte quejosa, por lo que en caso de que no sea así, debe negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Por lo tanto, resulta mayor el perjuicio que podría sufrir el interés colectivo, que el irrogado a la parte quejosa con los actos reclamados, pues conceder la medida definitiva significaría restringir las facultades de investigación de la autoridad responsable. En estas condiciones, se determina que ponderando la apariencia del buen derecho, en relación con el orden público e interés social, se determina que es mayor el perjuicio a la colectividad, a los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar a la parte quejosa. Por tanto, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada. CUARTO. Por otro lado, en cuanto al reclamo de la quejosa Alma Delia Chino Vite, de que el Agente responsable, no le concedió obtener copias dentro de la carpeta aludida. Este Juzgado estima que no procede pronunciarse respecto de la suspensión definitiva del acto reclamado aludido, toda vez que el agente responsable hizo del conocimiento que el diecinueve de octubre de dos mil veinte, entrego copias certificadas de todo lo actuado de la averiguación previa a la quejosa Alma Delia Chino Vite, en presencia de su defensor y le concedió el plazo de quince días que solicitó, para que este en aptitud de rendir su declaración preparatoria; y, para acreditar sus argumentos remitió copia certificada de esas diligencias, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con el numeral 143, de la Ley de Amparo. Por tanto, no hay materia sobre qué aplicarla; en virtud de que el incidente de suspensión, es una medida cautelar dentro del juicio de amparo, cuyo fin es preservar, en su caso, la materia de éste y, si bien, la responsable atendió lo peticionado por la incidentista citada en la averiguación previa, es dable estimar que es innecesario pronunciarse respecto de la suspensión definitiva, toda vez que no existe razón para ello. En consecuencia, este órgano de control constitucional estima procedente declarar sin materia la presente resolución respecto de la quejosa Alma Delia Chino Vite, por no existir sobre qué aplicarla. QUINTO. Respecto al reclamo de la quejosa Denisse Violeta Farías Hernández, de que el Agente responsable, no le concedió obtener copias dentro de la carpeta aludida. c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Este juzgador no advierte alguna afectación del interés social o que se contravengan disposiciones de orden público. Una vez reunidos los requisitos señalados, y toda vez que la quejosa Denisse Violeta Farías Hernández, tiene la calidad de probable responsable en la indagatoria, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITVA para el efecto de que la autoridad responsable permita a la incidentista tener acceso efectivo a los registros de la A. P. PGR/MEX/-----------, lo cual consiste en: a) Tomarle la declaración ministerial a la quejosa, bajo las formalidades que prevé el Código Federal de Procedimientos Penales, en presencia de su defensor, para lo cual la autoridad responsable deberá señalar día y hora para llevar a cabo esa diligencia, dentro del término de tres días siguientes a la notificación de la presente determinación, legamente computados; b) Asimismo, permita obtener copia de la averiguación previa en cita, a fin de que la imputada esté en condiciones de conformar su teoría del caso y así tener un efectivo acceso a la impartición de la justicia. Lo anterior es así, ya que la quejosa ya acudió con su defensor ante la responsable para comparecer como indiciada, se le debe permitir obtener copias de las pruebas de la investigación, porque de esta manera, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer medios de convicción en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. Esto es, el acceso a la averiguación previa no sólo implica la posibilidad de rendir su declaración ministerial ante la autoridad responsable, sino también el acercamiento a los registros de investigación, a fin de que la imputada esté en condiciones de conformar su teoría del caso, con lo cual se garantiza el derecho a una defensa adecuada y un trato procesal igual para las partes; es decir, el acceso a los medios de prueba de la investigación consiste también en que la imputada o su defensor obtengan copias o se les permita el registro fotográfico. Cabe precisar que los efectos antes precisados no conllevan la paralización de la facultad de investigación y consecuente la integración de la misma, incluso el ejercicio de la acción penal correspondiente, pues la deberá comparecer ante la autoridad ministerial, las veces que sea requerida para tal efecto. Lo anterior, salvo que se considere que la revelación de dichos registros pudiere generar un riesgo a algún valor constitucionalmente protegido, entre ellos, el éxito de la investigación, a la integridad de alguna persona o de los medios de prueba, etcétera, en cuyo caso podrá negar el acceso a los medios de investigación, acorde a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), emitida por le Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro setenta y uno, octubre de dos mil diecinueve, Tomo I, página novecientos noventa y cuatro, de rubro y texto siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Requisitos para que continúe surtiendo efectos la suspensión. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde el momento en que se pronuncia esta resolución; sin embargo, para que continúen los efectos otorgados, en términos del artículo 168, de la Ley de Amparo, se imponen como medidas de aseguramiento las siguientes: La quejosa deberá presentarse ante la autoridad responsable, el día y hora que ésta le señale, a fin de ponerse a su disposición para efectos de la continuación de la investigación o procedimiento respectivos. De igual forma, deberá presentarse ante la autoridad responsable tantas veces sea citada o requerida para la práctica de cualquier diligencia ordenada. La obligación de presentarse ante la autoridad ministerial deberá ser cumplida, con el apercibimiento que de no hacerlo los efectos de la suspensión perderá su eficacia en términos del artículo 167, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior la tesis I.7o.P.42 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 36, noviembre de 2016, tomo IV, página: 2524, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO INCUMPLE CON LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO IMPUESTAS, DISTINTAS A LA GARANTÍA PECUNIARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL JUEZ DE DISTRITO, ATENTO AL ARTÍCULO 166, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, DEBE REVOCAR AQUÉLLA, SIN QUE SEA FACTIBLE QUE, CON POSTERIORIDAD, SE RECUPEREN SUS EFECTOS." En ese orden de ideas, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días posteriores a que la quejosa comparezca a sus oficinas, lo informe a este Juzgado de Distrito. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no dar cumplimiento a lo aquí ordenado, o no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de $4,344.00 (cuatro mil trescientos cuenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de diez de enero de dos mil veinte, cuyo monto vigente es de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Por lo expuesto y fundado con apoyo además, en los artículos 130, 136, 140, 144, 146 y 153, de la ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ---------- y --------------, en términos del considerando tercero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se declara sin materia la suspensión definitiva solicitada por -------------, en términos del considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por -------------, en términos del considerando quinto de esta determinación. Notifíquese; por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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