Delia Reyes Hernández

Expediente 911/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
911/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Delia Reyes Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de promoción 4558, correspondiente al juicio de amparo 911/2020-V. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le devolvieron las constancias que adjuntó como complemento a su informe justificado. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con que fue conminada. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno, el Secretario da cuenta al Juez, con el oficio recibido vía electrónica, registrado con el número de promoción 4424, correspondiente al juicio de amparo 911/2020-V. Conste. El Secretario. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a siete de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 9/2021, orden 9/2021, del índice de este Juzgado de Distrito, derivado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, por el cual se encomendó emplazar a juicio al tercero interesado --------. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el exhorto de mérito y se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento de Expedientes, acúsese el recibo de estilo correspondiente, por así haberlo solicitado el homólogo federal. Notifíquese a las partes el presente acuerdo por medio de lista, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de doce de abril de dos mil veintiocho, dictada por este órgano jurisdiccional, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a -----------, ----------- , ----------- y -----------, por propio derecho, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso b, que dicen "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (.) Por tanto, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, debiéndose dejar únicamente la demanda y sentencia, de las que se ordena el desglose y copia debidamente certificada en su oportunidad, a fin de ser remitidas al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su guarda y custodia. A criterio de este juzgado, el presente asunto no tiene valor jurídico e histórico para su conservación conforme al artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en consecuencia, no es de relevancia documental. Por otro lado, ya que no son necesarias las constancias remitidas por la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Sede en Naucalpan de Juárez consistentes en uno tomo de pruebas consistentes en copias certificadas del expediente 628/2020; devuélvanse a su lugar de origen, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, acuse recibo de las constancias que se le remiten. Se apercibe a la autoridad antes mencionada que de no cumplir con lo anterior o de no informar la imposibilidad que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le aplicará una multa de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización. Cabe precisar que la multa está fundamentada en los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, divulgada en el mencionado medio de difusión oficial de ocho de enero de dos mil veintiuno, cuyo monto vigente es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver el juicio de amparo 911/2020-V y sus acumulados 913/2020-VII, 914/2020-I y 915/2020-II, promovido por ----------, ----------, ---------- y ----------, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escritos presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ----------, ----------, ---------- y ----------, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA Y EJECUTORA: EL C. JUEZ CUARTO CIVIL DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDAD: El proveído de fecha 03 de noviembre de 2020, dictado por el C. Juez Cuarto de lo Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el procedimiento judicial no contencioso, identificado bajo el expediente número 628/2020" SEGUNDO. La parte quejosa estimó violadas en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. TERCERO. En acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de amparo, se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado a la autoridad responsable, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el apartado cuarto, fracción II, del Acuerdo General 03/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como el Acuerdo General 53/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de los Juzgados Decimoquinto y Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicada; y que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, antes mencionado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil diecinueve; toda vez que se trata de un acto que tiene ejecución en territorio donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se observa que el acto reclamado por la parte quejosa, es: Del Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan: El proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento judicial no contencioso 628/2020, en el que se inadmitió el recurso de revocación interpuesto por los quejosos en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. TERCERO. El Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, al rendir su informe justificado, señaló que era cierto el acto reclamado. La anterior aseveración, se corrobora con las constancias que acompañó al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada del procedimiento judicial no contencioso 628/2020, a las que este juzgado le otorga pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 de dicho ordenamiento legal. CUARTO. La procedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de analizarse las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni el suscrito advierte que se actualice alguna de manera oficiosa, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto. QUINTO. Ahora corresponde el examen de la cuestión planteada a la luz de los conceptos de violación que se hacen valer, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia, siendo aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, página ochocientos treinta, mayo de dos mil diez, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para resolver el presente asunto conviene traer a colación algunos antecedentes del acto reclamado los cuales son los siguientes: 1. A través de escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares de Naucalpan, Estado de México, del Poder Judicial del Estado de México, --------- , promovió procedimiento judicial no contencioso para el efecto de interpelar judicialmente a los C.C ---------, ---------, --------- y --------- de apellidos ---------, y notificarles que era su deseo dar por terminada la relación de comodato respecto del inmueble de su propiedad (fojas 1 a 7 del expediente relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). 2. En acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, admitió a trámite el procedimiento judicial no contencioso sobre notificación judicial bajo el número 628/2020, ordenando notificar a los aquí quejosos los hechos que refirió el promovente en el escrito de mérito, por lo que se les debía correr traslado con el mismo. Asimismo, precisó lo siguiente (foja 8 del expediente relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020): "Sin que implique requerimiento alguno por parte de esta autoridad o que se esté prejuzgando respecto de los derechos que se (sic) aduce la promovente o las obligaciones que atribuye, en todo lo que solicita, y tampoco que el suscrito aperciba al notificado, porque ello sería una circunstancia de juicio." 3. El veintidós de octubre de dos mil veinte, fueron notificados los aquí quejosos ---------, ---------, --------- y --------- de apellidos --------- , del procedimiento judicial no contencioso (fojas 17 a 32 del expediente relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). 4. A través de escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veinte, los aquí quejosos ---------, ---------, --------- y --------- de apellidos ---------, manifestaron oponerse al procedimiento judicial no contencioso (fojas 1 y 2 del cuadernillo relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). 5. En acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veinte, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, determinó que no había lugar a acordar de conformidad, toda vez que los promoventes no eran parte en dicho procedimiento (foja 3 del cuadernillo relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). 6. Inconforme con dicha determinación, los quejosos promovieron recurso de revocacióna través de escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte (fojas 6 y 8 del cuadernillo relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). 7. En auto de tres de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable inadmitió dicho recurso en los siguientes términos (foja 9 del cuadernillo relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020): "Se tiene por presentado a GLORIA HERNÁNDEZ MANOATL, JESSICA, DELIA y SAMUEL ALEJANDRO DE APELLIDOS REYES HERNÁNDEZ, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135 y 1.138 del Código de Procedimientos civiles en vigor, es improcedente lo solicitado, toda vez que los promoventes no son parte en el asunto que nos ocupa." Dicha resolución constituye el acto reclamado. 8. En acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido (foja 34 del expediente relativo al procedimiento judicial no contencioso 628/2020). Ahora bien, la parte quejosa en principio sostiene como concepto de violación que el Juez responsable viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que resuelve no acordar de conformidad la interposición del recurso de revocación con el argumento de que los quejosos no son parte en dicho procedimiento, siendo que en acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, el propio juzgador ordenó que les notificara los hechos referidos por el tercero interesado ----------, por lo que sí son parte en dicho procedimiento. Concepto de violación que es infundado, y para demostrarlo conviene traer a colación el contenido del numeral 1.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que establece lo siguiente: "Artículo 1.77.- Es parte en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. Puede también intervenir en un procedimiento judicial, el tercero que tenga interés directo o indirecto en el negocio." Del precepto citado se aprecia que es parte en un procedimiento judicial quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario. En ese orden, conviene precisar la naturaleza del procedimiento judicial no contencioso de origen a efecto de determinar si éste tuvo como propósito que la autoridad judicial declarara o constituyera un derecho o impusiera una condena. Así, es importante destacar que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, dispone en su libro tercero, capítulo único, las reglas para la tramitación de los procedimientos judiciales no contenciosos, que son del tenor literal siguiente: "TITULO ÚNICO Actos que por Disposición de la Ley a Solicitud de los Particulares Requieren Intervención del Juez cuando no Exista Litigio CAPITULO I Disposiciones Comunes Disposiciones aplicables Artículo 3.1.- Se aplicará lo previsto en este Título a todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes. Solicitud inicial Artículo 3.2.- El escrito que inicie un procedimiento judicial no contencioso deberá contener, además de los requisitos específicos que se establezcan en este capítulo, los siguientes: I. El Tribunal ante el que se promueve; II. El nombre del promovente; III. El nombre y domicilio de las personas que, en su caso, deban ser citadas; IV. Los hechos en que el promovente funde su solicitud; V. La providencia específica que solicite el promovente; VI. Las pruebas que ofrece el promovente. Intervención del Ministerio Público Artículo 3.3.- El Ministerio Público será oído cuando: I. La solicitud promovida afecte intereses públicos; II. Se refiera a la persona o bienes de menores o incapacitados, cuando carezca de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquéllos; III. Tenga relación con los bienes y derechos de un ausente; IV. Lo considere necesario el Juez, o V. Lo dispongan las leyes. Intervención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México Artículo 3.3 Bis.- La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México será oída cuando se refiera a la persona o bienes de niñas, niños o adolescentes, cuando carezcan de representante legal o el Juez advierta que es omiso o actúa en contra de los intereses de aquellos. Asimismo, será oída cuando el Juez lo considere necesario o lo dispongan las leyes. Audiencia previa Artículo 3.4.- Se notificará a la persona que sea necesario oírla, haciendo de su conocimiento que quedan las actuaciones a su vista; igualmente se le dará a conocer la fecha para recibir pruebas o para la práctica de las diligencias decretadas. En asuntos del derecho familiar, en su caso, se señalará fecha dentro de los cinco días siguientes para la audiencia de recepción de pruebas o para la práctica de las diligencias respectivas. Oposición a proceso no contencioso Artículo 3.5.- Se dará por terminado el proceso no contencioso si se opusiere parte legítima. Se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, reservándole sus derechos al opositor. Impugnación Artículo 3.6.- Las providencias dictadas en procedimientos judiciales no contenciosos, son apelables con efecto suspensivo si el recurso lo interpone el promovente y en el efecto no suspensivo, cuando las recurra un tercero." De lo antes transcrito se desprende que el procedimiento judicial no contencioso es un acto jurídico aplicable a todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiera la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión litigiosa alguna entre partes. El trámite inicia con la solicitud de la vía no contenciosa, en la que además de los requisitos formales (el tribunal ante el que promueve, el nombre del promovente, el nombre de la persona que deba ser citada, etc.), el promovente mencionará la providencia que pretende se haga del conocimiento de la que deba ser citada que se relacione con la afectación de sus intereses. Dicho procedimiento concluirá si se opusiere parte legítima; asimismo, se desechará la oposición que se haga después de efectuado el acto, reservándole sus derechos al opositor. En ese sentido, se concluye que la naturaleza del procedimiento judicial no contencioso sólo tiene la finalidad de que, a través de una autoridad jurisdiccional, se notifique a una persona la exigibilidad de una obligación a solicitud del promovente; hecho lo cual, finaliza el procedimiento. Apoya lo anterior, por similitud la tesis I.3º.C.826 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, tomo XXXII, de agosto de dos mil diez, página dos mil trescientos cinco, que menciona: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. OBJETO DE LAS DILIGENCIAS. El supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria establecido en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles, implica la solicitud de la parte interesada, con el objeto de que el Juez intervenga para dar certeza jurídica a cierto acto solicitado, sin que deba existir previamente o se promueva para dilucidar un punto o materia dudoso o discutible, pues una de las características esenciales de esta figura es la ausencia de controversia, litigio, conflicto u oposición de intereses entre las partes. Por tanto, el escrito de jurisdicción voluntaria no constituye una propuesta de demanda para la decisión de si tiene o no derecho al cumplimiento de ciertas obligaciones o si es indebida la causa por la cual se incumplieron, pero son aspectos que pueden ser narrados por el solicitante como causa de pedir la intervención judicial para que se haga saber a la contraparte su interés en que cumpla, lo cual no desborda el supuesto de procedencia de la jurisdicción voluntaria". Luego, el objeto del procedimiento judicial no contencioso en este asunto lo era notificar a ---------, ---------, --------- y --------- de apellidos ---------, que era deseo del tercero interesado ---------, dar por terminada la relación de comodato respecto del inmueble de su propiedad, lo que no puede considerarse que tenga como finalidad que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, ya que tal procedimiento no decide una controversia de fondo, no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena a los quejosos a la pérdida de un derecho o al pago de determinadas prestaciones. Por tanto, es válido concluir que no le asiste la razón a los quejosos cuando refieren que son parte por el solo hecho de haber sido notificados del procedimiento judicial no contencioso, ya que dicho procedimiento no implica que vayan a sufrir algún menoscabo en su esfera jurídica, como se ha señalado. Es orientadora al respecto, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala del alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXIII, página novecientos cincuenta y tres, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO, AMPARO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE, EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. La resolución dictada en diligencias de jurisdicción voluntaria y por la cual se notifica el quejoso la terminación del contrato de arrendamiento que tenía celebrado, en los términos solicitados por el arrendador, no le irroga perjuicio, pues que legalmente no entraña por sí sola, requerimiento de lanzamiento, ni tiene más consecuencia que la de hacerle saber, en forma indudable, la voluntad del arrendador, de dar por concluido el arrendamiento. Por tanto, si la citada notificación, por sí sola, no afecta el interés jurídico del quejoso, el amparo promovido contra la resolución que la ordenó, resulta improcedente, en los términos de la fracción VI, del artículo 73, de la ley reglamentaria del juicio de garantías." Así también, resulta aplicable al respecto, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala del Máximo Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXVII, Cuarta Parte, página cuarenta y siete, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO, TERMINACION DEL. DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA. Aun cuando en tesis general no puede afirmarse que una resolución dictada en el trámite de diligencias de jurisdicción voluntaria no puede causar perjuicio alguno, en un caso concreto, es cierto que la que ordena una notificación al inquilino de la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato de arrendamiento, por sí misma, no engendra ningún perjuicio." Aunado a que en el procedimiento judicial no contencioso en comento no procede oposición de parte legítima, pues como se ha señalado, tuvo como único propósito hacer saber a los quejosos la voluntad del tercero interesado dar por concluido el contrato de comodato sobre el bien inmueble de su propiedad, lo cual no persigue establecer un derecho en favor del tercero interesado, al que pudiera oponérsele el afectado, sino a darle certeza o validez al aviso que reciben los quejosos, a través de la notificación practicada, y de esta manera hacer indubitable el conocimiento de su parte, acerca de que es deseo del comodante dar por terminado el contrato, de manera que, una vez hecha la notificación, queda satisfecha la finalidad del procedimiento prejudicial y concluye el mismo, incluso tiene la posibilidad de controvertir dicha notificación en un juicio ordinario. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XI.1o.3 C del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, agosto de mil novecientos noventa y cinco, página quinientos cuarenta y siete, de rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE NOTIFICACION DE TERMINACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. NO PROCEDE LA OPOSICION PARA HACER CONTENCIOSO EL ASUNTO. Si las diligencias de jurisdicción voluntaria tuvieron como único propósito hacer saber al arrendatario de un inmueble la voluntad del arrendador de dar por concluido el contrato de alquiler, no procede la oposición del inquilino para hacer litigioso el asunto en términos del artículo 1193 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, pues tales diligencias no persiguen establecer un derecho en favor del promovente, al que pudiera oponérsele el afectado, sino a darle certeza o validez al aviso que recibe el inquilino, a través de la notificación practicada, y de esta manera hacer indubitable el conocimiento de su parte, acerca de que es deseo del arrendador dar por terminado el contrato, de manera que, una vez hecha la notificación, queda satisfecha la finalidad del procedimiento prejudicial y concluye el mismo." Así también, es aplicable en lo conducente, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, página doscientos ocho, de rubro y texto siguientes: "ARRENDAMIENTO. OPOSICIÓN AL AVISO DE TERMINACIÓN, NO TRANSFORMA EN CONTENCIOSO EL PROCEDIMIENTO. En los juicios de terminación de contrato de arrendamiento carece de aplicación el artículo 896 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que establece que cuando a la solicitud en vía de jurisdicción voluntaria de los interesados que requieran la intervención del juez, se opusiere parte legítima, el negocio se continuará conforme al procedimiento contencioso, "de acuerdo a la naturaleza del asunto". Pues la naturaleza de este negocio la regula el numeral 2478 del Código Civil, el cual prevé como presupuesto procesal del juicio de terminación de contrato de arrendamiento indefinido, que el aviso de terminación del arrendamiento se dé previamente al inquilino, en forma indubitable; por lo que al haberse elegido en el caso la vía de jurisdicción voluntaria para dar el referido aviso, es evidente que el procedimiento de notificación se agotó en ese momento y, por lo tanto, no le es aplicable el precepto citado en primer término, ya que la naturaleza del asunto no permitió que el procedimiento se transformara en contencioso. Es pertinente destacar, que de aplicarse lo dispuesto por el artículo 896 del código adjetivo citado, se llegaría al absurdo de que, ante la oposición del inquilino al aviso de terminación, resultaría innecesaria la tramitación de un juicio de terminación de contrato, pasando por alto el término de dos meses que establece el referido artículo 2478 del código sustantivo, para dar el citado aviso. Independientemente de lo anterior, debe decirse que si el inquilino pretendía impugnar las diligencias de jurisdicción voluntaria en las que se le notificó el multialudido aviso, al ser tal notificación un requisito esencial para la procedencia de la acción de terminación de contrato, los vicios de que adolezca, debieron aducirse como defensas al dar contestación a la demanda." En esas condiciones, la resolución reclamada no resulta violatoria de derechos fundamentales de los quejosos, pues contrario a lo que refieren, no les resulta aplicable lo dispuesto por el numeral 1.77 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México., por lo cual dicho concepto de violación es infundado. En diverso concepto de violación, la parte quejosa sostiene que los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México son inconstitucionales e inconvencionales, los cuales son de contenido siguiente: "Resoluciones materia de revocación Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Plazo para interponer revocación Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Trámite de la revocación Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. La resolución de la revocación es irrecurrible Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." Sostiene lo anterior aduciendo que no se apegan a lo dispuesto por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues el recurso de revocación se interpone ante el propio juez que ha dictado la resolución, por lo que difícilmente revocará su determinación, porque ya ha externado su convicción y, por ende, resolverá en el mismo sentido, razón por la cual el recurso debe ser resuelto por una autoridad independiente y superior. Motivos de disenso que resultan inoperantes por cuanto hace a la inconstitucionalidad de tales preceptos, ya que en acuerdo de uno de marzo de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo reclamar la inconstitucionalidad de los artículos 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, y, de ser así, debía precisar a qué autoridades legislativas reclamaba dicho acto, sin que hubiera desahogado la prevención en comento, por lo que el juicio de amparo únicamente se admitió en relación al acto consistente en el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento judicial no contencioso 628/2020, en el que se inadmitió el recurso de revocación interpuesto por los quejosos en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Por otro lado, si bien el control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento se puede realizar de manera oficiosa, ello se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página quinientos cincuenta y cinco, de rubro y texto siguientes: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito." Empero, en el caso que nos ocupa, no se surte el supuesto para hacer en análisis oficioso de la constitucionalidad o inconvencionalidad de las normas reclamadas, ya que el recurso de revocación no fue admitido a trámite, por ende, no se aplicaron en el procedimiento las normas que aduce el quejoso resultan violatorias de derechos fundamentales. Además de que, como se ha analizado, los quejosos no son parte en el procedimiento judicial no contencioso de origen, por lo cual se encuentran imposibilitados para promover algún recurso en contra de los autos dictados en dicho procedimiento, al no causarles ningún perjuicio dicho procedimiento, razón por lo cual, aún más, no resulta procedente analizar de oficio si las normas que refieren al recurso de revocación son inconstitucionales o inconvencionales, siendo evidente que dichos preceptos no les pueden ser aplicados al no poderse dar trámite a algún recurso que promuevan. En consecuencia, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación propuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ----------, ----------, ---------- y ----------, por propio derecho, respecto al acto señalado en el segundo considerando, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto. Notifíquese por lista a las partes, en los términos que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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