Denis Granados Guzmán
Expediente 710/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Denis Granados Guzmán
- Maritza Granados Guzman
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, se ORDENA ARCHIVAR el presente asunto como totalmente concluido. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente.
- Principal
Vista la diligencia actuarial, así como certificación secretarial que anteceden se advierte que los directos quejosos Denis Granados Guzmán y Maritza Granados Guzmán, no ratificaron la demanda de amparo presentada a su favor por David Antonio Martínez Cervantes, Hugo Daniel Cuellar Gómez, y José Antonio Guerrero Cobos; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por lo que de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO generadora de este asunto; en tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de juzgado correspondiente a los juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, del cual se advierte que en proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesado con el oficio 328/5/2022, firmado por el Presidente de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunicó el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa; respecto de lo cual, la parte quejosa mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el once de marzo de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, consideración que se estima congruente con la jurisprudencia 2a./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En efecto, el artículo 196 de la ley de la materia, establece que transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; y que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Bajo esa premisa normativa, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, en la cual, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, misma que fue confirmada en segunda instancia por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, mediante resolución emitida en sesión de trece de enero del año en curso, que tuvo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1) Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de marzo de dos mil veinte, relativa al recurso de revisión de actos de ejecución dictada en la etapa de ejecución del laudo emitido en el expediente laboral 34/5/2007; y, 2) Emita una nueva resolución en la que determine que, es procedente el recurso de revisión de actos de ejecución promovido por el actor en contra del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; debiendo emitir un nuevo acuerdo atendiendo a la petición de la parte patronal, presentada el trece de agosto de dos mil dieciocho, en la que plantea el no acatamiento al laudo, y ordene se tramite en la vía incidental dicho aspecto y, en su oportunidad decida lo conducente en derecho, previa audiencia de las partes para que prueben y aleguen sobre el particular." Bajo los lineamientos de la mencionada ejecutoria, la autoridad responsable, mediante oficios 281/5/2022, 243/5/2022 y 328/5/2022, recibidos en este órgano jurisdiccional el ocho, dieciséis de febrero y uno de marzo del año en curso, respectivamente, allegó las constancias relativas al cumplimiento a la sentencia de amparo. En efecto, de las constancias a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, a las cuales se otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la junta responsable, realizó lo siguiente en el expediente laboral 34/5/2007: El cuatro de febrero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de marzo de dos mil veinte, relativa al recurso de revisión de actos de ejecución dictada en la etapa de ejecución del laudo; El veintitrés de febrero del citado año, emitió una nueva resolución en la que determinó procedente el recurso de revisión de actos de ejecución promovido por el actor en contra del acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve; y, Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, atendiendo a la petición de la parte patronal, presentada el trece de agosto de dos mil dieciocho, en la que plantea el no acatamiento al laudo, y ordenó tramitar en la vía incidental dicho aspecto y, programó hora y fecha para la audiencia relativa. Al respecto, la parte quejosa, mediante escrito recibido en este juzgado de distrito el once de marzo del presente año, se pronunció sobre el cumplimiento dado a la sentencia, y al efecto, refirió que si bien la junta responsable ordenó la apertura del incidente de no acatamiento del laudo de demanda y programó hora y fecha para la audiencia relativa, sin embargo, la responsable omitió notificar la audiencia programa a la parte demandada; en atención, infórmese al peticionario de amparo que, como se evidenció en párrafos precedentes, la notificación de la parte demandada a la que hace referencia, no forma parte de los efectos para los que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo antes expuesto, este juzgado de Distrito considera que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin exceso ni defecto, restituyéndola en el goce de las garantías violadas. En esas condiciones, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en artículo 15 del Acuerdo General en cita; una vez concluido plazo de tres años posteriores al archivo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente principal. Por otra parte, el original del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 fracción I, inciso a), del citado acuerdo general, dado que se negó la medida cautelar; por tanto, con fundamento en los artículos 21, párrafos penúltimo y último, y 24 del Acuerdo en comento, el original del incidente de suspensión, debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha: y, una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días, el órgano jurisdiccional deberá destruirlos. Por lo que hace al duplicado del incidente de suspensión, debe ser destruible en un plazo de seis meses posteriores al presente archivo, lo cual podrá materializarse en un plazo de treinta días posteriores a los seis meses, de conformidad con el artículo 20 del citado acuerdo general. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Mario Alberto Lara Escalante, Secretario que autoriza y da fe.
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