Denia Rubi Lopez Gomez

Expediente 881/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
881/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Denia Rubi Lopez Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido de la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha y hora en el juicio de amparo 46/2023-I. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional, y la Secretaria de Juzgado hace relación de las constancias, entre las cuales se encuentra el escrito inicial de demanda promovida por ********************; el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la constancia que se adjuntó como complemento a dicho informe, y la intervención ministerial 84/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes, tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver el presente asunto y por lo que hace a la prueba documental relaciónese en el periodo correspondiente de la presente audiencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, dando cuenta con la constancia que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Téngase por ofrecida y admitida la prueba de referencia, misma que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia; la que será tomada en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que relacionar se cierra este periodo. Acto seguido, se abre el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en su intervención ministerial 84/2023. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, los cuales se ordena tomar en consideración al momento de resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; se cierra el periodo de alegatos, y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el suscrito Juez, se dicte la siguiente sentencia: VISTO, para resolver el juicio de amparo 46/2023-I, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de enero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acto transcrito en la foja tres del presente sumario, respecto del cual sostiene se conculcan en su perjuicio la garantía contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo de mérito, a este Juzgado de Distrito, la cual se admitió a trámite mediante proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se tuvo como tercero interesado al ********************; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente apoya lo expuesto, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar la resolución del incidente de liquidación de laudo tramitado dentro del juicio laboral ********************. ********************TERCERO. La autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la constancia que adjuntó al mismo, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedida por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. CUARTO. En la especie, quien esto resuelve no advierte que se actualice causal de improcedencia del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como tampoco hicieron valer alguna las partes en el juicio; por tanto, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz del concepto de violación que hace valer la parte quejosa, el que no se transcribe porque no lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, ya que con ello no se priva a la parte quejosa del derecho de recurrir la presente resolución y alegar lo que estime conducente, para en su caso, demostrar su ilegalidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, que es del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sentado lo anterior, debe decirse que en su concepto de violación, la parte quejosa alega sustancialmente que la autoridad responsable se ha abstenido de resolver lo conducente respecto del incidente de liquidación tramitado dentro del juicio laboral ********************, no obstante que ha transcurrido en exceso el plazo que prevé la Ley Federal del Trabajo, para resolver lo conducente; concepto de violación que se estima fundado, aunque suplido ante su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, habida cuenta de que con dicho acto se viola en su perjuicio lo establecido por el artículo 763, párrafo tercero, de la ley obrera, lo que se traduce en violación a su derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en el artículo 17. En efecto, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, en lo conducente establece: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ." Por su parte, el diverso numeral 763 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. . Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." De la anterior transcripción destaca el hecho de que los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial, como en la especie, el de liquidación, deberá resolverse de plano. Ahora, de la documental que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, se desprende que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se verificó la audiencia relativa al incidente de liquidación tramitado en el juicio laboral ********************, y se reservó el dictado de la resolución correspondiente, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (seis de enero de dos mil veintitrés), se haya resuelto dicho incidente, no obstante haber transcurrido más de cuatro mes después de celebrada la audiencia, cuando dicho incidente debió haber sido resuelto de plano, conforme a lo previsto por el artículo 763, párrafo tercero, de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, hace manifiesta la violación al artículo 17 constitucional, porque no se está respetando el principio de economía, concentración y sencillez del procedimiento, dado que la Junta responsable incumple con lo ordenado en el ordinal 763, párrafo tercero, de la legislación laboral, no obstante que se encuentran reunidos los supuestos para dictar la resolución de mérito. En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Dicte de inmediato la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo que planteó la actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral ********************. No impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional, el hecho de que la Junta responsable haya expresado en su informe justificado que no ha emitido la resolución de liquidación de referencia debido al cúmulo de trabajo con el que cuenta; sin embargo, también debe decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse la resolución correspondiente. Así es, el hecho de que la junta responsable en su informe justificado refiere que cuenta con una carga excesiva de trabajo, ello no justifica que incumpla con su responsabilidad de administrar justicia, además de que a este juzgado no corresponde conocer de tales hechos, sino que, en todo caso, debe manifestarlo ante las instancias correspondientes a fin de que éstas tomen las medidas pertinentes para atender el reclamo de los ciudadanos que ocurren en demanda de justicia laboral ante las juntas, para que se realicen los estudios respectivos que solucionen los problemas de exceso de trabajo y falta de recursos humanos que en un momento dado pueda aducir. Apoya lo considerado, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, donde aparecen como datos de publicación, la página 1283, del Tomo XXII, relativo a Septiembre de 2005, Novena Época, registro 177266, Materia Laboral, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos legales y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. ********************Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretaria de Juzgado Diana Karen López Castillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas, no ha dado cumplimiento al fallo protector, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada responsable, para que informe el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en autos, toda vez que ello resulta necesario para que este juzgado esté en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular.****************************************Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior o de no informar el motivo que se lo impida, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo.****************************************Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.****************************************Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por Luis Carlos Morales Castillo, autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos precedentes.****************************************Notifíquese.****************************************Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria que autoriza y da fe.

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