Deni Guadalupe Salinas Jiménez

Expediente 673/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
673/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
30/06/2016

Partes del expediente

  • Deni Guadalupe Salinas Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Deni Guadalupe Salinas Jiménez, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla realizara lo siguiente: .para el efecto de que la mencionada autoridad emita la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo hecho valer dentro del juicio laboral 3094/2010, tomando en consideración que ha transcurrido ya en exceso el término que establece el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo." En tales condiciones, la Presidente responsable por oficio recibido el dieciséis de junio del año en curso remitió copia certificada de la resolución de trece de junio del año actual, dictada dentro del expediente 3094/2010, documentales de las que se advierte que la junta responsable emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo planteado por Deni Guadalupe Salinas Jiménez (aquí quejosa), dentro del indicado expediente laboral, en el que determinó que dicho incidente era fundado y cuantificó el laudo por un importe mensual de $3,146.58 (tres mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos); asimismo, indicó que las diferencias de las pensiones vencidas se cuantifican en $161.092.53 (ciento sesenta y un mil noventa y dos pesos, con cincuenta y tres centavos ) [fojas 64 a 68]. Consecuentemente, mediante proveído de diecisiete de junio del año actual (foja 69), se dio vista a las partes con las aludidas constancias, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis a la última de las partes, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 74). Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2ª./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la Junta responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, de las documentales remitidas se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, dictó la resolución de trece de junio del año actual, dentro del expediente 3094/2010, relativa al incidente de liquidación del laudo planteado por Deni Guadalupe Salinas Jiménez (aquí quejosa), en el que determinó que dicho incidente era fundado y cuantificó el laudo por un importe mensual de $3,146.58 (tres mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos); asimismo, indicó que las diferencias de las pensiones vencidas se cuantifican en $161.092.53 (ciento sesenta y un mil noventa y dos pesos con cincuenta y tres centavos ) [fojas 64 a 68]. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente se advierte que por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Deni Guadalupe Salinas Jiménez, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla realizara lo siguiente: .para el efecto de que la mencionada autoridad emita la interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo hecho valer dentro del juicio laboral 3094/2010, tomando en consideración que ha transcurrido ya en exceso el término que establece el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo." En tales condiciones, la Presidente responsable por oficio recibido el dieciséis de junio del año en curso remitió copia certificada de la resolución de trece de junio del año actual, dictada dentro del expediente 3094/2010, documentales de las que se advierte que la junta responsable emitió la resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación de laudo planteado por Deni Guadalupe Salinas Jiménez (aquí quejosa), dentro del indicado expediente laboral, en el que determinó que dicho incidente era fundado y cuantificó el laudo por un importe mensual de $3,146.58 (tres mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos); asimismo, indicó que las diferencias de las pensiones vencidas se cuantifican en $161.092.53 (ciento sesenta y un mil noventa y dos pesos, con cincuenta y tres centavos ) [fojas 64 a 68]. Consecuentemente, mediante proveído de diecisiete de junio del año actual (foja 69), se dio vista a las partes con las aludidas constancias, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo fue notificado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis a la última de las partes, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto (foja 74). Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2ª./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En consecuencia, del examen de las documentales remitidas por la Junta responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se requirió a la autoridad responsable, de las documentales remitidas se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio, dictó la resolución de trece de junio del año actual, dentro del expediente 3094/2010, relativa al incidente de liquidación del laudo planteado por Deni Guadalupe Salinas Jiménez (aquí quejosa), en el que determinó que dicho incidente era fundado y cuantificó el laudo por un importe mensual de $3,146.58 (tres mil ciento cuarenta y seis pesos con cincuenta y ocho centavos); asimismo, indicó que las diferencias de las pensiones vencidas se cuantifican en $161.092.53 (ciento sesenta y un mil noventa y dos pesos con cincuenta y tres centavos ) [fojas 64 a 68]. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, en atención al requerimiento de nueve de junio de la presente anualidad, en el que manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho adjunta copia certificada de la resolución de trece de junio de dos mil dieciséis, relativa al incidente de liquidación del laudo de siete de noviembre de dos mil catorce, dentro del expediente laboral ********************. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla para que dentro del término de tres días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de mérito, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando sexto de la sentencia dictada el veintitrés de mayo del año en curso. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258, de la ley en cita, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De igual manera, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno, del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir a su superior jerárquico, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." NOTIFÍQUESE.

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