Demetrio Javana Sosa
Expediente 457/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 457/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/05/2016
Partes del expediente
- Demetrio Javana Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis; en tal virtud, con fundamento en los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de abril de dos mil dieciséis. Vista la razón actuarial que antecede, de la cual se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis al quejoso Demetrio Javana Sosa, por las razones que de la misma se desprenden; en consecuencia, se ordena realizar la notificación de que se habla, así como las subsecuentes, por medio de lista en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de once de abril de dos mil dieciséis, remite las constancias originales del expediente D-362/2011, de su índice; sin embargo, toda vez que los actos reclamados en esta instancia federal derivan de la dilación de la junta responsable dentro de dicho expediente, y en aras en una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia certificada que obren en autos de las constancias conducentes, devuélvase a su lugar de origen el indicado expediente, para que la autoridad responsable continúe con el trámite en el juicio de origen. De igual manera, dígase a la autoridad oficiante que no es necesario que remita el original de las citadas actuaciones, toda vez que retardaría el trámite del juicio laboral. Lo anterior, sin que se le tenga a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, en virtud de que por auto de once de abril del año en curso, se tuvo por rendido aquél. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Demetrio Javana Sosa, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla [denominación correcta]. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión por parte del tribunal responsable de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como la omisión de señalar fecha para su desahogo dentro del juicio natural D-362/2011. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que con esta fecha remite, se desprende que la autoridad responsable señala que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de cinco de abril de dos mil dieciséis se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa en su escrito inicial de demanda laboral, admitiendo las pruebas documentales, presuncional legal y huma, así como la instrumental de actuaciones, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, así como desechando las pruebas testimonial e inspeccional ofrecidas por la impetrante de amparo dentro del juicio natural, por las razones derivadas del auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, actuaciones que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Demetrio Javana Sosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen D-362/2011, así como la omisión de señalar fecha para su desahogo. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa en su escrito inicial de demanda laboral, admitiendo las pruebas documentales, presuncional legal y huma, así como la instrumental de actuaciones, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, así como desechando las pruebas testimonial e inspeccional ofrecidas por el aquí quejoso dentro del juicio natural, por las razones derivadas del auto de cinco de abril de dos mil dieciséis. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de cinco de abril de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-362/2011, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable se pronunciara respecto a la procedencia de las pruebas que ofreció dentro del juicio natural y por consiguiente señalara fecha para su desahogo, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cinco de abril de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Demetrio Javana Sosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice:SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de once de abril de dos mil dieciséis, remite las constancias originales del expediente D-362/2011, de su índice; sin embargo, toda vez que los actos reclamados en esta instancia federal derivan de la dilación de la junta responsable dentro de dicho expediente, y en aras en una pronta impartición de justicia, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previa copia certificada que obren en autos de las constancias conducentes, devuélvase a su lugar de origen el indicado expediente, para que la autoridad responsable continúe con el trámite en el juicio de origen. De igual manera, dígase a la autoridad oficiante que no es necesario que remita el original de las citadas actuaciones, toda vez que retardaría el trámite del juicio laboral. Lo anterior, sin que se le tenga a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, en virtud de que por auto de once de abril del año en curso, se tuvo por rendido aquél. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso Demetrio Javana Sosa, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridades responsables: Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla [denominación correcta]. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión por parte del tribunal responsable de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, así como la omisión de señalar fecha para su desahogo dentro del juicio natural D-362/2011. Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como de las constancias que con esta fecha remite, se desprende que la autoridad responsable señala que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por auto de cinco de abril de dos mil dieciséis se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa en su escrito inicial de demanda laboral, admitiendo las pruebas documentales, presuncional legal y huma, así como la instrumental de actuaciones, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, así como desechando las pruebas testimonial e inspeccional ofrecidas por la impetrante de amparo dentro del juicio natural, por las razones derivadas del auto de cinco de abril de dos mil dieciséis, actuaciones que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Demetrio Javana Sosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas dentro del juicio de origen D-362/2011, así como la omisión de señalar fecha para su desahogo. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de abril de dos mil dieciséis, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa en su escrito inicial de demanda laboral, admitiendo las pruebas documentales, presuncional legal y huma, así como la instrumental de actuaciones, las cuales fueron desahogadas por su propia y especial naturaleza, así como desechando las pruebas testimonial e inspeccional ofrecidas por el aquí quejoso dentro del juicio natural, por las razones derivadas del auto de cinco de abril de dos mil dieciséis. En las referidas circunstancia, la autoridad responsable, al haber dictado el auto de cinco de abril de dos mil dieciséis dentro del juicio laboral D-362/2011, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable se pronunciara respecto a la procedencia de las pruebas que ofreció dentro del juicio natural y por consiguiente señalara fecha para su desahogo, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cinco de abril de dos mil dieciséis, la responsable emitió el acuerdo correspondiente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Demetrio Javana Sosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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