Demetrio Ruiz Jacobo y Otros.

Expediente 818/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
818/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Demetrio Ruiz Jacobo y Otros.
  • Demetrio Ruiz Jacobo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó en el juicio y por otra, otorgó la protección constitucional a ********************contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Por oficio presentado el dos de septiembre de dos mil veintidós, el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó las constancias para acreditar el cumplimiento dado al fallo protector; y en proveído de seis de ese mismo mes y año, se reservó de proveer respecto a su contenido hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. Así, en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por parte de la responsable. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "En caso de que a la fecha en la cual la presente sentencia cause ejecutoria, aún no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento del demandado Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, éste se efectúe dentro del plazo que para ello establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." - Con fecha quince de agosto de dos mil veintidós, se llevó a cabo el emplazamiento de la dependencia demandada, esto es, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y, - Hecho lo anterior, el treinta de agosto de este año, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral número ********************. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO Cabe precisar que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "En caso de que a la fecha en la cual la presente sentencia cause ejecutoria, aún no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento del demandado Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, éste se efectúe dentro del plazo que para ello establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." CUENTA CON AUTOS. Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia emitida, virtud que mediante oficio número I-1900/2022-NIEG, de treinta y uno de agosto del año en curso, remitieron diversas constancias con las cuales pretenden acreditar el cumplimiento dado al fallo protector, respecto de la cual se reservó proveer hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en la especie ha acontecido. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho término, con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    LA SECRETARIA: Juicio de amparo II-818/2022, promovido por Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo, contra actos de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Presidenta y Actuario de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que tanto la parte quejosa como las autoridades responsables ofrecieron, mismas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión de Distrito. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo II-818/2022, promovido por Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo, contra actos de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y otra autoridad. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo, promovió demanda de amparo indirecto. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante auto de uno de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito admitió a trámite el juicio de amparo, dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente actuación. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto omisivo de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, de manera que el conocimiento del caso se determina a prevención. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: ". la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; b).- La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice el emplazamiento a las partes; c).- La omisión de vigilar que se realice el emplazamiento de la parte demandada a fin de que pueda desahogarse la audiencia inicial; y de la ejecutora c).- La omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada, actos derivados del expediente ordinario número 1B-440/2022." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, negaron la omisión de los actos que el quejoso le atribuyó. Dicha autoridad refirió lo siguiente: De igual forma de las documentales que anexó la Junta responsable a su informe justificado, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que en efecto el siete de abril de dos mil veintidós señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por lo anterior, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de julio de dos mil veintidós, es indudable que para esa data, la omisión reclamada respecto a la falta de señalar fecha para la audiencia inicial, ya no existía. En ese sentido, el solicitante del amparo no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de tal autoridad responsable. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez". En mérito de lo anterior, se advierte que, como lo señalaron las responsables, la dilación respecto a la omisión de señalar fecha para la audiencia inicial, resulta inexistente, en atención a que al momento de la presentación de la demanda, es decir, veintinueve de julio de dos mil veintidós, no existía tal omisión; ya que de manera contraria a lo expresado por los quejosos, el siete de abril del presente año, la Junta responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente ordinario número 1B-440/2022, lo que se corrobora de las constancias que remitió para acreditar su dicho. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de contenido literal siguiente: "Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Amparo en revisión 1463/88. Guadalupe Carrillo García. 2 de agosto de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 2583/88. Saúl Bastida Marín. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretario: Juan Montes Cartas. Incidente en revisión 2603/88. Tirso Bastida Maya. 10 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Margarita Yolanda Huerta Viramontes. Incidente en revisión 1893/89 . Agustín Ibarra López. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Amparo en revisión 503/90. Cándido Llanos Flores y otra. 28 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Lanz Cárdenas. Secretario: Juan Carlos Cruz Razo". "Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Amparo en revisión 182/92. Elizabeth Cantú Rodríguez de García. 19 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretaria: Ninfa María Garza Villarreal. Amparo en revisión 246/91. Instituto Femenino de Formación y Cultura, S.C. 24 de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Alberto Alejandro Herrera Lugo. Amparo en revisión 232/90. María de los Angeles Guerrero Meza. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Angel Torres Zamarrón." Por lo tanto, respecto de la omisión en análisis, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. En cambio, aunque el Presidente y actuario de la Junta responsable, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento de la parte demanda dentro del expediente ordinario número 1B-440/2022; de las constancias que remitió como sustento de su informe justificado se obtiene que al menos hasta la presentación de la demanda -veintinueve de julio de dos mil veintidós- y en esa propia fecha, la totalidad de los demandados no se encuentran emplazados a ese contradictorio. Por tal motivo, se desvirtúa la negativa aducida y se tiene como cierta la omisión reclamada. Documentales a las que en este acto, se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copias certificadas expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, quien con arreglo a la ley, goza de fe pública. QUINTO. Causa de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo; esto quiere decir, que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Sin embargo, no se advierte que alguna de las partes haga valer causal de improcedencia alguna, ni este juzgador observa de oficio que se actualice alguna de ellas. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, el concepto de violación en el que se aduce fundamentalmente que la autoridad responsable ha sido omisa en emplazar a la parte demandada en el juicio natural. Lo anterior es así, toda vez que si bien al rendir su informe justificado aduce haber emplazado a la parte demandada en el juicio laboral 1B-440/2022, de las documentales que adjuntó al mismo se observa que en efecto los demandados Francisco Arroyo, Francisco Arroyo Altamirano, María del Socorro Altamirano Gómez, representante legal de Chihuaha Construcciones, S.A de C.V., así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, fueron emplazados a ese juicio laboral el nueve de agosto del dos mil veintidós. Pero, por lo que se refiere al diverso demandado Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, con sede en esta ciudad, no se observa que exista acta de emplazamiento alguna. Ahora bien, es necesario precisar que el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley.". Asiste razón a la parte quejosa, dado que la autoridad responsable debió emplazar al referido demandado al menos con diez de anticipación a la audiencia inicial señalada para el treinta de agosto del dos mil veintidós, y al no haberlo hecho así, viola en perjuicio del quejoso el derecho humano reconocido en el artículo 17 constitucional. Para corroborar tal aserto, resulta pertinente establecer que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, del cual se desprenden los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se advierta favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución. 4. Justicia gratuita, que significa que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Lo anterior se desprende de la tesis aislada 2ª.L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos noventa y nueve, Novena Época, Tomo XV, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a mayo de dos mil dos, del título y texto siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Asimismo relacionado con los anteriores principios, el propio artículo 17 constitucional pone de manifiesto que la administración de justicia deberá impartirse dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. Bajo esta perspectiva, el artículo constitucional de mérito, prevé todo un sistema que permite al gobernado el respeto al derecho, a la tutela judicial o de acceso a la justicia, pues de él, se desprenden cinco subgarantías que acuden en el respeto de la garantía de acceso a la justicia, a saber: 1.- La prohibición de la autotutela o "hacerse justicia por propia mano"; 2.- El derecho a una tutela jurisdiccional efectiva en los términos que el legislador establezca en las leyes ordinarias con las cualidades de que el acceso a la justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita; 3.- La abolición de costas judiciales; 4.- La independencia judicial, y la plena ejecución de sus resoluciones; y, 5.- La prohibición de la prisión por deudas del orden civil. Como derechos humanos, constituyen limitaciones al poder público, en cualquiera de sus tres manifestaciones tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Así el derecho humano de acceso a la impartición de justicia, se ha concebido tradicionalmente como un derecho individual, sin embargo, la tendencia a la socialización del derecho, existente desde el siglo pasado, le han dado a esta facultad una proyección y contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no sólo formal. Por ello, el derecho de acudir a la jurisdicción del estado se ha convertido en un verdadero derecho de acceso a la justicia, entendida esta como un valor social que debe ser realizado, con las cualidades ya indicadas. Dicho lo anterior, se pone de manifiesto que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en términos del artículo 17 Constitucional, tiene la obligación de administrar justicia dentro de los términos y plazos que fijen las leyes, de una manera pronta, completa e imparcial. En el caso en particular, la parte quejosa indicó que la autoridad responsable no acató los términos previstos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para el emplazamiento de la totalidad de los demandados en el juicio de origen. Luego, esa afirmación se corrobora con las documentales que la responsable remitió como justificación de su informe, las cuales ya fueron valoradas y reseñadas con anterioridad. Sirve de sustento, en lo conducente, el criterio aislado sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, página doscientos veinticinco, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO COMO PRUEBA". Por lo que es inconcuso que la Junta responsable al haber omitido emplazar al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores dentro del plazo legalmente previsto por la ley, transgredió en perjuicio de los agraviados el artículo 17 Constitucional, por no haber impartido justicia dentro de los términos establecidos en los artículos 870 al 879 de la Ley Federal del Trabajo. En consecuencia, lo anterior conduce a conceder el amparo y la protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente dentro del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado: En caso de que a la fecha en la cual la presente sentencia cause ejecutoria, aún no se hubiere llevado a cabo el emplazamiento del demandado Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, éste se efectúe dentro del plazo que para ello establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. En el entendido de que en lo sucesivo la responsable deberá ajustarse a los plazos legales. Es de estricta aplicación, la tesis 2a. CV/2013 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, que por rubro y texto lleva: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo, contra el acto precisado en el resultando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Demetrio Ruiz Jacobo y José Manuel Ruiz Carrillo, contra el acto y por las autoridades señalados en el considerando cuarto de esta sentencia y para el efecto señalado en el último de los considerandos de esta misma resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.mmgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Esperanza Fuentes Reyes CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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