Demecio Silva Calderón

Expediente 181/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
181/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Demecio Silva Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. FIRME DESECHADA Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de cinco de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Demecio Silva Calderón, en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa, a través del cual solicita la devolución de los documentos originales que adjuntó al juicio de amparo en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su artículo 2°, hágasele la devolución de los referidos documentos, autorizando para tal efecto a las personas que señala, previa acta de desglose que se realice y sin que haya lugar a dejar copia certificada de los mismos, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Número de expediente: 181/2021 Acuerdo: Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Demecio Silva Calderón, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitivo de Vicente Silva Calderón, contra actos de la Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. De la literalidad de la demanda de cuenta, y anexos que se adjuntan a la misma, resulta necesario señalar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo se encuentra obligado a analizar de manera oficiosa las causas de improcedencia; por esa razón, resulta necesario examinar el escrito de demanda; y, de advertirse la actualización de alguna causal que torne improcedente el juicio deberá desecharse de plano. En tales condiciones, este juzgado considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI. Ahora bien, la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Al respecto debe decirse, que el juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, lo cual configura la cosa juzgada. La cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también, la cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, en cuya parte que interesa establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues en ella descansa el respeto al Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el de incongruencia en las resoluciones, pues aceptando que el proceso se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer, cuando estos han sido cuestionados y decidida impugnación o aceptado en sus términos, por falta de ejercicio de recursos en su contra se vuelven inmodificables, inimpugnables, inmutables y se tornan obligatorias por ser la verdad legal, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad y en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Resulta aplicable, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 197717 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: I.1o.T. J/28 Página: 565 "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García." En términos de lo preceptuado, el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente, pues de la lectura integral de la demanda y constancias recibidas, se advierte que de lo que se duele Demecio Silva Calderón, es la falta de notificación del acuerdo resolutivo número 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, mismo que fue emitido por la autoridad responsable bajo el número de oficio 1848/2012. Luego, de la certificación de cuenta se aprecia la existencia de un diverso juicio de amparo indirecto X-808/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que existe identidad en el quejoso, autoridad responsable y el acto que reclama, consistente en la totalidad del procedimiento del expediente 217/2012, el acuerdo resolutorio 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, así también como la variación de la cuenta catastral 000138-0 al darla de alta a nombre de Froylan Silva Calderón y la cancelación del registro 000001000 Tomo 00001330 que aparecía en favor del extinto Vicente Silva Calderón, así como todas las consecuencias derivadas del expediente 217/2012, cabe destacar que por auto de doce de julio de dos mil diecinueve, se desechó el aludido juicio de amparo X-808/2019. En ese aspecto, se advierte que en el juicio de amparo que nos ocupa, el hoy peticionario del amparo, está reclamando el mismo acto a las mismas autoridades respecto de todo lo cual ya se pronunció este juzgado dentro del diverso juico de amparo X-808/2019, ya que si bien es cierto, se desechó por extemporánea la demanda que dio origen al dicho juicio, determinación que adquirió firmeza mediante proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve, del mismo se desprende que el aquí quejoso reclama en esencia el mismo acto, aunado a que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en el acuerdo resolutorio 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, desde el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, circunstancia que actualiza, de forma indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Registro digital: 2005580 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.5o.P.1 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2306 Tipo: Aislada "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 46/2013. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretaria: Asminda Murguía Soto. Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En tales condiciones, debe desecharse la presente demanda de amparo de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. En consecuencia, al existir un pronunciamiento firme, respecto de un juicio previo promovido por el mismo quejoso, es evidente que opera la cosa juzgada que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre el acto aquí reclamado, de ahí que el mismo no pueda ser objeto de nuevo examen en otro juicio constitucional, pues de no ser así, se contravendría el principio de certeza y seguridad jurídica, al impedir un nuevo análisis sobre la misma cuestión analizada y resuelta por otro órgano de amparo. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede DESECHAR la demanda que nos ocupa, promovida por DEMECIO SILVA CALDERÓN, de conformidad con el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades señaladas en la presente demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Trinidad Mendoza Cervantes y como lo solicita la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO EL SIGUIENTE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA: Morelia, Michoacán, cinco de marzo de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Demecio Silva Calderón, por su propio derecho y en su carácter de albacea definitivo de Vicente Silva Calderón, contra actos de la Dirección de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. De la literalidad de la demanda de cuenta, y anexos que se adjuntan a la misma, resulta necesario señalar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los numerales transcritos se desprende que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo se encuentra obligado a analizar de manera oficiosa las causas de improcedencia; por esa razón, resulta necesario examinar el escrito de demanda; y, de advertirse la actualización de alguna causal que torne improcedente el juicio deberá desecharse de plano. En tales condiciones, este juzgado considera se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI. Ahora bien, la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior". Al respecto debe decirse, que el juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, lo cual configura la cosa juzgada. La cosa juzgada es una forma que las leyes procesales han previsto, como regla que materializa la seguridad y la certeza jurídicas que resultan de haberse seguido un juicio que culminó con sentencia firme. En efecto, la autoridad de la cosa juzgada que se atribuye a la sentencia definitiva no se funda en una ficción, sino en la necesidad imperiosa de poner fin a las controversias, a efecto de dar certidumbre y estabilidad a los derechos del litigio, como consecuencia de la justicia impartida por el Estado, por medio de los Jueces. En el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido éste como el que fue seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual da seguridad y certeza jurídica a las partes. Así también, la cosa juzgada se encuentra prevista en el artículo 17 de la propia Constitución Federal, en cuya parte que interesa establece: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Ello, porque la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales se logra, exclusivamente, sólo en cuanto la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico, como resultado de un juicio regular, que se ha concluido en todas sus instancias y ha llegado al punto en que lo decidido ya no sea susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el diverso derecho de acceso a la justicia, establecido en el propio artículo 17 constitucional, pues dentro de tal prerrogativa se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman un conflicto, sino también el derecho a que se garantice la ejecución de la decisión del órgano jurisdiccional. Luego, la autoridad de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que la seguridad jurídica se funda; por tanto, debe respetarse con todas sus consecuencias jurídicas. Así, en un proceso en el que el interesado tuvo adecuada oportunidad de ser escuchado en su defensa y de ofrecer pruebas para acreditar sus afirmaciones, además de que el litigio fue decidido ante las instancias judiciales que las normas del procedimiento señalan, la cosa juzgada resultante de esa tramitación no puede ser desconocida, pues en ella descansa el respeto al Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que se haya hecho efectivo el debido proceso, con sus formalidades esenciales. El valor que la seguridad y la certeza jurídica tienen para el Estado no está a discusión, como tampoco lo está el hecho de que las sentencias definitivas establecen, con carácter rígido, la verdad legal del caso concreto. Esta última, en su inmutabilidad, eficacia y ejecutabilidad, materializa respecto a quienes fueron parte en el juicio, sus garantías de seguridad y certeza jurídica. A través del sistema jurídico debe buscarse proveer de certeza a los litigantes, de modo tal que la actividad jurisdiccional se desarrolle una sola vez y culmine con una sentencia definitiva y firme, por lo cual no debe consentirse la impugnación de la cosa juzgada y no debe abrirse, por tanto, una nueva relación procesal respecto de una cuestión jurídica que ya está juzgada y cuyas etapas procesales se encuentran definitivamente cerradas; la impugnación de la cosa juzgada es irracional, pues la autoridad de esta última, en nuestro sistema, debe estimarse absoluta, sin que pueda considerarse que la cosa juzgada se establezca sólo por razones de oportunidad y utilidad, y que puedan también por excepción justificar su sacrificio, en aras de dotar de eficacia a la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, así como para evitar el desorden y el mayor daño que podría derivarse de la conservación de una sentencia que, como acto jurídico, contenga algún vicio de nulidad que la torna ilegal. De ahí que, en nuestro medio, los principios que inspiran la inmutabilidad de las sentencias son absolutos, y no deben ceder frente a algunos otros de origen también constitucional, como el de incongruencia en las resoluciones, pues aceptando que el proceso se encuentra debidamente garantizado, en la medida que el propio sistema está integrado por diversas instancias y medios de defensa que permiten a los interesados, impugnar oportunamente las decisiones jurisdiccionales, a fin de reparar cualquier vicio del que las decisiones judiciales pudieran adolecer, cuando estos han sido cuestionados y decidida impugnación o aceptado en sus términos, por falta de ejercicio de recursos en su contra se vuelven inmodificables, inimpugnables, inmutables y se tornan obligatorias por ser la verdad legal, al descansar precisamente en dicha inmutabilidad, los principios de seguridad y certeza jurídica. La cosa juzgada formal en realidad constituye una expresión de la institución jurídica de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad y en sentido estricto es la que se califica como material e implica la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse en cualquier proceso futuro, sin desconocer que la formal es condición necesaria para que la material se produzca. Resulta aplicable, la jurisprudencia que a continuación se transcribe: Época: Novena Época Registro: 197717 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Septiembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: I.1o.T. J/28 Página: 565 "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 11541/94. Salvador Montes Rico. 2 de febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles Nacionales de México. 1o. de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo en revisión 551/97. Juan Hernández Muñoz y otros. 26 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo directo 8501/97. Francisco Castro López. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Cardoso Ugarte. Secretario: Rigoberto Calleja López. Amparo directo 8781/97. Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García." En términos de lo preceptuado, el juicio de amparo que nos ocupa resulta improcedente, pues de la lectura integral de la demanda y constancias recibidas, se advierte que de lo que se duele Demecio Silva Calderón, es la falta de notificación del acuerdo resolutivo número 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, mismo que fue emitido por la autoridad responsable bajo el número de oficio 1848/2012. Luego, de la certificación de cuenta se aprecia la existencia de un diverso juicio de amparo indirecto X-808/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que existe identidad en el quejoso, autoridad responsable y el acto que reclama, consistente en la totalidad del procedimiento del expediente 217/2012, el acuerdo resolutorio 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, así también como la variación de la cuenta catastral 000138-0 al darla de alta a nombre de Froylan Silva Calderón y la cancelación del registro 000001000 Tomo 00001330 que aparecía en favor del extinto Vicente Silva Calderón, así como todas las consecuencias derivadas del expediente 217/2012, cabe destacar que por auto de doce de julio de dos mil diecinueve, se desechó el aludido juicio de amparo X-808/2019. En ese aspecto, se advierte que en el juicio de amparo que nos ocupa, el hoy peticionario del amparo, está reclamando el mismo acto a las mismas autoridades respecto de todo lo cual ya se pronunció este juzgado dentro del diverso juico de amparo X-808/2019, ya que si bien es cierto, se desechó por extemporánea la demanda que dio origen al dicho juicio, determinación que adquirió firmeza mediante proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve, del mismo se desprende que el aquí quejoso reclama en esencia el mismo acto, aunado a que la parte promovente tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en el acuerdo resolutorio 297 de uno de junio de dos mil doce, relativo a la autorización de una Variación Catastral que promovió Froylan Silva Calderón, respecto de la parte alícuota del bien que perteneció al extinto Vicente Silva Calderón, desde el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, circunstancia que actualiza, de forma indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Registro digital: 2005580 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: I.5o.P.1 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2306 Tipo: Aislada "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 46/2013. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretaria: Asminda Murguía Soto. Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación. En tales condiciones, debe desecharse la presente demanda de amparo de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia. En consecuencia, al existir un pronunciamiento firme, respecto de un juicio previo promovido por el mismo quejoso, es evidente que opera la cosa juzgada que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, toda vez que ya existe un pronunciamiento jurisdiccional sobre el acto aquí reclamado, de ahí que el mismo no pueda ser objeto de nuevo examen en otro juicio constitucional, pues de no ser así, se contravendría el principio de certeza y seguridad jurídica, al impedir un nuevo análisis sobre la misma cuestión analizada y resuelta por otro órgano de amparo. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, procede DESECHAR la demanda que nos ocupa, promovida por DEMECIO SILVA CALDERÓN, de conformidad con el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos y autoridades señaladas en la presente demanda. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Trinidad Mendoza Cervantes y como lo solicita la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que señala. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

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