Demetria López Cortes
Expediente 413/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Demetria López Cortes
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha nueve de octubre de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia (fojas 35 a 39); con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Por otra parte, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que surta sus efectos legales procedentes el oficio 39348, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en su atención, téngasele devolviendo diligenciado el exhorto número de origen 682/2017 y de orden 341/2017, del índice de este Juzgado. Acúsese de recibo y dese de baja y hágase la anotación respectiva en el Libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas, para los efectos procedentes. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que se le concedió a Demetria López Cortes, en proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí realizado y se ordena hacer las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de amparo. Notifíquese por lista a la parte quejosa en cumplimiento a este proveído. II-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a nueve de octubre de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Visto el oficio número 34181/2017, signado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que transcribe el acuerdo que dictó el veintinueve de septiembre del actual, en el juicio de amparo número 935/2017, del que se advierte que declinó competencia, por razón de territorio, a favor del Juzgado de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en esta ciudad, para conocer de la demanda amparo promovida por Demetria López Cortés, contra actos del Delegado de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, que se hace consistir en lo siguiente: IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- Al Delegado de la Policía Vial en el Estado de Oaxaca, destacamentado en Puerto Escondido, Oaxaca, le reclamo: La falta de respuesta a mi escrito de petición fechado el 31 de Marzo de 2017 dos mil diecisiete y recibido el 4 cuatro de Abril de 2017 dos mil diecisiete, en esa dependendencia del Ejecutivo del Estado; escrito en el cual solicito, 1) la implementación de operativos que atiendan la ilegal invasión de áreas de trabajo y ruta del sitio "Soledad" A.A., en territorio estatal, realizada por la Unión de Permisionarios del Servicio Público de Pasaje y Carga de Rio Grande A.C., revisando la autorización para la prestación del servicio público de pasajeros de estos últimos a efecto de que se ciñan a las rutas y espacios que tienen concesionados; 2) La infracción o en su caso detención y puesta a disposición de autoridad competente, de las unidades que sin contar con autorización para la explotación del servicio público de pasajeros en vías estatales, concretamente en Bajos de Chila Mixtepec, Juquila, Oaxaca, realizan la actividad y explotación del mismo, en detrimento de los legalmente concesionados en vías de jurisdicción estatal." (sic). Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, por los motivos expuestos en el acuerdo inserto en el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por los motivos legales expuestos, mismos que se comparten, se acepta la competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de mérito; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y regístrese con el número 413/2017. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 116, 117, y relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. TRAMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitase incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORMES Sin que en el caso sea necesario solicitar informe justificado a la autoridad responsable, toda vez que ya obra en autos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que en el caso haya motivo a señalar fecha fe audiencia por los motivos que más adelante se indicara. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora bien, como ya se anticipó, la impetrante del amparo reclama del Delegado de Tránsito del Estado de Puerto Escondido, Oaxaca, la falta de respuesta a su escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete y recibido el cuatro de abril siguiente; sin embargo, de las constancias que remitió dicha autoridad, al rendir su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en su numeral 2º, permiten decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. Lo anterior es así, toda vez que de las constancias remitidas, se advierte que con fecha doce de septiembre del actual, el Delegado de Tránsito del Estado de Puerto Escondido, Oaxaca, le dio contestación a su ocurso de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (foja 21), el cual le notificó el doce de septiembre del actual (foja 22). De ahí que, ha cesado en sus efectos la omisión que por esta vía combate la parte quejosa, razón por la cual resulta evidente que el acto del que se duele la impetrante de amparo, ha sido acordado con fecha doce de septiembre del actual y notificado el doce de septiembre del actual (foja 22); de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que origina el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 63, fracción V de la misma Ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, con registro 176051, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 210, registro 196820, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, procede sobresee en el juicio de garantías fuera de audiencia, con apoyo en los normativos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora bien, como se advierte de la demanda de amparo, que el quejoso señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, fuera del límite territorial de este Juzgado con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, notifique personalmente este proveído Demetria López Cortez, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en la casa número 822 de las calles J.P. García, colonia centro, en esa ciudad; asimismo, la requiera para que dentro del término de tres días siguientes, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes que surjan, aún las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Téngase como autorizado para oír y recibir notificaciones a María Cricelda Vásquez Antonio, Rogelio Soto Manuel y Luis Joaquín Carreño Ríos. Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa. II-B A
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