Delvin Antulio Dubon
Expediente 436/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 436/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Delvin Antulio Dubon
- Juan Batz Panalob
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales procedentes. En consecuencia, se deja sin efectos la suspensión de plano concedida a los directos quejosos por auto de trece de agosto del actual, que como providencia cautelar fue decretada. Comuníquese la anterior determinación a la autoridad responsable. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Se destaca que en este expediente que el trece de agosto del año en curso, se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO En el presente expediente se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, sin embargo, en acuerdo inicial de trece de agosto del año en curso, se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, de conformidad con el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte -aplicable en lo conducente-, el presente asunto es susceptible de conservación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 26, del Acuerdo General multicitado, en concordancia con el capítulo siete, punto "7.6" del Manual citado en párrafos que anteceden, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contados a partir de esta determinación y, una vez transcurrido dicho término, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término legal de tres días que se concedió a los directos quejosos 1. EDGAR SALVADOR DELGADO SERRANO, 2. DELVIN ANTULIO DUBON, 3. YSIDRO MISEL BIAFRANCA MOYA y 4. JUAN BATZ PANALOB, en proveído de trece de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que ratificaran la demanda de amparo formulada a su favor por Lizbeth Valdez Reyes, sin que lo hubiese hecho; por consiguiente, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Comuníquese la anterior determinación a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término legal de tres días que se concedió a la parte promovente del amparo ****, en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara el domicilio actual en el que pudieran ser notificados los directos quejosos, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí realizado y se ordena realizar las subsecuentes notificaciones para los directos quejosos 1. ********************, 2. ********************, 3. ******************** y 4. ********************, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo. Notifíquese por lista a los directos quejosos .- insercion auto de trece de agosto del dos mil veintitrés.-Número de expediente: 436/2023 Acuerdo: Salina Cruz, Oaxaca, trece de agosto de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 4362023-II. PRECISIÓN SOBRE ACUERDO GENERAL APLICABLE Se comunica a las partes procesales que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se concluyó el esquema con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19, y a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós se reanudaron labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales federales; por lo que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el referido Acuerdo General, vigente a partir del siete de noviembre de ese año. ASPECTOS CONCERNIENTES A LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE Con la precisión que lo relativo a la integración y consulta de los expedientes electrónicos se regirá por las bases establecidas en el numeral 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del. Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, con las reformas previstas en el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Bajo esa condición, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós los expedientes físicos se integrarán únicamente con aquellos documentos recibidos por esa vía, como así lo establece el artículo sexto transitorio del mencionado Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, sin que se obstaculice la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. INSTRUCCIÓN AL SECRETARIO ENCARGADO DEL EXPEDIENTE Y AL OFICIAL JUDICIAL "A" Se instruye al secretario de juzgado adscrito, que lleva el trámite este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, supervise el registro diario de movimientos de los expedientes a su cargo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de manera que se asegure la permanente actualización y veracidad de la información, en términos del artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; con las reformas del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga las acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Al efecto, se puntualiza que la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este órgano jurisdiccional deberá registrar los datos e información del seguimiento procesal de cada asunto, de manera inmediata, como lo establece el numeral 181 de la normatividad invocada. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo, y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO y de oficio respecto de cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los siguientes efectos: a) Cese de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Para el caso que los quejosos directos se encuentren detenidos por la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese la detención y se ponga a disposición del agente del Ministerio Público; c) Para que las autoridades responsables no le impidan tener comunicación de manera privada cuantas veces sea necesario con sus abogados, familiares o con quien estime pertinente; d) Les permita realizar una llamada telefónica con sus familiares, con su defensa o con quien estime necesario; Cabe precisar que los artículos 1, 11 y 22 de la Constitución Federal, establecen: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus dispositivos 125, 126, 128 y 164 ordena: "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la lectura de los artículos transcritos de la Constitución Federal puede extraerse, que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución Federal establece. Lo cual significa que los inmigrantes, como personas que son, al estar en territorio nacional, gozan de la protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, se advierte que los inmigrantes tienen derecho a transitar por el territorio nacional; sin embargo, habrá limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa. Por otra parte, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio de los quejosos, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional consistentes en las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que por extensión, tampoco pueden aplicarse en perjuicio de ningún extranjero. En otro sentido, la suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar, cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto - al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se cause a la parte quejosa daños de idéntica magnitud. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a las autoridades responsables, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. En concordancia con lo anterior, el referido artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio y de plano, entre otros actos, contra la deportación, expulsión, proscripción, destierro o extradición del territorio nacional, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. No obstante, conforme al principio pro personae -que permite el más amplio acceso a la impartición de justicia-, debe privilegiarse la protección de los derechos humanos de los migrantes, quienes por su especial situación de vulnerabilidad deben ser sujetos de una protección especial. En efecto, los artículos 99, 100, 101, 102 y 144 de la Ley de Migración, establecen: "Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. La presentación de extranjeros es la medida dictada por el instituto mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno." "Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del instituto, derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente ley, se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la puesta a disposición." "Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y de conformidad con los requisitos que se señalen en el reglamento, el extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio." "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." "Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado que: I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aun y cuando haya obtenido una condición de estancia; III. Se ostente como mexicano ante el instituto sin serlo; IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública; V. Proporcione información falsa o exhiba ante el instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, y VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el instituto. En todos estos casos, el instituto determinará el periodo durante el cual el extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en el reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo expreso de la Secretaría. En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva." De la lectura de los numerales de la Ley de Migración se advierte, que la presentación de extranjeros se trata de la medida dictada por la autoridad administrativa, mediante la cual, se decide el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria en el país, para la regularización de su estancia o bien, para asistirlo en el retorno a su país de origen, es decir, que el alojamiento durará en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Además, se dispone que el acuerdo de presentación se emitirá en un término de veinticuatro horas, cuando el extranjero vaya a ser deportado por haber incurrido en alguna de las conductas establecidas en el artículo 144 de la Ley de Migración. También se desprende de esas normas, que una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, éste podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien, a persona moral o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. En tanto se dicte resolución definitiva, el extranjero podrá otorgar las garantías monetarias y fiduciarias establecidas en términos de dicha ley. De igual manera resulta útil invocar los artículos 150, 162 y 164 de la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 150. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso." "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso." "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." De la interpretación correlacionada del articulado transcrito de ambos ordenamientos, puede extraerse que la privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos extraordinarios, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. En adición al contexto jurídico anterior, se estima prudente destacar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que la libertad es la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido; en otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones; por su parte, la seguridad, sería la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable. Por lo que, la libertad, definida así, es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona. Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. También es dable señalar que la libertad personal al ser un derecho de primordial relevancia, únicamente puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, tal como se advierte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; en este sentido, ha de entenderse que la libertad es siempre la regla y la limitación o restricción a tal libertad es siempre la excepción. Sobre tal aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que, para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: 1) Que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2) Que sea idónea para cumplir con el fin perseguido. 3) Que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, 4) Que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. También es dable destacar que el artículo 111 de la Ley de Migración, establece que, en caso de presentación de una persona extranjera, el instituto debe resolver su situación migratoria en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Además, establece que el alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los esos quince días hábiles cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. Asimismo, prevé que en los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. En ese sentido, aunque ese precepto legal establece plazos para resolver la situación migratoria de una persona, así como en relación con el alojamiento de que puede ser objeto, debe tenerse presente que, cuando un extranjero es presentado ante las estancias migratorias, en realidad sufre un acto que interfiere con su libertad deambulatoria, por lo que, en la atención de esos casos, el operador jurídico debe tener siempre presente el principio de excepcionalidad. En efecto, aun tratándose del caso en que una persona esté sujeta a la verificación de su estancia en el país de acuerdo a los lineamientos previstos en la Ley de Migración (procedimiento de determinación de estancia migratoria), en atención al artículo 1° de la Constitución Federal, los juzgadores al conocer del juicio de amparo donde se reclamen actos previstos por el artículo 126 de la Ley de Amparo, al resolver sobre la suspensión solicitada para efectos de obtener la libertad, deben considerar el principio de excepcionalidad de su restricción. En conclusión, en aquellos casos en los que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión, corresponde al Juzgador decretar esa medida y ordenar la libertad del quejoso, asimismo estará constreñido a señalarle a la autoridad migratoria que provea las medidas idóneas para que el quejoso esté en condiciones de continuar con su trámite migratorio. Consecuentemente, en los casos en que una persona con calidad de inmigrante reclame la detención y solicite la libertad, debe ser el juzgador de amparo quien deberá concederla en términos de los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad de los quejosos, sin que se fijen medidas adicionales y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad de los diversos consistentes en la deportación e incomunicación de los quejosos, por lo que la autoridad migratoria deberá fijar las garantías que estime discrecionalmente, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, salvo que la privación de la libertad sí sea con motivo de la comisión de un delito, pues en ese caso, debería proceder en términos del citado artículo 164 de la legislación citada. Es así, dado que la detención migratoria resulta contraria al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, ya que debe partirse de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y no la regla general. En consecuencia, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que los directos quejosos 1. EDGAR SALVA********************, sean puestos en inmediata libertad, debiendo las autoridades responsables (quien los tenga a disposición) dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. En el caso concreto, este órgano jurisdiccional estima innecesario que la autoridad migratoria fije garantía alguna, dada la naturaleza del grupo vulnerable como lo es los directos quejosos en su calidad de migrantes, con la finalidad de maximizar la protección de sus derechos humanos, pues se estima que no únicamente se deben atender los requisitos que al efecto prevé dicha legislación migratoria, sino en concordancia con la Ley de Amparo y conforme con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Federal, atendiendo a la interpretación pro homine favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia, en congruencia con la política migratoria señalada en la Ley de Migración, así como con el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas a protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece las prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable. Apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3550, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016410, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD. El artículo 147 de la Ley de Amparo establece que, en caso de que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional puede establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Ahora, en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo indirecto consista en el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, respecto del cual proceda la suspensión, deben establecerse como condiciones para su efectividad, medidas idóneas para que el quejoso continúe con su trámite migratorio y así, no quede sin materia el juicio de amparo, las cuales pueden consistir, de manera ejemplificativa, en que: el extranjero comparezca un día a la semana ante el juzgado que proveyó sobre la suspensión, se establezca en un domicilio dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad migratoria en la que esté realizando sus trámites, así como no abandonar ésta. Cabe señalar que no se considera idóneo establecer como condición la erogación de cantidades de dinero, toda vez que el quejoso, al haber estado alojado en una estación migratoria, no tiene ingresos económicos; además, su condición de migrante le impide, en la mayoría de los casos, contar con el apoyo de familiares y amigos para ello, por lo que al estar imposibilitado para sufragar la cantidad que se estableciera como requisito de efectividad, por causas ajenas a éste, se haría nugatoria la medida cautelar otorgada." En la inteligencia de que, al margen de los lineamientos hasta aquí establecidos, las indicadas autoridades responsables deberán implementar los mecanismos que estimen pertinentes dentro de sus facultades para vigilar que los directos quejosos cumplan a cabalidad con la determinación así asumida, debiendo, en su caso, informar lo conducente de manera periódica (semanalmente) al Juzgado de Distrito del conocimiento. Es aplicable la tesis I.1o.P.99 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que se comparte, publicada en la página 1745, Tomo XXVIII, Julio de 2008, con registro 169268, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual forma, la sustentada por el Vigésimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, con registro 2016411, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. EXISTE APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CUANDO TRANSCURRIÓ EN EXCESO EL PLAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE. La privación de la libertad personal con motivo de las irregularidades detectadas en el ingreso de un extranjero al país, cualquiera que sea su denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) dentro de un procedimiento administrativo, tiene que ser excepcional y proporcional al objeto que se busca proteger, y sólo estará justificada por motivos excepcionales, con un fundamento jurídico claro y establecido en la ley. Por tanto, en los casos en que haya transcurrido en exceso el plazo legalmente establecido para que se dicte la resolución en un procedimiento de regularización para definir la situación legal de un extranjero y éste se encuentre asegurado en una estación migratoria, se concluye que existe apariencia del buen derecho en términos el artículo 138 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia de la suspensión contra ese alojamiento temporal pues, preliminarmente, se advierte que la privación de la libertad que resiente no se encuentra justificada y, por ende, podría ser arbitraria, al rebasar en exceso la autoridad administrativa el tiempo para definir la situación migratoria del quejoso." Cabe precisar, que las citadas tesis son aplicables, según lo dispuesto en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley de Migración, en cuanto a que las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas se realicen a la Ley General de Población, por lo que hace a cuestiones de carácter migratorio, se entenderán referidas a la legislación citada en primer término. En el entendido que si en el caso, se trata de una de las hipótesis previstas en el artículo 160 de la Ley de Amparo, como son deportación, expulsión, extradición, o repatriación asistida, el efecto de la suspensión NO SURTIRÁ EFECTOS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS, sino que los directos quejosos permanecerán en el lugar en donde se encuentren alojados, a disposición de este Juzgado federal por lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, si la detención se realizó con motivo de la comisión de un delito, el efecto de la suspensión de plano es para que los directos quejosos seas puestos, sin demora, a disposición del Ministerio Público correspondiente. Además, la presente suspensión no tiene efectos para actos y autoridades diversas a las señaladas como responsables, de tal suerte que no paraliza la detención con motivo de la imposición de una sanción administrativa derivado de alguna falta de las contempladas en el Bando Municipal del lugar de que se trate, tales como ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, alteración del orden público, entre otros. Sirve de apoyo, la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 80/2007, emitida por el Pleno de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual cuenta con el registro electrónico 170578, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Lo anterior, toda vez que el juicio de amparo no es un medio para suspender de plano a fin de que los directos quejosos gocen del libre tránsito en territorio nacional, puesto que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 97, 98, 99 y 100 de la Ley de Migración, el Instituto Nacional de Migración tiene facultades para llevar a cabo revisiones dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; así, también que es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1 de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el debido proceso y la libertad derechos del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. En el entendido, que dicha determinación se le deberá notificar inmediatamente de manera personal a los peticionarios de amparo y se tenga certeza que tuvo conocimiento pleno del contenido del pronunciamiento de las responsables. En consecuencia, las autoridades responsables deberán informar dentro del improrrogable plazo de veinticuatro horas el cumplimiento dado a esta suspensión de plano, apercibidas que de no acatar lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 262, fracción lll, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que dicho informe deberán remitirlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; por fax al número telefónico (971) 71-4-54-93, y su confirmación de recepción y envío a la extensión 1066 ó 1077, sin perjuicio que de optar por la vía ordinaria, se remita en la temporalidad requerida. Se instruye al actuario judicial adscrito para que mande, vía fax y/o correo electrónico, el oficio que se gire en este expediente a la autoridad responsable foránea. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, con número de registro 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." DESPACHO PARA NOTIFICAR A LOS QUEJOSOS La promovente señaló que los quejosos 1. EDGAR SALVA********************, podrían estar detenidos y alojados en las Instalaciones de la Estación Migratoria ubicada en ********************; por ello, con fundamento en los artículos 298, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUATULCO Y ESPECIALIZADO EN ORALIDAD MERCANTIL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA COSTA, OAXACA, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, para que realice lo siguiente: 1) Certificar de manera pormenorizada la integridad física de los quejosos; y, 2) Les notifique el contenido de este proveído, debiendo requerirlos en términos del numeral 15 de la ley de la materia para que en el acto de la diligencia, o dentro del término de tres días siguientes a su notificación, manifiesten si ratifican la demanda promovida a su favor. Asimismo, deberá apercibirlos que de no hacerlo en los términos indicados, se tendrá por no presentada la misma, quedando sin efectos las providencias que se hubiesen dictado. En la inteligencia de que el Juez de Primera Instancia está facultado para dictar todas aquellas medidas que estime necesarias para lograr la notificación del referido quejoso, como podrían ser, entre otras, habilitar días y horas inhábiles de acuerdo a lo previsto por el numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Para dar cabal cumplimiento a lo anterior, se solicita al encargado del lugar donde se encuentre el quejoso, proporcione al fedatario judicial comisionado las facilidades necesarias para lo encomendado, debiendo salvaguardar la integridad física de tal funcionario bajo su más estricta responsabilidad. Consecuentemente, se solicita al aludido juzgador que una vez diligenciado en sus términos el respectivo despacho, se sirva remitir las constancias correspondientes y los devuelva a la brevedad posible a este órgano jurisdiccional, poniéndose a su disposición el correo oficial del juzgado 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; siendo innecesario su remisión por la vía ordinaria acostumbrada. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con el artículo 15, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, dentro del término improrrogable de DOCE HORAS, en relación con los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de esa legislación, se hará merecedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien unidades de medidas y actualización de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO En otro aspecto, del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente señala que los directos quejosos 1. EDGAR SALVA******************** se encuentran siendo víctimas de tratos inhumados, azotes y tortura en el centro donde se encuentran recluidos. Ante tal circunstancia, con fundamento en los 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1, 3 y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, dese vista con lo anterior al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, a fin de que, en su caso, instruya la investigación de acuerdo con sus facultades y con los estándares nacionales e internacionales, y verifique la posible comisión del delito de torturas infringidas a los quejosos. Al caso es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justica de la Nación, visible en la página 561, Tomo I, Libro 6, seis de mayo de dos mil catorce, decima época, registro 2006483, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del tenor literal siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos del numeral 12 de la normativa de la materia, a los licenciados ********************y ********************, aun cuando las cédulas profesionales del citadas no están registradas ante los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación, en la demanda de cuenta; sin embargo, se advierten que tiene emitidas a su favor las cédulas profesionales ********************y ********************, expedidas por la Dirección General de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública. Como fundamento a lo anterior, se cita la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, Materia(s): Común, página 4456, con registro digital 2021840, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad se otorgue personalmente, sin contestación alguna se tendrá como efecto declarar su inexistencia, se dejará de tenerlas con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ella, y se continuará con el trámite del juicio. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Ahora bien, tomando en consideración que la parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en ********************; el cual se encuentra fuera de la sede territorial de este Juzgado de Distrito, y así como el usuario "********************", el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Líneas del Poder Judicial de la Federación, y está vinculado con el correo electrónico liz_valdezr@hotmail.com, en términos de lo previsto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, del Acuerdo General citado, se ordena que las notificaciones, aún las de carácter personal se realicen de manera electrónica. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior y como consecuencia el actuario tenga a bien notificar por tal medio la totalidad de las resoluciones que se dicten en este expediente, sin ulterior pronunciamiento. En el entendido que de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su numeral 55, se practicarán de manera electrónica únicamente aquellas determinaciones que deban ser personales. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en el Estado, Undécima Época, Registro: 2026122 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica de las notificaciones en la dirección electrónica gabrielmarmolejo@hotmail.com, debido a que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud de la promovente para tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud para realizar las notificaciones que le correspondan vía correo electrónico gabrielmarmolejo@hotmail.com, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida norma, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio, puesto que las mismas dependen de la obtención previa de la Firma Electrónica. En otro aspecto, no se provee de conformidad la solicitud de la promovente para tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se les llegaran a formular. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del Juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXHORTO A LAS PARTES Con fundamento en los artículos 257, fracción I y 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, adicionados en el punto tercero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicio en Línea; asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como número telefónico o correo electrónico, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega de los oficios correspondientes a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución, en relación con el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese y por despacho a los directos quejosos y vía electrónica a la promovente.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Santa Cruz Huatulco y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral de los Circuitos Judiciales de la Costa; a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho número de origen 553/2023 y orden 965/2023, del índice de este Juzgado, por los motivos que expone, dese de baja y hágase la anotación respectiva en el Sistema Integral Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, vista la razón realizada por el notificador adscrito al juzgado auxiliar, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria para llevar a cabo la diligencia encomendada en proveído de trece del actual, en virtud de que al presentarse en las instalaciones de la Estación Migratoria de Bahías de Huatulco, Oaxaca, le manifestaron que después de realizar una búsqueda minuciosa en sus registros, las personas buscadas 1. EDGAR SALVADOR DELGADO SERRANO, 2. DELVIN ANTULIO DUBON, 3. YSIDRO MISEL BIAFRANCA MOYA y 4. JUAN BATZ PANALOB, no se encuentran en dichas instalaciones. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la promovente del amparo Lizbeth Valdez Reyes, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la fecha en que quede legalmente notificado de este acuerdo, señale domicilio actual en el que puedan ser notificados los directos quejosos, a efecto de que manifiesten si es su deseo ratificar la demanda de amparo promovida a su favor, en los términos apuntados en el auto de trece del actual, apercibida que de no hacerlo en dicha temporalidad, se les notificara por lista el proveído de mérito, haciéndose efectivo la medidas de apremio ahí decretadas. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta el oficio de cuenta, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificada su recepción por la secretaria de este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.
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