Demetria Flaviana García Rrodríguez
Expediente 1295/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1295/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2021
Partes del expediente
- Demetria Flaviana García Rrodríguez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. ARCHIVO En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Ahora, quedan a disposición de la parte quejosa los documentos originales que ofreció como prueba en el presente sumario, en el entendido de que deberá presentarse a recogerlos personalmente o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de noventa días, contados legalmente, bajo a percibimiento que de no hacerlo en el momento procesal correspondiente correrán con la misma suerte que el presente expediente. En el entendido que deberá cumplir con lo establecido en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos.. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense sin mayor proveído los oficio signados por el Secretario del Consejo de Salubridad General en representación del Titular del Consejo de Salubridad General, por los cuales rinde informe justificado e informe relativo a la suspensión de plano dictada por este órgano de control constitucional; ello en la medida que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, por haberse actualizado la causa de improcedencia atinente a la cesación de los actos reclamados. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual, solicita devolución de los documentos exhibidos, por las razones que expone. En atención a su solicitud, dígase que una vez que quede firme el desechamiento de nueve de diciembre del año en curso, se proveerá lo conducente respecto su devolución.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Vista la demanda promovida por ++++++++++, regístrese bajo el número 1295/2021-I-C. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En tales condiciones, de una lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama de las responsables lo siguiente: Y, como acto reclamado lo siguiente: Asimismo, como consecuencia de lo anterior DESECHAMIENTO. En el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. .". De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, ya que el no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En ese tenor, se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. Al en que surta sus efectos conforme a la ley que rige el acto la notificación a la parte quejosa de la sentencia, resolución o acuerdo que reclame; 2. Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, 3. Al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Establecido lo anterior, del escrito que se atiende la quejosa manifiesta que tuvo conocimiento del aseguramiento del inmueble materia de Litis el quince de octubre del año en curso; entonces, resulta evidente que desde esa data la impetrante tuvo conocimiento pleno de los actos que aquí se impugnan por lo cual el término de quince días a fin de acudir a esta instancia transcurrió en exceso (diecinueve de octubre al once de noviembre ambos del año en curso). En ese contexto, si la demanda que ahora se atiende, fue presentada hasta el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se promovió en forma extemporánea. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 14, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por tales motivos, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18 de dicha legislación, se desecha la demanda de amparo promovida por Demetria Flaviana García Rodríguez. Sin que obste a lo anterior, que en el presente asunto, de igual forma, se surte la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 241 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones, tienen sustento por analogía, en la tesis número 2a. LXXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 373, la cual interpreta la fracción XVII, del artículo 73 de la abrogada Ley de Amparo, cuyo contenido es similar al vigente; criterio que es rubro y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción". Al respecto, es necesario precisar que el acto reclamado se rige por el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en sus artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246, que tal acto es materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de sobreseimiento, el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. [.]". El artículo constitucional antes citado establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. Por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan lo siguiente: "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; [.] "Artículo 133. Competencia jurisdiccional Para los efectos de este Código, la competencia jurisdiccional comprende a los siguientes órganos: I. Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que este Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio; [.] Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. "Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: [.] III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación". De los numerales transcritos se advierte que, el aseguramiento de los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, asegurados durante el desarrollo de la investigación, es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde determinar si es correcta dicha medida -aseguramiento-, así como el instruir a la autoridad ministerial a su devolución, conforme a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental el cual señala: ".En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece". Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que no son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial; y por su parte, los artículos 133, fracción I, 229, 231, fracción III, y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, definen que el Juez de Control es la autoridad facultada para devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. Por lo que, es claro que, bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, los gobernados que reclamen una retención o aseguramiento de cualquier objeto, deberán acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para impugnar lo relativo a dicha retención. Aunado a que, de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que las actuaciones del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Esto, con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en la Carta Magna y atender a la naturaleza especial del sistema penal acusatorio. No es óbice que el quejoso de amparo se ostente como persona extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados; en primer término, en virtud de que manifestó que tuvo conocimiento de la autoridad que aseguró el inmueble y su fecha de ejecución, lo cual lo vincula a comparecer ante el Juez de Control, por ser quien revisa los actos del Ministerio Público. Además, atendiendo a que en el nuevo sistema de justicia penal el Ministerio Público figura como parte, en igualdad de condiciones que el imputado y la víctima, los actos de investigación que realiza no podrían someterse a escrutinio en el juicio de amparo, el cual procede contra actos de autoridad, o de particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, siempre que afecten derechos en los términos a que se refiere el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo cual no acontece en este caso, pues para afectar derechos constitucionalmente protegidos, como son la propiedad o la posesión, según lo establece el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público requiere de autorización del Juez de Control. Por lo anterior, se reitera, la aquí quejosa debe acudir ante el Juez de Control, a fin de que sea éste quien resuelva lo que en derecho corresponda respecto de lo acontecido en el inmueble referido anteriormente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar el aseguramiento impugnado. En conclusión, al actualizarse la causa de sobreseimiento desarrollada con anterioridad, procede desechar la demanda de amparo; ello, con fundamento en el del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los numerales 133, fracción I, 229, 231, fracción III, 241 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales Ahora, cabe hacer mención que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante ejecutoria emitida en el recurso de revisión 182/2021, confirmó la sentencia emitida en el juicio de amparo 441/2021, de la estadística de este juzgado, en la cual se realizó similar pronunciamiento. DOMICILIO QUEJOSO Conforme lo establecido por los numerales 30 y 31 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones vía electrónica el usuario "Lic.Elisa"; asimismo, se autoriza para la consulta del presente auto el usuario antes citado. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. Ahora, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico referido. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7°, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES Hágase del conocimiento de las partes que el intrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el dieciséis de enero de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 20/2021. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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