Delia María Teresa Mena García
Expediente 1922/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1922/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/01/2018
Partes del expediente
- Delia María Teresa Mena García
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por el cual solicita devolución de los documentos que acompañó con su demanda. En ese contexto, se autoriza la devolución de las documentales que refiere la promovente, previo cotejo y copia certificada que de ésta se realice y razón que por su recibo se glose al juicio, por persona autorizada para tal efecto.
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que la quejosa no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Delia María Teresa Mena García, regístrese bajo el número 1922/2017-I-A. DESECHAMIENTO. Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De lo manifestado por la solicitante del amparo y constancias que anexa, se advierte que esencialmente reclama como tercera extraña a juicio, todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia o sentencias definitivas dictadas y autos que decreten la ejecución de las sentencias definitivas e interlocutorias dentro del expediente relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido Sergio Eleazar Valdés Albarrán en contra de José Luis Estrada Portilla, contenido en el expediente número 228/2016 del índice de Juzgado Séptimo Mercantil del Distrito Judicial de Toluca y a la orden de ejecutar dichos actos procesales sobre un inmueble ubicado en el número trescientos dos (302) de la calle Manuel Sotelo, de la colonia Morelos de esta Ciudad, incluyendo el embargo del mismo. Precisado lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de Amparo, este juzgado considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La cual establece lo siguiente: "X.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Lo anterior es así, porque constituye un hecho notorio para este juzgador, la existencia del diverso juicio de amparo con número de orden 332/2017, que en éste órgano jurisdiccional se tramitó; del cual se observa que la aquí quejosa reclamó: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: EL JUZGADO SEPTIMO DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, EN EL EXPEDIENTE 228/2016 CON DOMICILIO EN AVENIDA, DOCTOR NICOLÁS SAN JUAN. NÚMERO 104, COLONIA EX RANCHO CUAUHTÉMOC, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. A) AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: EJECUTOR ADCRITO, AL JUZGADO QUINTO CIVIL DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METPEC, ESTADO DE MEXICO, ASI COMO EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN AVENIDA .TECNOLÓGICO, S/N EN LA COLONIA SAN SALVADOR TIZATLALLI, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: A) DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA SE RECLAMA LA ORDEN DE EMBARGO SOBRE BIENES DE MI ESPOSO SEÑOR JOSÉ LUIS ESTRADA PORTILLA, EN EL EXHORTO NÚMERO 228/2016, TRAMITADO EN EL JUZGADO SÉPTIMO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA, DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, QUE CULMINÓ CON EL EMBARGO SOBRE BIENES DE MI PROPIEDAD, ESPECÍFICAMENTE CON EL PORCENTAJE QUE ME CORRESPONDE DEL BIEN EMBARGADO SIENDO ÉSTE EL DEL 50%, EN RAZÓN DE QUE LA SUSCRITA ME ENCUENTRO CASADA CIVILMENTE CON EL SEÑOR JOSÉ LUIS ESTRADA PORTILLA, BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL. B) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA SE RECLAMA: LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, MEDIANTE EXHORTO NÚMERO 233/2016, TRAMITADO EN EL JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA, CON RESIDENCIA EN METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN EL QUE SE EMBARGARA UN INMUEBLEUBICADO EN LA CALLE DE MANUEL SOTELO NÚMERO 302, COLONIA MORELOS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, AL 100%, AFECTANDO LA ESFERA JURÍDICA DE LA SUSCRITA, EN RAZÓN DE QUE DETENTO LA PROPIEDAD DE DICHO INMUEBLE AL 50%, SITUACIÓN QUE DETALLARE, Y ACREDITARE EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE." Asimismo, de la lectura integral de la demanda, se colige que la consecuencia de los actos que tachó de inconstitucionales se hizo consistir en la orden de embargo sobre el inmueble ubicado en el número trescientos dos (302) de la calle Manuel Sotelo, de la colonia Morelos de esta Ciudad. Luego, mediante sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento del referido sumario constitucional, en virtud de que no se acreditó el interés jurídico que adujo tener la quejosa, resolución que causó ejecutoria el tres de mayo del año en curso. Circunstancias que se corroboran al tener a la vista los autos del referido sumario; y resultan en hecho notorio para quien esto determina. Por analogía, sustenta el proceder, la tesis XXII. J/12 emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." (S.J.F. y su Gaceta, 9a. Época, Tomo V, enero de 1997, pág. 295) Cabe añadir que si bien es cierto, conforme a la lectura de la precisión de los actos reclamados, éstos difieren, lo cierto es que establecen la misma causa de pedir, a saber: evitar el embargo del inmueble ubicado ubicado en la calle de Manuel Sotelo número trescientos dos (302), colonia Morelos, en la ciudad de Toluca, Estado de México, ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 228/2016. De lo hasta aquí expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente juico, ha sido materia de reclamo en diverso amparo promovido por la misma impetrante de la protección constitucional, por lo que no puede ser impugnado en un juicio de amparo nuevo, porque aun cuando aquél fue sobreseído; ello, no puede desconocerse en el presente asunto. En consecuencia, impera el principio de cosa juzgada que impide analizar nuevamente los actos reclamados y evitar sentencias contradictorias. En efecto, la cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; y no obstante que en el caso se trata de proveídos de diversas fechas, lo cierto es que la identidad de causa existe y no puede negarse la influencia que ejerce la cosa juzgada del pleito anterior sobre el que pretende a fallarse, la cual es refleja. Cabe precisar que por regla general no existe dicha causal si el primer amparo fue sobreseído; sin embargo, a criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sufre una excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversa circunstancia, pues ésta no solo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como ocurre cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, como en el caso acontece, pues esta situación no puede ser desconocida en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 34 del apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." Así como la diversa jurisprudencia de la Segunda Sala, visible en la página 91, Volumen 181-186, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, séptima época, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". Y la Tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página 524, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, que dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". En consecuencia, se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; por lo que se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Corolario a lo anterior, es evidente que la quejosa no desconoce el juicio de origen de que emana el acto reclamado, como lo sustenta en su demanda, bajo protesta de decir verdad, por lo que hágase de su conocimiento el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Página 5, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, Materia Común, con registro 2014917, que dispone: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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