Dely Carmenate Nápoles

Expediente 688/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Dely Carmenate Nápoles

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que, mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo origen del presente asunto, sin que la parte promovente haya interpuesto recurso de queja, dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2º, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 18, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que si bien se tuvo por no presentada la demanda de garantías que dio origen a este juicio de amparo, lo cierto es, que se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar ya sea provisional, definitiva o ambas, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes noventa días, procédase a la depuración el expediente. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente asunto a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Visto lo de cuenta, agréguese únicamente para que existan en autos las razones actuariales de cuenta en las que se hace constar la imposibilidad para llevar a cabo la notificación de los oficios 6059 y 6060 dirigidos a la "Dirección General Adjunta de Información e Investigación Migratoria" y "Dirección de Investigación Migratoria"; toda vez que en proveído de cinco de julio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de garantías, que dio origen a este juicio de amparo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese únicamente para que existan en autos la razón actuarial que antecede en la que se hace constar la imposibilidad para llevar a cabo la notificación del oficio 6058 dirigido a la "Secretaria de Defensa Nacional del Estado de Oaxaca"; toda vez que en proveído de cinco de julio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de garantías, que dio origen a este juicio de amparo. Notifíquese y, también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.RAZÓN: Esta foja corresponde a la parte final del acuerdo dictado el seis de julio de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo número 688/2021. Conste.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto la diligencia actuarial de uno de julio del presente año, de la que se advierte que el directo quejoso Dely Carmenate Napolés, no ratificó el contenido de la demanda presentada a su favor por José Bernardo Cruz Trillanes, asimismo señala domicilio para oír y recibir notificaciones también manifestó que nombra como a su autorizado al promovente de la demanda y a los diversos que se mencionan en la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de treinta de junio del año en curso y se tiene por no presentada la demanda que se trata: en consecuencia, queda sin efectos la providencia decretada en su beneficio en el citado acuerdo. Sirve de apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1031, Tomo LXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACION DE LA, ENCONTRANDOSE DETENIDO EL AGRAVIADO." Háganse las anotaciones procedentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se tiene como autorizados de la directa parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a José Bernardo Cruz Trillanes, así como a Samuel Capdevielle González, Salvador Gómez Pérez, Erick Marure Troncoso, Mirna Peralta González y Edgar Israel Hernández Ramírez, indicados en la demanda de amparo y por así haberlo manifestado en la diligencia de cuenta. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional. Además en cuanto a la solicitud del promovente José Bernardo Cruz Trillanes, hecha valer en la demanda de amparo respecto a que se conceda el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y se notifique por la misma vía a través del usuario "cruztrillanes", dígasele que no ha lugar, toda vez que la directa parte quejosa únicamente lo autorizó para oír y recibir notificaciones, por lo que carece de personalidad para promover en su nombre, sumado a que la impetrante señaló los estrados como domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, agréguese únicamente para que existan en autos, los oficios terminación 484/2021 y 0655/2021, correspondientes a los Titulares de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración y de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, ambos en el Estado de Oaxaca, mediante los cuales rinden su informe respecto a la suspensión de plano concedida el treinta de junio del año en curso; lo anterior, toda vez que en párrafos anteriores se tuvo por no presentada la demanda de amparo y sin efectos la provedencia decretada en su beneficio. Empero lo anterior, se tiene al Instituto Nacional de Migración, manifetsando que la información proporcionada se encuentra clasificada como reservada y confidencial, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 110, fracción V y 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, respecto a su petición de que se acumule el presente juicio de amparo al diverso 687/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, dígasele que no ha lugar a lo que solicita, toda vez que en el presente proveído se tuvo por no presentada la demanda de garantías que dio origen a este juicio. Igualmente, se le tiene al Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de la Materia. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables señalan como medios de comunicación diversos correos electrónicos y números telefónicos, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos que proporcionan, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y, por lista con efectos de notificación personal, a la parte quejosa.; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes, a favor de Dely Carmenate Nápoles, quien aduce se de nacionalidad cubana, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y otras autoridades; cuyos actos reclamados los hace consistir esencialmente en: La detención y la probable deportación a su país de origen, así como la incomuniación. Por tanto, con el escrito original y este proveído, fórmese expediente, y regístrese en libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 687/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Suspensión de plano. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el peticionario del amparo reclama la detención ilegal, y posible deportación. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO para que, con las salvedades que se indicarán, cesen de inmediato tales actos, y en su caso, cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la detención de la que aduce se encuentran siendo objeto los directos quejosos, por parte de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, acorde con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos aquí reclamados, la parte amparista queda a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo y, a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentran alojados, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Además, se considera oportuno mencionar a la autoridad responsable que en términos de la Ley de Migración, deberá: Garantizar la seguridad personal del migrante. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Igualmente, dígase a la autoridad responsable, que deberá permitir el acceso de manera mesurada y bajo las medidas estrictas de salubridad adoptadas, derivado de la contingencia originada por la pandemia covid 19, a los familiares y abogados de la parte directa agraviada, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida; en el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrita a este juzgado, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsable, por hechos diversos, o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por ello, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal de notificación de este proveído, remita las constancias que acrediten el estatus jurídico migratorio de la parte quejosa; apercibidos que de no hacerlo así se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización. Luego, conviene precisar que la restricción de la libertad de tránsito, debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y de orden público. En ese contexto, si la privación de la libertad de la que se duele la parte quejosa, obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refieren ser extranjeros, las autoridades migratorias deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuesta a las gestiones que en ese entorno se realicen (verbigracia, las que puedan derivar de las hipótesis contempladas en los artículos 101 y 102) y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Así, dicha medida cautelar se concede a fin de que la situación migratoria de la parte quejosa, se mantenga en el estado en el que se encuentra y no se ejecute, en su caso, la orden de deportación que reclama, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 160 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; en el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que los quejosos sean puestos a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, la autoridad responsable en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberá poner al quejoso a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación visible en el Semanario judicial de la Federación, tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, materia Administrativa, Novena Época que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL. Si bien basta que en el juicio de amparo los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del diverso 126 de la Ley de Amparo, para que, sin mediar trámite alguno, se determine oficiosamente la procedencia de la suspensión, lo cierto es que la condición de que dicha medida no debe concederse en perjuicio del interés social ni en contravención a disposiciones de orden público, no puede ser desconocida por los juzgadores de amparo al fijar sus efectos. Lo anterior, toda vez que ese aspecto constituye uno de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la misma ley, que debe verificarse cuando la medida sea solicitada por la parte interesada, por lo que el hecho de que proceda de plano no justifica que se desconozcan esos supuestos y conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normatividad que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas. Sostener lo contrario, conllevaría desnaturalizar el propósito de la medida cautelar y convalidar que, por el solo hecho de proceder la suspensión de oficio, pudiera ser empleada como medio para justificar conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad.". En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia de la detención de la parte directamente agraviada; se previene a la autoridad responsable, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, para que de inmediato, remita los oficios que deriven del presente, por medio de fax o cualquier otra vía que agilice su inmediata recepción. III. Ratificación del escrito de demanda. Por otro lado, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata se constituya al lugar donde dice la parte promovente se encuentra detenida la directa parte agraviada, asimismo, en caso de no encontrarlo, acuda a los separos de los centros de reclusión donde sea informado que se localice dicha parte agraviada; y una vez lograda la comparecencia, lo requiera, para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días siguientes a la misma, ratifique su demanda ante la presencia judicial, en el entendido que de no hacerlo dentro del término fijado, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas; asimismo, se instruye al fedatario para que certifique si la referida parte agraviada presenta huellas de violencia. Además, la parte directa agraviada, deberá realizar lo siguiente: * Manifestar en la diligencia si es su voluntad señalar como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en el presente asunto al promovente del amparo, así como a la persona nombrada en el proemio de su escrito de demanda; o en su defecto señale autorizados para tal fin. * Señalar en el acto de la diligencia domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se notificarán por lista de acuerdos las subsecuentes, incluso las de carácter personal. Hágasele saber al Actuario que la parte promovente del amparo refiere que la parte directamente agraviada se encuentran detenidas en las instalaciones de la Estación Migratoria de Oaxaca. Por otro lado, requiérase a las autoridades para que brinden las facilidades necesarias, a fin de que la Actuaria Judicial cumpla con las funciones encomendadas, y por ningún motivo se vea obstaculizada su función. De igual forma, se faculta a la actuaria judicial para el caso de que al constituirse en el domicilio de la autoridad responsable, en ese acto corrija la denominación de dicha autoridad siempre que fuere necesario, para efecto de que la responsable reciba el oficio que al efecto se libre. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro es: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO". IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. VI. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, y 71, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. VII. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este órgano jurisdiccional son gratuitos. Asimismo, se habilita a la Secretaria y Actuaria Judicial para firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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