Dely Carmenate Nápoles
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Dely Carmenate Nápoles
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, mediante el cual devuelve los oficios 6054 y 6055, dirigidos, respectivamente a LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN MIGRATORIA Y DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN MIGRATORIA, toda vez que fue informado por el agente federal de migración sede Oaxaca, que tales autoridades no existen. Sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, con fecha cinco del actual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada por José Bernardo Cruz Trillanes a favor de Dely Carmenate Nápoles; y quedó sin efectos la providencia decretada en su beneficio, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, así como la constancia actuarial de uno de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el directo quejoso Dely Carmenate Nápoles, no ratificó el contenido de la demanda presentada a su favor por José Bernardo Cruz Trillanes, además, manifestó que señala los estrados para oír y recibir notificaciones y autoriza para tal efecto a quien promovió la demanda a su favor. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en proveído de treinta de junio del año en curso y se tiene por no presentada la demanda que se trata, en consecuencia, queda sin efectos la providencia decretada en su beneficio en el citado acuerdo. Sirve de apoyo, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1031, Tomo LXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, RATIFICACION DE LA, ENCONTRANDOSE DETENIDO EL AGRAVIADO." 19/05/22 16:47:18 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESHáganse las anotaciones procedentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como lo indica, con fundamento en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo se ordena notificarle este proveído y los subsecuentes aun los de carácter personal en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado; asimismo, se tiene por autorizadas para tal fin a las personas que aparecen en la demanda; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar En otro orden de ideas, agréguense a los autos para que obren como correspondan, los oficios INM/OROAX/DAJ/483/2021 y E.J/0655/2021, del Instituto Nacional de Migración y Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional "Oaxaca" a través del cual con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde su informe sobre la suspensión de plano decretada en el presente juicio. De igual forma, se tiene al Titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional "Oaxaca" señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, de conformidad con el artículo 28, fracción Il, de la Ley de la Materia; asimismo, se les tiene señalando correo electrónico y a la primera de las mencionadas número telefónico, para los efectos a que hace alusión el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se autoriza al secretario y/o actuario judicial adscrito para que firme los oficios que deriven del presente auto. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ******, quien aduce es de nacionalidad cubana, contra actos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y otras autoridades; cuyos actos reclamados los hace consistir esencialmente en: La detención y la probable deportación a su país de origen, así como la incomunicación. Por tanto, con el escrito original y este proveído, fórmese expediente, y regístrese en libro de Gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el número 687/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. II. Suspensión de plano. Ahora, del análisis del escrito de demanda, se advierte que el peticionario del amparo reclama la detención ilegal, y posible deportación, así como la incomunicación. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 15, párrafos primero, segundo y tercero, 109, 126, párrafos primero y segundo y demás relativos, de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO para que, con las salvedades que se indicarán, cesen de inmediato tales actos, y en su caso, cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la detención de la que aduce se encuentra siendo objeto el directo quejoso, por parte de las autoridades señaladas como responsables. En ese sentido, acorde con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos aquí reclamados, la parte amparista queda a disposición de la autoridad migratoria para la continuación del procedimiento administrativo y, a disposición de este órgano jurisdiccional en el lugar en que se encuentra alojado, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Además, se considera oportuno mencionar a la autoridad responsable que en términos de la Ley de Migración, deberá: Garantizar la seguridad personal del migrante. Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho acceder a comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. Igualmente, dígase a las autoridades responsables, que deberán permitir el acceso de manera mesurada y bajo las medidas estrictas de salubridad adoptadas, derivado de la contingencia originada por la pandemia covid 19, a los familiares y abogados de la parte directa agraviada, en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida; en el entendido de que al momento de la notificación debe permitir, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrita a este juzgado, el acceso a una de estas personas a fin de que estén presentes al momento de la diligencia. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de la aquí señalada como responsable, por hechos diversos, o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por ello, se requiere a las autoridades responsables, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la legal de notificación de este proveído, remitan las constancias que acrediten el estatus jurídico migratorio de la parte quejosa; apercibidos que de no hacerlo así se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización. Luego, conviene precisar que la restricción de la libertad de tránsito, debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y de orden público. En ese contexto, si la privación de la libertad de la que se duele la parte quejosa, obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjero, las autoridades migratorias deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuesta a las gestiones que en ese entorno se realicen (verbigracia, las que puedan derivar de las hipótesis contempladas en los artículos 101 y 102) y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Así, dicha medida cautelar se concede a fin de que la situación migratoria de la parte quejosa, se mantenga en el estado en el que se encuentra y no se ejecute, en su caso, la orden de deportación que reclama, quedando a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que hace a su libertad personal, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 160 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a fin de que no se consume la materia del juicio, ni se ejecuten irreparablemente las alegadas violaciones; en el entendido que dicha medida suspensional en los términos antes descritos no surtirá efectos, si la parte quejosa fue sorprendida en flagrancia, cuasiflagrancia, presunción de delito, comisión de delito, ni en caso de urgencia, a que se refiere el párrafo sexto del precepto 16 de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; supuestos en los cuales, la medida suspensional únicamente tendrá por objeto, que el quejoso sea puesto a disposición del agente del Ministerio Público que corresponda. Ahora bien, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Agente del Ministerio Público, por la comisión de un delito, la autoridad responsable en el término CUARENTA Y OCHO o NOVENTA Y SEIS HORAS, tratándose de delincuencia organizada, según sea el caso, conforme lo disponen los artículos 16, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 165 de la Ley de Amparo, deberá poner al quejoso a disposición de la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, o en su caso, deberán ordenar su libertad. Además, la suspensión no surtirá efectos en caso de que la detención hubiera sido ordenada por autoridad jurisdiccional, o por haber cometido un ilícito, y se encuentre instruyéndose o se instruirá en contra de la parte directamente agraviada una causa penal; o bien, tales actos, emanen de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o por hechos diversos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación visible en el Semanario judicial de la Federación, tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, materia Administrativa, Novena Época que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, la Tesis I.8º.A.11 K (10ª), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 3016, Libro 34, Septiembre de 2016, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2012710, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE PROCEDA DE PLANO, NO JUSTIFICA QUE SUS EFECTOS DESCONOZCAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO O SE SIGAN EN PERJUICIO DEL INTERÉS SOCIAL. Si bien basta que en el juicio de amparo los actos reclamados recaigan en alguno de los supuestos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o del diverso 126 de la Ley de Amparo, para que, sin mediar trámite alguno, se determine oficiosamente la procedencia de la suspensión, lo cierto es que la condición de que dicha medida no debe concederse en perjuicio del interés social ni en contravención a disposiciones de orden público, no puede ser desconocida por los juzgadores de amparo al fijar sus efectos. Lo anterior, toda vez que ese aspecto constituye uno de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la misma ley, que debe verificarse cuando la medida sea solicitada por la parte interesada, por lo que el hecho de que proceda de plano no justifica que se desconozcan esos supuestos y conlleve efectos adversos para la colectividad, o que sirva de salvoconducto para que las autoridades dejen de observar la normatividad que rija el desempeño de sus actividades, o bien, se autorice la ejecución de medidas que pongan en riesgo de afectación a otras prerrogativas de los propios quejosos o de diversas personas que puedan verse directa o indirectamente afectadas. Sostener lo contrario, conllevaría desnaturalizar el propósito de la medida cautelar y convalidar que, por el solo hecho de proceder la suspensión de oficio, pudiera ser empleada como medio para justificar conductas irregulares o perjudiciales para la sociedad.". En ese contexto, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional, la forma y términos en que dio cumplimiento a esta suspensión; así como para que, en su caso, acrediten dentro del citado plazo con las constancias respectivas, la existencia de la detención de la parte directamente agraviada; se previene a la autoridad responsable, que la desobediencia de este mandato será sancionada en los términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, para que de inmediato, remita los oficios que deriven del presente, por medio de fax o cualquier otra vía que agilice su inmediata recepción. III. Ratificación del escrito de demanda. Por otro lado, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que de manera inmediata se constituya al lugar donde dice la parte promovente se encuentra detenida la directa parte agraviada, asimismo, en caso de no encontrarlo, acuda a los separos de los centros de reclusión donde sea informado que se localice dicha parte agraviada; y una vez lograda la comparecencia, lo requiera, para que en el acto de la notificación o a más tardar dentro del término de tres días siguientes a la misma, ratifique su demanda ante la presencia judicial, en el entendido que de no hacerlo dentro del término fijado, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas; asimismo, se instruye al fedatario para que certifique si la referida parte agraviada presenta huellas de violencia. Además, la parte directa agraviada, deberá realizar lo siguiente: * Manifestar en la diligencia si es su voluntad señalar como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos en el presente asunto al promovente del amparo, así como a la persona nombrada en el proemio de su escrito de demanda; o en su defecto señale autorizados para tal fin. * Señalar en el acto de la diligencia domicilio para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se notificarán por lista de acuerdos las subsecuentes, incluso las de carácter personal. Hágasele saber al Actuario que la parte promovente del amparo refiere que la parte directamente agraviada se encuentra detenida en las instalaciones de la Estación Migratoria de Oaxaca. Por otro lado, requiérase a las autoridades para que brinden las facilidades necesarias, a fin de que la Actuaria Judicial cumpla con las funciones encomendadas, y por ningún motivo se vea obstaculizada su función. De igual forma, se faculta a la actuaria judicial para el caso de que al constituirse en el domicilio de la autoridad responsable, en ese acto corrija la denominación de dicha autoridad siempre que fuere necesario, para efecto de que la responsable reciba el oficio que al efecto se libre. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia 75/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo XII, Agosto 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191374, cuyo rubro es: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO". IV. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Tomando en consideración el presente juicio fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", de conformidad con el artículo 1, fracción I, del "Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19. V. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. VI. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en lo dispuesto en el artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los ordinales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, y 71, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información. Y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. VII. De la gratuidad en el servicio. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este órgano jurisdiccional son gratuitos. Asimismo, se habilita al Secretario y Actuaria Judicial para firmar los oficios que deriven del presente asunto. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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