Delmi Surama Perez Hernández y Otros.
Expediente 1558/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Delmi Surama Perez Hernández y Otros.
- José Geovany Jiménez
- Delmi Surama Perez Hernández
- Miguel Anderson Cisneros Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano a la autoridad responsable Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad (en su denominación correcta de las señaladas como responsables), al cual adjunta copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado a la aquí quejosa; misma que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba documental. Ahora bien, de la constancia que remite la autoridad responsable, este órgano de control constitucional estima que con la misma, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia; por tanto, en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, por actualizarse la causal en comento Asimismo, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En efecto, el artículo y fracción en cita, textualmente establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Sentado lo anterior, tenemos que la parte quejosa reclama primordialmente la detención que como persona extranjera ejecuta en su contra la responsable y como consecuencia, diversos actos relacionados con dicha detención. Dentro de ese contexto, tenemos que la responsable anexó a su oficio de cuenta, copia certificada del oficio de salida de la estación migratoria otorgado al aquí quejoso Miguel Anderson Cisneros Rodríguez, a la cual se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que el treinta de julio de dos mil veintidós, el Sub Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración de Reynosa, Tamaulipas, dio salida de la estación migratoria al referido quejoso. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido, ya que como se dijo, quedó en libertad y, por ende, la detención que reclama en este juicio como acto primordial, ha cesado, habida cuenta que ello ocurrió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo [veintiocho de julio de dos mil veintidós], que lo fue el treinta del propio julio. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado como principal (detención). Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, registro 193758, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenía antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto la razón que justifica la procedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572 que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se ordena cancelar la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes en el juicio. En mérito de lo anterior y en cumplimento a lo ordenado en el auto inicial, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, de conformidad con el punto 7.4, del capítulo 7, del Manual relativo al Acuerdo indicado en el párrafo anterior, el presente asunto es susceptible de depuración, dado que se concedió la suspensión de oficio y de plano; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado, toda vez que en esta fecha se requerirán constancias relativas al acto reclamado a la autoridad responsable. En relación con lo anterior y visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Delegado Local de la Oficina de Representación y Director de la Estación Migratoria, ambos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, no han dado cumplimiento al requerimiento efectuado mediante auto de veintiocho de julio del año en curso, no obstante que se encuentran notificadas de los oficios por los cuales se les solicitó. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las citadas autoridades responsables, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen a este juzgado de distrito, si con motivo de la suspensión de plano que le fue concedida al quejoso Miguel Anderson Cisneros Rodríguez, en auto de veintiocho de julio del año en curso, el mismo fue puesto en libertad, o bien, informen si se encuentra pendiente de que cumpla con algún requisito de los que establece el artículo 102 de la Ley de Migración, distinto al de la exhibición de garantía, esto último respecto de lo que fue exento en el auto de suspensión de plano; en la inteligencia de que deberán remitir copia certificada de las constancias con las que acrediten su dicho. ..Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. En otro orden de ideas, de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, que desechó la demanda origen del presente juicio, por lo que hace a la quejosa ANGÉLICA MILAGRO BONILLA; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Asimismo, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días sin que la parte promovente haya dado cumplimiento al requerimiento realizado mediante auto de dos de agosto del presente año, no obstante haber quedado legalmente notificada del mismo; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo, únicamente por lo que hace a los quejosos DELMI SURAMA PÉREZ HERNÁNDEZ DE CASASOLA, AMILCAR GEOVANY VALLE PÉREZ, JOSÉ GEOVANNI JIMÉNEZ Y BERTA LIDIA PÉREZ HERNÁNDEZ. En consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza de lo determinado con antelación. ..Notifíquese. ....
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dos de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que al fedatario judicial no le fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiocho de julio del año en curso, en virtud de que a su arribo a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, las personas que lo atendieron le informaron que no se cuenta con registros en esa dependencia, de que esté bajo resguardo en la misma los directos quejosos Delmi Surama Pérez Hernández de Casasola, Amilcar Geovany Valle Pérez, José Geovanni Jiménez y Berta Lidia Pérez Hernández. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dese vista a la parte promovente y requiérasele para que en el plazo de tres días, computado legalmente, informe a este juzgado de Distrito si es su deseo continuar con la tramitación de la demanda de amparo respecto a los quejosos de referencia, en la inteligencia que de ser así, deberá informar el lugar exacto en esta ciudad en donde se encuentran los aludidos quejosos, a fin de estar en aptitud de realizar lo conducente para que ratifiquen la demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo interpuesta en favor de Delmi Surama Pérez Hernández de Casasola, Amilcar Geovany Valle Pérez, José Geovanni Jiménez y Berta Lidia Pérez Hernández, dado que no se está en el supuesto de actos de desaparición forzada de personas a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, y se hará efectivo el diverso apercibimiento contenido en el auto inicial, esto es, se declarará la firmeza de la determinación respectiva y se ordenará el archivo de este asunto. Por otra parte, de la misma diligencia actuarial que antecede, se advierte que el directo quejoso Miguel Anderson Cisneros Rodríguez, ratificó el contenido del escrito de demanda presentado en su favor, y que manifestó estar bien de salud y que no ha sido golpeado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, en relación con los diversos numerales 1, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA, contra actos del Delegado Local de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad; sin tramitar por separado incidente de suspensión, en virtud de que por auto de veintiocho de julio del año en curso, se les concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. Se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que no se encuentra debidamente integrado el presente asunto, toda vez que no ha sido posible emplazar a los terceros interesados Julio César González García y José Luis López Esquivel, así como tampoco obra en autos, el informe solicitado a las dependencias con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, sobre el domicilio de dichos terceros, lo que constituye un obstáculo para la celebración de la audiencia. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan la ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Con independencia de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no se ha logrado el emplazamiento a juicio de los mencionados terceros interesados, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA a Teléfonos de México y Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, para que en el plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, informen a este órgano jurisdiccional, si en sus archivos cuentan con domicilio cierto y actual de los terceros interesados Julio César González García y José Luis López Esquivel, para estar en posibilidad de emplazarlos al presente juicio de amparo. Se apercibe a las citadas dependencias que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo legal concedido o de no informar el motivo que se los impida, se les impondrá una multa en forma individual de sesenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Marlene Landín Colle, Secretaria quien autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 13,278 expedientes
- Delfino Ramírez Maya1417/2023
- Delfino Ulises García Hernández y Otros.158/2022
- Delia Consuelo Reyes Galvan656/2014
- Delia Cruz Cruz527/2015
- Delia Isabel Velasquez Zapata342/2020
- Delio Francisco Rodríguez Díaz1456/2022
- Delmy Bessi Anzora Martínez y Otros.1763/2022
- Delmy Celeste Gómez Fuentes1529/2022
- Delmy Yamilet Galdamez Corea3131/2022
- Demar Alexis Martinez Quintanilla2763/2022
- Demetrio Rodríguez Hernández y Otros.128/2022
- Denia Dayana Diaz Martinez1186/2022