Delfino Ulises García Hernández y Otros.
Expediente 158/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Delfino Ulises García Hernández y Otros.
- Delfino Ulises García Hernández
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio 6862/2022, signado por el Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, a través del cual informa que aceptó la competencia para conocer del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; registrándolo bajo el número 253/2022-VI, de su índice. De lo anterior, tómese conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Jaime Izaguirre Revilla, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Delfino Ulises García Hernández y Luis Oraldo González Arredondo, contra actos del Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, y otras autoridades; fórmese el expediente y anótese en el Libro de Registro de Juicios de Amparo bajo el número 158/2022-I; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA POR TERRITORIO Ahora, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, a criterio de la suscrita, se considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por materia para conocer de este asunto. Lo anterior, es así pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el parte quejosa señala como acto reclamado: "Del Magistrado Regional con sede en Reynosa, Tamaulipas; del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas; específicamente en contra de la ejecutoria de fecha 02 de enero del año 2022; emitida en la carpeta CA/081/2021, deducida a su vez de la Carpeta Procesal CP/0050/2019, iniciada en contra de los suscritos DELFINO ULISES GARCIA HERNANDEZ, y LUIS ORALDO GONZALEZ ARREDONDO, por el hecho con apariencia de delito de SECUESTRO, que resuelve recurso de Apelación interpuesto en fecha: 18 de octubre del año 2021, en contra de la negativa de modificación de medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA POR DIVERSA MEDIDA CAUTELAR EN LIBERTAD, negativa emitida por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial, con residencia en San Fernando, Tamaulipas; y confirmada mediante la ejecutoria que hoy se combate mediante el presente juicio de garantías. En virtud de que la responsable (Sala Regional de Reynosa, Tamaulipas), no respeto las formalidades esenciales del procedimiento, no fue exhaustivo en examinar y resolver sobre cada uno de los agravios expuestos. Cuando lo cierto y correcto es que los suscritos estamos en prisión preventiva desde el día 19 de agosto del año 2019, a la fecha ya han transcurridos más de DOS AÑOS CINCO MESES y 21 DIAS de internamiento en prisión preventiva, sin que a la fecha se nos haya dictado una sentencia, también se hace especial énfasis en que dicha dilación de tiempo no es atribuible a cuestiones de nuestra defensa, si no a otros factores externos no imputables a los suscritos. Violentando el articulo 20 apartado B, Fracciones VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que una persona no puede estar en prisión preventiva por más de dos años, sin que se le haya dictado una sentencia, a menos que sea por ejercicio de su defensa, en el caso que nos ocupa, no es por ejercicio de defensa. Ejecutoria que Violenta los Derechos Humanos, garantías individuales, Garantías Judiciales, principio de debido proceso, tutela judicial, y de Acceso a la Justicia de los suscritos C. DELFINO ULISES GARCIA HERNANDEZ, y LUIS ORALDO GONZALEZ ARREDONDO por ese motivo solicitamos a esta judicatura federal la apertura del Juicio de Garantías." Ahora, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, la suscrita procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Bajo los argumentos expuestos, las reglas de competencia para que un Juzgado de Distrito se avoque al conocimiento de una demanda de amparo, se encuentran reguladas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: La primer regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la primer regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho mención en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el juez de distrito ante el quien se presente la demanda de amparo será el competente para conocerla. En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito ante quien sea presentada la demanda de amparo. Como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que el acto reclamado no requiere de ejecución material para que el juez ante quien se presente la demanda de amparo sea quien conozca y resuelva el juicio de garantías. En ese sentido, de los antecedentes del acto reclamado, señalados en la demanda de amparo, se advierte que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, durante el desarrollo de la carpeta procesal CP/0050/2019, la Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en San Fernando, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Delfino Ulises García Hernández y Luis Oraldo González Arredondo -aquí quejosos-, por aparecer como probables responsables en la comisión del delito de secuestro. En veintiocho y treinta de octubre de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia intermedia, dictándose auto de apertura a juicio oral, el cual fue suspendido en virtud de un acto de defensa de diverso coimputado. En seis de octubre de dos mil veintiuno, se solicitó audiencia de revisión de medida cautelar, en la que la parte quejosa solicitó la modificación de prisión preventiva por una menos lesiva en libertad. El trece de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en San Fernando, Tamaulipas, negó la modificación de medida cautelar impuesta a los aquí quejosos. Seguidamente, en dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, al no estar conforme con esa resolución, los ahora quejosos interpusieron recurso de apelación en contra de dicha negativa, tocándole conocer del medio de impugnación a la Sala Regional de la Zona Norte, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, quien lo radicó con la carpeta de apelación CA/081/2021. En dieciocho de enero de dos mil veintidós, dentro del carpeta de apelación CA/081/2021, se confirmó la negativa de la modificación de la medida cautelar que el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en San Fernando, Tamaulipas, impuso a los aquí quejosos. RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO QUE AHORA SE RECLAMA. Luego, partiendo de las características y naturaleza del acto reclamado, la hipótesis de competencia que aquí interesa es la precisada con el inciso a), pues dicho acto tienen sus efectos dentro de la carpeta procesal CP/0050/2019, del índice del Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en San Fernando, debido a que su ejecución y consecuencias se materializarán en dicha carpeta procesal. En efecto, se considera que el Juez competente para conocer del amparo que se interpone, es el del lugar en donde tiene verificativo la ejecución de la resolución reclamada, en el caso, aquél donde se lleva el proceso y se ejecuta la prisión preventiva. Por lo antes expuesto, este Juzgado no es legalmente competente para conocer del juicio de amparo en que se actúa, toda vez que el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en San Fernando, Tamaulipas, es la autoridad que conoce la carpeta procesal, en donde tienen sus efectos la resolución reclamada, y los imputados se encuentran privados de su libertad en el Centro de Ejecución de Sanciones, con sede en Matamoros. Por ello, es de estimarse que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, ya que éste tiene jurisdicción donde se encuentra el lugar de residencia de la autoridad ante la cual se encuentra la carpeta procesal CP/0050/2019, que se analizó en la carpeta de apelación CA/081/2021, y donde los imputados se encuentran privados de su libertad -Matamoros, Tamaulipas-. Sirve de apoyo por su contenido a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 147/2005, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal." En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en turno, con sede en Matamoros, Tamaulipas, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo 158/2022-I, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. Igual criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 4/2021, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, y este juzgado de Distrito, derivado de un juicio de amparo en el que se reclamó un caso similar al que ahora nos ocupa. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para que se impongan del expediente, y reciban en su nombre notificaciones y reciban copias en su caso, a los licenciados Ángel López Martínez y Juan Alberto Vicencio Vite, por así haberlo solicitado. En atención al solicitud realizada por los promoventes, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico y que las notificaciones se realicen en la vía electrónica; dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para su consulta a J. Guadalupe Antonio Medellín Reyes, que es a quien corresponde el nombre de usuario "MER1072", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada será en términos de los artículos 77, 78, 87, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado el nueve de diciembre de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Asimismo, se ordena que las subsecuentes notificaciones de carácter personal dentro del presente juicio de amparo, se realicen en la vía electrónica, por así haberlo solicitado, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; tómese nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona para los efectos legales conducentes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.
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