Delmi Surama Pérez Hernández
Expediente 1601/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1601/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Delmi Surama Pérez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 2.-se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitido vía correo institucional por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, quien rinde informe justificado, en representación de las autoridades señaladas como responsables Titular o Director, Titular de la Oficina de Representación, Director de la Estación Migratoria y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, con el contenido de éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, se tiene a la autoridad ocusante, remitiendo copia certificada del acuerdo de salida de Delmis Surama Pérez Hernández de la estación migratoria de veintinueve de septiembre del año actual, y de la constancia de acceso y entrega de pertenencias de seis del citado mes y año; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen éstas como pruebas de las autoridades antes citadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta vía constitucional, esencialmente lo constituye: a) La incomunicación. b) La deportación. c) La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. d) La detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria. e) Hacinamiento. En el caso, de las constancias allegadas por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente INM/ORTAB/EMV/PAM/10304/2022, la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, emitió un acuerdo en el que otorgó salida provisional de la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, a la extranjera Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con su procedimiento administrativo migratorio, y se sujete al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable, de las cuales se aprecia el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en favor de la quejosa Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca, así como la notificación de la misma; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, dado que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a la autoridad responsable, en el ejercicio de sus funciones; calidad que se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la incomunicación, deportación, restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, la detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria, y hacinamiento; y siendo que, como ya se precisó, dicha autoridad el veintinueve de septiembre del presente año, emitió acuerdo en el que determinó la salida provisional en favor de la quejosa Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca; lo anterior, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con su procedimiento administrativo migratorio, y se sujete al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; se concluye que la violación de la que estaban siendo objeto la demandante de amparo por parte de las autoridades responsables, fueron subsanadas, de ahí que con su actuar, repuso a la quejosa en el goce de los derechos que estimó quebrantados. Posteriormente, el catorce de octubre de dos mil veintidós, emitió el acta de evasión de control migratorio de firmas, en virtud de que no asistió al control de firma correspondiente a los días treinta de septiembre, siete y catorce de octubre de del año actual. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ACUERDO QUE EN LO QUE INTERESA DICE:------------------------------ VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta remitido vía correo institucional por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, quien rinde informe justificado, en representación de las autoridades señaladas como responsables Titular o Director, Titular de la Oficina de Representación, Director de la Estación Migratoria y Jefe del Departamento Jurídico de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por lo tanto, con el contenido de éste, dése vista a las partes para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, se tiene a la autoridad ocusante, remitiendo copia certificada del acuerdo de salida de Delmis Surama Pérez Hernández de la estación migratoria de veintinueve de septiembre del año actual, y de la constancia de acceso y entrega de pertenencias de seis del citado mes y año; por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen éstas como pruebas de las autoridades antes citadas. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se establece que el acto reclamado en esta vía constitucional, esencialmente lo constituye: a) La incomunicación. b) La deportación. c) La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. d) La detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria. e) Hacinamiento. En el caso, de las constancias allegadas por la Representante Local, Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, se advierte que el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente INM/ORTAB/EMV/PAM/10304/2022, la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, emitió un acuerdo en el que otorgó salida provisional de la estación migratoria de Villahermosa, Tabasco, a la extranjera Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con su procedimiento administrativo migratorio, y se sujete al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho transgredido. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó la responsable, de las cuales se aprecia el acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, emitido por la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, en favor de la quejosa Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca, así como la notificación de la misma; constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, dado que su formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia a la autoridad responsable, en el ejercicio de sus funciones; calidad que se demuestra por la existencia regular sobre los documentos, de los sellos, firmas y otros signos exteriores. En tales condiciones, y toda vez que en la presente vía constitucional la parte quejosa señaló como acto reclamado la incomunicación, deportación, restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano, la detención y/o aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria, y hacinamiento; y siendo que, como ya se precisó, dicha autoridad el veintinueve de septiembre del presente año, emitió acuerdo en el que determinó la salida provisional en favor de la quejosa Delmis Surama Pérez Hernández de nacionalidad guatemalteca; lo anterior, con el fin de permanecer en la demarcación geográfica de esta entidad federativa y continuar con su procedimiento administrativo migratorio, y se sujete al control de firma ante dicho Instituto, los días viernes de cada semana o al día siguiente hábil; se concluye que la violación de la que estaban siendo objeto la demandante de amparo por parte de las autoridades responsables, fueron subsanadas, de ahí que con su actuar, repuso a la quejosa en el goce de los derechos que estimó quebrantados. Posteriormente, el catorce de octubre de dos mil veintidós, emitió el acta de evasión de control migratorio de firmas, en virtud de que no asistió al control de firma correspondiente a los días treinta de septiembre, siete y catorce de octubre de del año actual. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Así, tomando en consideración lo antes mencionado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA DEL PRESENTE ASUNTO. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en Página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la cuenta que antecede, de autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó la solicitud del informe justificado a las autoridades responsables siguientes: OFICIO 33925/2022 TITULAR O DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, DELEGACIÓN TABASCO. OFICIO 33926/2022 TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA. OFICIO 33927/2022 DIRECTOR DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA. OFICIO 33928/2022 JEFE DEL DEPARTMAENTO JURÍDICO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA. Mismo que les fue requerido a través de los oficios antes citados, los cuales fueron recibidos el veintiocho de septiembre del año en curso; tal y como se advierte de la constancias de notificación correspondiente que obra en autos, por lo que los quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha transcurrido del veintinueve de septiembre al veinte de octubre de la presente anualidad, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a las citadas autoridades para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quede notificada del presente acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que se encuentren relacionadas con los actos reclamados por la parte quejosa consistente en: La incomunicación. La deportación. La restricción al derecho de tránsito dentro del territorio mexicano. La detención. El aseguramiento por más de 36 horas sin que se resuelva su situación migratoria. El hacinamiento.? Las cuales deberán ser legibles, foliadas, entreselladas y costuradas, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO". En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, difiérase la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fija de nueva cuenta para su celebración las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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