Delmi Elizabeth Sarmiento Choc
Expediente 691/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Delmi Elizabeth Sarmiento Choc
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Delmi Elizabeth Sarmiento Choc y Marvin Francisco Milian Pérez, mayores de edad, y por los menores de edad de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con diez minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa debidamente asistida de René Peña Morgan, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 691/2021-7, promovido por Delmi Elizabeth Sarmiento Choc, Marvin Francisco Milian Pérez, mayores de edad, y por los menores de edad de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda. Al respecto la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, la secretaria en funciones de Jueza de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 691/2021-7, promovido por Delmi Elizabeth Sarmiento Choc y Marvin Francisco Milian Pérez, así como por los menores de edad de identidad reservada, de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 17, párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Delmi Elizabeth Sarmiento Choc y Marvin Francisco Milian Pérez, así como los menores de edad de identidad reservada, de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S., solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La deportación, privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Encargada de la Subdirección de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco. SEGUNDO. PREVENCIÓN. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se previno a los quejosos en los siguientes términos: ". PRIMERO: Deberán precisar qué actos reclaman a cada una de las autoridades ejecutoras domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a ellas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cuál es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. Es así, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades debe señalarse con claridad y precisión en virtud que a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se combate y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en el juicio de amparo. De igual manera, la parte solicitante de amparo tiene la ineludible obligación de cumplir con ese requisito fundamental en el escrito inicial, encaminado a una depuración o mejor integración de la litis; en consecuencia, sin conocerse esos extremos no es posible fijar la litis constitucional, porque la falta de esa precisión impide a las autoridades preparar su defensa y por consiguiente al suscrito de estar en condiciones de juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos.". TERCERO. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES QUEJOSOS. En auto de cinco de julio de dos mil veintiuno, fue designado Juan Carlos Miranda Alcalá, como representante especial de los menores en cuestión, por el Titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Tabasco; el seis siguiente se tuvo por recibido el escrito por el que aceptó y protestó el cargo conferido y el siete del mismo mes y año, se le reconoció dicha personalidad. CUARTO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento precitado y se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 691/2021-7, únicamente respecto a la autoridad residente en esta ciudad, que señalaron en su escrito inicial, a la que se ordenó requerir para que rindiera informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La deportación, privación de la libertad y cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados por haberlos negado al rendir informe justificado la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable, de lo que se dio vista oportuna a la parte quejosa en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que se desvirtuara lo anterior, lo cual era indispensable a efecto de que esta juzgadora estuviera en aptitud legal de analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sobre el particular, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por las anteriores consideraciones, resultan inexistentes los actos reclamados; lo que impone decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Delmi Elizabeth Sarmiento Choc y Marvin Francisco Milian Pérez, así como por los menores de edad de identidad reservada, de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S., contra los actos reclamados y la autoridad precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando TERCERO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por la Encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Ahora, en relación a los números telefónicos y correos electrónicos que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese.
- Principal
mesa 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación que antecede de la que se desprende que el término de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, para que cumpliera con el requisito establecido en la prevención contenida en dicho acuerdo, ha fenecido, sin que Delmi Elizabeth Sarmiento Choc, Marvin Francisco Milian Pérez, mayores de edad, y los menores de edad de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S., hayan hecho manifestación alguna al respecto. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las que citaron en su escrito inicial de demanda; por lo que, se da trámite a la demanda instada por los impetrantes de amparo Delmi Elizabeth Sarmiento Choc, Marvin Francisco Milian Pérez, mayores de edad, y por los menores de edad de iniciales C.E.M.S. y V.A.G.M.S., por propio derecho, contra actos que reclaman del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por estimar violatorios de los artículos 1, 11, 17, párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el informe que se le solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rinda informes, presente promociones o acuse recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se le impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con sesenta centavos); lo que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, con fundamento en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Ahora, por lo que hace a las pruebas supervenientes, dígase, que tan pronto las exhiban se acordará lo que en derecho corresponda, y, por ende, sean tomadas en consideración en su oportunidad. Luego, por lo que hace a la documental pública consistentes en los números de identidad, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerla como tal, en virtud de que no obra indiciariamente copia simple de los mismos, con los cuales se pueda verificar la información proporcionada. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada el veintiocho de junio del año actual. Notifíquese y personalmente al fiscal de la adscripción, así como al Licenciado Juan Carlos Miranda Alcalá, representante especial de los quejosos menores de edad.
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