Delia Álvarez Izquierdo

Expediente 33/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
33/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Delia Álvarez Izquierdo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Delia Álvarez Izquierdo, por sí y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales G.Y.C.A.; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 33/2021-6, promovido por ********************por sí y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales ********************, contra los actos que reclama del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 4 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el quince de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, la cual fue recepcionada el dieciocho siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************por sí y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS: ".1.- El acto reclamado se hace consistir en la OMISIÓN por parte de las AUTORIDADES RESPONSABLES de darle atención médica OPORTUNA a mi MENOR HIJA GEORGINA YARET CAMILO ALVAREZ ya que por motivo de FALLECIMIENTO DEL ASEGURADO DAVID CAMILO CASTAÑEDA cuyo deceso fue el día 13 del mes AGOSTO del año pasado (2020) le negaron a mediados del mes de SEPTIEMBRE la ATENCIÓN médica a la menor, cuando ésta padece las enfermedades de VITILIGO Y TRANSTORNO DE LA GLANDULA PARATIDOIDES NO ESPECIFICADO. 2.- De igual forma se señala como acto reclamado la DILACION a la que dichas autoridades están sometiendo a mi menor hija GEORGINA YARET CAMILO ÀLVAREZ, para darle atención médica oportuna puesto que tiene más de TRES MESES hasta el día de hoy que se le ha negado dicha atención, transgrediéndose con ello las características de DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD, ACEPTABILIDAD Y CALIDAD que deben tener los servicios de salud otorgados por los estados tal y como se especifica en el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales del cual es miembro México. Violándose en perjuicio de mi menor hija el DERECHO A LA SALUD reconocido por dicho comité en el artículo 12. 3.- La violación a la Garantía Constitucional consagrada en el artículo 4, párrafo cuarto (DERECHO A LA SALUD) de nuestra Carta Magna. 4.- La violación a los derechos humanos de mi menor hija al no otorgarle la atención oportuna a la salud." AUTORIDADES RESPONSABLES: Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. Director de Prestaciones Médicas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. Directora de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata con suspensión de plano, la cual fue registrada bajo el expediente 33/2021-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes de plano y justificado, se otorgó la legal intervención al Fiscal Federal adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de las autoridades responsables de brindarle a la menor de identidad reservada con iniciales ******************** la atención médica que requiere, respecto del padecimiento consistente en vitíligo y trastorno de la glándula paratidoides no especificado. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables 1) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, 2) Director General, 3) Director de Prestaciones Médicas, y 4) Director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF), todos del aludido Instituto, al rendir su informe justificado por conducto de su representante el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, negaron la existencia del acto que se les reclama; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que adjuntaron al mismo, de las que se advierte que la citada menor a la fecha de la presentación de la demanda no había recibido la atención médica requerida; constancias que obran en autos, a las que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al encontrarse corroborado con las documentales precitadas. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por falta de interés jurídico, y en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción V del precepto 63 del ordenamiento legal citado. El citado precepto 61, fracción XII, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia [.]" Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a aquella situación jurídica en donde un gobernado es titular de un derecho subjetivo público o privado que resulta lesionado por el acto de autoridad reclamado. De no existir el poder legal de exigir, no habrá tampoco interés jurídico tutelado a favor del particular. Apoya lo anterior la jurisprudencia con número de registro 1002359, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 313, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN, segunda sección - improcedencia y sobreseimiento, novena época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Otro criterio respecto del tema, es el sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019456, publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve, del tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De lo anterior, se advierte entonces que, los elementos constitutivos del interés jurídico son: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que el interés legítimo se acredita cuando: a) Existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectivo, y c) En su caso, el promovente pertenezca a esa colectividad. Así, es jurídico aquel interés que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, que genere un detrimento en sus derechos posesorios o de cualquier otra clase, en la inteligencia de que un acto de autoridad causa perjuicio a una persona física o moral cuando lesiona directamente su esfera jurídica. El interés legítimo es aquel cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de la quejosa. Los órganos de control constitucional deben examinar las pruebas aportadas por la parte quejosa para justificar su interés jurídico, así como las constancias de autos, a fin de determinar si el acto afecta su esfera jurídica y, en ese sentido, establecer la procedencia del juicio, puesto que no debe inferirse a base de presunciones. Ello, de conformidad con la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Tercer Circuito, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1454, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. LOS TRIBUNALES DE AMPARO ESTÁN OBLIGADOS A EXAMINAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA JUSTIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Los tribunales de amparo sí están facultados e incluso, tienen la obligación de examinar las pruebas aportadas por el quejoso para justificar su interés jurídico, en atención a lo considerado y de acuerdo con criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de que las cuestiones de improcedencia del juicio de garantías son de orden público y deben estudiarse oficiosa y preferentemente. Sin que obste a lo anterior la naturaleza de los actos reclamados, pues aun las particularidades de la materia agraria no pueden desvincularse de las bases fundamentales que rigen el juicio de garantías. Ahora bien, el hecho de que los tribunales de amparo examinen la eficacia probatoria de un contrato de cesión de derechos en el que se transmite la propiedad de un inmueble, no significa que a través del juicio de garantías se resuelva en definitiva el derecho relativo a la propiedad o se decida acerca de la validez o no de tal documento para acreditar ese derecho, pues lo único que se pretende es determinar si, con dicho acto, se demuestra que lo reclamado irrumpió de manera inconstitucional en la esfera jurídica del quejoso y, con ello, se garantizaría la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones y evitar que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Con base en lo expuesto, debe estudiarse si, en el caso, asiste un interés jurídico o legítimo a la parte quejosa, que haya procedente el presente juicio de amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en el presente asunto a las autoridades responsables es la omisión de brindarle a la menor de identidad reservada con iniciales ********************, la atención médica que requiere, respecto del padecimiento consistente en vitíligo y trastorno de la glándula paratidoides no especificado. En efecto, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que la parte quejosa tilda de inconstitucional consistente en la omisión de brindarle atención médica adecuada a la enfermedad que padece (vitíligo y trastorno de la glándula paratidoides no especificado), lo cual no afecta su interés jurídico, en virtud de que no acreditó ser derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sus derechos vigentes, razón por la que no hay un perjuicio personal y directo. A efecto de acreditar su interés jurídico en su carácter de derechohabiente del instituto de salud responsable la parte quejosa exhibió diversas constancias, que obran en autos, consisten en: Original de la hoja de afiliación de veinte de octubre de dos mil nueve. Copia certificada del acta de nacimiento a nombre de la menor de identidad reservada con iniciales ******************** Copia certificada del acta de defunción con número de registro ********************. Hoja de trámite de pensión por fallecimiento con fecha de actualización de catorce de septiembre de dos mil veinte. Copia simple de la credencial expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), a nombre de la menor de identidad reservada con iniciales ******************** No obstante lo anterior, respecto a las pruebas que aportó no se desprende que la menor quejosa actualmente sea derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sus derechos vigentes y por tanto pueda ser susceptible de ser afectada en su interés jurídico al tener derecho de acceso a la salud por parte de las citadas autoridades responsables. Ciertamente, se estima de esa manera pues con las documentales que acompañó identificadas del 1 a la 4, únicamente justifica que la menor quejosa fue afiliada en su momento como beneficiaria de su progenitor en el año dos mil nueve, al referido instituto responsable, así como la fecha de su nacimiento y de fallecimiento de su progenitor, además de que con motivo de ese fallecimiento se está tramitando una pensión en dicho instituto. Probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de actuaciones que no fueron contradichos su contenido. Por otra parte, respecto a la prueba marcada con el número 5 con la que la parte quejosa pretende acreditar su interés jurídico, la cual al ser copia fotostática simple, sólo genera un indicio, por no encontrarse robustecida con ninguna otra prueba; por tanto, se le niega eficacia probatoria, ya que existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, por tal efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, Abril de 2000, l Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." En ese tenor, la sola exhibición de las documentales de referencia no es suficiente para considerar que la menor quejosa sea derechohabiente del Instituto responsable, con sus derechos vigentes y por tanto pueda ser susceptible de ser afectada en su interés jurídico al tener derecho de acceso a la salud por parte de las citadas autoridades responsables, lo cual, en las referidas constancias no quedó acreditado tal aspecto. En efecto, no se acredita que la quejosa sea derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social con sus derechos vigentes, puesto que como se destacó, las documentales que obran en autos, por sí mismas, no acreditan lo anterior; sin que a este procedimiento se allegara diversa probanza con la que plenamente se acreditara tal aspecto. Ahora bien, para la procedencia del amparo, es presupuesto fundamental la comprobación del interés jurídico, pero no es factible obtenerse a través de presunciones o deducciones, sino de manera plena, en razón a la existencia de medios de convicción que al ser analizados lleven al convencimiento de que la parte quejosa realmente detenta un derecho incorporado a su esfera jurídica, que al ser afectado por el acto de autoridad, la legitima a acudir al juicio de garantías. Lo que en el caso que nos ocupa no ocurre, porque como se adelantó, la parte quejosa no acreditó ser derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con su derechos vigentes; lo que se insiste, en principio resulta indispensable que la menor quejosa acreditara dicho extremo, pues sólo de esa manera habría posibilidad de considerar demostrado el interés jurídico. A mayor abundamiento, con las constancias que remitió el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del instituto responsable, en apoyo a su informe justificado, se corrobora que la menor quejosa actualmente no es derechohabiente, ello en virtud de que anexó copia certificada del oficio signado por el Director de Prestaciones Socioeconómicas del instituto responsable, en el cual adujo lo siguiente: ".De acuerdo a la consulta con el Sistema Integral de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF) del ISSET, le informo lo siguiente: El C. ********************, causó alta con fecha 16 de enero de 2007 y causando baja el 31 de agosto de 2020. (.) El C. ******************** dejó como beneficiario a su menor hija ******************** misma que continua activa en el servicio médico. (.) No obstante dentro del artículo 55 de la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco que a su letra dice.- "El asegurado que cause baja en el servicio activo, pero que haya prestado sus servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de la separación, durante un mínimo de seis meses, conservará durante los tres meses siguientes a la misma, el derecho a recibir las prestaciones médicas. Del mismo derecho disfrutaran, en lo que proceda, sus beneficiarios."." De la citada transcripción se advierte que el progenitor de la menor quejosa ******************** causó baja como derechohabiente de dicho instituto responsable, desde el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, por lo que su beneficiaria, en este caso la menor quejosa, conservaría durante los tres meses posteriores a dicha baja el derecho a recibir las prestaciones médicas; sin embargo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (quince de enero de dos mil veintiuno), esa vigencia de los tres meses posteriores ya le había fenecido, por lo que, la parte quejosa dejó de ser derechohabiente de esa institución desde el uno de diciembre de dos mil veinte, sin que la referida impetrante haya objetado la referida documental y haya exhibido prueba en contrario. La anterior consideración no es violatoria al derecho al acceso a la salud en virtud de que conforme a lo establecido en el Artículo 77, bis 7, de la Ley General de Salud, el Estado Mexicano garantiza a toda persona la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos, a través de los hospitales públicos dependientes de la secretaria de Salud Federal y a través de los Servicios de Salud a cargo de las Entidades Federativas, para lo cual solo se deben reunir, tres requisitos: 1) encontrarse en territorio nacional, 2) no ser derecho habiente en IMSS o ISSSTE; y 3) presentar la curp, la cual se encuentra en la credencial del Instituto Nacional Electoral, o en su caso llevar acta o certificado de nacimiento; por tanto, la quejosa puede acudir a los centros de salud públicos antes señalados a hacer efectivo su derecho de acceso a la salud. Por consiguiente, al no estar corroborado de manera fehaciente que la menor quejosa sea actualmente derechohabiente del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con sus derechos vigentes, se debe estimar que en el caso no se acreditó que el acto reclamado afecte un interés jurídico tutelado en la ley en su beneficio; por lo que si la valoración de los documentos exhibidos con ese propósito no lo logran, se torna improcedente el juicio constitucional. De lo expuesto queda de manifiesto que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la inconforme, ya que no le produce perjuicio alguno, pues no obra en autos constancia alguna que así lo acredite. De lo expuesto se colige que el acto reclamado por el hoy quejosa, no incide en la esfera jurídica de la peticionaria del amparo, ni le ocasiona una afectación inmediata y directa a sus intereses legales. Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6º, fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************por sí y en representación de la menor de identidad reservada con iniciales ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando SEGUNDO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, en representación del 1) Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, del 2) Director General, del 3) Director de Prestaciones Médicas, y del 4) Director de la Unidad de Medicina Familiar, todos del aludido Instituto, con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas como responsables, y anexos que acompañan, consistentes en copias certificadas de diversas constancias inherentes al acto reclamado; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades oficiantes las constancias que anexaron, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, signado por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual en alcance al diverso recibido en proveído de veinte de enero del año actual, informa lo relativo a la suspensión de plano y oficio, concedida en proveído de dieciocho de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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