Delfino Hernández Jiménez
Expediente 1656/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1656/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Delfino Hernández Jiménez
Actuaciones
- Principal
MESA 3.-[...] SE DECLARA QUE EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, POR LO QUE, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE, MISMO QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 3.-NOTIFICACION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.- Villahermosa, Tabasco, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a DELFINO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 16, constitucionales. ANOTACIONES. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 1656/2018-3. DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por el promovente lo hace consistir en: "[.] De la ordenadora reclamo pretender clausurar el negocio con venta de ROPA DE CABALLEROS y otros, UBICADA EN LA AVENIDA HOMBRES, CUNDUACÁN, TABASCO, COLONIA CENTRO. (FRENTE A LA ESCUELA ROSENDO TARACENA PADRÓN), a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de fecha 20 de octubre emitida por la ordenadora NYDIA NARANJO COBIAN y mostrada a la suscrita por el Coordinador de la Unidad de Normatividad y Reglamento del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, dependiente de la Tesorería del mismo Ayuntamiento. De la ejecutora la aplicación de la sanción del escrito de visita domiciliaria de inspección y verificación emitida con fecha 18 de octubre por la ordenadora NYDIA NARANJO COBIAN y entregada al suscrito por la Unidad de Normatividad y Reglamento del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, dependiente de la Tesorería del mismo Ayuntamiento [.]." Sic. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en la clausura del negocio de venta de ropa, a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que rubro es: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente, debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar los actos lesivos. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, por medio del cual, se puede lograr que la determinación que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocada. En efecto, al respecto debe decirse que los artículos 1, 100 y 157, fracciones I y II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. Para efectos de esta Ley se entenderá, por: I. Juicio: el Juicio Contencioso Administrativo; II. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; III. Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; IV. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; V. Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización." "Artículo 100.- La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez del acto impugnado; II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; IV. Tratándose de la nulidad de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos de la Ley Registral del Estado de Tabasco, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título, sin que en ningún momento pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales; V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la norma general estimada ilegal. Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales; o VI. Sobreseer en el juicio en los términos de Ley." "Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;" De los artículos transcritos, entre otras cosas, se aprecia que en contra de las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; así como, de los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que es un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, las que en su caso declaren fundada la pretensión del actor, dejarán sin efecto el acto reclamado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho del actor. Luego, si la parte quejosa señala como acto reclamado, como ya quedó precisado, la clausura del negocio de ropa, a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco; por ello, es indudable que, antes de acudir al amparo, tenía obligación de agotar el juicio respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 157, fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente asunto. Lo anterior, tomando en consideración que dicho juicio es el medio de impugnación en virtud del cual, a petición de parte legítima, se puede nulificar el acto reclamado, pues es claro que con su interposición, el afectado puede alcanzar su pretensión jurídica y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se le ocasionaron. Además, tampoco se está en el supuesto de que la ley del acto prevea más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo, pues los numerales 70, 71 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevén lo siguiente: "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaria de Planeación y Finanzas del_ Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros." "Artículo 74.- En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar danos o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicio que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido." Como se ve, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, ya que el actor puede solicitarla en su demanda o en cualquier momento del juicio, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia sentencia, además que la garantía que debe otorgarse cuando pudieran ocasionarse daños y perjuicios a un tercero con la concesión, puede constituirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley (al igual que en la Ley de Amparo); por lo que al no darse el supuesto de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa debió haber agotado el aludido juicio contencioso administrativo. Apoya a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis X.1o.15 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1748, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, Materia(s): Administrativa, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. EN EL ESTADO DE TABASCO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO TRATÁNDOSE DE BAJA DE POLICÍAS, AUN CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL ACTO. Tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos administrativos de responsabilidad, en que se decrete baja o destitución de policías judiciales, previamente al juicio de garantías el quejoso debe agotar el principio de definitividad que impera en el amparo, establecido en el artículo 73 de la ley en cita, lo aleguen o no las partes, por así disponerlo el último párrafo del citado precepto, no obstante que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley distinta a la que rige el acto, pues para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento del principio de definitividad a que se alude, no existe limitación a que el recurso, juicio o medio legal de impugnación se encuentre previsto en la ley que rige el acto reclamado y de donde emana el mismo, sino que basta que en alguna ley, formal y material, se establezca de manera directa e inmediata la procedencia de alguno o algunos de esos medios de defensa que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, para que el quejoso esté obligado a agotar tales medios de impugnación antes de acudir al juicio constitucional. Bajo esa tesitura, si bien es cierto que los quejosos no estaban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tabasco, en virtud de que para el otorgamiento de la suspensión del acto dicha ley exige mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo, no menos cierto es que ello no los exime de que previo al juicio de garantías agotaran el diverso medio de defensa establecido por el artículo 16, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Lo anterior, tomando en consideración que dicho medio de defensa tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de que se duelen en la demanda de amparo y que, además, en los artículos 55, 56 y 57 del mismo ordenamiento se prevé la suspensión de dicho acto sin exigir mayores requisitos que los contemplados por la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a esta última ley, advirtiéndose que en ambos ordenamientos son sustancialmente los mismos requisitos. Por tanto, si los inconformes no agotaron, previamente a la interposición de la acción constitucional, el medio de defensa ordinario a que alude la fracción V del artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que consiste precisamente en el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esta propia entidad, debe considerarse correcta la determinación del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 idem, sin que en el caso exista contravención a la jurisprudencia por contradicción de tesis del rubro: "POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", dado que en ésta se contienen hipótesis totalmente distintas; ya que en dicha jurisprudencia se alude, como primer supuesto, que en contra de la baja de un policía judicial del Distrito Federal, procede el amparo sin necesidad de agotar el recurso de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en cuenta que esta ley, para el otorgamiento de la suspensión, exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, llegando a la conclusión de que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, mientras que la fracción III del artículo 124 citado, sólo condiciona la medida, en el aspecto de que el acto reclamado sea de difícil reparación; y, como segunda hipótesis señala que el amparo es procedente sin que previamente deba agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que se justifica al comparar los requisitos de la suspensión en el amparo con la del procedimiento contencioso administrativo, ya que el Código Fiscal de la Federación en su título VI, no contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose de dicho procedimiento cuando la suspensión sea negada por la autoridad ejecutora y haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal, reiniciando la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, en relación con el numeral 144, ambos del Código Fiscal de la Federación. Supuestos que resultan ser totalmente distintos al caso que ocupa la atención de este Tribunal Colegiado." Sin que sea el caso considerar la hipótesis de excepción prevista en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues tal como se aprecia de la lectura de la demanda, la autoridad responsable fundamentó su determinación para emitir el acto reclamado, en términos del artículo 251, inciso b) del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco, y además, expuso los motivos y circunstancias particulares, por las cuales conforme a dicho precepto, se le requiere para que retire de dicho lugar el puesto, artículos o estructura que estén obstruyendo la banqueta, atendiendo a la exigencia, limpieza de la ciudad y al interés colectivo; por lo cual, es evidente que no carece de este requisito, además que, el medio de defensa no está previsto en un reglamento, sino en una ley aplicable -Ley de Justicia Administrativa del Estado- que contempla su existencia. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.A.128 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos setenta y cinco, tomo XIII, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Tampoco es el caso, considerar la hipótesis de excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que exceptúa de ese principio a las personas extrañas al procedimiento; pues no hay que perder de vista que la excepción al principio de definitividad tratándose de terceros extraños por equiparación, únicamente opera cuando el acto reclamado son resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no cuando se trata de actos emanados de autoridades distintas de las mencionadas (como en el caso), pues para ese caso, la Ley de Amparo, prevé en la fracción XX, del artículo 61, otras salvedades ya mencionadas en el párrafo anterior y las cuales no hay que confundir con lo previsto en la fracción XVIII del mismo precepto legal. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), consultable en la página 3141, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, evidente resulta que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por DELFINO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del (Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades, legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Joaquín Antonio Solís Mendoza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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MESA 3.-Villahermosa, Tabasco, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a DELFINO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 16, constitucionales. ANOTACIONES. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 1656/2018-3. DESECHAMIENTO Ahora bien, el acto reclamado por el promovente lo hace consistir en: "[.] De la ordenadora reclamo pretender clausurar el negocio con venta de ROPA DE CABALLEROS y otros, UBICADA EN LA AVENIDA HOMBRES, CUNDUACÁN, TABASCO, COLONIA CENTRO. (FRENTE A LA ESCUELA ROSENDO TARACENA PADRÓN), a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de fecha 20 de octubre emitida por la ordenadora NYDIA NARANJO COBIAN y mostrada a la suscrita por el Coordinador de la Unidad de Normatividad y Reglamento del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, dependiente de la Tesorería del mismo Ayuntamiento. De la ejecutora la aplicación de la sanción del escrito de visita domiciliaria de inspección y verificación emitida con fecha 18 de octubre por la ordenadora NYDIA NARANJO COBIAN y entregada al suscrito por la Unidad de Normatividad y Reglamento del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, dependiente de la Tesorería del mismo Ayuntamiento [.]." Sic. En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de garantías, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113.- El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en la clausura del negocio de venta de ropa, a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que rubro es: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte impetrante de amparo, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora bien, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente, debió agotar el juicio ordinario tendiente a revocar o modificar los actos lesivos. Se estima así, porque el acto combatido, es impugnable mediante el juicio contencioso administrativo, por medio del cual, se puede lograr que la determinación que se trata de combatir por esta vía constitucional, sea revocada. En efecto, al respecto debe decirse que los artículos 1, 100 y 157, fracciones I y II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, respectivamente disponen lo siguiente: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. Para efectos de esta Ley se entenderá, por: I. Juicio: el Juicio Contencioso Administrativo; II. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; III. Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; IV. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; V. Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; VII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización." "Artículo 100.- La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer la validez del acto impugnado; II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales; IV. Tratándose de la nulidad de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el registrador en términos de la Ley Registral del Estado de Tabasco, la sentencia podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título, sin que en ningún momento pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales; V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa; b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, no se aplique la norma general estimada ilegal. Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales; o VI. Sobreseer en el juicio en los términos de Ley." "Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes: I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación;" De los artículos transcritos, entre otras cosas, se aprecia que en contra de las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los mismos actúen como autoridades; así como, de los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación, procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que es un órgano autónomo dotado de plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones, las que en su caso declaren fundada la pretensión del actor, dejarán sin efecto el acto reclamado y fijarán el sentido de la resolución que deba dictar la autoridad responsable, para salvaguardar el derecho del actor. Luego, si la parte quejosa señala como acto reclamado, como ya quedó precisado, la clausura del negocio de ropa, a través de la sanción y/o acta de visita domiciliaria de inspección y verificación de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco; por ello, es indudable que, antes de acudir al amparo, tenía obligación de agotar el juicio respectivo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, conforme al artículo 157, fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que hace improcedente el presente asunto. Lo anterior, tomando en consideración que dicho juicio es el medio de impugnación en virtud del cual, a petición de parte legítima, se puede nulificar el acto reclamado, pues es claro que con su interposición, el afectado puede alcanzar su pretensión jurídica y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se le ocasionaron. Además, tampoco se está en el supuesto de que la ley del acto prevea más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo, pues los numerales 70, 71 y 74 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, prevén lo siguiente: "Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás partes. La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación Catastral y Registral de la Secretaria de Planeación y Finanzas del_ Gobierno del Estado de Tabasco, de custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros." "Artículo 74.- En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar danos o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los perjuicio que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere concedido." Como se ve, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado, ya que el actor puede solicitarla en su demanda o en cualquier momento del juicio, y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia sentencia, además que la garantía que debe otorgarse cuando pudieran ocasionarse daños y perjuicios a un tercero con la concesión, puede constituirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley (al igual que en la Ley de Amparo); por lo que al no darse el supuesto de excepción al principio de definitividad, la parte quejosa debió haber agotado el aludido juicio contencioso administrativo. Apoya a lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis X.1o.15 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en la página 1748, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, Materia(s): Administrativa, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. EN EL ESTADO DE TABASCO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO TRATÁNDOSE DE BAJA DE POLICÍAS, AUN CUANDO EL MEDIO DE DEFENSA NO SE ENCUENTRE PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE EL ACTO. Tratándose de resoluciones dictadas en procedimientos administrativos de responsabilidad, en que se decrete baja o destitución de policías judiciales, previamente al juicio de garantías el quejoso debe agotar el principio de definitividad que impera en el amparo, establecido en el artículo 73 de la ley en cita, lo aleguen o no las partes, por así disponerlo el último párrafo del citado precepto, no obstante que el medio de defensa se encuentre previsto en una ley distinta a la que rige el acto, pues para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento del principio de definitividad a que se alude, no existe limitación a que el recurso, juicio o medio legal de impugnación se encuentre previsto en la ley que rige el acto reclamado y de donde emana el mismo, sino que basta que en alguna ley, formal y material, se establezca de manera directa e inmediata la procedencia de alguno o algunos de esos medios de defensa que tiendan a modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, para que el quejoso esté obligado a agotar tales medios de impugnación antes de acudir al juicio constitucional. Bajo esa tesitura, si bien es cierto que los quejosos no estaban obligados a agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 71 y 72 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tabasco, en virtud de que para el otorgamiento de la suspensión del acto dicha ley exige mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo, no menos cierto es que ello no los exime de que previo al juicio de garantías agotaran el diverso medio de defensa establecido por el artículo 16, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Lo anterior, tomando en consideración que dicho medio de defensa tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acto de que se duelen en la demanda de amparo y que, además, en los artículos 55, 56 y 57 del mismo ordenamiento se prevé la suspensión de dicho acto sin exigir mayores requisitos que los contemplados por la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a esta última ley, advirtiéndose que en ambos ordenamientos son sustancialmente los mismos requisitos. Por tanto, si los inconformes no agotaron, previamente a la interposición de la acción constitucional, el medio de defensa ordinario a que alude la fracción V del artículo 16 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que consiste precisamente en el juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo de esta propia entidad, debe considerarse correcta la determinación del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio de garantías, en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 idem, sin que en el caso exista contravención a la jurisprudencia por contradicción de tesis del rubro: "POLICÍA JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. EN CONTRA DE SU BAJA PROCEDE EL AMPARO SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", dado que en ésta se contienen hipótesis totalmente distintas; ya que en dicha jurisprudencia se alude, como primer supuesto, que en contra de la baja de un policía judicial del Distrito Federal, procede el amparo sin necesidad de agotar el recurso de revocación previsto en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en cuenta que esta ley, para el otorgamiento de la suspensión, exige mayores requisitos que los establecidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, llegando a la conclusión de que en la revocación administrativa se condiciona el otorgamiento de la suspensión a que el acto impugnado sea de imposible reparación, mientras que la fracción III del artículo 124 citado, sólo condiciona la medida, en el aspecto de que el acto reclamado sea de difícil reparación; y, como segunda hipótesis señala que el amparo es procedente sin que previamente deba agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, lo que se justifica al comparar los requisitos de la suspensión en el amparo con la del procedimiento contencioso administrativo, ya que el Código Fiscal de la Federación en su título VI, no contempla la suspensión de dicho acto reclamado, sino únicamente prevé la suspensión ante el Magistrado instructor que conozca del asunto, tratándose de dicho procedimiento cuando la suspensión sea negada por la autoridad ejecutora y haya rechazado la garantía ofrecida para asegurar el interés fiscal, reiniciando la ejecución de dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, en relación con el numeral 144, ambos del Código Fiscal de la Federación. Supuestos que resultan ser totalmente distintos al caso que ocupa la atención de este Tribunal Colegiado." Sin que sea el caso considerar la hipótesis de excepción prevista en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues tal como se aprecia de la lectura de la demanda, la autoridad responsable fundamentó su determinación para emitir el acto reclamado, en términos del artículo 251, inciso b) del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco, y además, expuso los motivos y circunstancias particulares, por las cuales conforme a dicho precepto, se le requiere para que retire de dicho lugar el puesto, artículos o estructura que estén obstruyendo la banqueta, atendiendo a la exigencia, limpieza de la ciudad y al interés colectivo; por lo cual, es evidente que no carece de este requisito, además que, el medio de defensa no está previsto en un reglamento, sino en una ley aplicable -Ley de Justicia Administrativa del Estado- que contempla su existencia. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.A.128 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página trescientos setenta y cinco, tomo XIII, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Tampoco es el caso, considerar la hipótesis de excepción al principio de definitividad prevista en el inciso c) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que exceptúa de ese principio a las personas extrañas al procedimiento; pues no hay que perder de vista que la excepción al principio de definitividad tratándose de terceros extraños por equiparación, únicamente opera cuando el acto reclamado son resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y no cuando se trata de actos emanados de autoridades distintas de las mencionadas (como en el caso), pues para ese caso, la Ley de Amparo, prevé en la fracción XX, del artículo 61, otras salvedades ya mencionadas en el párrafo anterior y las cuales no hay que confundir con lo previsto en la fracción XVIII del mismo precepto legal. Apoya lo anterior, la tesis IV.2o.C.3 K (10a.), consultable en la página 3141, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES PREVISTAS EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, evidente resulta que la parte promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la Constitución o que no tenga previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por DELFINO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, contra actos de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del (Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades, legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizado a Joaquín Antonio Solís Mendoza, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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