Delfino Salas Montiel
Expediente 2203/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2203/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Delfino Salas Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2203/2016-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, primero de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de treinta de enero de dos mil diecisiete, a la parte tercera interesada CONJUNTO EMPRESARIAL ISALCA S.A. DE C.V., MARÍA ELENA CASTREJÓN REYNA, MARIO ALBERTO CASTREJÓN REYNA Y JESSICA LIZBETH CASTREJÓN REYNA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. Ahora bien, en atención al auto de treinta y uno de enero del año en curso, en el que éste juzgado se reservó acordar lo conducente respecto del informe justificado signado por el presidente de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, únicamente se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda toda vez que con fecha treinta de enero de dos mil diecisiete se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Delfino Salas Montiel, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy treinta de enero de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el presidente de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinde su informe justificado; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar. En atención a lo anterior, este Juzgado se reserva acordar, toda vez que el juicio de amparo 2203/2016-I se encuentra con audiencia celebrada, por lo que una vez que se dicte la sentencia respectiva, se acordara lo conducente. Se ordena formar el cuaderno de provisional correspondiente, en virtud de que el expediente principal tiene audiencia celebrada de veintisiete de enero de dos mil diecisiete. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2203/2016-I-B, promovido por Delfino Salas Montiel, por derecho propio, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Delfino Salas Montiel, por derecho propio, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de veinte siguiente; se fijaron las diez horas con once minutos del veintisiete de enero del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y los terceros interesados. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados . Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, el acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consiste en: La omisión de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio 13/2016. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Para emplazar a la Junta responsable se giró el oficio 71716/2016, el cual le fue notificado el dos de enero de dos mil diecisiete, como se advierte del recibo de notificación que obra a foja doce. No obstante, no rindió el informe justificado, por lo que en términos del párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo , se presume cierto el acto reclamado. Lo anterior no prejuzga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa de improcedencia señalada por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Conforme a la referida causal, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. En el particular, el acto reclamado recae sobre el interés jurídico, pues emana de un juicio seguido ante un tribunal del trabajo; caso en el que, por disposición de ley, el quejoso precisa acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con el acto reclamado. Así, se aborda qué es el interés jurídico. El interés jurídico es la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados por la autoridad. Se traduce como el derecho subjetivo derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia a su titular, oponible a la autoridad, para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos humanos frente a los actos que emite y/o ejecuta, o bien, omite realizar. Sobre la definición de interés jurídico, se invoca esta tesis: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 245886 1 de 1 Sala Auxiliar Volumen 72, Séptima Parte Pág. 55 Jurisprudencia(Común) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial. El interés jurídico requiere para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual sea titular el agraviado. Lo anterior se sustenta en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Del examen conjunto de los preceptos transcritos, resulta que el juicio de amparo protege a las personas contra los actos (entendidos como la norma, acto u omisión) de la autoridad (estricto sensu o particular asimilado a autoridad) que afecten de forma real y actual sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La lesión de manera directa, supone la afectación a un derecho subjetivo tutelado y, por ende, al interés jurídico. Para considerar que el acto reclamado afecta el interés jurídico del quejoso, es necesario que esa afectación sea real y actual, esto es, susceptible de apreciarse objetivamente. En otras palabras, la afectación precisa acreditarse de manera indiscutible y no inferirse con base en presunciones. Estimar lo contrario, implicaría que la sola afirmación del promovente del juicio de amparo, no corroborada con prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, bastaría para tener por acreditada la afectación al interés jurídico. Lo dicho en torno a que la afectación al interés jurídico debe probarse plenamente, encuentra apoyo en los siguientes criterios jurisprudenciales: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 237262 1 de 1 Segunda Sala Volumen 205-216, Tercera Parte Pág. 173 Jurisprudencia(Común) INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado. Tesis: 1a./J. 168/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 170500 1 de 1 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Pag. 225 Jurisprudencia(Común) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. A lo anterior se suma el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J.1/2002, por la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la existencia del acto reclamado no trae consigo la innegable demostración del interés jurídico y su afectación, pues una cosa es la existencia del acto reclamado y otra el perjuicio que según el quejoso, éste le depara, sin perjuicio desde luego, que el acto sea inconstitucional en sí mismo. La tesis 1a./J.1/2002, dice a la letra: Tesis: 1a./J. 1/2002 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187777 1 de 1 Primera Sala Tomo XV, Febrero de 2002 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Ahora bien, en el considerando segundo se declaró la presunción de certeza del acto reclamado, derivada de la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado. El artículo 117 de la Ley de Amparo, establece en su cuarto párrafo, que la falta de informe justificado da lugar a presumir cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la propia ley. En el particular, el acto reclamado consiste en la omisión de la Junta de resolver sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio 13/2016. La abstención de la autoridad de pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas en el juicio laboral, no puede considerarse inconstitucional en sí misma, aun cuando medie la presunción de certeza, pues a juicio de quien resuelve, la inconstitucionalidad dependerá de estos tres supuestos: 1. Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; 2. Que el juicio se encuentre en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; y 3. Que haya transcurrido el plazo que la ley establece para que la autoridad se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de los medios de convicción y esto no haya acontecido. El razonamiento que antecede sobre las condiciones para considerar inconstitucional la falta de resolución sobre la admisión o desechamiento de las pruebas en el juicio laboral, se apoya por analogía en esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 50/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 197499 1 de 1 Segunda Sala Tomo VI, Octubre de 1997 Pag. 304 Jurisprudencia(Laboral) LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo. El quejoso no exhibió ninguna prueba para acreditar, primeramente, la existencia del juicio 13/2016, luego, que es parte en él y por consiguiente, menos que el conflicto se encuentra en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y que ha transcurrido el plazo que la ley establece para que la Junta se pronuncie sobre la admisión o desechamiento de los medios de convicción. Luego, la falta de demostración de la existencia del juicio 13/2016 y de que el quejoso es parte en él, llevan a determinar la falta de interés jurídico del quejoso y, en consecuencia, la improcedencia del amparo, sin que la presunción de certeza del acto reclamado derivada de la falta de informe justificado, tenga por efecto acreditar el interés jurídico del quejoso, ya que no es inconstitucional en sí mismo y por tanto, la carga de probar su inconstitucionalidad recae en él; máxime que en términos de los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, tratándose de actos provenientes de tribunales del trabajo, el quejoso debe acreditar la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; titularidad que no acreditó. Tiene aplicación en lo conducente y por identidad de razón, la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 23/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2006144 1 de 1 Pleno Libro 5, Abril de 2014, Tomo I Pag. 206 Jurisprudencia(Común) INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo. Así las cosas, procede decretar el sobreseimiento, en términos de los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Efecto del sobreseimiento. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación, en virtud que el sobreseimiento no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Tal consideración se apoya en esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Delfino Salas Montiel, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hoy treinta de enero de dos mil diecisiete, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
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