Delfino Ricardo Rodriguez de los Santos
Expediente 1533/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Delfino Ricardo Rodriguez de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el cual informa que de acuerdo a las dificultades financieras del municipio, le impide cumplir con el pago requerido, debido a que se ha agotado el recurso con que cuenta ese Ayuntamiento, además de que ante la terminación del periodo de administración municipal que corre, ya no se están entregando los fondos y recursos municipales suficientes, solicitando un plazo razonable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en atención a que se encuentra realizando actos necesarios y para acreditar lo anterior, remite copia certificada de lo siguiente: Oficio SH/02012-2/2015, de fecha siete de octubre del año en curso, expedido por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual informó a la Presidenta y Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, que no es posible dar trámite favorable, toda vez que no se cuenta con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Acta de sesión extraordinaria de Cabildo del Gobierno Municipal de Emiliano Zapata, celebrada el veintiuno de septiembre del año en curso, por la cual como resultado de la votación la Presidenta Municipal declaró aprobado por unanimidad de votos la modificación al presupuesto de egresos para asignar una partida presupuestal para el pago de ISABIS de acuerdo a los procedimientos por la diferentes instancias judiciales. Oficio PM/214/9-2015 de fecha treinta de septiembre del año en curso, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por el cual solicitó respaldo económico con recursos extraordinarios debido al estado que guarda la administración municipal; y en contestación al referido oficio la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, informó entre otras cosas que lo que respectaba a la solicitud de aportación extraordinaria de recursos no era posible dar trámite favorable a su solicitud toda vez que no se contaba con partida presupuestal destinada al otorgamiento de dichos apoyos financieros extraordinarios. Por consiguiente, toda vez que la autoridad responsable se encuentra realizando actos tendientes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a DANIRA SANTANA BARRERA, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, siguientes a la que reciba el oficio en el que se le transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, devuelva a la parte quejosa la cantidad de $73,253.36 (setenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 36/100 moneda nacional), que es la suma, debidamente actualizada, de la cantidad contemplada en el recibo oficial BR 065717, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (OLGA CASTILLO MONTESINOS), con domicilio ubicado en la Plaza diez de abril sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Se tiene por recibido el oficio de la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, y del Ayuntamiento por conducto de los integrantes del Cabildo, por el cual informan que giró oficio a la Tesorera Municipal DANIRA SANTANA BARRERA para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo y realizara el pago por la cantidad que fue condenado el Ayuntamiento, anexando la constancia para acreditar lo anterior; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario FRANCISCO RENÉ MARMOLEJO VÁZQUEZ, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de octubre de dos mil quince. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido del auto de dieciséis de octubre de dos mil quince, a la parte tercera interesada CONDOMINIO VISTA BELA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del acuerdo de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.aec ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil quince. 1.-AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que la parte actora aquí quejosa, se desistió del escrito de demanda laboral el veinticinco de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente 01/531/13-lll; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. 2.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa reclamó a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente 01/531/13-lll. 3.-SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por su parte, de las constancias que remite la autoridad responsable, se aprecia que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por así convenir a sus intereses; asimismo solicitó a la Junta se archivara el juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido; a lo que la Junta responsable tuvo a la actora desistiéndose lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones y ordenó mandar al archivo definitivo el juicio laboral 01/531/13-lll por carecer de materia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. Bajo ese contexto, es evidente que aun y cuando subsista la omisión reclamada a la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, dado que con el actuar de los contendientes se tienen por colmadas las pretensiones de las partes en el juicio laboral de origen, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/531/13-lll, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que la parte quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que la quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral, motivo por el cual, la autoridad responsable ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido. De ahí, que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por lo que la Junta responsable ordenó mandar al archivo definitivo el expediente laboral, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 de la Novena Época, visible en la página 189. 4.- SE DEJA SIN EFECTOS LA HORA Y FECHA SEÑALADA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." 4.-SE AGREGA ACUSE DE NOTIFICACIÓN. Finalmente, visto el acuse de notificación que antecede, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil quince. 1.-AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que la parte actora aquí quejosa, se desistió del escrito de demanda laboral el veinticinco de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente 01/531/13-lll; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. 2.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa reclamó a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente 01/531/13-lll. 3.-SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por su parte, de las constancias que remite la autoridad responsable, se aprecia que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por así convenir a sus intereses; asimismo solicitó a la Junta se archivara el juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido; a lo que la Junta responsable tuvo a la actora desistiéndose lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones y ordenó mandar al archivo definitivo el juicio laboral 01/531/13-lll por carecer de materia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. Bajo ese contexto, es evidente que aun y cuando subsista la omisión reclamada a la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, dado que con el actuar de los contendientes se tienen por colmadas las pretensiones de las partes en el juicio laboral de origen, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/531/13-lll, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que la parte quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que la quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral, motivo por el cual, la autoridad responsable ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido. De ahí, que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por lo que la Junta responsable ordenó mandar al archivo definitivo el expediente laboral, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 de la Novena Época, visible en la página 189. 4.- SE DEJA SIN EFECTOS LA HORA Y FECHA SEÑALADA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." 4.-SE AGREGA ACUSE DE NOTIFICACIÓN. Finalmente, visto el acuse de notificación que antecede, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de octubre de dos mil quince. 1.-AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, informa que la parte actora aquí quejosa, se desistió del escrito de demanda laboral el veinticinco de septiembre de dos mil quince, dentro del expediente 01/531/13-lll; el que se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda. 2.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que la parte quejosa reclamó a la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, la omisión de dictar el laudo correspondiente dentro del expediente 01/531/13-lll. 3.-SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por su parte, de las constancias que remite la autoridad responsable, se aprecia que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por así convenir a sus intereses; asimismo solicitó a la Junta se archivara el juicio laboral como asunto total y definitivamente concluido; a lo que la Junta responsable tuvo a la actora desistiéndose lisa y llanamente de la acción, demanda y prestaciones y ordenó mandar al archivo definitivo el juicio laboral 01/531/13-lll por carecer de materia. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2. Bajo ese contexto, es evidente que aun y cuando subsista la omisión reclamada a la autoridad responsable, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto del mismo, dado que con el actuar de los contendientes se tienen por colmadas las pretensiones de las partes en el juicio laboral de origen, motivo por el cual, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, si se emprendiera el análisis consistente en la omisión de dictar laudo dentro del juicio laboral 01/531/13-lll, carecería de un fin práctico conceder el amparo, puesto que la parte quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral. Se afirma lo anterior, habida cuenta que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de los derechos fundamentales que hayan sido violados, así, el legislador estableció como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que se llegare a emitir pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido, aspecto que en el caso concreto no podría suceder, en virtud de que la quejosa se desistió lisa y llanamente de la demanda laboral, motivo por el cual, la autoridad responsable ordenó al archivo el expediente laboral de origen como asunto total y definitivamente concluido. De ahí, que el veinticinco de septiembre de dos mil quince, compareció personalmente la parte actora para desistirse lisa y llanamente de la demanda laboral, por lo que la Junta responsable ordenó mandar al archivo definitivo el expediente laboral, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual prevé que el juicio constitucional es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Apoya la anterior conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006 de la Novena Época, visible en la página 189. 4.- SE DEJA SIN EFECTOS LA HORA Y FECHA SEÑALADA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Tiene apoyo la anterior consideración, la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003 de la Novena Época, visible en la página 386. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y que entró en vigor el día tres de abril actual. Sin que pase desapercibido para el suscrito Juzgador que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." 4.-SE AGREGA ACUSE DE NOTIFICACIÓN. Finalmente, visto el acuse de notificación que antecede, se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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