DELFINO LORENZO GUMÁN y Otros.

Expediente 964/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
964/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • DELFINO LORENZO GUMÁN y Otros.
  • Delfino Lorenzo Gumán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.

  2. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el quince de enero de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de su licencia de conducir. Devolver al quejoso su licencia de conducir. Lo anterior, sin perjuicio de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete la garantía de audiencia del impetrante del amparo, a efecto de defender sus derechos. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Encargado de la Comisaría Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, por no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia. Con motivo de ello, la Encargada del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, mediante oficio SSP/DGPVE/DJ/***/2020, de siete de febrero de dos mil veinte, recibido el diez siguiente ante este juzgado, remitió la determinación de siete de febrero del año que transcurre, de la que se advierte dejó insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de su licencia de conducir, precisando que respecto a la devolución de la licencia de conducir del quejoso, la dejó a su disposición en las oficinas que ocupa el departamento de infracciones y liberaciones de esa Dirección General, para que acudiera en días y horas hábiles. Por su parte, el Encargado de la Comisaría Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, mediante oficio SSPO/PE/DJ/COM-1/**/2020, se adhirió al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que dejaron insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, y se dejó a disposición del quejoso en las oficinas que ocupa el departamento de infracciones y liberaciones de esa Dirección General, su licencia de conducir. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    "... NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ...MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el quince de enero de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal, realizara lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de su licencia de conducir. Devolver al quejoso su licencia de conducir. Lo anterior, sin perjuicio de que la responsable pueda instaurar el procedimiento administrativo correspondiente, siempre y cuando respete la garantía de audiencia del impetrante del amparo, a efecto de defender sus derechos. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Encargado de la Comisaría Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, por no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia. Con motivo de ello, la Encargada del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, mediante oficio SSP/DGPVE/DJ/***/2020, de siete de febrero de dos mil veinte, recibido el diez siguiente ante este juzgado, remitió la determinación de siete de febrero del año que transcurre, de la que se advierte dejó insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, en el que le impuso al quejoso un arresto por veinticuatro horas y suspensión de su licencia de conducir, precisando que respecto a la devolución de la licencia de conducir del quejoso, la dejó a su disposición en las oficinas que ocupa el departamento de infracciones y liberaciones de esa Dirección General, para que acudiera en días y horas hábiles. Por su parte, el Encargado de la Comisaría Calificadora del Primer Turno de la Policía Estatal, mediante oficio SSPO/PE/DJ/COM-1/**/2020, se adhirió al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables cumplieron con la misma, toda vez que dejaron insubsistente el acuerdo de uno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente SSPO/DGPVE/DJ/***/2019, y se dejó a disposición del quejoso en las oficinas que ocupa el departamento de infracciones y liberaciones de esa Dirección General, su licencia de conducir. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la Encargada del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable, a las personas que menciona, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indica.

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