Delfino Cárdenas Peralta
Expediente 1254/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Delfino Cárdenas Peralta
- Delfino Cárdenas Peralta y Otros.
- Comisión de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA II B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Con la demanda de amparo promovida por..., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1254/2017. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la responsable ordenadora, Comisión de Seguridad Pública y Vialidad, del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y de la responsable ejecutora, Agente de Vialidad de la dependencia antes indicada. La parte quejosa reclama el acta de infracción número 21813, de veinte de octubre de dos mil diecisiete, la que se aduce se levantó a la parte impetrante por haber infringido el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo. De entrada, conviene anotar que la mencionada fracción del numeral citado establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria; ese principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos o medios de defensas ordinarios. Por su vinculación al caso, conviene recordar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 115/99 y 116/99, -al interpretar la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece-, determinó que para operar la causal de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. En esas condiciones, para que opere la hipótesis de improcedencia en estudio, se requiere: ? Se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. ? En contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. ? Conforme a la ley que rija ese medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan. ? Para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En el propio sentido, la Segunda Sala del más Alto Tribunal Constitucional del país, en la tesis aislada LVI/2000, estableció que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto, entre otros, en los casos siguientes: A. Por disposición constitucional, cuando se reclaman: ? Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan. ? Actos cuya ejecución es de imposible reparación (actualmente previo haber agotado el principio de definitividad). ? Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. ? Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. B. Por disposición de la Ley de Amparo (la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece). ? Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. ? Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. ? Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. C. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. D. Por disposición de los criterios jurisprudenciales. ? Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como es el derecho fundamental de audiencia. ? Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia (actualmente regulado de manera expresa). Con base en las directrices antes plasmadas, como se anticipó, contra los actos aquí reclamados, el acta de infracción número 21813, de veinte de octubre de dos mil diecisiete, la que se aduce se levantó a la parte impetrante por haber infringido el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, el juicio de amparo deviene improcedente, como se explica en líneas siguientes: De entrada, se impone señalar que los artículos 1, 66, 96, fracción I, y 122 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecen: ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando estas emitan resoluciones administrativas de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111 segundo párrafo, fracciones VI y VII de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. ARTÍCULO 66.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes, ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta Ley. ARTÍCULO 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; -- [.]. ARTÍCULO 122.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. La literalidad del cuadro normativo antes citado, indefectiblemente conlleva a sostener lo siguiente: ? La Ley de Justicia Administrativa se aplicará en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de éstos y por sus Entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo 111, segundo párrafo, e inciso C, de la Constitución Política del Estado; ? Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de esa ley, y ? Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario que contemple la ley de la que provenga el acto o agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas, por lo que ejercida la acción ante este último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. Con base en ese cuadro normativo, se pone de manifiesto que antes de intentar la acción de amparo, la parte impetrante del amparo tenía que agotar el juicio de nulidad previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en atención a que esa ley ordinaria contempla un medio de defensa tendente a modificar o acto que estima contrario a derecho. De igual manera, tampoco se actualiza la excepción al principio de definitividad, en el sentido de que cuando la ley de la que proviene el acto exija mayores requisitos para la suspensión. Para explicar esa afirmación, se tiene en consideración que los artículos 185 y 188 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establecían: ARTÍCULO 185.- El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia; tal medida cautelar tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento. Se concederá la suspensión siempre que: I. Se conserve la materia del juicio; II. No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y III. Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. ARTÍCULO 188.- Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a). Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b). Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause; si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado Instructor o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a).- La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; b).- Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Instructor; c).- El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d).- El Magistrado Instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado Instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado Instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. De esos preceptos, se colige que la suspensión se concederá siempre cuando se trate conservar la materia del juicio; no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado, incluso los requerimientos básicamente son los mismos que la Ley de Amparo señala en sus preceptos 129, 129 y 132, ya que la suspensión puede solicitarse en cualquier tiempo; se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y sean de difícil reparación los daños o perjuicios que puedan causarse con la ejecución; de ocasionarse daños o perjuicios a terceros se concederá siempre que el solicitante otorgue garantía para reparar el daño o indemnizar los perjuicios que se causen, dando la oportunidad a que el tercero exhiba contragarantía para evitar la suspensión de la ejecución del acto impugnado en nulidad; si se trata de una afectación no estimable en dinero la garantía se fijará discrecionalmente; deberá fijarse la situación en que habrán de quedar las cosas hasta que se dicte sentencia firme, pudiendo revocarse o modificarse la concesión o negativa de la medida cautelar por hecho superveniente. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 125/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y sinopsis: TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUÉL. De los artículos 31 y del 99 al 106 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que ésta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, pues sus diferencias, derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, son irrelevantes. Lo anterior es así, en atención a que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. Sin que sea obstáculo para ello, que en el último párrafo del artículo 104 de la citada Ley Orgánica, se establezca que para que surta efectos la suspensión el actor debe otorgar garantía mediante billete de depósito o fianza, a diferencia de la Ley de Amparo, que no dispone forma alguna de otorgar la garantía, porque tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de su eficacia. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad, si éste no se agota previamente, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna otra excepción al principio de definitividad que, según ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, noviembre de 2011, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época, página 496, registro 160630]. Bajo esas directrices, se evidencia que en la referida ley no se establecen mayores requisitos para la obtención de la suspensión definitiva, ni mayor plazo en el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional que prevé la Ley de Amparo, debido a que a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados. Por similitud jurídica esencial, se invoca la jurisprudencia 19/2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y epígrafe: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. [Décima Época, Registro: 2008807. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 10 de abril de 2015 09:30 h. Materia(s): (Administrativa)]. En el propio tenor, es de anotarse que en el acta de infracción reclamada se advierte que se citaron diversos preceptos, lo que evidencia que en el acto atribuido contiene la fundamentación a que están obligadas a realizar las autoridades administrativas. Así, en virtud de la circunstancia de que el mencionado acto reclamado constituya un acto de imposible reparación; no implica que la parte quejosa no se encuentre obligada a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, sino exclusivamente, que el juicio de amparo indirecto procede respecto de ese tipo de actos, siempre y cuando se agoten los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, por los medios ordinarios de defensa correspondientes. Exacta aplicación tiene la jurisprudencia Tesis: PC.IV.A. J/28 A (10a.), del Pleno del Tribunal Constitucional del país, de rubro y contenido: BOLETA DE INFRACCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA POR TRANSGREDIR ALGUNA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA MUNICIPAL. PARA QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO, LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN EN AQUÉLLA DEBE SER ABSOLUTA. De conformidad con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales las leyes prevean medios de impugnación por los que sea posible anularlos, revocarlos o modificarlos. Sin embargo, en la tesis aislada 2a. LVI/2000, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció diversas excepciones a esa regla, entre otras, la relativa a que el juicio de amparo procede sin tener que agotar el juicio o recurso ordinario si el acto reclamado carece de fundamentación. Sin embargo, la falta de fundamentación debe ser absoluta y no indebida o insuficiente, pues en este supuesto, aun y cuando el acto reclamado carezca en parte de tales requisitos o hechos inadecuados para fundar el acto, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que se reconozca la aplicación del orden jurídico y existan datos suficientes para conocer el recurso ordinario que debe interponerse, debe exigírsele al gobernado que agote los medios de defensa correspondientes. Lo que no acontece cuando en la boleta de infracción que impone una multa por transgredir alguna disposición reglamentaria exista una ausencia total de preceptos, pues tener actualizado ese supuesto, significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esa carencia (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario.[Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, página 895]. Así por similitud jurídica sustancial, la Tesis: (IV Región)2o.10 A (10a.), del Pleno del Tribunal Constitucional del país, de rubro y contenido: MULTAS IMPUESTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DE YUCATÁN O SU REGLAMENTO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE NULIDAD, PREVIO AL AMPARO, AL NO ESTABLECER LA LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL UN PLAZO MAYOR PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN QUE EL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO. De la interpretación sistemática de los artículos 16 y 23 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, se colige que el tribunal admitirá la demanda "tan luego" le sea presentada, y que en el mismo auto en que ello ocurra, el Magistrado instructor deberá acordar la suspensión de los actos reclamados. En ese orden, de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el vocablo "luego", consiste en un adverbio de tiempo que tiene, entre otras acepciones, "sin dilación" o "inmediatamente". Así, al emplear el legislador local la frase "tan luego", que se concibe necesariamente como aquello que debe ocurrir en forma inmediata o sin tardanza, debe entenderse que el juzgador mencionado debe admitir la demanda y, por tanto, acordar la suspensión en el juicio de nulidad de manera inmediata a la presentación de dicho escrito. De ahí que si la legislación indicada, que rige el procedimiento contencioso administrativo, prevé que la suspensión de los actos impugnados debe decretarse de manera inmediata a la presentación de la demanda, no establece un plazo mayor que el previsto por el artículo 112 de la Ley de Amparo, el cual dispone que el Juez de Distrito deberá proveer sobre la suspensión provisional dentro del plazo de veinticuatro horas, contado desde que la demanda fue presentada o, en su caso, turnada al órgano jurisdiccional y, por ende, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad. Entonces, si pretende impugnarse una multa impuesta por infracción a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán o su reglamento debe acudirse, previo al amparo, al juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que resulta procedente contra ese tipo de actos, en términos del artículo 64, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en correlación con los numerales 2, 3 y 22, fracción XI, del Código de la Administración Pública, ambas disposiciones de la entidad federativa señalada, por provenir de autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo de ésta, las cuales son parte de la administración pública centralizada. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Décima Época, página 2932]. Por tanto, previo a ejercer la acción de amparo, correspondía a la quejosa impugnar los actos atribuidos, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas para el Estado de Oaxaca, y como se anotó, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizado con las amplias facultades a Miguel Omar Lazcano Cárdenas, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas únicamente se les tiene por autorizadas para recibir notificaciones, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema computarizado. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II B Notifíquese personalmente.
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