Delfino Arteaga Díaz

Expediente 663/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
663/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Delfino Arteaga Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta; a través del cual, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, remite impresión autorizada de la ejecutoria dictada por ese Tribunal Colegiado, en sesión ordinaria virtual celebrada el tres de febrero de dos mil veintidós, en los autos del recurso de queja 206/2021, interpuesto por Gonzalo Antonio Vergara Rojas, en su carácter de defensor particular de Omar Cedillo Villavicencio. Atento a lo anterior, y toda vez que del ocurso de cuenta, se advierte que se encuentra dirigido al Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; en obvio de mayores dilaciones, envíese a su destinatario correcto, previa copia simple que se deje en autos.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de nueve de septiembre del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En ese orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remite copia certificada del laudo de uno de septiembre el dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral 1663/2020 de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte, que la parte quejosa, señaló como acto reclamado el no emitir el laudo dentro del juicio especial 1663/2020, a pesar de que las partes renunciaron a formular alegatos desde el dos de junio de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: ********************* De un análisis gramatical de tal disposición de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, este juzgador arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así de la interpretación de dicho ordinal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto, acontece cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, partiendo de la base que en términos generales, un acto reclamado cesa en sus efectos cuando con posterioridad a su emisión se suscita una circunstancia de hecho o de derecho que elimina toda afectación que éste produjo con su existencia; tal situación es aplicable al caso en estudio. En ese orden de ideas, como se dijo, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional combatiendo el no emitir el laudo dentro del juicio especial 1663/2020, a pesar de que las partes renunciaron a formular alegatos desde el dos de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, de las constancias que hoy se reciben se advierte que la autoridad responsable, el uno de septiembre del año en curso, dictó el laudo, motivo del cual se adolecía la parte quejosa, en el que en la parte sustancial resolvió lo siguiente: PRIMERO.- El actor DELFINO ARTEAGA DÍAZ, acreditó la procedencia de sus pretensiones y el demandado INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se condena al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL a otorgar y pagar al actor DELFINO ARTEAGA DÍAZ, una pensión de cesantía en edad avanzada en términos de lo que dispone el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, incluyendo la ayuda asistencial, a partir del tres de marzo de dos mil diecisiete ; así mismo, se le condena a pagar las mensualidades vencidas de la pensión desde el tres de marzo de dos mil diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por la cantidad de ************************ sin perjuicio de las diferencias que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento total a la presente resolución, con los incrementos que se otorguen a las pensiones; se le condena al pago del aguinaldo de dos mil diecisiete en su parte proporcional, por la cantidad de *********** aguinaldo de dos mil dieciocho, por la cantidad de ************** sin perjuicio de los que se sigan generando hasta que se dé cumplimiento total a la presente resolución, con los incrementos que se otorguen a las pensiones, otorgar la asistencia médica correspondiente e incluir al actor en la nómina de pensionados, por los motivos, razones y disposiciones legales que han quedado precisadas en la parte considerativa de la presente resolución. (.)" Circunstancia, de la que se advierte que han cesado los efectos del acto combatido y quedaron destruidos en forma total e incondicional lo efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable emitió el acuerdo respectivo de lo solicitado por la parte quejosa. ********************* "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que opera al aparecer o sobrevenir alguna de las causas de improcedencia del juicio constitucional. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. ****************** "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las quince horas con cuarenta y cinco minutos del diez de septiembre de dos mil veintiuno, se deja insubsistente en razón a la determinación anterior.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual, el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, rinde su informe justificado y remite las constancias conducentes como complemento del mismo. Por tanto, con su contenido dese vista a las partes, para que en el término de ocho días, manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo.

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