David Ruedas Moncivais
Expediente 513/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/02/2022
Partes del expediente
- David Ruedas Moncivais
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, remite testimonio de la resolución de veintisiete de enero del año en curso, pronunciada por dicho Órgano Colegiado, dentro del recurso de inconformidad 14/2021 de su índice, el cual se colige que la superioridad determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de inconformidad interpuesto por , en contra de la resolución de veinticinco de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 513/2020-VII por el Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México". Asimismo, devuelve los autos originales que le fueron remitidos a efecto de resolver el medio de impugnación en comento. Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo al Tribunal de Alzada y, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el auto de fecha veinticinco de mayo del año dos mil veintiuno, ha causado estado por ministerio de ley. En otro orden, del estado procesal del presente juicio de amparo, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, Fracción I, inciso b) del referido acuerdo, el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes a aquel termino, se procederá a su depuración. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Por otra parte, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra documentos originales ofrecidos por la parte quejosa, se requiere a esta para que, en un plazo de noventa días posteriores a la notificación de esta determinación, acuda a este juzgado a recuperar el anexo original que acompaño a su escrito inicial de demanda, apercibiéndole que, en caso de no hacerlo, dicho documento será destruido. Notifíquese personalmente al queso.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, el quejoso ** interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veinticinco de mayo del año en curso, mediante el cual se determinó tener por cumplida la ejecutoria de amparo que se dictó en el presente expediente y expone agravios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 201, fracción l, de la Ley de Amparo, y los diversos 103 y 107 Constitucionales, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, el escrito de interposición y expresión de agravios que se atiende, así como los autos originales del juicio de amparo actual, a efecto de que conozca de la inconformidad expuesta por la parte quejosa; y, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
MESA VI. Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, el quejoso David Ruedas Moncivais, en atención a la vista que le fue concedida en fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, hace diversas manifestaciones en relación con la forma en que la autoridad responsable Instituto de la Función Registral informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente sumario de amparo. Ahora bien, en principio, es de puntualizarse que los actos reclamados se hicieron consistir en: De la Legislatura del Estado de México, la aprobación del decreto que dio vigencia al artículo 95, en su fracción I, incisos c y h, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal de 2020. Del Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, la promulgación del decreto que originó la vigencia del artículo 95, en su fracción 1, incisos C y H, rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el ejercicio fiscal 2020. Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, el artículo y fracciones indicadas que es objeto de impugnación del cobro de la cantidad pagada por concepto de derechos para inscribir ante la dependencia en comento. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: "a) En lo sucesivo, no se aplique al promovente de amparo, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracción I, incisos c) y h), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, que aquí se reclamaron, en tanto no sean derogados o modificados. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combativo que le fue efectuado al ahora quejoso; por ende, se deberá devolver, actualizada la diferencia entre la cantidad que pagó el solicitante de amparo, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública ciento sesenta y cinco mil seiscientos sesenta, y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el espectro protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera del ahora quejoso la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por la inscripción de cada acto, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor de las tarifas que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata". Posterior a ello, el ocho de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. Asimismo, el diecinueve de marzo, diecinueve de abril y trece de mayo, todos del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 222C0101040000l/457/2021, 222C0101040000L/659/2021 y 222C0101040000L/ 842/2021, remitidos por la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como Representante Legal del Director General de Instituto de la Función Registral, registrados en el libro de correspondencia interna bajo los números 3096, 4855 y 6343, respectivamente, en los que dicha autoridad informó que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, expidió un cheque por la cantidad de $19,657.94 (diecinueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos 94/100 moneda nacional), con la finalidad de restituir al quejoso en su esfera de derechos violadas, haciendo la precisión que el referido cheque, amparó la cantidad debidamente actualizada únicamente por cuanto hace al concepto de compraventa, previsto por el artículo 95, fracción I, inciso C) rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, puesto que respecto del inciso H), no se efectuó pago alguno, remitiendo copia debidamente certificada del trámite 60041, referente a la inscripción de la escritura pública 175, 670, Volumen 3, 126, Protocolo Especial, tirada ante la fe de la Notaria Publica número 94, del Estado de México. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, no aplicó al impetrante de amparo David Ruedas Moncivais, las tarifas contenidas en el artículo 95, fracción I, incisos c) y h), rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente, y devolvió de manera actualizada únicamente por el concepto de compraventa, contenido en el inciso c) del canon y su fracción en cita, la diferencia entre la cantidad que pagó el solicitante de amparo, por el pago de derechos con motivo de la inscripción de los actos contenidos en la escritura pública ciento sesenta y cinco mil seiscientos sesenta, y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Ahora bien, en atención a las manifestaciones expresas del quejoso, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas precedentes, en donde se calificó el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector emitido en el presente sumario constitucional. Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
MESA VII. Toluca, Estado de México, trece de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como Representante Legal del Director General de Instituto de la Función Registral, en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito en proveído de fecha seis de los actuales, informa que la "línea de captura ISRI0750583527335273, si fue pagada por la cantidad total de $41,802.00 (cuarenta y un mil ochocientos dos pesos M.N 00/100) por conceptos de COMPRAVENTA, ADQUISICIÓN O TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD O POSESIÓN MÁS DE 431,733 contemplada por el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 e HIPOTECA POR APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CTA CORRIENTE, REFACCIONARIO, HABILITACIÓN O AVIO INSC/ANOT ACTOS O MAND JUD QUE LIMITEN GRAVEN EL DER DE PROP/POS O PROHIB ENAJ DE MÀS DE 431,773, contemplada por el artículo 95, fracción II, rango 6, ambos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal 2020" Asimismo, informa que no se devuelve a la parte quejosa la cantidad pagada por concepto de hipoteca, contenida en el artículo 95, fracción II, rango 6, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, puesto que dicha porción normativa no fue declarada inconstitucional en el presente sumario, y, por tanto, no fue materia de la concesión de amparo; acompañando copia certificada del trámite 60041, referente a la inscripción de la escritura pública 175, 670, Volumen 3, 126, Protocolo Especial, tirada ante la fe de la Notaria Publica número 94, del Estado de México. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por la autoridad responsable referente al cumplimiento al fallo protector; apercibido que en caso de ser omiso, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
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